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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de diciembre de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 46/09 instruido a Canary Island Paradise, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Apartamento Paraíso del Sol III.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 3 de junio de 2009.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 14135, de fecha 18 de agosto de 2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por Héctor Amado Valido y seguido contra la empresa expedientada Canary Island Paradise, S.L., titular del establecimiento Paraíso del Sol III.
2º) El 3 de junio de 2009 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 46/09, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Que se estima su responsabilidad administrativa, sin que las razones esgrimidas tengan virtualidad alguna.
En primer lugar, reseñar en cuanto al principio de proporcionalidad, que no es en el momento del inicio del procedimiento donde se exponen los criterios sancionadores, a tenor de lo dispuesto en el artº. 135, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, en el que se expone el contenido que debe contener el inicio del procedimiento, a saber "A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del Instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia".
Señalar que es en la instrucción, instrumento que sirve para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución a tenor del artº. 78 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, donde se debe motivar la sanción a imponer, en virtud del artº. 14.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, siendo sólo el inicio del procedimiento una comunicación de los hechos, que pueden dar lugar a una infracción y una sanción, requiriendo la fase instructora, para tener todos los elementos de juicio que motiven la sanción a imponer.
Que las alegaciones se refieren al segundo de los hechos infractores, y en ellas se argumenta que el establecimiento no carece de la Hoja de Reclamaciones, y que se facilitó al cliente un modelo oficial aunque pertenecía a otra instalación del propio establecimiento. Con este último argumento se confirma el hecho imputado, que no es otro que el que se precisa en la resolución de inicio, y que no está referido a que el establecimiento no le facilitase al cliente una Hoja de Reclamación, sino que la Hoja de Reclamación que se le facilitó venía referida a un establecimiento que no es Apartamentos Paraíso del Sol III. Ello implica que se incumplió con lo establecido en la normativa turística, en cuanto a lo que se refiere a la tramitación de las Hojas de Reclamaciones, concretamente al artº. 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, que establece la obligación de tener en cada establecimiento las Hojas de Reclamaciones a disposición de sus clientes, y para más abundamiento el artº. 8.1 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, precisa que las Hojas de Reclamaciones vendrán referidas exclusivamente a los mismos y serán intransferibles.
Por otra parte, es necesario señalar que la calificación jurídica de la infracción, conforme con el artº. 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, es considerada como infracción grave, en lo que se refiere dicho apartado a la no tramitación de las Hojas en tiempo y forma. De esta parte se considera que se ha faltado a la forma, dado que la Hoja tramitada no es la del establecimiento al que se refiere el objeto de la reclamación realizada por el cliente. Que, sin embargo, en la calificación inicial se ha tenido en cuenta lo establecido en el artículo 77.7 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, al no merecer la calificación de grave por haberse considerado su posible falta de intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancia.
El expedientado en las alegaciones hace referencia a su falta de intencionalidad y a que la Hoja de Reclamaciones cumplió la finalidad de la misma al tener la Administración inmediato y preceptivo conocimiento de lo sucedido, con independencia de la "denominación" formal de la "Hoja facilitada". Que si bien es cierto que la Hoja cumplió con el fin, y protegió el derecho que le acoge al usuario turístico a formular quejas y reclamaciones, conforme se reconoce en el artículo 15.2.d) de la Ley 7/1999, de 6 de abril, el establecimiento no cumplió, de igual manera, con las formalidades que establece el artº. 8.1 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, en el que se regulan las características de las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones y en cuya exposición de motivos se señala que es preciso proteger al usuario turístico ante las deficiencias en la prestación de las actividades o servicios turísticos o en el disfrute y utilización de establecimientos o bienes de esta naturaleza, proporcionándole los cauces e instrumentos precisos para hacer llegar al conocimiento de la Administración las anomalías indicadas a los efectos de promover las medidas oportunas para su corrección y, en su caso, represión y sanción. Que se ha observado, a la vista de los documentos obrantes en el expediente sancionador, que el establecimiento no remitió la copia color azul de la Hoja de Reclamación en el plazo de un mes, contado a partir del día de la reclamación, a la Consejería competente en materia de turismo, conservando en su poder el ejemplar rosa, conforme con lo establecido en el artículo 11 del citado Decreto 168/1996, de 4 de julio. La parte instructora considera que esta formalidad no ha sido tenido en cuenta a la hora de fijar los hechos infractores producidos como consecuencia de esta reclamación, debido a que la Hoja de Reclamaciones remitida por el reclamante cumple con la finalidad de poner en conocimiento de la Administración las deficiencias en la prestación de los servicios que el usuario turístico dejó reflejadas en la Hoja de Reclamaciones, a los efectos de promover las medidas oportunas. El establecimiento por su parte, demuestra una falta de voluntad o un desconocimiento de sus obligaciones, por cuanto que no remitió la Hoja de Reclamaciones hasta una fecha posterior a la visita del inspector al establecimiento, incumpliendo con el plazo de un mes establecido por la normativa de aplicación.
Que los principios de proporcionalidad y tipicidad son tenidos en cuenta a la hora de realizar la propuesta de sanción, dado que los hechos imputados están claramente tipificados por la ley y expresamente indicados en el procedimiento. En aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, se han tenido en cuenta distintas circunstancias. En relación con la posición del infractor en el mercado: que se trata de un establecimiento turístico que ejerce la actividad de alojamiento turístico extrahotelero con una categoría de dos llaves y una capacidad de 148 unidades alojativas, con una situación geográfica en uno de los lugares turísticos más importantes de la isla, como es Playa de las Américas. En cuanto a los perjuicios causados, de acuerdo con la denuncia realizada por el reclamante ante la Comisaría Local de Policía, la propia Hoja de Reclamaciones, que motivó el acta levantada al establecimiento, se ponen en evidencia los perjuicios sufridos por los clientes, que sin entrar a valorar la pérdida de los objetos presuntamente sustraídos del apartamento que ocupaban, sí evidencian unas molestias en lo que se refiere a la pérdida de parte de su tiempo de la estancia. Todo ello, hace al establecimiento merecedor de una sanción leve, cuyo grado mínimo, en toda su extensión, debe estar reservado a otro tipo de establecimientos que por su naturaleza, no alojativa, situación en núcleos no eminentemente turísticos, pequeños negocios familiares, establecimientos de escasa capacidad, etc., no deben ser sancionados con cuantías superiores a las mínimas.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 24 de julio de 2009, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de setecientos cincuenta (750,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: trescientos (300,00) euros.
Hecho segundo: cuatrocientos cincuenta (450,00) euros.
4º) El expedientado en escrito de 21 de agosto de 2009 recibido en esta Consejería el 24 de agosto de 2009 y número de registro 1114630, en síntesis alega lo siguiente a la propuesta de resolución:
Primera.- Con respecto al hecho infractor primero, considerado como falta leve, creemos excesiva la sanción impuesta pues como manifestamos al cliente perjudicado se debió a un hecho fortuito y puntual por un error humano e involuntario en la asignación, pues en todos los años de actividad de este complejo nunca hemos tenido un hecho similar. En cuando nos percatamos del error fue puesto en conocimiento de los clientes prestando toda la ayuda necesaria para que el cliente realizara la denuncia ante la Policía y lo comunicamos a nuestro seguro.
Segunda.- Con respecto al hecho infractor segundo, considerado como falta leve, reiterar que se entrega al cliente una Hoja de Reclamación oficial en la que el cliente pudo formalizar su queja debidamente.
El establecimiento presentó en tiempo y forma dicha Hoja de Reclamación oficial de fecha 6 de julio de 2008, tramitándose la hoja azul a los 19 días de realizada la queja, en la oficina auxiliar de Los Cristianos el 24 de julio de 2008 y con número de registro nº 87441. La inspección fue posterior, el 18 de agosto de 2008, por lo que no entendemos su comentario sobre la Àfalta de voluntad o desconocimiento de nuestras obligaciones en este asunto?.
HECHOS PROBADOS: se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguiente hechos:
Primero: deficiencias en la prestación de los servicios, al haber asignado a otros clientes el apartamento que ocupaba D. Héctor Amado Valido, causándole las consiguientes molestias.
Segundo: haber facilitado al citado cliente una Hoja de Reclamación del restaurante del complejo, en lugar de una de las Hojas de Reclamaciones referida al apartamento.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que los hechos alegados la desvirtúen.
Se dan por reproducidos los fundamentos recogidos por la Instructora actuante en la propuesta de sanción. A la hora de la imposición de la sanción se ha tenido en cuenta el criterio del número de unidades alojativas 148 y 389 plazas, la posición del infractor en el mercado, cuyo establecimiento turístico que ejerce la actividad de alojamiento turístico extrahotelero con una categoría de dos llaves, con una situación geográfica en uno de los lugares turísticos más importantes de la isla, como es Playa de las Américas, así como los perjuicios causados a los clientes, a los que se les ocasionan molestias y posibles pérdidas materiales consecuencia de los hechos ocurridos. La falta de intencionalidad alegada por el expedientado ha sido tenida en cuenta a la hora de imponer la sanción, y no los defectos formales en la tramitación de la Hoja de Reclamaciones una vez realizada por el reclamante, que no han sido reflejados en el hecho infractor por parte de la Instructora del expediente, dado que el hecho se refiere exclusivamente a la entrega al cliente de una Hoja de Reclamación de un establecimiento distinto al del que se producen los hechos. No obstante, se procede a atenuar las sanciones inicialmente establecidas, dado que no existen antecedentes por los mismos hechos infractores, verificado mediante la consulta a los archivos correspondientes.
Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 15.2.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Hecho segundo: artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 8.1 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las Hojas de Reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).
Tipificación: hecho primero: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95). Hecho segundo: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
R E S U E L V O:
Imponer a Canary Island Paradise, S.L., con C.I.F. B38301339, titular del establecimiento denominado Apartamento Paraíso del Sol III, sanción de multa por cuantía total de 480,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: ciento ochenta (180,00) euros.
Hecho segundo: trescientos (300,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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