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BOC-A-2010-038-1021.
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Examinados los documentos y antecedentes obrantes en la sede del Servicio Canario de Empleo, relativos a la aprobación de la convocatoria de subvenciones de referencia, resultan los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previos los trámites procedimentales exigidos, mediante Resolución del Presidente del Servicio Canario de Empleo, de fecha 19 de octubre de 2009 (BOC de 30.10.09), modificada por Resolución del mismo órgano de fecha 23 de diciembre de 2009 (BOC de 31.12.09), se procede a aprobar las bases de vigencia indefinida del programa de subvenciones destinado a incentivar nuevos contratos laborales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobándose, simultáneamente, su convocatoria para el ejercicio 2009.
Segundo.- Transcurridos los plazos de presentación de solicitudes en los que se dividía la convocatoria se ha verificado, por parte de la unidad administrativa responsable de la tramitación administrativa de las mismas, la presentación de un número de ellas muy superior al inicialmente previsto, partiendo de los estudios preliminares que el Servicio Canario de Empleo efectuó en el momento de confeccionar y elaborar el programa.
En efecto, sólo las solicitudes pertenecientes al primero de los períodos establecidos, el que acoge a los contratos suscritos entre los meses de enero a agosto de 2009, suman más de 800 (otro tanto puede decirse respecto del segundo período, donde incluso se supera este número), lo que supone un volumen muy superior al previsto lo que, dejando de lado el éxito y favorable acogida del programa que esto significa, también implica un aumento exponencial de la complejidad y dificultades en la tramitación administrativa, sobre todo en lo que se refiere al régimen de notificaciones.
A los citados antecedentes, les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primera.- El órgano competente para dictar la presente Resolución es el Presidente del Servicio Canario de Empleo, de conformidad con lo establecido en el artículo 7.1.h) de la Ley 12/2003, de 4 de abril, de creación del Servicio Canario de Empleo.
Segunda.- Examinado el volumen de solicitudes presentadas al amparo de la presente convocatoria, resulta absolutamente imprescindible proceder a la modificación de la misma, en el sentido de incorporar la previsión que contempla el artículo 59.5, apartado b) de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según redacción dada por la Ley 4/1999, que determina lo siguiente:
"5. La publicación, en los términos del artículo siguiente, sustituirá a la notificación surtiendo sus mismos efectos en los siguientes casos:
(..)
b) Cuando se trata de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el tablón de anuncios o medios de comunicación donde se efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos."
En el presente caso, ni la convocatoria ni las bases reguladoras del programa, determinaban de forma clara, el sistema ni medio a emplear en la notificación de la resolución de concesión, de lo que podría derivarse que el sistema a emplear es el de notificación individual, por medio de carta con acuse de recibo.
Sin embargo, por motivos obvios y ya comentados en los antecedentes de la presente, este sistema resulta impracticable, debido al altísimo número de solicitantes que se han presentado a la convocatoria.
En este sentido, la normativa legal, como ya ha sido expuesto, admite expresamente que en los procedimientos de concurrencia competitiva (como es el que nos ocupa), la notificación pueda efectuarse por medio de publicación en el Boletín Oficial correspondiente. El único requisito que se exige para ello, es que tal previsión esté contemplada en la convocatoria.
La justificación de tal medida debe encontrarse en la aplicación de principios tan elementales como la eficacia y la eficiencia en el actuar administrativo, la celeridad o la economía procedimental, principios que constituyen hoy en día un verdadero "ley motive" de la acción de los poderes públicos. La consagración de los mismos, puede observarse prácticamente en todas las normas administrativas actuales, cabiendo citar, no obstante, y para el caso que nos ocupa, el Decreto 48/2009, de 28 de abril, por el que se establecen medidas de simplificación administrativa.
Se trata, en definitiva, de eliminar cualquier obstáculo o impedimento que dificulte o interfiera la consecución de un procedimiento ágil, en unos plazos razonables, que permitan obtener al ciudadano una respuesta a sus pretensiones clara y eficaz, en el tiempo y en la forma.
Por otro lado, no podemos obviar otras implicaciones, que se han convertido igualmente en principios activos, y que están estrechamente ligadas al uso racional de los recursos públicos, potenciando en la medida de lo posible, todas aquellas medidas que supongan un favorable impacto ecológico.
En el presente caso, la notificación individual de la resolución de concesión a todos los solicitantes, atenta directamente contra todos y cada uno de los principios desglosados: el consumo energético, humano, de material y, en definitiva, monetario, que ello supone, excede sobremanera de lo que debiera ser "aceptable", aún más cuando existen mecanismos, previstos en la Ley, que permiten una mayor racionalización de la tarea.
Por todo ello, resulta imprescindible proceder a la modificación de la convocatoria efectuada, en el sentido de implantar, como medio de notificación de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de concesión de cada período, la publicación en el Boletín Oficial de Canarias, modificación que, por otro lado, y como no puede ser menos, no afecta en modo alguno a principio de igualdad que debe regir en todo proceso selectivo o de concurrencia, toda vez que no se ve alterado el plazo inicial de solicitudes establecido en la convocatoria, ni los requisitos objetivos, subjetivos, jurídicos, temporales o documentales exigibles para el conjunto de solicitantes, ni los criterios de baremación o estimación de las solicitudes, ni la distribución de los períodos, ni siquiera los importes a repartir entre los mismos.
Por todo lo expuesto, a la vista de la competencias que tengo atribuidas, y de los antecedentes y fundamentos de derecho desglosados,
R E S U E L V O:
Primero.- Proceder a la modificación del apartado 2.2 del resuelvo tercero de la convocatoria de subvenciones destinadas a incentivar nuevos contratos laborales, en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias, aprobada por Resolución del Presidente del SCE de fecha 19 de octubre de 2009, modificada por Resolución del mismo órgano de fecha 23 de diciembre de 2009, apartado que quedará redactada con el siguiente literal:
"2.2. Plazos máximos de Resolución de cada uno de los períodos.
1. La Resolución de concesión de subvención de los contratos suscritos en cada uno de los períodos establecidos, se adoptará en el plazo de un mes a contar desde la finalización del período de solicitudes establecido para cada período, según el apartado anterior, a excepción de la resolución del último de los períodos, que se adoptará con anterioridad al 31 de marzo de 2010.
2. En cumplimiento de la posibilidad prevista en el artículo 59.5, apartado b), de la vigente Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Procedimiento Administrativo Común, la notificación de cada una de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de concesión de cada período, se efectuará por medio de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias."
Segundo.- Llevadas a cabo las precitadas modificaciones, el resto de la convocatoria permanecerá redactada en sus mismos términos.
Tercero.- Se ordena la publicación de la presente Resolución de modificación en el Boletín Oficial de Canarias.
Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, que por turno corresponda o, potestativamente, recurso de reposición ante el Presidente del Servicio Canario de Empleo, en el plazo de un mes, computado en los términos ya dichos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Todo ello, sin perjuicio de la posibilidad de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 10 de febrero de 2010.- El Presidente, Jorge Marín Rodríguez Díaz.
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