Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2010.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 130/09 instruido a Dominique Masson, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Mesón Don Quijote.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 12 de agosto de 2009.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 14920, de fecha 27 de abril de 2009, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por el Ministerio del Interior. Dirección General de la Guardia Civil y seguido contra la empresa expedientada Dominique Masson titular del establecimiento Mesón Don Quijote.
2º) El 12 de agosto de 2009 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 130/09, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Examinadas las razones expuestas en sus alegaciones a la Resolución de Inicio del expediente sancionador 130/09, y los documentos aportados, se considera que debe estimarse la responsabilidad administrativa del expedientado, sin que los hechos alegados la desvirtúen.
Con respecto al Libro de Inspección, tanto en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias 7/1995, como el artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, recogen la importancia de tener a disposición de la inspección de turismo el Libro de Inspección, ya que proporciona a los inspectores conocimiento de los datos correspondientes de la empresa o establecimiento turístico de que se trate, así como los cambios experimentados en la misma, por ejemplo: Titularidad, categoría y demás que procedan. Así mismo los inspectores de turismo pueden reflejar en dicho libro diligencias de la visita y observaciones que estimen oportunas e incluso es donde se reflejan las hojas de reclamaciones entregadas por el Organismo competente al establecimiento.
En cuanto al segundo de los hechos infractores imputados referente a no disponer de las hojas de reclamaciones, es incuestionable, pues la tenencia de hojas de reclamaciones en los establecimientos turísticos tiene carácter de obligatoriedad, recogido así en los derechos del usuario turístico y reflejado en el Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones que en su artº. 8 hace referencia a que las hojas de reclamaciones serán entregadas a las empresas turísticas en el momento que se autoricen los establecimientos o el ejercicio de su actividad.
Respecto al tercero de los hechos infractores imputados, al no tener las listas de precios se incumple la finalidad perseguida en la normativa turística, que es proporcionar información y seguridad al usuario turístico sobre los precios.
Y siguiendo los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, se tienen en cuenta en la determinación de la cuantía de las sanciones, la naturaleza de la infracción, ya que es obligación tener la documentación turística para realizar la actividad de restauración, siendo un requisito previo y necesario exigido por las normas, y la intencionalidad de los hechos infractores ya que consta acreditado que carece de la documentación turística desde noviembre de 2008.
No obstante, por carecer de antecedentes en las comisiones de los hechos infractores imputados, y que ha iniciado los trámites para su legalización como se comprueba en documento que adjunta en las alegaciones (solicitud ante el Cabildo Insular de La Palma en fecha 13 de mayo de 2009), se aminora la cuantía de las sanciones quedando la misma en 350 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento, con fecha 23 de noviembre de 2009, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía trescientos cincuenta (350,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el hecho primero: ciento treinta (130,00) euros.
Hecho segundo: ciento treinta (130,00) euros.
Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se hayan presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero: no disponer del libro de inspección.
Segundo: no disponer de las hojas de reclamaciones obligatorias.
Tercero: no tener expuestas las listas de precios en la forma exigida reglamentariamente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 14920, de fecha 27 de abril de 2009, y no habiéndose formulado alegaciones que desvirtúen los hechos infractores imputados, esta Dirección General se ratifica en los fundamentos jurídicos de la Propuesta de Resolución de fecha 23 de noviembre de 2009, y mantiene la sanción propuesta en la cuantía de 350 euros, habiéndose tenido en cuenta para su imposición los criterios que establece el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Como es la naturaleza de la infracción, ya que es obligación tener la documentación turística para realizar la actividad de restauración, siendo un requisito previo y necesario exigido por las normas y la intencionalidad de los hechos infractores, ya que consta acreditado que carece de la documentación turística desde noviembre de 2008.
Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artº. 84 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artº. 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (BOC nº 103, de 21 de agosto). Hecho segundo: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (BOC nº 88, de 22 de julio). Hecho tercero: artículo 10.1 y 3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la ordenación turística de Restaurantes (BOE de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978 en su artículo 1 (BOE de 19 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.9, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal. Hecho segundo: artículo 76.6, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal. Hecho tercero: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (BOC nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (BOC nº 3, de 7.1.09),
R E S U E L V O:
Imponer a Dominique Masson, con N.I.E. X1875032A, titular del establecimiento denominado Restaurante "Mesón Don Quijote" sanción de multa por cuantía total de 350,00 euros, correspondiendo la cantidad por el hecho primero: ciento treinta (130,00) euros. Hecho segundo: ciento treinta (130,00) euros. Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE nº 12, de 14.1.99).
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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