No habiéndose podido notificar a Dña. María del Pino Jiménez Díaz en la forma prevista en el artº. 59.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), la Resolución de la Ilma. Sra. Presidenta del Instituto Canario de la Vivienda de fecha 6 de octubre de 2009, recaída en el recurso de alzada interpuesto contra Resolución recaída en el expediente de desahucio administrativo DO-129/08, y siendo necesario notificarle dicho trámite, al ser parte interesada, conforme a lo previsto en el apartado 5º del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a Dña. María del Pino Jiménez Díaz la Resolución de fecha 6 de octubre de 2009, dictada en el recurso de alzada interpuesto por la misma contra la Resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda en el expediente de desahucio administrativo DO-129/08, que le ha sido instruido por infracción del artº. 68.1.f) de la Ley 2/2003, de 30 de enero, de Vivienda de Canarias, y cuya parte dispositiva acuerda textualmente lo siguiente:
"Declarar de oficio, sin entrar a conocer del fondo del recurso de alzada formulado por Dña. María del Pino Jiménez Díaz, contra la Resolución del Director del Instituto Canario de la Vivienda de 29 de julio de 2008, en el expediente de desahucio DO-129/08, por la que se acuerda desahuciar a dicha recurrente de la vivienda protegida de promoción pública del Grupo de Viviendas La Feria, Avenida La Feria, 32, portal 7, piso 4 (LP-946/175), de Las Palmas de Gran Canaria, la caducidad de dicho procedimiento, ordenando el archivo de las actuaciones. Ordenar asimismo a la Dirección de este organismo autónomo la incoación de un nuevo expediente de desahucio, acordando a tal fin la conservación de los medios probatorios e informes que obran en el expediente que se declara caducado.
Contra este acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe deducir recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo correspondiente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente a su notificación, y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2009.- La Secretaria, María Teresa Larrea Díez.
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