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BOC Nº 054. Jueves 18 de Marzo de 2010 - 1565

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V. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

1565 ANUNCIO de 9 de marzo de 2010, sobre notificación del Decreto de 1 de octubre de 2009, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42113-O-2008.

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Providencia de 9 de marzo de 2010, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 1 de octubre de 2009, resolutoria del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42113-O-2008.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 28 de agosto de 2009, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42113-O-2008.

Contra este Decreto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Demetrio Sánchez Barreto, en nombre y representación de la entidad mercantil: Machaqueos Áridos Derribos y Excavaciones, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 6 de abril de 2009 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 1 de octubre de 2008, 13:15, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el conjunto articulado formado por la cabeza tractora matrícula: 9903-BSG y el semirremolque matrícula TF-02240-R, del que es titular Machaqueos Áridos Derribos y Excavaciones, S.L. y Construcciones y Trabajos Especiales, S.L., respectivamente, por realizar transporte de picón desde P.I. La Campana hasta zona de Acorán, realizando servicio público careciendo de autorización MDP. Conductor no trabaja en principio para el titular de la autorización. Semirremolque está a nombre de Construcciones y Trabajos Especiales, S.L. B38033130, según permiso de circulación que presenta y a su vez según consta en base de datos DGT. Conductor, según TC2 trabaja para Marsan Excavaciones 2001, S.L., B38639530, nº Afiliación S.S. 380045931191. PResenta propuesta de seguro semirremolque a nombre de Marsan Excavaciones 2001.

Resultando: que el día 11 de marzo de 2009 se publicó la resolución de inicio del expediente sancionador de transportes nº TF-42113-O-2008 en el Boletín Oficial de Canarias nº 2009/48.

Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 6 de abril de 2009 que venía a sancionar a Machaqueos Áridos Derribos y Excavaciones, S.L. con multa que ascendía a 4.601,00 euros, y precintado del vehículo por un período de seis meses, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 12.a), 60.1 y 104.1.9 LOTCC; artículos 41, 109 y 197.1.9 ROTT; Decreto 6/2002 y en base a los artículos 108.i), 109 LOTCC y artículos 201.1.i), 201.2 ROTT.

Notificándose la citada resolución en fecha 23 de abril de 2009.

Resultando: que con fecha 30 de abril de 2009, D. Demetrio Sánchez Barreto, en nombre y representación de Machaqueos Áridos Derribos y Excavaciones, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que tanto la empresa expedientada (Machaqueos Áridos Derribos y Excavaciones, S.L.), como la titular del semirremolque (Distribuciones y Explotaciones Ganaderas Canarias, S.L.) como a la que estaba vinculada el conductor del vehículo denunciado (Marsan Excavaciones 2001, S.L.U.) son del mismo administrador, al igual que los vehículos y el conductor, no conocían la normativa de que los tres tenían que estar al mismo nombre. Solicitan sea admitido el recurso y la suspensión de la misma.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: a tenor de lo dispuesto en el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por el artículo 65.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, para el supuesto de los transportes privados complementarios de mercancías, siendo definidos en el primer apartado del artículo 66 de la misma ley y enumeradas sus condiciones en el segundo apartado del citado precepto, entre las que se encuentran:

b) Si se trata de transportes de mercancías, éstas deberán pertenecer a la empresa o bien haber sido vendidas, producidas, transformadas o reparadas por aquéllas.

c) Los vehículos utilizados por las empresas deberán ser propiedad de las mismas, debiendo estar matriculados a su nombre, o disponer de los mismos en régimen de leasing o renting, respetando las formalidades establecidas en esta Ley y en la normativa de desarrollo.

d) Los vehículos debe ir en todo caso conducidos, en todo caso, por el personal propio de la empresa, debiendo cumplirse los requisitos que se fijen reglamentariamente.

e) El transporte no podrá ser contratado ni facturado independientemente.

f) El número de vehículos y su capacidad de carga o de plazas y demás características han de guardar correspondencia con la naturaleza y volumen de la actividad de la empresa.

2. El transporte realizado incumpliendo cualquiera de las condiciones establecidas en el apartado anterior se someterá al régimen jurídico previsto para el transporte público.

Considerando: estableciendo los artículos 1 y 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, la obligación de contar con una autorización administrativa a cada persona que pretenda llevar a cabo el transporte público discrecional de mercancías, obligación que viene confirmada por los artículos 60.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 41, 109 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; recogiéndose los requisitos para la novación subjetiva de las autorizaciones de transporte privado complementario de mercancías de ámbito autonómico en el artículo 25 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; constituyendo el supuesto de la realización de un transporte público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización una infracción muy grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículos 104.1.9, de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 197.1.9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, a la que corresponde una sanción económica que asciende a cuatro mil seiscientos un (4.601) euros y precintado del vehículo por un período de seis meses, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y en los artículos 201.1.i) y 201.2, quinto párrafo, del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el conjunto articulado formado por la cabeza tractora matrícula 9903-BSG, titularidad de Machaqueos Áridos Derribos y Excavaciones, S.L. y el semirremolque matrícula TF-02240-R, del que es titular Construcciones y Trabajos Especiales, S.L., transportaba picón, careciendo de autorización de transporte público discrecional de mercancías para vehículo pesado (al haberse incumplido las condiciones ya enunciadas, determinadas en el artículo 66.1.c) y d) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias), habiendo incurrido el expedientado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por la misma constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en los artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, artículo 76 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial y el artículo 100.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, y, en el supuesto analizado, por el sancionado no se han presentado durante la instrucción del expediente, ni en fase de recurso pruebas fehacientes que desvirtúen los términos de dicha denuncia, dado que las tres empresas que, a tenor de las alegaciones del recurrente, están vinculadas, constituyen entidades jurídicas independientes, sujetos de obligaciones fiscales, sociales, laborales y de transporte distintas e independientes, que no se puede ni se debe confundir, tal como dispone el artículo 48 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres: "1. Las empresas prestadoras de los servicios de transporte público o de actividades auxiliares o complementarias de éste, llevarán a cabo su explotación con plena autonomía económica, gestionándolos, de acuerdo con las condiciones en su caso establecidas, a su riesgo y ventura. 2. A los efectos señalados en el apartado anterior, los servicios de transporte público se llevarán a cabo bajo la dirección y responsabilidad del transportista, intermediario de transportes, cooperativa o sociedad de comercialización que los haya contratado como porteador con el cargador o usuario, al cual le deberán ser facturados por aquél en nombre propio. 3. En todo caso, el transportista que haya contratado la realización de un servicio de transporte público, sea con el usuario efectivo o con un intermediario de transporte, deberá llevarlo a cabo con los medios personales y materiales integrantes de su propia organización empresarial, utilizando vehículos con capacidad de tracción propia de los que disponga, bien en propiedad, arrendamiento financiero, arrendamiento ordinario, o a través de otra forma jurídica autorizada por el Ministerio de Fomento, los cuales deberán estar amparados por títulos habilitantes expedidos a nombre del propio transportista, y ser conducidos, salvo en los casos expresamente exceptuados, por trabajadores de su empresa en régimen laboral".

Considerando: luego, no son la misma empresa, conforme exige el artículo 66.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, ni se cumplen las exigencias que señala el epígrafe a) del artículo 157 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Tampoco constituye una exención de obtener la respectiva autorización de transporte, el hecho de una posible vinculación societaria entre las empresas de referencia.

Considerando: lo anteriormente expuesto nos lleva a concluir que, no existiendo identidad entre las tres empresas (cada una tiene su propio número de identificación fiscal) tampoco pueden ser considerados como grupo empresarial, tal como se define en el artículo 42.1 del Código de Comercio, tras la reforma operada por la Ley 19/1989, de 25 de julio, como: "aquellos en los que, teniendo una sociedad mercantil la condición de socia de otra, se encuentra respecto de ésta en alguna de las siguientes situaciones:

1º)Posea la mayoría de los derechos de voto.

2º)Tenga la facultad de nombrar o de destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

3º) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto.

4º) Haya nombrado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración que desempeñen su cargo con al menos dos años de antelación".

Ni siquiera se ha acreditado fehacientemente la vinculación alegada mediante la presentación de escritura pública o documentación alguna. Ni existiera indicio alguno en las mismas que haga presumir que, efectivamente, existe un grupo de empresas. Y aún cuando existiera un grupo de empresa, como alega la parte recurrente, la legislación de transportes, excepto en cuanto a la cesión de mano de obra, no exime de la obtención de la autorización administrativa de transportes correspondiente.

Residiendo el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación.

Considerando: constituyendo el hecho denunciado una infracción muy grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en el artículo 104.1.9 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 197.1.9 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; a la que corresponde una sanción económica que asciende a 4.601 euros y precintado del vehículo por un período de seis meses, en virtud de lo dispuesto en el artículo 108.i) y 109.4 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1.i) y 201.2 5º párrafo del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por los citados artículos 108.i) de la citada Ley de los Transportes Terrestres; y 201.1.i) del referido Reglamento; teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias y 201.1 del Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido. Dada la extrema gravedad de la infracción consistente en la realización de un transporte público de mercancías en vehículo pesado, careciendo de autorización administrativa habilitante del citado transporte y sin reunir los requisitos preceptivos para ello. Al tratarse de una infracción que afecta a la ordenación de la competencia en el sector del transporte de mercancías, provocando competencia desleal, y ánimo defraudador implícito en el hecho de fomentar la realización de transportes de tal importancia careciendo de título habilitante interesado, creándose una apariencia falsa de legalidad.

Considerando: en cualquier caso, dado que el referido acto que se intenta impugnar todavía no es firme en vía administrativa [artículo 109.a) de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común], en virtud de lo previsto en los artículos 56, 57, 94 y 138.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no es ejecutivo hasta que se notifique la resolución de este recurso de alzada a la entidad mercantil interesada; motivo por el que no procede en este momento la interrupción de la ejecución del mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, añadiendo los Autos del Tribunal Supremo de 12.6.95, 25.11.94, 18.2.94 y 15.1.93, entre otros, que los actos sancionadores en los que se impone una multa al recurrente, no son, por lo general, susceptibles de suspensión porque, de anularse aquéllos, con la devolución del importe pecuniario de la sanción impuesta y los intereses que procedieran, de estimarse una actuación indebida de la Administración, se restablece la situación económica del recurrente, sin daño apreciable en su patrimonio y en tales eventos debe, pues, prevalecer el interés público inherente a la ejecutividad de los actos de la Administración frente al particular del recurrente, al que no se le priva de la acción para instar de los Tribunales de Justicia, la tutela efectiva de sus derechos o intereses legítimos, como prescribe el artículo 24 de la Constitución, con la denegación de la suspensión solicitada.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Demetrio Sánchez Barreto, en nombre y representación de la entidad mercantil Machaqueos Áridos Derribos y Excavaciones, S.L., confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 6 de abril de 2009, que determinó la imposición de una sanción de cuatro mil seiscientos un (4.601,00) euros, y precintado del vehículo por un período de seis meses, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. "

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2010.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.

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