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Providencia de 3 de agosto de 2009, del Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre notificación de Propuesta de Resolución recaída en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que se relaciona.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a interesados intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al denunciado que se cita la Propuesta de Resolución formulada con ocasión del expediente que le ha sido instruido por este Cabildo por infracción administrativa en materia de transporte.
Mediante denuncia/acta razonada de la que se dio traslado al infractor se puso en conocimiento de este órgano administrativo el hecho infractor.
Por Orden del órgano que resuelve se acordó incoación de expediente sancionador, mediante Resolución en la que se contenía la identidad de la autoridad competente para resolver el expediente y la del Instructor del procedimiento y demás contenido establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre; en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero), en relación con el artº. 13.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.
Por el Instructor del expediente, se notificaron debidamente los hechos imputados, las infracciones cometidas y las sanciones que en su caso podían recaer, con objeto de que pudiera el infractor contestar la acusación realizada, tomar audiencia y vista del expediente, proponer pruebas y alegar cuanto tuviera por conveniente en orden a la mejor defensa de su derecho.
Dentro del plazo establecido para ello, se formula pliego de descargo en el que se efectúan las alegaciones que se creyó oportunas en defensa de los derechos del expedientado. Y, a requerimiento del Instructor de este procedimiento, el funcionario/agente denunciante se afirma y ratifica en los extremos de la denuncia por él realizada.
Se adopta acuerdo de sustitución por enfermedad del nombramiento de Instructor. Nombramiento que podrá recusarse en el plazo de 10 días de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por las causas expresadas en el artículo 28 de dicho cuerpo legal.
En base a las alegaciones y documentos obrantes en el presente expediente y por lo que a continuación se expone, quedan desvirtuadas las manifestaciones vertidas por el inculpado y se derivan los siguientes hechos probados: el pesaje de vehículos en movimiento es la operación consistente en medir las fuerzas de impacto o cargas dinámicas de los vehículos sobre el pavimento cuando circulan por la carretera a su velocidad normal de recorrido y sin perturbar el tráfico rodado. Los equipos de pesaje en movimiento, que pueden ser de instalación fija (en el pavimento) o portátiles, proporcionan primeramente el peso de cada eje individual de un vehículo, la distancia entre cada dos ejes y la velocidad, determinando a partir de estas variables el peso de los ejes múltiples y el peso total del vehículo. El pesaje de vehículos se hizo con báscula metrológicamente aprobada: PIBERNAT 90002. En esta isla la inspección del transporte despliega su actividad sobre el control de las cargas del transporte de mercancías efectuando pesajes estáticos, tanto en básculas fijas como en básculas móviles, utilizando exclusivamente modelos que hayan pasado los controles legales precisos, asegurando la fiabilidad de los mismos y protegiendo los intereses de los particulares (el pesaje se realiza en las dependencias de la ITV en Lanzarote en presencia del conductor D. Fernando Martín Cabrera, que no recoge el boletín de denuncia -aunque ello no le obligue a nada ni suponga reconocimiento de hechos-). A la hora de dictar la presente Propuesta de Resolución ha sopesado tanto lo expuesto en el acta (que si bien supone una presunción de certeza de los hechos constatados en ella, no de la culpabilidad del denunciado) como las alegaciones efectuadas de contrario, una vez valorado el conjunto de pruebas existentes en este expediente; y ello porque si bien el boletín de denuncia levantado por Agente de la Guardia Civil de Tráfico posee presunción de veracidad de los hechos en ella reflejados y valor probatorio al tener el actuante carácter de autoridad pública, no se trata de una presunción "iuris et de iure" sino "iuris tantum"; pero lo cierto es que el contrario se limita a negar los hechos, existiendo documentos dotados de valor probatorio suficiente para asegurar la existencia de la infracción cometida: vehículo camión caja con una PMA de 32.000 kg con exceso de peso en la mercancía transportada que asciende a 42.900 Kgs, lo que supone un 46% de exceso.
De conformidad al anexo IX Masas y Dimensiones del Reglamento General de Vehículos aprobado por Real Decreto 2.822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General de Vehículos (modificado por Orden PRE/3298/2004, de 13 de octubre), la masa máxima autorizada de vehículo rígido de cuatro ejes con dos direccionales, cuando el eje motor vaya equipado con neumáticos dobles y suspensión neumática o reconocida como equivalente a escala comunitaria o cuando cada eje motor esté equipado de neumáticos dobles y la masa máxima de cada eje no exceda de 9,5 toneladas, es de 32 tm máximo; no pudiendo circular por encima de la misma.
La sanción pecuniaria impuesta se ha proporcionado (artº. 131.3 de la LRJAPAC en relación con el artº. 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio -modificada por la Ley 29/2003, de 8 de octubre- y artº. 2.1 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto), con la gravedad del hecho constitutivo de la infracción, moderándola y ajustándola dentro del margen que se dispone, a las circunstancias en que la infracción se produjo de conformidad al artº. 143.1.h) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre. Los criterios seguidos por esta administración son unos criterios valorativos jurídicos plasmados en la norma escrita, como son los de congruencia y proporcionalidad entre la infracción y la sanción. La aplicación de la sanción pecuniaria concreta se efectúa de acuerdo con el principio de proporcionalidad que rige el derecho sancionador, atendiendo al alcance de la antijuridicidad de la conducta contemplada y al reproche social que ésta merece. No siendo la primera vez que se sancionan los mismos hechos en el mismo vehículo.
Órgano competente para iniciar y resolver y norma que le atribuye competencia: el Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Corporación por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de aquel Órgano de fecha 17 de junio de 2009; todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.
El procedimiento seguido ha observado todos los trámites legales y reglamentarios establecidos y los principios informadores de la potestad sancionadora, respetando los derechos del presunto responsable.
De la mencionada infracción es responsable el expedientado en base a lo dispuesto en el artº. 102 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 138 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artículos 193 y siguientes del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.
De conformidad con lo establecido en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre), el Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, y la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, en relación con los artículos 18 y 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, podrán presentarse alegaciones en el plazo de 15 días, al término del cual, se dictará la Resolución definitiva que proceda.
El pago voluntario de la sanción implicará la terminación del procedimiento, debiéndose efectuar mediante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que se haga constar el número de expediente y el titular al que corresponde.
EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30041/O/2009; POBLACIÓN: Tías (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Ablanza, S.L.; N.I.F./C.I.F.: B35116821; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: 5938-DGW; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 06478/09 formulada por el Agente de la Guardia Civil de Tráfico nº Y67763A, de fecha 5 de febrero de 2009 (18,00,00) -con pesaje a las 18,15,00- (donde se hacen constar los hechos que se imputan y que motivan la incoación del presente procedimiento), en la vía LZ-20, dirección Arrecife, y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente en realizar un transporte público desde Muñique hasta Tías transportando arena (jable) con un exceso de peso del 46% (10.900 kg) al pesar 42.900 kg pesado en báscula ITV-Arrecife marca Piberservicio modelo Camiones nº serie: 90.002. Revisada hasta febrero de 2010.- Nº informe ITV: 613.083; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artº. 104.19 de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 140.19 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 197.19 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre); CUANTÍA DE LA SANCIÓN: cuatro mil seiscientos (4.600) euros (765.376 pesetas); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.h) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.h) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); y artº. 201.1.h) del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre (modificado parcialmente por el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre), que la califica de muy grave.
Arrecife, a 3 de agosto de 2009.- El Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Joaquín Caraballo Santana.
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