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BOC Nº 200. Martes 13 de Octubre de 2009 - 3889

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3889 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 29 de septiembre de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o actas de inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de septiembre de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 240/08 instruido a Balesa Tour, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bungalow Arizona.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 2 de abril de 2009.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 22361, de fecha 16 de noviembre de 2007, con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por Pedro Juan Ramírez Hernández y seguido contra la empresa expedientada Balesa Tour, S.L. titular del establecimiento Arizona.

2º) El 2 de abril de 2009, se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 240/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:

El primer hecho imputado no se desvirtúa, toda vez que la comunicación del cambio de titularidad a la administración turística competente no se materializa hasta que no se cumplimenten los documentos preceptivos para el referido cambio y que se establecen en el artículo 4 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos, extremo no realizado por la expedientada, al día 16 de noviembre de 2007, fecha en la que se personó la Inspección de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.

Se estima la existencia de responsabilidad administrativa en base al acta de inspección nº 22361/2007, de fecha 16 de noviembre de 2007, en la que el Inspector actuante comprueba que se ha producido un cambio de titularidad a favor de la entidad Balesa Tour, S.L. sin que se haya comunicado dicho cambio a la Administración Turística Canaria. Teniendo en cuenta nuestra base de datos Turidata, no consta que la comunicación del cambio de titularidad se haya producido, ni se acredita documentalmente por el interesado en sus alegaciones de 14 de mayo de 2009.

En cuanto al segundo hecho imputado no queda desvirtuado, toda vez que, en el momento de realización del mismo, el establecimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y Protección contra Incendios, conllevando dicho hecho un peligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo Insular competente del proyecto correspondiente, ajustado a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la obtención del informe de adecuación del proyecto a la normativa de aplicación en materia de seguridad y protección contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del reiterado Decreto 305/1996, sino también la ejecución de las obras necesarias y la obtención del dictamen técnico de conformidad, recogido en su artículo 7.

Añadir que la calificación jurídica de la infracción en sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias, como muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero atendiendo al artículo 76.19 se impuso sanción calificada como grave, imponiendo multa en cuantía de 12.020 euros al tener en cuenta la modalidad del establecimiento, su capacidad, categoría, así como en atención al carácter turístico de la zona en que se realiza la actividad.

Con fecha 30 de marzo de 2009, como actuación previa se procedió a solicitar del Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, informe sobre la situación administrativa del establecimiento en relación a los Decretos 305/1996 y 39/1997, modificados por el Decreto 20/2003, de 10 de febrero, emitiéndose el citado informe el 31 de marzo de 2009 y en el que se hace constar lo siguiente:

En relación con su escrito recibido vía fax, por el que solicita información referente a la situación actual del establecimiento extrahotelero denominado Arizona, sito en la Avenida de Gran Canaria, 1, de Puerto Rico, término municipal de Mogán, en materia de seguridad y protección contra incendios, le participamos que, examinado el expediente del citado establecimiento, se ha podido constatar que el ICASEL informó con pronunciamiento favorable con fecha 20 de noviembre de 2000, el proyecto de medidas contra incendios.

Con fecha 17 de febrero de 2009, presentaron solicitud de Dictamen Técnico de Conformidad, y por parte de este Patronato de Turismo se dio traslado de dicha solicitud con fecha 20 de febrero de 2009 al ICASEL, a fin de que por parte de ese Organismo se emitiera el preceptivo Dictamen Técnico de Conformidad, sin que hasta el día de la fecha se haya pronunciado dicho Instituto.

Al propio tiempo le comunicamos que no se han acogido a lo establecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.

Teniendo en cuenta el acta de inspección 22361/07 y el Informe del Patronato de Turismo citado, se demuestra que el establecimiento en el momento de la inspección carecía del Dictamen Técnico de Conformidad, sin que al día de hoy se demuestre que disponga del mismo.

No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, y en aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos y la ausencia de reincidencia, así como la no concreción del peligro en un resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros, se propone atenuar las sanciones iniciales.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 28 de mayo de 2009, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de cuatro mil quinientos seis (4.506,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: dos mil doscientos cincuenta y tres (2.253,00) euros.

Hecho segundo: dos mil doscientos cincuenta y tres (2.253,00) euros.

4º) El expedientado en escrito de 17 de junio de 2009, recibido en esta Consejería el 17 de junio de 2009 y número de registro 831231, en síntesis alega lo siguiente a la Propuesta de Resolución:

1. La entidad Balesa Tour se reafirma en todas y cada una de las alegaciones expuestas en su escrito contrario a la Resolución de iniciación del expediente. Niega los hechos puestos de manifiesto que sean contrarios o no coincidentes con los por ella manifestados.

2. En cuanto al primer hecho imputado, hay que reiterar que la entidad ha comunicado tanto al Patronato de Turismo como a la Consejería de Turismo el efectivo cambio de titularidad, rechazando la imputación del hecho.

3. Respecto al segundo hecho imputado hay que reiterar que la entidad ha promovido la emisión del Informe Técnico de Conformidad pero, aun obrando con la diligencia exigida, se han producido retrasos en los organismos competentes, lo que ha provocado el que ahora se la pretenda sancionar. La documentación presentada obra en poder de los propietarios del complejo turístico, los cuales se niegan a entregar a ésta tales documentos acreditativos.

4. Esta parte entiende que no se ha respetado el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones.

No podemos mas que reiterar, además de la inexistencia de hecho sancionable, la falta de intencionalidad y mala fe por por parte de mi representada, cuando no, reiteramos la inexistencia del hecho infractor.

5º) Con fecha se emitió acuerdo de actuaciones en los siguientes términos: Solicitud de Informe al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria sobre si se ha producido un cambio de titularidad a favor de Balesa Tour, S.L. debidamente notificado y en qué fecha se ha notificado y autorizado.

HECHOS PROBADOS: se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos: primero: no haber comunicado a la Administración turística competente, el cambio de titularidad, a favor de la entidad Balesa Tour, S.L., que explota turísticamente el establecimiento consignado.

Segundo: no estar en posesión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas al proyecto aprobado.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS:primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. En relación al primer hecho infractor, se dictó Acuerdo de Actuaciones Complementarias de 17 de julio de 2009, por la cual se solicitó al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria que informara sobre si en el establecimiento Bungalow Arizona se había notificado el cambio de titularidad a favor de la entidad Balesa Tour, S.L.

El Patronato de Turismo emitió el Informe solicitado con fecha 29 de julio de 2009, y el mismo dispone textualmente lo siguiente:

En relación con su escrito recibido vía fax, por el que solicita informe relativo a la situación administrativa del establecimiento extrahotelero denominado Arizona, sito en la Avenida de Gran Canaria, 1, Puerto Rico, término municipal de Mogán, le participamos que, examinados los archivos obrantes en este Organismo, se ha podido constatar que el citado establecimiento se encuentra dado de alta en la explotación turística desde el 1 de marzo de 1982, clasificado en la categoría de Una Llave.

Desde el 10 de junio de 1993 y hasta el día de la fecha, figura como titular de la explotación turística en este establecimiento la entidad Dunimar Tour, S.L.

Con fecha 6 de mayo de 2008, la representante de Dunimar Tour, S.L. comunica a este Organismo que el establecimiento permanecerá cerrado a partir del 30 de abril de 2008 y hasta que culminen los trabajos de mantenimiento, pintura y adecentamiento de las unidades alojativas, no habiéndose comunicado hasta el día de la fecha que las repetidas obras hayan terminado.

No se ha solicitado autorización para el cambio de titularidad en la explotación turística de este establecimiento a favor de la entidad Balesa Tour, S.L.

Por tanto, en base al Informe del Patronato de 29 de julio de 2009, además de no haber acreditado el interesado el haber realizado la debida notificación del cambio de titularidad de la explotación turística del establecimiento, no se desvirtúa el primer hecho infractor.

En cuanto al segundo hecho infractor, se estima la existencia de responsabilidad administrativa, reiterando la fundamentación jurídica propuesta por la Instructora, toda vez que no hay alegaciones ni documentos nuevos que puedan desvirtuar el hecho infractor.

En este expediente se ha procedido a la disminución de las sanciones propuestas teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos, toda vez que no ha tenido ningún impacto en los medios de comunicación, la ausencia de reincidencia, al no haber sido cometida en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así se haya declarado por sentencia firme, según el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como la no concreción del peligro en un resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros, en materia de seguridad y protección contra incendios. No procede la sanción mínima correspondiente al primer hecho infractor, toda vez que se alegó que había sido comunicado el cambio de titularidad tanto al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria como a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, cuando sabía que no era cierto, como ha sido demostrado en este expediente.

Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

NORMAS: hecho primero: artículo 2 de la Orden de 23 de septiembre de 1988, por la que se regula el procedimiento para los cambios de titularidad de los establecimientos turísticos (B.O.C. nº 127, de 7 de octubre).

Hecho segundo: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).

TIPIFICACIÓN: hecho primero: artículo 76.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Balesa Tour, S.L., con C.I.F. B35077973, titular del establecimiento denominado Bungalow Arizona, sanción de multa por cuantía total de 2.855,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: mil trescientos cincuenta y dos (1.352,00) euros.

Hecho segundo: mil quinientos tres (1.503,00) euros.

La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguiente de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.

Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de agosto de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.

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