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De conformidad con lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E nº 285, de 27 de noviembre), por la presente comunicación se procede a notificar el Proyecto de Decreto anteriormente citado, al no haber sido posible su notificación, en el domicilio conocido del interesado.
José Miguel Ruano León, Secretario del Gobierno de Canarias:
CERTIFICA: que en el Acta de la reunión celebrada por el Gobierno de día nueve de septiembre de dos mil nueve, figura, entre otros, el siguiente acuerdo cuyo tenor literal se transcribe:
"Proyecto de Decreto por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición formulado por D. Antonio Montesino Fragoso contra el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución en La Gomera de la obra "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711 de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua, así como sobre la suspensión solicitada.
Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto el 7 de agosto de 2009 por D. Antonio Montesino Fragoso, contra el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto: "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711, de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua", así como la petición de suspensión del Decreto impugnado.
Visto el informe del Servicio de Expropiaciones de la Secretaría General Técnica de Santa Cruz de Tenerife, de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Visto el informe de la Jefe de Servicio de Régimen Jurídico de la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Visto el informe de la Comisión preparatoria de asuntos del Gobierno del día 3 de septiembre de 2009.
Considerando que contra los actos que pongan fin a la vía administrativa, dictados por los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, podrá interponerse por los interesados recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que los dictó, que cabrá fundar en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de acuerdo con lo indicado en los artículos 107.1, 109.c) y 116.1 de la citada Ley.
Considerando que en ámbito de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias ponen fin a la vía administrativa, entre otros, las resoluciones adoptadas por el Gobierno de Canarias, en virtud de lo previsto en el artículo 8.a) del Decreto 164/1994, de 29 de julio, por el que se adaptan los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Considerando que la Administración Pública está obligada a dictar resolución expresa del recurso interpuesto y a notificarla al recurrente en el plazo de un mes, según lo señalado en el artículo 42.1, en relación con el artículo 117 de la Ley citada en el párrafo anterior.
Considerando que la resolución del recurso estimará en todo o en parte o desestimará las pretensiones formuladas en el mismo o declarará su inadmisión, y que el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados; de manera que la resolución será congruente con las peticiones formuladas por el recurrente, sin que en ningún caso pueda agravarse su situación inicial, conforme a lo indicado en el artículo 113 de la citada Ley 30/1992.
Considerando que los argumentos aducidos por el recurrente no desvirtúan la presunción de validez del acto impugnado y, por lo tanto, el mismo es ajustado a Derecho.
Considerando que la interposición de cualquier recurso, excepto en los casos en que una disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, según lo previsto en el artículo 111.1 de la indicada Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Considerando, no obstante, que el órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, podrá suspender, de oficio o a solicitud del recurrente, la ejecución del acto impugnado cuando concurran alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la Ley citada anteriormente.
Considerando que las resoluciones del Gobierno de Canarias tendrán la misma forma que las normas reglamentarias, según lo estipulado en el artículo 42, en relación con el artículo 35, de la Ley Territorial 1/1983, de 14 de abril, del Gobierno y de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En su virtud, el Gobierno, tras deliberar y a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes, aprueba el Decreto por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición interpuesto por D. Antonio Montesino Fragoso contra el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución en La Gomera de la obra "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711 de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua, así como sobre la suspensión solicitada, en los términos del anexo
A N E X O
Decreto 121/2009, de 9 de septiembre de 2009, por el que se resuelve el recurso potestativo de reposición formulado por D. Antonio Montesino Fragoso contra el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución en La Gomera de la obra "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711 de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua, así como sobre la suspensión solicitada
Examinado el recurso potestativo de reposición interpuesto el 7 de agosto de 2009 por D. Antonio Montesino Fragoso, contra el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto: "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711, de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua", así como la petición de suspensión del Decreto impugnado
ANTECEDENTES
1.- Con fecha 8 de julio de 2009, se publica en el Boletín Oficial de Canarias el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto: "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711, de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua".
2.- Con fecha 7 de agosto de 2009, tiene entrada en el Registro General de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de Santa Cruz de Tenerife el recurso potestativo de reposición formulado por D. Antonio Moreno Montesino contra el citado Decreto 90/2009, al tiempo que solicita la suspensión de la ejecución del Decreto impugnado, de conformidad con el artículo 111 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante LRJAPPAC), fundado en que el Decreto impugnado puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
La impugnación se fundamenta en los siguientes motivos:
- La omisión del término municipal en 102 de las fincas anunciadas en el Boletín Oficial de Canarias, lo que produce indefensión a sus titulares y es causa de anulabilidad del Decreto 90/2009, de acuerdo con lo establecido en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
- Deben ocuparse temporalmente todas aquellas fincas cuya expropiación forzosa no sea estrictamente imprescindible.
- Según el artículo 45.2 de la Ley Territorial 9/1991, de Carreteras de Canarias y del artículo 83.2 de su Reglamento, ni la Pista de las Poyatas ni su prolongación, constituyen una travesía.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Es competente el Gobierno de Canarias para resolver el recurso así como la petición de suspensión, de acuerdo con el artículo 116 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artículo 111 del mismo texto legal. Asimismo, concurren el resto de requisitos formales necesarios para su admisión a trámite, legitimación activa del solicitante, y presentación en tiempo y forma, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 de la Ley, de 16 de diciembre, de Expropiación Forzosa y 56 y siguientes de su Reglamento.
II.- Es objeto de la presente impugnación el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto: "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711, de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua", publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 8 de julio de 2009, y se basa en lo previsto en el artículo52 de la Ley de Expropiación Forzosa, que señala: "Excepcionalmente, y mediante acuerdo del Consejo de Ministros, podrá declararse urgente la ocupación de los bienes afectados por la expropiación a que dé lugar la realización de una obra o finalidad determinada".
Al respecto, conviene precisa que el recurrente interpone el citado recurso en virtud de su condición de titular de tres fincas cuya urgente ocupación se declara. Por lo tanto, las pretensiones del recurrente han de ceñirse al objeto del Decreto 90/2009, ya que es este acto en concreto el que es objeto de impugnación dentro del expediente de expropiación forzosa.
Sin embargo, el recurrente basa su impugnación en defectos de identificación de las fincas; se opone a la expropiación de las mismas entendiendo que puede caber una ocupación temporal; y en que una parte del proyecto (en concreto la Pista de Poyatas y su prolongación) carece de las características de una travesía a los efectos del artículo 45.2 de la Ley de Carreteras.
Ninguno de estos motivos tiene relación con el objeto del Decreto impugnado, que se limita a declarar la urgencia en la ocupación de los terrenos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, lo que supone, únicamente, una modificación en el orden de la tramitación del procedimiento ordinario de expropiación forzosa, de forma que la fijación del justiprecio y su pago se difiere a un momento posterior a la ocupación de los terrenos. Y todo ello viene fundamentado en el propio Decreto por razones de urgencia consistentes en:
La declaración de urgente ocupación requiere la concurrencia de una serie de requisitos:
- Que medien circunstancias excepcionales que exijan el empleo de este procedimiento, pues la declaración de urgencia debe responder a urgencias reales y constatadas a lo largo del expediente, en relación con una obra o finalidad concreta y determinada, suficientemente justificadas para que puedan servir de base a una excepción tan importante al sistema general de previo pago del justiprecio, así se refleja en sentencias como la del Tribunal Supremo de fecha 5 de diciembre de 2000 (RJ 545).
- Que las circunstancias materiales y jurídicas permitan la actuación urgente y que el acuerdo por el que se declare la urgencia esté debidamente motivado con la exposición de las circunstancias que lo justifican, por lo que debe llevar un razonamiento preciso, detallado y objetivamente convincente en cada caso, según reconoce el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 1 de junio de 1999 (RJ 5638).
- Que exista y se retenga previamente crédito presupuestario, con cargo al presupuesto del ejercicio en el que se prevea la conclusión del procedimiento expropiatorio.
A continuación se traen a colación dos sentencias del Tribunal Supremo:
Sentencia de 9 de marzo de 1993 (RJ 1672):
"Como ya tiene declarado esta Sala, para el acuerdo de declaración de urgencia en un expediente expropiatorio, se necesita la concurrencia de circunstancias de carácter excepcional que aconsejen acudir a este especial procedimiento y motivación suficiente, con exposición de las circunstancias que justifican el acudir a tal excepcional procedimiento, puesto que se trata de un acuerdo que sólo por vía de excepción puede decretarse, lo que se infiere del hecho de preverse en la Ley un cauce ordinario o normal y más concretamente, del texto del artº. 52 de la LEF que utiliza el término ÇexcepcionalmenteÈ y del artº. 56 del REF donde se refiere a la justificación que requiere el excepcional procedimiento previsto en el artº. 52 de la LEF. No se trata, pues, de una facultad discrecional, sino que su adopción por los órganos competentes, exige la concurrencia de circunstancias excepcionales, que así lo aconsejen, para justificar la desposesión sin previo pago del justiprecio de los bienes expropiados, así como también la suficiente motivación del acuerdo, con mención expresa de las circunstancias que en cada caso aconsejen y justifiquen el acudir a tal excepcional procedimiento".
Sentencia de 29 de diciembre de 1987 (RJ 9619):
"El procedimiento expropiatorio de urgencia, previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa y artículo 56 de su Reglamento (RCL 1957\843 y NDL 12533), tiene carácter excepcional, como se desprende de los citados artículos y de ahí la exigencia de que se den, necesariamente, los requisitos constitutivos del mismo para su aplicación y sus presupuestos sean de interpretación estricta no susceptible de analógicas o extensivas, pues la necesidad de ocupación y su urgencia e inmediación, han de encontrarse plenamente justificadas en razón de las circunstancias concurrentes ... El artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, residencia en el Consejo de Ministros la competencia para la declaración de urgente necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados por cualesquiera obra, fuere quien fuese la autoridad expropiante o el beneficiario de esta expropiación. Mas esta facultad exclusiva y excluyente, del Gobierno de la Nación por virtud del sistema autonómico que nuestra Constitución establece, ha de entenderse transferido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, por el Real Decreto 2.642/1982, de 24 de julio (RCL 1982\2799 y ApNDL 1975-85, 9967), de transferencias a la citada Comunidad, por lo que la declaración goza de cobertura habilitante en la autoridad que la decreta y para los fines que en el Decreto Regional impugnado se indican, procediendo por todo ello, la revocación de la sentencia apelada y la desestimación del recurso contencioso-administrativo deducido por la parte actora contra el Decreto Regional de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 4 de julio de 1985 (Decreto 50/1985) el cual ha de reputarse ajustado a derecho en el particular objeto de impugnación."
Lo relevante, por tanto, para determinar la correcta utilización del procedimiento de urgencia es que concurren circunstancias que justifiquen suficientemente la declaración de urgencia y que el acuerdo esté debidamente motivado con la exposición de las circunstancias que lo justifican, como sucede en el presente caso.
III.- En cuanto al resto de las cuestiones alegadas por el interesado en el citado escrito impugnatorio sobre falta de concreción del término municipal, oportunidad de una ocupación temporal en lugar de la expropiación forzosa o el incumplimiento de la Pista de Poyatas de las características de una travesía, se entiende que no es éste el momento procedimental oportuno para su tratamiento, dado que lo único que puede solventarse en la presente instancia es la oportunidad o no de la declaración de urgente ocupación, mediante el Decreto objeto de impugnación, cuestión que ya ha sido objeto de examen en los fundamentos de derecho anteriores.
Sin perjuicio de lo expuesto, frente a las manifestaciones del recurrente, constan en el expediente las actuaciones llevadas a cabo en la expropiación (información pública, declaración de urgente ocupación mediante el Decreto 90/2009 impugnado en el que se señala el carácter implícito de la utilidad pública y la necesidad de ocupación) y la continuación de la tramitación reglada del expediente de expropiación forzosa conforme al procedimiento de urgencia.
Por otra parte, hay que señalar que el recurrente, en la fase de información pública, presentó alegaciones, que fueron inadmitidas mediante resolución del Secretario General Técnico de 5 de junio de 2009, por haberse presentado fuera del plazo establecido al efecto.
IV.- Por último, hay que señalar que el recurrente solicita la suspensión del Decreto 90/2009 por concurrir la circunstancia de que puede causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
El apartado 2º del artículo 111 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que podrá acordarse la suspensión por parte del órgano a quien competa resolver el recurso, previa ponderación, suficientemente razonada, entre el perjuicio que causaría al interés público o a terceros la suspensión y el perjuicio que se causa al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) Que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
b) Que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho.
De una parte, que la ejecución pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación es, tal y como dice la sentencia de 12 de abril de 1967, "condición sine qua non" para que pueda prosperar la suspensión de la ejecutoriedad. Teniendo en cuenta que el interesado no ha señalado en qué consisten los perjuicios de imposible o difícil reparación que pudieran irrogársele de no suspender el acto recurrido, y que el informe del Servicio de Expropiaciones de la Secretaría Territorial de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, en Santa Cruz de Tenerife, de 13 de agosto de 2009, señala que no se producen perjuicios de imposible reparación para el recurrente dado que, como afectado, cuenta con todas las garantías procedimentales y jurisdiccionales que le serán de aplicación durante el procedimiento expropiatorio.
El recurrente, en su recurso, no concreta los perjuicios que se le causarían de no suspenderse la eficacia del Decreto. Perjuicios que deben ser concretos e individualizados y valorables económicamente, para poder determinar si éstos deben prevalecer frente a los intereses generales de la Administración, que en el presente supuesto consisten en la ejecución de una carretera de uso general por los ciudadanos, y cuya paralización supondría, incluso, la necesidad de abonar, al contratista del contrato principal, las indemnizaciones correspondientes por la paralización de la obra, cuya modificación es necesaria.
La doctrina del Tribunal Supremo recoge la tesis de que si las exigencias del interés público son tenues, bastará perjuicios de intereses privados de escasa entidad para provocar la suspensión, por el contrario, cuando aquella exigencia del interés público sea de gran intensidad sólo perjuicios de muy elevada consideración (a los privados) podrán determinar la suspensión (STS 13.12.1993 y 21.12.1994).
Se puede concluir, por consiguiente, que no concurre el requisito previsto en el apartado a) del artículo 111.2 de la LRJAPPAC.
Por otro lado, para apreciar que la solicitud de suspensión se funda en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho, se requiere la circunstancia que se contempla en el apartado b) del artículo 111.2 de LRJPAC: que la impugnación se fundamente en alguna de las causas de nulidad de pleno derecho previstas en el artículo 62.1 de la Ley. Y la doctrina jurisprudencial estima que el vicio determinante de la nulidad debe surgir patente y notoriamente sin necesidad de que deba realizarse nada más que la comprobación del hecho para constatar su existencia.
Sin embargo, en el presente supuesto, el propio recurrente manifiesta que se trata de causa de anulabilidad prevista en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de RJAPPAC, el haberse omitido la mención al término municipal en la resolución de la Secretaría General Técnica por la que se sometió a información pública el expediente de expropiación forzosa correspondiente al mencionado proyecto, y en posteriores que corrigieron errores de ésta. La causa de anulabilidad se predica, por tanto, no del Decreto, sino de resoluciones de la Secretaría General Técnica previas a la aprobación del Decreto impugnado, y además, se califica de anulabilidad en lugar de nulidad, por lo que tampoco se da el requisito previsto en el artículo 111.2.b) de la LRJAPPAC. En cualquier caso, la falta de mención al término municipal corregida con el Anuncio de 5 de marzo de 2009 (B.O.C. de 2 de abril), no supone causa alguna de nulidad, puesto que se identifican perfectamente las fincas a expropiar, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de Expropiación Forzosa.
El resto de alegaciones del recurrente relativas a la posible ocupación temporal de los terrenos en lugar de la expropiación forzosa, así como que la Pista de las Poyatas no debe entenderse como una travesía, como ya se ha razonado, tampoco están relacionadas con la procedencia o no de la urgencia en el procedimiento expropiatorio, que es el objeto del Decreto impugnado.
Por tanto, a la vista de lo expuesto, resulta evidente que, no habiéndose concretado los perjuicios que se causarían al recurrente de no procederse a la suspensión, y teniendo en cuenta el interés general de la ejecución de la obra pública, no procede la suspensión solicitada.
Por todo lo expuesto
R E S U E L V O:
Desestimar el recurso potestativo de reposición formulado por D. Antonio Montesino Fragoso, contra el Decreto 90/2009, de 30 de junio, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto: "Modificado nº 1 del acondicionamiento de la carretera TF-711, de San Sebastián de La Gomera a Vallehermoso. Tramo: Travesía de Hermigua", así como la petición de suspensión de ejecución del citado Decreto.
Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a partir del día siguiente al de su notificación, sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse."
Y para que así conste y surta los efectos procedentes, expido la presente en Santa Cruz de Tenerife, a diez de septiembre de dos mil nueve.- El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chicharro.
Santa Cruz de Tenerife, a 11 de septiembre de 2009.- El Secretario General Técnico, José Luis Barreno Chicharro.
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