Por Orden de 29 de diciembre de 2009, se convocan para 2010 subvenciones para la mejora de la comercialización de los productos artesanos canarios, y se aprueban las bases de carácter indefinido que regirán las mismas.
En la base 8ª, apartado b) de dicha Orden, se establece que recibida la solicitud, se comprobará que reúne los requisitos exigidos y que viene acompañada de la preceptiva documentación, requiriéndose en caso contrario al interesado para que en el plazo de diez (10) días hábiles, subsane o complete los documentos o datos indispensables, advirtiéndose de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42, y de conformidad con lo establecido en el artículo 71.1, ambos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
La misma base, en su apartado c) contempla que los requerimientos se realizarán mediante su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, conforme a lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Con base en la normativa mencionada,
R E S U E L V O:
Primero.- Requerir a los interesados relacionados en el anexo I adjunto, para que en el plazo de diez (10) días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias, subsanen las faltas detectadas o completen los documentos o datos que se detallan en el citado anexo, con indicación de que si así no lo hicieran se les tendrá por desistidos de su petición, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la citada Ley 30/1992.
Segundo.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
Contra la presente Resolución no cabe recurso alguno, sin perjuicio de las alegaciones que a la misma pudieran presentarse para su consideración en la resolución que ponga fin al procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Santa Cruz de Tenerife, a 8 de marzo de 2010.- El Director General de Industria, Carlos González Mata.
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