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Habiéndose intentado intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 306/08 instruido a Tu Billete, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Agencia de Viajes Tu Billete, S.L.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 29 de abril de 2009.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 13476, de fecha 18 de julio de 2008, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por Pablo Ferrero Gómez y seguido contra la empresa expedientada Tu Billete, S.L. titular del establecimiento Tu Billete, S.L.
2º) El 29 de abril de 2009 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 306/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Se considera que debe estimarse la responsabilidad administrativa sin que los hechos alegados la desvirtúen.
Que no cabe apreciar la caducidad del expediente, dado que la fecha para el cómputo del plazo de caducidad del expediente sancionador es de seis meses desde la fecha de la Resolución de Iniciación, en este caso desde el 29 de abril de 2009. Todo ello, según se desprende del artículo 42.3.a) Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 4.1. del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. n¡ 103, de 21 de agosto). Por lo que respecta a la fecha del levantamiento del acta de inspección conviene poner de manifiesto que el artículo 81.2.a), de la Ley 7/1995, se refiere a las reglas del procedimiento sancionador en materia turística, en concreto, al levantamiento del acta de inspección, que en caso de estimarse que existe infracción, constituirá el inicio del expediente, debiendo contener la misma los requisitos formales previstos en la normativa vigente sobre el ejercicio de la potestad sancionadora. De acuerdo con ello, el acta de inspección levantada el día 18 de julio de 2008, no sólo no alude a la posible existencia de una infracción, sino que a la misma le faltan los requisitos formales previstos en la normativa vigente en materia de potestad sancionadora. Ni se refiere a la calificación de los hechos, ni a las sanciones que pudieran corresponder, ni se nombra el instructor, ni se informa sobre el inicio del expediente de clase alguna, datos que deberá reunir, entre otros, la resolución de inicio del procedimiento sancionador, conforme con el artículo 9.2 del Decreto 190/1996.
Que respecto de las alegaciones referidas a la responsabilidad de la compañía aérea que realiza la acción de transportista y, que por tanto exime a la agencia de viajes como responsable de la prestación de dicho servicio, hay que precisar que la responsabilidad exigida a la agencia se refiere, exclusivamente al hecho de que no informó de los cambios producidos en los horarios de los vuelos que el cliente había contratado a través de ese establecimiento, no al incumplimiento en la prestación del servicio aéreo. No se puede obviar que la información a que tienen derecho los usuarios turísticos debe ser veraz, previa y completa, según reconoce la Ley 7/1995, de 6 de abril, en su artículo 15.2.a), en los mismos términos exigidos en el artículo 15 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las Agencias de Viajes (B.O.C. nº 91, de 24 de julio), pues es claro que el cliente concertó con Viajes Tu Billete, S.L. como servicio "suelto" la emisión de los billetes de avión. Dicha compañía mercantil, dedicada habitualmente con ánimo de lucro a la prestación de esta clase de servicios, no agota el cumplimiento de las obligaciones que le incumbe con la simple venta del viaje al cliente, desentendiéndose de su desarrollo y resultados, o declinando la responsabilidad en las Compañías aéreas; sino que, de acuerdo con las obligaciones asumidas, los detallistas y los organizadores del viaje han de cuidar del cumplimiento de tales obligaciones y de mantener debidamente informado al cliente sobre cualquier incidencia que antes de la partida pudiera producirse y que afecte al normal desarrollo de aquél. Por lo tanto no cabe de ninguna manera entender que la falta de aplicación de la normativa aérea impida determinar la falta de responsabilidad de la agencia de viajes por cuanto existe una clara responsabilidad por la gestión en el viaje que se formalizó y se contrae la obligación de informar al cliente de las posibles incidencias a los efectos de decidir sobre las variaciones que se produzcan.
Téngase en cuenta que la Agencia de Viajes es un responsable directo, y no un mero intermediario, frente al consumidor de que el resultado contratado responda a los términos de la oferta. Y es que, en definitiva, la persona que contrate un viaje en una Agencia, ya sea el mero transporte o alojamiento o una combinación de ambos, tiene derecho a que en caso de fracaso del servicio contratado por causa no imputable al mismo, respondan de aquél todos aquellos que se benefician del precio pagado, y que, en este caso, lo son tanto el minorista (Agencia de Viajes) que recibe el encargo, como el mayorista que oferta el servicio y por cuya mediación se realiza.
Efectivamente ha quedado acreditado, que la agencia incumplió con el deber de informar al cliente de los cambios acaecidos en los vuelos contratados con ella, sin que pueda escudarse en que la falta de comunicación se debió a un fallo en los ordenadores, ni en que es una obligación del cliente reconfirmar los horarios del vuelo contratados 48 horas antes de la salida, ya que ésta es una decisión tomada unilateralmente por la propia agencia de viajes que no puede contradecir las normas relativas a los derechos de los usuarios turísticos. Tampoco se pueden admitir las alegaciones referidas al desconocimiento por parte de la Agencia de Viajes Tu Billete de la huelga de pilotos de la Compañía aérea que realizaba el transporte aéreo. Para esclarecer este punto la instructora del expediente sancionador propuso la realización de la prueba solicitada por el expedientado, para conocer la existencia de la comunicación realizada por la Compañía aérea a la Agencia de viajes, informando de los cambios en los horarios de los vuelos afectados por dicha huelga. Tras solicitar por escrito a la Compañía Iberia la prueba que confirme que desde esa compañía se realizó la oportuna comunicación a la Agencia de Viajes Tu Billete, S.L., y únicamente recibirse, hasta la fecha, respuesta telefónica, en la que se nos informó que en Iberia se opera mediante un sistema que realiza de forma automática las comunicaciones a todas las agencias de viajes que han vendido billetes de avión afectados por cambios producidos con posterioridad a la venta de dichos billetes, para realizar por la agencia la confirmación al pasajero. Por otra parte, el incumplimiento de Iberia, si hubiera sido así, corresponde a la expedientada exigirle su responsabilidad por no informar de las modificaciones realizadas con posterioridad a la venta, pero ello no exime a la Agencia de Viajes Tu Billete, S.L. del cumplimiento de la norma sustantiva infringida, que afecta al derecho del usuario turístico a recibir información veraz, previa y completa sobre los bienes y servicios que se le oferten.
En cuanto al vuelo que se indica en el hecho infractor, se refiere al vuelo La Palma destino Madrid, dado que es el vuelo que había sido modificado, adelantándose la fecha en un día con relación a la compra inicialmente realizada por el cliente. Y es el propio cliente quien tuvo que contactar directamente con la Compañía aérea, y tramitar los subsiguientes cambios para finalmente realizar el viaje previsto.
Se ha de señalar que en lo que se refiere a los documentos que se enumeran en las alegaciones, para acreditar parte de las mismas, no han sido adjuntados con el propio escrito de alegaciones, escrito que se remitió mediante burofax sin documentación anexa alguna.
Reseñar en cuanto al principio de proporcionalidad, que no es en el momento del inicio del procedimiento donde se exponen los criterios sancionadores, a tenor de lo dispuesto en el artº. 135, párrafo segundo, de la Ley 30/1992, en el que se expone el contenido que debe contener el inicio del procedimiento, a saber, "A ser notificado de los hechos que se le imputen, de las infracciones que tales hechos puedan constituir y de las sanciones que, en su caso, se les pudieran imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia".
Señalar que es en la instrucción; instrumento que sirve para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución a tenor del artículo 78 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común, donde se debe motivar la sanción a imponer, en virtud del artículo14.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, siendo sólo el inicio del procedimiento una comunicación de los hechos, que pueden dar lugar a una infracción y una sanción, requiriendo la fase instructora para tener todo los elementos de juicio que motiven la sanción a imponer.
Que los principios de proporcionalidad y tipicidad son tenidos en cuenta a la hora de realizar la propuesta de sanción, dado que los hechos imputados están claramente tipificados por la ley y expresamente indicados en el procedimiento. En aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 79 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con la posición del infractor en el mercado, al tratarse de una agencia mayorista-minorista con sucursales en toda la Comunidad Autónoma, los perjuicios causados alegados y sufridos por el cliente. A lo que se añade la existencia de antecedentes por el mismo hecho infractor, verificada mediante la consulta a los archivos correspondientes se comprueba la instrucción del expediente sancionador nº 103/08, resuelto con fecha 16 de diciembre de 2008. Todo ello, hace al establecimiento merecedor de una sanción grave, cuyo grado mínimo, en toda su extensión, debe estar reservado a otro tipo de establecimientos que por su naturaleza, situación en núcleos no turísticos, pequeños negocios familiares, establecimientos de escasa trascendencia en el sector, etc., no deben ser sancionados con cuantías superiores a las mínimas. En conclusión, y tomadas en cuentas las razones expuestas, se propone mantener la sanción en la cuantía inicialmente establecida.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 21 de agosto de 2009, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía cuatro mil quinientos diez (4.510,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, el/los siguiente hecho/s.
Falta de profesionalidad en la prestación de los servicios al cliente D. Pablo Ferrero Gómez, al no haberle informado de la cancelación de la modificación del vuelo contratado, con salida de Santa Cruz de La Palma el 23 de mayo de 2008, a las 13,30 horas, con destino Madrid (IB 937), ocasionándole el consiguiente perjuicio.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 26.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99,), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95) y que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada y al no haberse formulado alegaciones a la propuesta de resolución se dan por reproducidos los fundamentos recogidos por la instructora actuante en la propuesta de resolución y se mantiene la sanción en la cuantía propuesta. La sanción no se ha aplicado en su cuantía mínima porque a la hora de ponderar la misma se han tenido en cuenta criterios relativos a los perjuicios causados al cliente, que han quedado expresamente manifestados en su reclamación; así como la posición del infractor en el mercado, ya que se trata de una Agencia de Viajes que realiza la actividad como agencia mayorista-minorista con sucursales en toda la Comunidad Autónoma y la existencia de antecedentes por el mismo hecho infractor (expediente sancionador nº 103/08, resuelto con fecha 16 de diciembre de 2008).
Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: artículo 15 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
Tipificación: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
R E S U E L V O:
Imponer a Tu billete, S.L., con C.I.F.: B38723904, titular del establecimiento denominado Agencia de Viajes Viajes Tu Billete, S.L. sanción de multa por cuantía total de 4.510,00 euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99) y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99)
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 14 de octubre de 2009.-La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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