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BOC Nº 054. Jueves 18 de Marzo de 2010 - 1561

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V. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

1561 ANUNCIO de 9 de marzo de 2010, sobre notificación del Decreto de 14 de octubre de 2009, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40645-O-2008.

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Providencia de 9 de marzo de 2010, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, de fecha 14 de octubre de 2009, resolutoria del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40645-O-2008.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación al interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 28 de agosto de 2009, desestimatorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40645-O-2008.

Contra este Decreto podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. Rubén Caballero Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Unisistem, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 20 de marzo de 2009 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 27 de marzo de 2008, 9:42, por agente de Inspección de transportes se procedió a inspeccionar el vehículo matrícula 6129-FBG, del que es titular Elite Van Isla de Tenerife, S.L. constatándose los siguientes hechos: no llevar a bordo del vehículo arrendado el contrato de arrendamiento o copia del mismo o llevarlo sin cumplimentar, el vehículo es conducido por D. Carlos Alberto Muñoz Estévez, empleado de la empresa Unisistem, S.L., según consta en certificado emitido por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el 30 de abril de 2008. Transporta placas de fibras sin documentación de la carga que justifique que la misma haya sido comprada o vendida, desde Güímar hasta Puerto Santiago, Los Gigantes.

Levantándose al efecto la oportuna Acta de Infracción.

Resultando: que el día 23 de junio de 2008 se notificó al interesado la citada Acta y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-40645-I-2008.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que los hechos contenidos en el boletín de denuncia, sobre los que se sostiene la impugnación de la infracción administrativa, no se corresponde con la realidad, ya que, como se puede comprobar en el documento adjunto (copia de la carátula de la escritura de constitución de la empresa Unisistem Sistemas Contra Incendios y Aislamientos Técnicos Canarios, S.L.) el día de la fecha en que se formula la denuncia dicha empresa ya no existía, ya que en la constitución de la misma es del día 19 de enero de 2007. Que en la resolución recurrida se han infringido los principios de la potestad sancionadora sancionados en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 18 de julio de 2008 que venía a sancionar a Unisistem, S.L. con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 89 y 105.22 LOTCC; artículos 198.22 y 222 ROTT; artº. 17 Orden Ministerial de 20 de julio de 1995 (BOE de 2.8) y en base al artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT.

Notificándose dicha Resolución en fecha 24 de julio de 2008.

Resultando: que con fecha 25 de agosto de 2008, D. Rubén Caballero Fernández, en nombre y representación de Unisistem, S.L., interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones interpuesto en descargo por la entidad mercantil interesada.

Resultando: con fecha 1 de diciembre de 2008 por la Presidencia del Cabildo Insular de Tenerife se dictó Decreto mediante el que se estimaba el recurso de alzada interpuesto por D. Rubén Caballero Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Unisistem, S.L., dejando sin efecto la resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 18 de julio de 2008, ordenando la retroacción del expediente sancionador de transportes nº TF-40645-I-08 al momento de la redacción de la resolución sancionadora, a fin de que fueran recogidas en el expediente las alegaciones presentadas por la entidad mercantil interesada en tiempo y forma.

Resultando: que con fecha 7 de enero de 2009 se notificó a la entidad mercantil interesada la comunicación del Decreto de la Presidencia de fecha 1 de diciembre de 2008, por el que se estimó el recurso de alzada interpuesto por D. Rubén Caballero Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Unisistem, S.L., dejando sin efecto la resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 18 de julio de 2008, ordenando la retroacción del expediente sancionador nº TF-40645-I-08 al momento de la redacción de la resolución sancionadora, a fin de que fueran recogidas en el expediente las alegaciones presentadas por la entidad mercantil interesada en tiempo y forma, tal como se acredita documentalmente mediante el oportuno acuse de recibo incorporado al citado expediente sancionador.

Resultando: que con fecha 19 de enero de 2009 fue requerido el agente de inspección actuante a los efectos de que subsanase el error de hecho consignado en el Acta de Infracción nº 40184/2008, siendo cumplimentado por el mismo mediante oficio de fecha 28 de enero de 2009.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 20 de marzo de 2009 que venía a sancionar a Unisistem, S.L. con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artículos 105.22 y 89 LOTCC; artículos 198.22 y 222 R.O.T.T. Artº. 17 Orden Ministerial de 20 de julio de 1995 (BOE de 2.08) y en base al artº. 108.e) LOTCC y artº. 201.1.e) ROTT.

Notificándose la citada resolución en fecha 10 de junio de 2009.

Resultando: que con fecha 9 de julio de 2009, D. Rubén Caballero Fernández, en nombre y representación de Unisistem, S.L., interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que: la resolución se recurre por considerarla nula de pleno derecho, al haber operado la caducidad del procedimiento sancionador con anterioridad, toda vez que el órgano sancionador vino a imponer la sanción una vez transcurrido sobradamente el plazo de caducidad del procedimiento administrativo establecido en el término de un año, por la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y por el Real Decreto 1211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, en sus artículos 113 y 205, respectivamente. Con la consecuencia legal de los preceptos antes indicados, de que "transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa del procedimiento se entenderá caducado", "debiendo dictarse, en todo caso, resolución expresa de caducidad del procedimiento", citando, además, el artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y es que estamos ante una potestad administrativa sometida a plazo, con fundamento en la seguridad jurídica y en la necesidad de evitar la incertidumbre de la pendencia indefinida de un procedimiento de esta clase, cuyo incumplimiento acarrea la nulidad de la resolución sancionadora tras la entrada en vigor de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: que el artículo 16 de la Orden de 20 de julio de 1995, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor de vehículos industriales, prevé que los contratos de arrendamiento de vehículos sin conductor, de conformidad con lo establecido en el artículo 176.1 del R.O.T.T. deberán celebrarse en los locales de la empresa arrendadora, si bien su formalización y la entrega efectiva de los vehículos a los usuarios podrán llevarse a cabo en un lugar diferente, siempre que quede garantizada la contratación previa. Dichos contratos podrán asimismo ser celebrados en las delegaciones u otros locales auxiliares que la empresa arrendadora tenga en hoteles, agencias de viaje, complejos turísticos o centros similares, respecto de los que hubiere cumplido la obligación de comunicación a que se refiere el artículo 2.

Obligación que viene confirmada por el artículo 176.1 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.

El contenido mínimo de los referidos contratos viene regulado en los artículos 19 del Decreto 159/1996, de 4 de julio, regulador de la actividad y régimen de autorizaciones de empresas de arrendamiento sin conductor de vehículos de viajeros y 17 de la Orden de 20 de julio de 1995, constituyendo la utilización por parte del arrendatario de vehículos industriales arrendados con o sin conductor sin llevar a bordo el contrato de arrendamiento o una copia del mismo, o llevarlo sin cumplimentar, así como la falta de cuanta otra documentación resulte obligatoria para acreditar la correcta utilización del vehículo, una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 105.22 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, y 198.22 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; correspondiéndole una sanción que asciende a mil un (1.001) euros de conformidad con lo establecido en el artículo 108.e) de la misma norma legal, y 201.1.e) del citado Reglamento, que atribuyen a dicha infracción la sanción de menor cuantía dentro de la franja que regula; con pleno acatamiento al principio de proporcionalidad, inherente al actuar administrativo (artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 108 de la referida Ley de Transportes y 201.1 del citado Reglamento) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.

Constituyendo un deber inherente a la realización de ese tipo de transporte el llevar a bordo del vehículo la documentación reglamentaria que justifique la prestación de dicho servicio; lo que facilita el control en carretera por los órganos competentes, previniendo el fraude y la competencia desleal en ese sector del transporte por carretera.

Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado, tal como se consigna en el Acta de Infracción nº 40184/2008, que con fecha y hora 27 de marzo de 2008, 9,42, el vehículo matrícula 6129-FBG, del que es titular la empresa de arrendamiento de vehículos sin conductor Elite Van Isla de Tenerife, S.L. circulaba por la vía TF-47, kilómetro 0.1, Adeje, transportando placas de fibras sin documentación de la carga que justifique que la misma haya sido sido comprada o vendida, desde Güímar hasta Puerto Santiago, Los Gigantes, siendo conducido por D. Carlos Alberto Muñoz Estévez, empleado de la empresa Unisistem, S.L. según consta en el certificado emitido por la Dirección Provincial de Santa Cruz de Tenerife de la Tesorería General de la Seguridad Social el 30 de abril de 2008, que consta documentalmente en el expediente sancionador de referencia. Realizando el transporte la empresa Unisistem, S.L. en un vehículo de alquiler sin conductor, no llevando a bordo del vehículo, contrato de arrendamiento; habiendo incurrido la entidad mercantil arrendataria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.1.c) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, en relación con los artículos enunciados, en responsabilidad administrativa, sin que lo alegado o aportado por el mismo constituya causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, prevista en el artículo 194.2 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni haya desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el Acta de Infracción (artículos 98.2 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias, 33.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres), formulada por agente adscrito al Servicio Administrativo de Carreteras y Transportes, Unidad Orgánica de Inspección de Transportes (Unidad funcional) del Cabildo Insular de Tenerife, que tiene la consideración de autoridad a tenor de lo dispuesto en los artículos 98.1 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; y el 17 del Real Decreto 1225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, habida cuenta que la entidad mercantil recurrente ha incumplido la obligación determinada en el artículo 17 de la Orden de 20 de julio de 1995 por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de arrendamiento de vehículos sin conductor, que establece que: "... el contrato de arrendamiento o una copia de éste deberá ir, en todo caso, a bordo del vehículo arrendado", constituyendo su incumplimiento una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos ya vistos; responsabilidad que se ha hecho efectiva a través de la Resolución sancionadora impugnada, cuya revocación ni modificación procede por haber sido dictada conforme a Derecho.

Considerando: determinando el artículo 113 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias que "El plazo máximo para resolver y notificar las resoluciones será de un año a contar desde la fecha de incoación del procedimiento. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa el procedimiento se entenderá caducado". Siendo de aplicación, si se sobrepasase dicho plazo lo previsto en el punto 2 del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto que la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92; figurando técnicamente comprendido dicho espacio temporal entre la fecha de la resolución de iniciación del procedimiento sancionador de transportes y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora que lo finaliza.

Considerando: que el expediente que analizamos, según constancia documental en el mismo, se inició en fecha 12 de junio de 2008 siendo notificada la resolución sancionadora dictada por el Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha 10 de junio de 2009, habiendo sido tramitado reglamentariamente el expediente sancionador por el Servicio de Transportes de esta Corporación Insular, no ha sido superado, en consecuencia, el plazo citado, a los efectos de entender el procedimiento sancionador caducado.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Rubén Caballero Fernández, en nombre y representación de la entidad mercantil Unisistem, S.L., confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 20 de marzo de 2009, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 9 de marzo de 2010.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.

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