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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Cuarto Sextante, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar-Discoteca Faro Chil-Art, la Resolución de 6 de julio de 2009 (Libro nº 1, folio 1120-1131, nº 271), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 074/09 (expediente nº 168/08), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 343 de fecha 25 de febrero de 2009.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Adeje (Tenerife), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 25 de septiembre de 2009.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso de alzada nº 074/09 interpuesto por D. Diego Sebastián Cano Porqueres y D. Higinio Guerra Ucieda, en representación de la entidad mercantil Cuarto Sextante, S.L.
Visto el recurso alzada nº 074/09 interpuesto por D. Diego Sebastián Cano Porqueres y D. Higinio Guerra Ucieda, en representación mancomunada de la entidad mercantil Cuarto Sextante, S.L. con C.I.F. nº B-38.822.920, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Bar-Discoteca Faro Chil-Art", sito en calle Valencia, Centro Comercial Torviscas, local 79, término municipal de Adeje, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 343, de fecha 25 de febrero de 2009, recaída en el expediente sancionador nº 168/08 y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de dos infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
1º.- "Trato discriminatorio dispensado a la clientela, al impedir el acceso al local a mayores de edad, menores de 21 años".
2º.- "No tener expuesta la lista oficial de precios en la forma exigida reglamentariamente".
Hechos que determinaron la imposición de sanciones de multas en cuantías de mil cuatrocientos (1.400,00) euros, por el primer hecho infractor, y docientos cuarenta (240,00) euros, por el segundo hecho infractor.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando: "estimar en su integridad el presente recurso y el archivo, sin más trámites, del expediente sancionador incoado."
En defensa de su derecho la entidad recurrente esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:
1º.- "Nulidad de las actas de inspección por cuanto se vulneran los artículos 25.1, 27.a), 28.1, y artículo 45 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo".
2º.- "Nulidad de la Propuesta de Resolución, por infracción del artículo 58.2 de la Ley 4/1999, ya que dicho precepto legal establece que toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en la que el acto haya sido dictado".
3º.- "Prescripción del hecho infractor primero".
4º.- "Que la denegación de la práctica de la prueba propuesta por esta parte en orden a determinar la fecha en la que se da traslado de las actas al órgano competente de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, tal y como establece el artículo 28.5 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, ha provocado indefensión a esta parte".
5º.- "Se ha vulnerado el principio de proporcionalidad a la hora de imponer las sanciones de multa".
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 20 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
En la Resolución de iniciación de expediente sancionador, y en la Propuesta de Resolución, donde dice "... del anexo al Decreto 84/2004 ..." debe figurar "... Decreto 84/2004".
Por su parte en la Resolución sancionadora de fecha 25 de febrero de 2009 se establece que la competencia de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística para sancionar viene conferida por "el artículo 7.2.B).f) del anexo del Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo", en lugar de establecerse "el artículo 7.2.b.f) del Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo".
En segundo lugar, en la Resolución de iniciación de expediente sancionador y, en la Propuesta de Resolución, deben figurar los datos referentes al denunciante "D. Aitziber Quintana Martín", concretamente, la "fecha de registro 28 de septiembre de 2007", y el "nº de registro 1207867", de la denuncia formulada, al figurar copia de ésta en el expediente nº 168/08.
En relación al hecho infractor consignado como primero, se ha cometido un error que se arrastra a lo largo del expediente de referencia, al consignar como fecha de infracción el "9 de noviembre de 2007", cuando debería figurar la de "4 de noviembre de 2007", por ser esta la fecha del acta de constatación del hecho.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas modifican en parte los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 343, de fecha 25 de febrero de 2009.
Se imputa a la entidad mercantil expedientada la comisión de dos hechos infractores consistentes en: el primero el "trato discriminatorio dispensado a la clientela, al impedir el acceso al local a mayores de edad, menores de 21 años", y el segundo en "no tener expuesta la lista oficial de precios en la forma exigida reglamentariamente".
En relación al hecho infractor consignado como primero, es decir, "trato discriminatorio dispensado a la clientela, al impedir el acceso al local a mayores de edad, menores de 21 años", en el acta de inspección nº 12857, de 4 de noviembre de 2007, se constata por el funcionario actuante que "se comprueba que existe un cartel a la entrada del local en el que se lee: derecho de admisión, se prohíbe la entrada: menores de 21 años, camisetas con tirantes, prendas deportivas, pantalones cortos, cholas playeras, gorras, estado de embriaguez, o que se encuentren bajo los efectos de drogas".
Se sanciona por la Resolución impugnada la prohibición de la entrada a menores de 21 años de edad en el establecimiento expedientado, al considerar como trato discriminatorio, respecto de los usuarios turísticos, el límite de edad impuesto, considerando que ello supone una vulneración del artículo 14 de la Constitución, que dispone que "los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal" y, por otro lado, porque contradice lo dispuesto en el artículo 15.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que dispone que "el acceso a los establecimientos turísticos a que esta Ley se refiere será libre, sin más limitaciones que las derivadas de las reglamentaciones específicas de cada actividad, que determinarán expresamente los casos en que podrá exigirse contraprestación por el acceso".
El artículo 14 de la Constitución proclama lo que en España se ha llamado igualdad formal o igualdad de trato. Básicamente, el principio de igualdad significa que a supuestos de hecho iguales se le debe aplicar consecuencias jurídicas también iguales. El citado artículo 14 contiene, por un lado, una cláusula general de igualdad, y por otro, un mandato tajante de no discriminación por razones específicas.
Desde este punto de vista, si bien el principio de igualdad, como principio básico de nuestro ordenamiento jurídico vincula, indudablemente, al legislador, y a quienes ejercen la potestad reglamentaria, en el ámbito de lo privado el Tribunal Constitucional, en su Sentencia 108/1989, de 8 de junio, ha admitido que la autonomía de los sujetos privados también está limitada "por la prohibición de incurrir en discriminaciones contrarias al orden público constitucional, como son, entre otras, las que expresamente se indican en el artículo 14 de la Constitución".
En lo que respecta al "derecho de admisión", reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, y que recoge el cartel a la entrada del establecimiento sancionado, concretamente en lo referente a la prohibición de entrada a menores de 21 años, entendemos, a la vista de la normativa vigente, que no constituye un trato desigual en el que prevalezca discriminación alguna por razón del nacimiento, raza, sexo, religión opinión, o cualquier otra condición o circunstancia personal de los clientes del establecimientos, puesto que se aplica por igual a todos los clientes menores de 21 años con independencia de su raza, religión sexo u opinión, o cualquier otra condición.
En relación al artículo 15.3 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, dispone expresamente que "el acceso a los establecimientos turísticos a que esta Ley se refiere será libre, sin más limitaciones que las derivadas de las reglamentaciones específicas de cada actividad, que determinarán expresamente los casos en que podrá exigirse contraprestación por el acceso".
En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias es la Ley 1/1998, de 8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas (modificada por la Ley 4/2007, de 15 de febrero, sobre régimen especial para las actividades y espectáculos que se desarrollen en determinados festejos populares), la que, como su nombre indica, regula la materia relativa a espectáculos públicos y actividades clasificadas. La citada Ley establece en la Disposición Adicional Segunda, relativa a la Protección del consumidor y del usuario que:
"Sin perjuicio de lo establecido en la legislación vigente sobre disciplina de mercado y defensa del consumidor y del usuario, corresponderá al Gobierno de Canarias, a propuesta del Consejero competente, regular por Decreto:
d) las condiciones objetivas en que se podrá ejercer el derecho de admisión, que deberán ser publicadas y conocidas para que el derecho de acceso a los locales y establecimientos de pública concurrencia sometidos a la presente Ley no pueda ser negada de manera arbitraria o improcedente. Dicha reglamentación deberá tener como criterio objetivo impedir el acceso a personas que manifiesten actitudes violentas que puedan producir peligro o molestias a otros espectadores o usuarios, o bien dificulten el desarrollo normal de un espectáculo o actividad recreativa".
Es decir, la citada Disposición Adicional Segunda contiene la remisión a un posterior desarrollo reglamentario que, al día de hoy, a diferencia de lo que ocurre en otras Comunidades Autónomas, como la de Andalucía o la de Madrid, no ha tenido lugar.
Por tanto, tenemos que acudir a la normativa estatal básica, es decir, al Real Decreto 2.816/1982, de 27 de febrero, por el que se aprueba el reglamento general de policía de espectáculos públicos y actividades recreativas, concretamente a su artículo 59.1.e), que dispone que "el público no podrá entrar en el recinto o local sin cumplir los requisitos a los que la Empresa tuviese condicionado el derecho de admisión, a través de su publicidad o mediante carteles, bien visibles, colocados en los lugares de acceso, haciendo constar claramente tales requisitos".
Por tanto, teniendo en consideración que en el acta de inspección nº 12857 se constata que el establecimiento sancionado tiene expuesto a la entrada del local en cuestión, cartel en el que quedan expuestas las condiciones del "derecho de admisión" en el citado local, según dispone el artículo 59.1.e) del citado Real Decreto 2.816/1982, de 27 de febrero, y considerando que el límite de entrada a los menores de 21 años, no constituye un trato discriminatorio respecto de los usuarios turísticos, de acuerdo con el principio de igualdad y no discriminación proclamado en el artículo 14 de la Constitución, debemos concluir, que no se ha infringido el contenido del artículo 15.3 de la citada Ley 7/1995, de 6 de abril, y por tanto, que el establecimiento sancionado no ha cometido infracción alguna, al no darse los presupuestos fácticos constitutivos de la infracción que se le imputa. Por las razones anteriormente expuestas, no existe responsabilidad por los hechos acaecidos, por lo que podrían resultar vulnerados los principios que han de presidir la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas, concretamente el principio de "responsabilidad" establecido en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que establece que "sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativas las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia".
En consecuencia, con el fin de evitar cualquier posible indefensión a la entidad mercantil expedientada y en aras de lo establecido en el artículo 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 31 de enero, debemos estimar en parte el recurso presentado por la entidad mercantil expedientada, y anular la sanción de multa impuesta por el hecho infractor consignado como primero.
En segundo lugar se sanciona a la entidad mercantil expedientada por el hecho infractor consistente en "no tener expuesta la lista oficial de precios en la forma exigida reglamentariamente". El mismo fue constatado por el funcionario actuante en el acta de inspección nº 13595, de 20 de marzo de 2008, acta que goza de fuerza probatoria suficiente, salvo prueba en contrario, en base a las siguientes consideraciones jurídicas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, "los hechos constatados por los funcionarios a los que se les reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documentos públicos observando los requisitos legales pertinentes tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden señalar o aportar los propios administrados". Por tanto la presunción de veracidad de los hechos constatados por funcionario público, es "universal", es decir, se le reconoce a todos los "funcionarios públicos" a los que la Ley otorga la condición de "autoridad", con independencia del puesto o cargo que ocupe, es "formal", porque los hechos constatados han de formalizarse en "documento público" que ha de reunir los requisitos legales pertinentes, y además, es una presunción "iuris tantum", es decir, que admiten prueba en contrario.
Por su parte el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, dispone en el artículo 25.2 que "las actas son documentos públicos que acreditan, salvo prueba en contrario la veracidad de los hechos a los que se refiere".
Por tanto salvo prueba en contrario, los hechos constatados por funcionarios públicos, en las actas de inspección, que reúnan los requisitos legalmente establecidos, constituyen prueba suficiente para imputar la comisión de un hecho constitutivo de infracción a la normativa turística, y por tanto constituye prueba de cargo suficiente, que ha de destruir el denunciado.
Considera la entidad mercantil expedientada que debe proclamarse la "nulidad de las actas de inspección por cuanto se vulneran los artículos 25.1, 27.a) y 28.1, y artículo 45 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo".
En relación con el artículo 25.1 de citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que dispone que, "son actas de inspección aquellos documentos que extienden los inspectores de turismo en los que se contiene el resultado de su investigación o de su actuación inspectora", éste, hay que ponerlo en relación con el contenido de la norma contenida en el artículo 83.2, de nuestra Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, de superior rango normativo, que dispone que para el ejercicio de las funciones previstas en el artículo anterior, entre ellas, "las de constatar el cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias de las empresas turísticas", la inspección turística podrá utilizar entre otros medios, "el levantamiento de actas de inspección". Inspección turística que, a tenor del artículo 22.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad turística y de la inspección de turismo, constituye un servicio administrativo. Así, de conformidad con el citado artículo, "Las funciones inspectoras en materia turística a las que se refiere el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, y aquellas otras que se le atribuyen en este Decreto estarán encomendadas a la inspección turística que, orgánicamente, constituyen un servicio administrativo". Las funciones atribuidas a la inspección turística, según continúa estableciendo el artículo 22 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, ahora en su apartado segundo, "serán ejercidas por personal funcionario adscrito al servicio correspondiente identificado en la relación de puestos de trabajo de la Consejería competente en materia de turismo".
Cuando se levanta por D. Juan Dimas Sesto Tejedor, en calidad de Subinspector, las actas de inspección que obran en el expediente sancionador, nº 12857 y 13595, de fechas 4 de noviembre de 2007 y 20 de marzo de 2008, respectivamente, resultaba de aplicación el Decreto 426/2007, de 26 diciembre, por el que se modifica la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 5, de 8.1.08), donde aparece como una de las funciones atribuidas a los subinspectores, puestos de trabajo adscritos al Servicio de Inspección y Sanciones de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística de la Consejería de Turismo y reservados a funcionarios, la de "función inspectora", como así consta en el Informe de la Jefa de Sección de Coordinación Administrativa de la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias, de 9 de diciembre de 2008, en el que se informa que D. Juan Dimas Sesto Tejedo, "ocupa la plaza nº de R.P.T. 10067, desde el 1 de abril de 2004, cuyas funciones son las de colaboración, función inspectora, obtención de información y apoyo, tramitación de expedientes sancionadores", continuando en dicho puesto en la actualidad".
La función inspectora que atribuye la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Turismo a los funcionarios subinspectores viene contemplada en el ya citado artículo 83 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Artículo que expresamente recoge que uno de los medios de la inspección turística para el ejercicio de la función inspectora es el levantamiento de las actas de inspección. A raíz de lo expuesto, si bien los artículos que cita la entidad recurrente, 25.1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, disponen que las actas son documentos que levantan los inspectores, una norma de rango legal, nuestra Ley territorial de Ordenación del Turismo, permite extender actas de inspección al personal del servicio de inspección turística al que están adscritos, junto a los inspectores, los subinspectores, siendo además norma de igual rango al Decreto 190/1996, de 1 de agosto, el Decreto 426/2007, 26 diciembre (actualmente derogado, pero vigente en el momento en que se levanta las actas de inspección números 12857 y 13595, de fechas 4 de noviembre de 2007 y 20 de marzo de 2008), que atribuye a los subinspectores "funciones inspectoras".
No obstante y sin perjuicio de lo anteriormente señalado, no puede olvidarse la jurisprudencia que ha sentado el Tribunal Supremo a través de numerosas sentencias, entre las que se citan las de fecha 4 de febrero de 1998 (RJ 1998/1816) y 25 de febrero de 1998 (RJ 1998/2124), que atribuye a los Agentes de la autoridad, y demás dependientes administrativos un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente, y todo ello salvo prueba en contrario. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 23 de mayo de 1997 (RJ 1997/4061), en su fundamento de derecho cuarto, dice que "es cierto que la constatación documentada de hechos por parte de funcionarios, en actas o diligencias incorporadas a los expedientes administrativos, es susceptible de valorarse como prueba, en concreto, como prueba documental, en los términos que ha señalado la jurisprudencia de este Tribunal y ha admitido como posible, sin menoscabo del artículo 24.2 CE (RCL 1978/2836 y ApNDL 2875), el Tribunal Constitucional (STC 76/1990 [RTC 1990/76)". En consecuencia, gozan de veracidad y fuerza probatoria las actas de inspección extendidas por el funcionario D. Juan Dimas Sesto Tejedor adscrito al Servicio de Inspección y Sanciones de la Consejería de Turismo.
El artículo 27.a) del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, dispone que las actas deberán contener la identificación del inspector actuante, lugar, fecha y hora en la que el acta se formalice. En lo que respecta al acta nº 12857, se identifica el funcionario D. Juan Dimas Sesto Tejedor, el acta se levanta en Torviscas Bajo, término municipal de Adeje, el día 4 de noviembre de 2007, a las 22 horas; y en el acta nº 13595, se identifica el funcionario D. Juan Dimas Sesto Tejedor, en Torviscas, término municipal de Adeje, el día 20 de marzo de 2008, a las 22,50 horas. Por tanto se cumplen los requisitos formales establecidos en el citado artículo 27.a).
El artículo 28.1 establece que las actas de inspección se levantarán ante el titular de la empresa, actividad o establecimiento, o de su representante legal o, en su defecto, ante quien se encontrara al frente de los mismos, o en presencia de su personal, en el local de la empresa o establecimiento. En lo que respecta a las actas que obran en el expediente la primera de ellas, es decir, el acta nº 12857, se levantó en presencia de Dña. Gloria Cabello Navarro, socia de la mercantil explotadora del establecimiento sancionado, y la segunda, es decir, el acta nº 13595, fue levantada en presencia de D. Higinio Guerra Ucieda, administrador de la misma entidad, por tanto se ha cumplido las prescripciones del citado artículo 28.1.
Finalmente y en relación al artículo 45 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, queda acreditado en las actas de referencia, como el funcionario actuante deja constancia en las mismas de que "tras identificarse el funcionario actuante procede a comprobar las siguientes reclamaciones".
Por otra parte considera la entidad mercantil expedientada la nulidad de la Propuesta de Resolución al no haber sido notificada dentro del plazo de los diez días previstos en el artículo 58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. El citado artículo dispone que "toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si es o no definitivo en la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, órgano ante el que hubieran de presentarse y plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente". No obstante, de conformidad con lo establecido en el apartado tercero del mismo artículo 58, "las notificaciones que conteniendo el texto íntegro del acto omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la notificación o resolución, o interponga cualquier recurso que proceda", de tal forma que habiendo sido notificada la Propuesta de Resolución de fecha 22 de diciembre de 2008, el día 9 de enero de 2008, sobrepasado en cuatro días el plazo de 10 días hábiles para efectuar la notificación, y habiéndose formulado alegaciones a la citada Propuesta de Resolución por la entidad mercantil expedientada con fecha 26 de enero de 2009, el citado defecto formal, se considera una irregularidad no invalidante que no ha ocasionado indefensión a la entidad mercantil expedientada.
Considera también la mercantil expedientada "que la denegación de la práctica de la prueba propuesta por esta parte en orden a determinar la fecha en la que se da traslado de las actas al órgano competente de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, tal y como establece el artículo 28.5 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto, ha provocado indefensión a esta parte". De conformidad con lo establecido en el citado artículo, "una vez formalizado el acta deberá la inspección remitirla al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, o al instructor correspondiente si ya se hubiese iniciado éste, en el plazo máximo de 15 días."
La prueba solicitada por la mercantil expedientada no sólo resulta intrascendente e innecesaria, pues nada tiene de trascendente a la hora de desvirtuar los hechos que se imputan, "no tener expuesta la lista oficial de precios en la forma exigida reglamentariamente", la fecha en la que el funcionario actuante dio traslado del acta al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador, sino que además se basa en una incorrecta interpretación del artículo 28.5 del citado Decreto 190/1996, de 1 de agosto. El citado precepto contiene lo que se conoce como una "disyunción exclusiva", en el mismo se distinguen dos momentos distintos uno, antes de incoarse el expediente sancionador, y otro una vez ya se ha iniciado el procedimiento, en el primer caso el citado artículo dispone que "una vez formalizada el acta deberá la inspección remitirla al órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador", sin que se establezca plazo alguno; y un segundo momento, es aquí donde aparece la disyunción exclusiva, cuando dispone "o", al instructor correspondiente si ya se hubiese incoado éste", es decir , el procedimiento, estableciendo, ahora sí, un plazo de 15 días. Por lo expuesto la prueba solicitada es innecesaria, intrascendente e incorrecta y, por tanto, la denegación de la práctica de la misma, es conforme a derecho sin que haya ocasionado indefensión alguna a la expedientada.
La proporcionalidad de la multa de sanción impuesta, esto es, multa de 240 euros, ha sido suficientemente motivada en la Resolución sancionadora objeto de este recurso. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 79.2 a) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, las sanciones leves se sancionarán con multas hasta 1.502,53. Si tenemos en consideración que en base a "la naturaleza de la infracción, ya que no tener expuesta la lista oficial de precios supone un perjuicio para los derechos de los usuarios turísticos, así como el hecho de que el establecimiento en cuestión es un Bar-Discoteca y se encuentra en una zona eminentemente turística", la Resolución sancionadora objeto de recurso ha impuesto una sanción de multa en una cuantía más cercana al límite del mínimo de las previstas para las infracciones leves, debemos de concluir que se ha aplicado correctamente el principio de proporcionalidad del artículo 131 de la citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, así como los criterios que para la graduación de las sanciones establece el artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, al haberse guardado la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de infracción y la sanción aplicada.
Teniendo en consideración que la entidad mercantil expedientada no alega ni presenta prueba alguna en orden a desvirtuar el hecho que se le imputa, y considerando los hechos constatados en las actas de referencia, constatamos la existencia de una responsabilidad administrativa que le es imputable a la entidad mercantil expedientada en base a lo establecido en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y el artículo 2.1.c), del mismo texto, así como el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, responsabilidad por la comisión de una infracción leve a la normativa turística, consistente en "la carencia de anuncios, distintivos, señales o información de exposición pública obligatoria, la negativa a facilitarlos o cualquier forma de ocultación de los mismos", de conformidad con lo establecido en el artículo 77.1 de la citada ley 7/1995, de 6 de abril.
Por todo lo expuesto debemos estimar en parte el recurso de alzada interpuesto y modificar la Resolución sancionadora en el sentido de anular la sanción de multa impuesta por el primer hecho infractor, y mantener la sanción de multa del hecho infractor consignado como segundo.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 79/09-C, emitido con fecha de 23 de junio de 2009, por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 26 de junio de 2009, por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Primero.- Estimar en parte el recurso alzada nº 074/09 interpuesto por D. Diego Sebastián Cano Porqueres y D. Higinio Guerra Ucieda, en representación mancomunada de la entidad mercantil Cuarto Sextante, S.L. con C.I.F. nº B-38.822.920, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Bar-Discoteca Faro Chil-Art", sito en calle Valencia, Centro Comercial Torviscas, local 79, término municipal de Adeje, y modificar la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 343, de fecha 25 de febrero de 2009, recaída en el expediente sancionador nº 168/08, que determinó la imposición de sanciones de multa en cuantías de mil cuatrocientos (1.400,00) euros, por el primer hecho infractor y doscientos cuarenta (240,00) euros, por el segundo hecho infractor, en el sentido de anular la sanción de multa impuesta por el primer hecho infractor, y mantener la sanción de multa impuesta por el segundo hecho infractor, en los términos expuestos en el fundamento de derecho cuarto de esta Resolución.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de Canaria):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistintamente pero no simultáneamente:
- Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
- Reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa competente (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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