BOC - 2009/250. Miércoles 23 de Diciembre de 2009 - 1914

II. AUTORIDADES Y PERSONAL - Oposiciones y concursos - Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes

1914 - ORDEN de 18 de diciembre de 2009, por la que se resuelve procedimiento de revisión de oficio y suspensión de los efectos de la lista de reserva de la especialidad de Economía en cuanto a los integrantes con nivel de titulación de diplomado exclusivamente.

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Vista la Orden de 14 de septiembre de 2009, por la que se inicia, a instancia de esta Administración Educativa, procedimiento de revisión de oficio y suspensión de los efectos de la lista de reserva de la especialidad de Economía en cuanto a los integrantes con nivel de titulación de diplomado exclusivamente (B.O.C. nº 189, de 25.9.09), conformada de oficio en virtud de Resolución de 4 de abril de 2006 de la Dirección General de Personal, y de acuerdo con los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por Resolución, de 4 de abril de 2006, de la Dirección General de Personal de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, se hizo pública la constitución de oficio de la lista de reserva para cubrir posibles vacantes o sustituciones temporales en la especialidad de Economía, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 107, de 5 de junio de 2006.

La citada lista de reserva de la especialidad de Economía y perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria se integra por los que, en su momento, eran integrantes de las listas de reserva correspondientes a las especialidades de Administración de Empresas, de Organización y Gestión Comercial y de Formación y Orientación Laboral.

Segundo.- Por Resolución de 11 de agosto de 2006 de la Dirección General de Personal, se hizo pública, con carácter definitivo, la lista de reserva para cubrir posibles vacantes o sustituciones temporales en la especialidad de Economía perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

De lo anterior y hasta la actualidad, dada la vigencia de la citada Resolución objeto de revisión de oficio, resulta que la lista de reserva de Economía aparece conformada por integrantes de las listas de Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial y Formación y Orientación Laboral, significando que entre sus componentes confluyan indistintamente diplomados y licenciados, lo cual supone que la configuración de la lista de reserva de Economía no resulte ajustada a Derecho, teniendo en cuenta la referida normativa de acceso a la función pública docente.

Tercero.- En esta línea, se interpone reclamación, con fecha de registro de entrada 29 de julio de 2009, por D. Pedro Suárez Cabrera, integrante de la lista de reserva de Economía, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria.

Cuarto.- Por la Dirección General de Personal, se solicita el 21 de agosto de 2009 Informe a la Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, en relación con la gestión inmediata para el próximo curso 2009/2010, de la lista de reserva del personal docente interino de la especialidad de Economía, para realizar la cobertura provisional de plazas vacantes o la sustitución temporal del titular, en los centros públicos del ámbito de gestión de la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias.

Quinto.- El informe solicitado y recibido en las dependencias de esta Administración Educativa en fecha 10 de septiembre de 2009, concluye en favor de la exclusión de oficio de todos aquellos que no ostentaban la titulación requerida para impartir la especialidad de Economía en el momento de conformarse la lista de reserva que nos ocupa.

Sexto.- Consecuencia de lo anterior, esta Administración, a iniciativa propia, publica en el Boletín Oficial de Canarias nº 189, de 25 de septiembre de 2009, la Orden de 14 de septiembre de 2009, por la que se inicia, a instancia de esta Administración Educativa, procedimiento de revisión de oficio y suspensión de los efectos de la lista de reserva de la especialidad de Economía en cuanto a los integrantes con nivel de titulación de diplomado exclusivamente.

Séptimo.- En la tramitación del presente procedimiento de revisión de oficio, se ha observado el preceptivo trámite de audiencia a los efectos de que por los interesados se presenten las alegaciones y documentación que estimen oportunas, las cuales han sido objeto de estudio y valoración para el dictado de la presente, destacando la participación extemporánea en el trámite de audiencia la efectuada por Dña. Carmen Nieves Hernández Díaz en fecha 13 de octubre de 2009.

Vistas las alegaciones y documental aportadas, resultan de aplicación los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes es competente para conocer y resolver el presente procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.g) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1 de agosto), que atribuye a los Consejeros la incoación y resolución de los expedientes de revisión de oficio de los actos del propio Departamento.

Segundo.- El artículo 102.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre), en su redacción actual (en adelante, LRJPAC), al regular la revisión de disposiciones y actos nulos dispone literalmente que "Las Administraciones públicas, en cualquier momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 62.1".

Tercero.- El artículo 62.1, en su apartado f), prevé como causa de nulidad de pleno derecho los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición.

Cuarto.- Disponía la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (B.O.E. nº 238, de 4 de octubre), que el Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará las especialidades a las que deban ser adscritos los profesores a que se refiere esta disposición como consecuencia de las integraciones previstas en ella y de las necesidades derivadas de la nueva ordenación académica, que incluirán las áreas y materias que deberán impartir, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 16, teniendo en cuenta las especialidades de las que los profesores sean titulares. Hasta tanto se produzca tal determinación, los procesos selectivos y concursos de traslados se acomodarán a las actuales especialidades. Ello tras crear los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional y determinar que el primero de estos Cuerpos desempeñará sus funciones en la educación secundaria obligatoria, bachillerato y formación profesional y el segundo lo hará en la formación profesional específica y, en las condiciones que se establezcan, en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato.

En su desarrollo fue dictado el Real Decreto 1.635/1995, de 6 de octubre, por el que se adscribe el profesorado de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional a las especialidades propias de la Formación Profesional Específica (B.O.E. nº 242, de 10 de octubre), que vino a crear la especialidad de Economía como especialidad perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, concretamente su Disposición Adicional Octava, según la cual, los titulares de esta especialidad ostentan competencia docente para impartir las materias de Economía y Economía y Organización de Empresas del bachillerato.

Asimismo estableció como régimen transitorio un procedimiento de provisión de plazas, distinto del de ingreso, expuesto en su Disposición Transitoria Quinta, señalando que hasta la finalización del calendario de implantación del sistema educativo establecido en la LOGSE, los funcionarios de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria y Profesores Técnicos de Formación Profesional que estén en posesión de las titulaciones relacionadas en el anexo V podrán optar, por una sola vez y con ocasión de vacante, a las plazas de esas especialidades en su propio centro o en otro distinto dentro del ámbito de gestión de la Administración educativa donde tengan destino, a través de los procedimientos de provisión de puestos que se convoquen. Dichos profesores tendrán preferencia, sin perjuicio de lo previsto en la Disposición Adicional Tercera del presente Real Decreto, para ser adscritos a esas plazas en el caso de tener ya destino definitivo en el centro al que corresponda la vacante.

Por otro lado, para la organización del servicio educativo, una vez creada la especialidad de Economía y en tanto no hubiese titulares de la especialidad, conforme al anexo II c) del citado Real Decreto 1.635/1995, se permitió que a funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, de las especialidades de Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial y Formación y Orientación Laboral se les reconociera atribución de competencia docente para impartir las materias de Bachillerato de Economía y Economía y Organización de Empresas, incluso aun ostentando titulación de Diplomado, pues para el ingreso en sus respectivas especialidades de origen se les permitía legalmente la titulación de grado medio declara equivalente a efectos de docencia.

De lo anterior cabe deducir que dicho Reglamento se refería única y exclusivamente a funcionarios de carrera y su posible adscripción a otras especialidades, pero en ningún caso, podía fundamentar este Real Decreto el acceso a la función pública docente de aquellos aspirantes que carecieren de la titulación requerida pues no es objeto de este Real Decreto la regulación del acceso a la función pública docente.

Finalmente, la actual Ley Orgánica de Educación, 2/2006, de 3 de mayo, en adelante LOE (B.O.E. nº 106, de 4 de mayo), en su artículo 94 dispone que para impartir las Enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria y de Bachillerato será necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto o el título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 100 de la presente Ley, sin perjuicio de la habilitación de otras titulaciones que, a efectos de docencia, pudiera establecer el Gobierno para determinar áreas, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

En desarrollo de la LOE, el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, (B.O.E. nº 53, de 2 de marzo), en materia de acceso a la función pública docente, dispone en su artículo 13 como requisito para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Educación Secundaria estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de docencia y estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere el artículo 100.2 de la LOE, sin disponer titulación equivalente a efectos de docencia, esto es, para ser alegado como requisito de ingreso, para la especialidad de Economía, no disponiéndose ninguna Diplomatura como título válido a efectos de ingreso para esta especialidad, previéndose igual requisito, según artículo 52 y siguientes para la adquisición de nueva especialidades.

En consecuencia, el anexo V de este Real Decreto permite la Diplomatura para acceder a un conjunto de especialidades tasadas en el mismo (Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial y Formación y Orientación Laboral) pero ello no quiere decir que esta permisión suponga legitimación para la impartición de la docencia en otras especialidades no establecidas en dicho anexo, pues ello supondría una vulneración clara de dicha disposición, de tal manera que si el legislador hubiese querido que Economía fuese impartida por aquellos en posesión del título de Diplomando lo hubiese preceptuado expresamente e incluido en dicho anexo.

Igual sucede respecto del anexo VI a) Real Decreto 777/1998, de 30 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la ordenación de la formación profesional en el sistema educativo (B.O.E. nº 110, de 8 de mayo), en que se establecen las titulaciones declaradas equivalentes a efectos de docencia para especialidades del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, entre las que se prevén titulaciones de Diplomatura para las especialidades de Administración de Empresas, Formación y Orientación Laboral y Organización y Gestión Comercial y, sin embargo, no se prevé titulación declarada equivalente a efectos de docencia para la especialidad de Economía.

Por último, el vigente Real Decreto 1.834/2008, de 8 de noviembre, por el que se definen las condiciones de formación para el ejercicio de la docencia en la educación secundaria obligatoria, el bachillerato, la formación profesional y las enseñanzas de régimen especial y se establecen las especialidades de los cuerpos docentes de enseñanza secundaria (B.O.C. nº 287, de 28 de noviembre), dispone en su artículo 3.3 que "Los funcionarios del cuerpo de catedráticos de enseñanza secundaria y los del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, de las especialidades que se incluyen en el anexo V, podrán impartir docencia en el bachillerato y en la educación secundaria obligatoria de acuerdo con las correspondencias que en él se especifican, siempre que reúnan las condiciones que en el mismo se detallan y sin perjuicio de la preferencia que, para impartir las materias respectivas, tienen los profesores de las especialidades a las que se refieren los anexos III y IV".

Así pues, amén de que no es objeto del mismo la regulación del acceso a la función pública docente sino el ejercicio de ésta una vez se ha accedido a las mimas y que está dirigida a los funcionarios de carrera, otorga preferencia absoluta a los titulares de las especialidades para la impartición de las materias correspondientes, de manera que entre dichas especialidades el anexo I (Especialidades docentes de los cuerpos de catedráticos de enseñanza secundaria y profesores de enseñanza secundaria) contempla la de Economía, por lo que, sólo una vez sea otorgada esta preferencia absoluta a los titulares de la especialidad, la norma contempla la previsión y sin carácter imperativo de que los titulares de las especialidades contempladas en el anexo V (Asignación de materias a las que se refiere el apartado 3 del artículo 3) puedan impartir la docencia en las materias de Economía y Economía de la Empresa. Por otro lado, ese anexo V contempla la previsión de que los profesores, en específico, de Formación y Orientación Laboral podrán impartir la materias de Economía y Economía de Empresa siempre que se trate de licenciados o graduados en alguna de las especialidades de la rama de conocimientos de Ciencias Sociales y Jurídicas con formación en Economía, ello en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior, debiendo quedar, en conclusión, sujetas y dependientes las tres especialidades de Administración de Empresas, Formación y Orientación Laboral y Organización y Gestión Comercial, a la reserva preferente de los titulares de la especialidad de Economía, de conformidad con la potestad de la Administración, en atención a autoorganización y en función de las necesidades docentes con absoluto respeto al principio de legalidad, no contemplando en consecuencia tampoco esta normativa equivalencia a efectos de docencia en la especialidad de Economía.

En definitiva, tampoco podemos acoger la alegación de que el Real Decreto 1.834/2008 permita la impartición de la especialidad de Economía por funcionarios interinos con la titulación de Diplomado pues este Real Decreto regula quien pueda impartir una especialidad concreta dentro del sistema educativo una vez se ha accedido al mismo con los requisitos establecidos legalmente, pero no el acceso a dicho sistema, pues ello constituiría un claro fraude de ley en las normas que regulan el acceso e ingreso a la función pública y en el caso concreto, por los funcionarios interinos con la titulación de Diplomado.

Esto es, no se puede pretender la aplicación de este Real Decreto de organización funcionarial para vulnerar el acceso e ingreso en la especialidad, pues no objeto del mismo regular el ingreso a la función pública sino regular la ordenación y ejercicio del mismo en el ámbito docente.

Quinto.- De todo lo cual, resulta que anteriormente a la actual Ley de Educación, la Ley 1/1990, de 3 de octubre, y su desarrollo reglamentario por el Real Decreto 850/1993, de 4 de julio, así como la Ley 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación (LOCE) y su Reglamento por Real Decreto 334/2004, de 27 de febrero, establecían idénticas prescripciones, en cuanto a las titulaciones exigibles con carácter general para el ingreso en la especialidad de Economía.

Sexto.- En el ámbito específico de Canarias, el primer procedimiento de adquisición de la especialidad de Economía tuvo lugar mediante Orden de 31 de marzo de 2004, por la que se convocaba prueba para la adquisición de las especialidades de Tecnología y Economía, del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (B.O.C. nº 75, de 20 de abril), estableciendo como requisito para la adquisición de nuevas especialidades por funcionarios de otros cuerpos, estar en posesión del nivel de titulación y demás requisitos que se exigen para la ingreso libre en dicha especialidad, de manera se exigía ser funcionario de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria perteneciente a la Comunidad Autónoma de Canarias y estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente a efectos de docencia, toda vez que hasta esa fecha no existían funcionarios de carrera titulares de la especialidad de Economía, no pudiendo por tanto, presentarse aspirantes en posesión de título de Diplomado.

Pese a ello, posteriormente, por Resolución de 4 de abril de 2006 se hace pública la constitución de oficio de la lista de reserva para cubrir posibles vacantes o sustituciones temporales en la especialidad de Economía, perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria (B.O.C. nº 107, de 5 de junio), la cual quedó constituida por los que, en ese momento, eran integrantes de las listas de reserva correspondientes a las especialidades de Administración de Empresas, de Organización y Gestión Comercial y de Formación y Orientación Laboral.

Finalmente, tras las publicación de la Orden de 23 de abril de 2008, por la que se convocan procedimientos selectivos de ingreso y acceso a los cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño (B.O.C. nº 84, de 25 de abril), se convocan nuevamente pruebas para la adquisición de la especialidad de Economía mediante la Orden de 14 de mayo de 2009, por la que se convoca prueba para la adquisición de la especialidad de Economía del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria en el ámbito de la gestión de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 94, de 19 de mayo), que disponía que para impartir las enseñanzas de educación secundaria obligatoria y de bachillerato, sería necesario tener el título de Licenciado, Ingeniero o Arquitecto, o el título de Grado equivalente, además de la formación pedagógica y didáctica de nivel de Postgrado, ello al amparo del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, el cual establece idénticos requisitos de participación que la convocatoria anterior.

Nuevamente la normativa se reitera en la exigencia para poder acceder a la especialidad de Economía el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título equivalente.

Séptimo.- De todo lo anterior, se desprende que, en cumplimiento estricto de la normativa de aplicación sobre ingreso y acceso al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria de la especialidad de Economía, sólo pudieron acceder como funcionarios interinos a la lista de reserva de dicho cuerpo y especialidad, los que reúnan los requisitos establecidos para el ingreso en la misma especialidad y cuerpo a través del correspondiente procedimiento selectivo de ingreso, esto es, estar en posesión de la titulación académica de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o título de grado equivalente, sin que exista previsión alguna sobre titulación de grado medio equivalente a efectos de ser alegada como requisito de ingreso.

Los efectos de la exclusión serán de alcance para todos los integrantes de la lista de reserva en el momento de constitución de dicha lista, de conformidad con los efectos que la doctrina y la jurisprudencia otorga a la nulidad de pleno de derecho, esto es, con eficacia "Ex tunc" y, en consecuencia, tratándose de una ineficacia no convalidable, es por lo que la misma significa, únicamente para los integrantes que estaban en posesión de Diplomaturas en el momento de ser conformada la lista de reserva, que deben ser excluidos de las mismas.

Octavo.- Solicitado Informe preceptivo de la Dirección General del Servicio Jurídico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, el mismo es emitido con fecha 12 de noviembre de 2009 con carácter favorable por entender que concurren los requisitos para apreciar la causa de nulidad de pleno derecho prevista en el apartado f) del artículo 62.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de la Resolución de 4 de abril de 2006, en relación a los integrantes de la lista de reserva para cubrir vacantes o sustituciones en la especialidad de Economía perteneciente al Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria que carezcan de la titulación exigida, ya que:

"- Los integrantes de la lista de reserva que tengan la titulación de Diplomados, carecen del requisito esencial para impartir la materia, toda vez que no poseen la titulación de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o grado equivalente exigida por la normativa aplicable.

- La Resolución de fecha 4 de abril de 2006 de la Dirección General de Personal por la que se constituyó de oficio la lista de reserva de Economía mediante la integración en la misma de los componentes de las listas de Administración de Empresas, Organización y Gestión Comercial y Formación y Orientación Laboral, determinando que en la misma confluyan tanto Diplomados como Licenciados, es contraria al ordenamiento jurídico ya que la normativa aplicable exige estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o titulación equivalente para impartir la citada materia".

Noveno.- Asimismo, conforme al artículo 102 de la citada LRJPAC y a tenor de los artículos 11.D.b) y 12.3 de la Ley 5/2002, de 3 de junio, del Consejo Consultivo de Canarias, fue recabado dictamen del Consejo Consultivo de Canarias, el cual, emitido con fecha 10 de diciembre de 2009, dictamina favorablemente la declaración de nulidad de la Propuesta de Resolución relativa a la revisión de oficio de la Resolución de 4 de abril de 2006 de la Dirección General de Personal, disponiendo que "Aunque el ingreso en el Cuerpo e impartición de enseñanzas o provisión de los puestos al efecto son cuestiones diferentes técnicamente, es patente que ambas están material y finalísticamente ligadas de modo inexorable e inevitable, de modo que sólo pueden ocuparlos, aun temporalmente, personas con titulación idéntica a la exigida para el ingreso en el Cuerpo... En definitiva, por las razones expuestas, la Resolución revisada incurre en la causa de nulidad alegada y, por consiguiente, la Propuesta de Resolución objeto de este Dictamen es conforme a Derecho, procediendo la declaración de nulidad recogida en ella, en los términos y por las razones que expresa. En este orden de cosas, ha de entenderse la previsión, excepcional y temporal, perdiendo su vigencia tan pronto fue aplicada, por su propia naturaleza y su congruente literalidad, contenida en la disposición transitoria quinta del Real Decreto 1.635/1995, aplicable por razones extraordinarias y por una sola vez, pero no permanentemente y para los casos sucesivos, regulados por la normativa establecida con posterioridad ...".

De acuerdo con todo lo anterior, en ejercicio de las competencias atribuidas,

D I S P O N G O:

Primero.- Declarar la nulidad, al amparo de lo dispuesto en el artículo 102 de la LRJPAC, de la lista de reserva de la especialidad de Economía, conformada de oficio por Resolución de 4 de abril de 2006, en cuanto a los integrantes con nivel de titulación de diplomado exclusivamente, de conformidad con los fundamentos establecidos en la presente Orden.

Segundo.- Dar traslado al Servicio de Gestión de Recursos Humanos de esta Dirección General de Personal, a los efectos de su ejecución.

Tercero.- Publicar la presente en el Boletín Oficial de Canarias, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.6.b) de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción actual.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante la Excma. Sra. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o bien directamente cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante el órgano de la jurisdicción contencioso-administrativa competente en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la notificación de esta Orden, significándole que en caso de interponer recurso de reposición, no podrá acudir a la vía contencioso-administrativa hasta que aquél sea resuelto expresamente o desestimado por silencio administrativo en el plazo de un mes a contar desde que hubiera sido interpuesto el citado recurso. Todo ello sin perjuicio de cualesquiera otro recurso que se estime oportuno interponer.

Santa Cruz de Tenerife, a 18 de diciembre de 2009.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN,

UNIVERSIDADES, CULTURA Y DEPORTES.

Milagros Luis Brito.



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