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BOC Nº 238. Viernes 4 de Diciembre de 2009 - 4789

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

4789 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 24 de noviembre de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a S.A.T. Tablero de Las Quemadas, de la Resolución nº 2173, recaída en el expediente de RP: 3603/08.

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No habiéndose podido practicar la notificación a S.A.T. Tablero de Las Quemadas, de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2173, de fecha 13 de octubre de 2009, relativa a incoación de procedimiento sancionador, en los términos fijados en el artículo 59, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. En consecuencia, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada Resolución.

R E S U E L V O:

Notificar a S.A.T. Tablero de Las Quemadas, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2173, de fecha 13 de octubre de 2009, recaída en el expediente instruido en esta Agencia, por presunta infracción a la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, con referencia R.P: 3603/08, y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

Primero.- Incoar procedimiento sancionador a la entidad S.A.T. Tablero de Las Quemadas, como presunta responsable por la comisión de las infracciones consistentes en:

A) Infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.b) en relación con los artículos 12 y 19 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y sancionada en el artículo 42.2 del mismo texto legal con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

B) Infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.d) y 19.2 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con los artículos 13, 14 y 15 del Reglamento para la Ejecución de la Ley 20/1986, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, aprobado por el Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, y modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, y sancionada en el artículo 42.2 de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias con multa de 6.010,13 hasta 300.506,05 euros; cese temporal, total o parcial de las actividades y suspensión de la autorización, en su caso; clausura temporal, total o parcial de las instalaciones e inhabilitación profesional temporal como gestor de residuos, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.

Segundo.- Requerir a la expedientada para que, en el plazo de un mes, proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de las infracciones referidas mediante la entrega a gestor autorizado de los residuos peligrosos y no peligrosos existentes en el lugar de los hechos, así como los residuos resultantes de la quema y las tierras que pudieran estar contaminadas por aceites usados, debiendo acreditar tal circunstancia ante esta Agencia con los justificantes de entrega correspondientes, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos, advirtiéndole que de no cumplimentar el antedicho requerimiento no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.

Tercero.- Nombrar Instructora a Dña. Sonia Gómez Castro y suplente a Dña. María Luisa González Sánchez y Secretaria a Dña. Ángela María González Jiménez y suplente a Dña. María Soledad González Castellano, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.

b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

c) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1.398/1993 por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.

d) Una vez notificada la propuesta de resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.

e) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sito en la calle Venegas, 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.

f) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.

g) Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, así como a la entidad denunciada y demás interesados.

Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de noviembre de 2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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