BOC - 2009/161. Miércoles 19 de Agosto de 2009 - 3315

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

3315 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 7 de agosto de 2009, que notifica la Resolución de 15 de mayo de 2009, de este Centro Directivo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 049/09 interpuesto por D. Mario Reyes Cardona, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Fonda Doramas Firgas, S.L.

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Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Mario Reyes Cardona, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Fonda Doramas Firgas, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Fonda Doramas, la Resolución de 15 de mayo de 2009 (Libro nº 1, Folio 730/738, nº 280), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 049/09 (expediente nº 49/08), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 377, de fecha 22 de octubre de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Firgas (Gran Canaria), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 7 de agosto de 2009.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

A N E X O

Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo, por la que se resuelve el recurso de alzada nº 049/09 interpuesto por D. Mario Reyes Cardona, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Fonda Doramas Firgas, S.L.

Visto el recurso de alzada nº 049/09 interpuesto por D. Mario Reyes Cardona, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Fonda Doramas Firgas, S.L., con C.I.F. B-35862333, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Fonda Doramas, sito en Montaña de Firgas, término municipal de Firgas, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 377, de fecha 22 de octubre de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 49/08, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en:

"Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de hotel, constando de 10 unidades alojativas."

Hecho que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de diez mil quinientos diecisiete (10.517) euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora se interpone por la representación de la entidad mercantil recurso de alzada solicitando que se deje sin efecto la sanción impuesta por no ajustarse a derecho.

Del cuerpo del escrito presentado resulta que el recurso se fundamenta, en síntesis, en los siguientes argumentos:

1º)Inactividad de la Administración. En enero del año 2006 se presentó solicitud de preceptiva licencia, según se acredita con el documento nº 2 que se aporta.

2º)Concesión de la autorización por silencio positivo. De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.3 del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural, se tiene concedida autorización de apertura por silencio administrativo positivo, toda vez que la comunicación de apertura de la explotación hotelera se produjo en enero de 2006 habiendo excedido el plazo de los dos meses estipulados desde la solicitud de autorización sin que hubiera recaído resolución expresa.

3º)Infracción del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (principio de proporcionalidad).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite pese a que en el informe emitido con fecha 19 de marzo de 2009 por el órgano sancionador sobre el recurso de alzada promovido contra la Resolución de fecha 22 de octubre de 2008, a tenor de lo establecido en el artículo 114.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se manifieste que el recurrente no acredita representación suficiente, no dando cumplimiento a lo previsto en el artículo 32 del citado texto legal, toda vez que obra en el expediente sancionador tramitado escritura otorgada el 27 de julio de 2005 ante Notario del Ilustre Colegio de las Islas Canarias, de constitución de la sociedad limitada unipersonal de la que el recurrente es su administrador único, por lo que resultará suficientemente acreditada la representación para entablar recurso a nombre de la entidad mercantil sancionada.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a excepción, como luego se fundamentará, de uno de los principios inspiradores de la potestad sancionadora, cual es, el principio de proporcionalidad consagrado en el artículo 131 del citado texto legal y artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

Asimismo, se constatan en el expediente sancionador los errores materiales que se señalan a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

En la Resolución de inicio, como en la Propuesta de Resolución y Resolución sancionadora, se consigna "... Anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio ...", como fecha de infracción "24 de abril de 2007" en lugar de "... Decreto 84/2004, de 29 de junio ..." y "24 de abril de 2007 y 15 de junio de 2007", fechas que se corresponden con las Actas de Inspección que dan origen al expediente sancionador.

En la Propuesta de Resolución y Resolución sancionadora figura "... titular del establecimiento ...", en lugar de "... titular de la explotación turística del establecimiento ...".

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente modifican en parte los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución sancionadora nº 377, de 22 de octubre de 2008.

El hecho constitutivo de la infracción sancionada consistente en "estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de hotel, constando de 10 unidades alojativas", está plenamente acreditado en el expediente sancionador nº 49/08, habida cuenta que los elementos probatorios que figuran en el mismo, a fin de probar la existencia de la infracción imputada a la entidad expedientada y que son el soporte fáctico que sustenta la responsabilidad administrativa de dicha entidad mercantil por la comisión de infracción a la disciplina turística, lo constituyen las Actas de Inspección nº 21678, de 24 de abril de 2007, y nº 21807, de 15 de junio de 2007, así como informe emitido por el Patronato de Turismo de Gran Canaria, con fecha 13 de mayo de 2008. Actas de Inspección que, extendidas por funcionarios de la Inspección de Turismo, vendrán a recoger los hechos comprobados por dichos funcionarios, que no se basarán en meras conjeturas sino en hechos apreciados directamente por éstos, comprobándose, tal y como se indica, expresamente, en las Actas de referencia que: "se realiza la actividad turística de alojamiento en la modalidad de hotel, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración turística competente para la apertura y el desempeño de dicha actividad. Carece el establecimiento referido del Libro de Inspección de Turismo, de las Hojas de Reclamaciones que debe tener con carácter obligatorio y de la lista de los servicios que ofrece a sus clientes con los precios que percibe por ellos, notificada a la Administración turística competente", anexándose al Acta de Inspección nº 21807, de 15 de junio de 2007, publicidad que acredita que el hotel consignado en sendas Actas de Inspección, se trata de un establecimiento de turismo rural. Actas de Inspección que prueban que la entidad mercantil expedientada explota turísticamente el establecimiento de referencia careciendo de la preceptiva autorización administrativa de apertura y clasificación, constituyendo las mismas documentos públicos que acreditan, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a los que se refieren, teniendo un valor probatorio amparado legalmente en lo dispuesto por el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que poner también en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia de turística y de la inspección de turismo, que determina el valor probatorio de las Actas de Inspección que extienden los Inspectores de Turismo en cumplimiento de sus funciones según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a los informes de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos, un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los mismos, todo ello, salvo prueba en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. En esta línea cabe destacar las Sentencias emitidas por el citado Tribunal con fechas 4 y 25 de febrero de 1998 que se pronuncian siguiendo estas mismas argumentaciones. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Acta de Inspección es "iuris tantum", y en consecuencia, admite prueba en contrario.

Los hechos constatados por el Inspector de Turismo actuante constituyen prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la infracción. La mera negación de hechos no sirve para desvirtuar la prueba cumplida del hecho infractor que es valorada legalmente como suficiente o idónea para demostrar la existencia de responsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario. El interesado debe actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración, y, consecuentemente, su prueba de descargo ha de ser "directa, precisa, eficaz y plenamente convincente", tal y como ha señalado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife, en Sentencia de fecha 20 de junio de 2006.

El hecho infractor imputado no ha sido desvirtuado por la entidad expedientada mediante las alegaciones realizadas ni mediante la documental aportada a tal efecto. Así, cabe señalar que de la propia documental que obra en el expediente queda probada la comisión del hecho infractor, como lo es el informe emitido por el Patronato de Turismo de Gran Canaria con fecha 13 de mayo de 2008, con carácter previo a la iniciación del procedimiento sancionador, en base a lo establecido en el artículo 8 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, citado, que permite la realización de estas actuaciones previas para la clarificación de los hechos. De conformidad con lo informado por el citado organismo "según los datos obrantes en nuestros archivos no figura solicitud de apertura y clasificación del mencionado establecimiento". Por su parte, la entidad vendrá a aportar, durante la tramitación del expediente sancionador como en vía de recurso, como prueba documental que la exima de responsabilidad administrativa por el hecho infractor que se le imputa, una comunicación de apertura o reanudación de la actividad presentada en enero de 2006 en la Dirección General de Trabajo, Servicio de Promoción Laboral, de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, y escrito dirigido al Ayuntamiento de la Villa de Firgas, con entrada en el Registro el 3 de marzo de 2006, de solicitud de una licencia municipal provisional. Documentos ambos que no se corresponden con la solicitud de autorización de apertura y clasificación prevista en el artículo 10 del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural, habida cuenta que la referida comunicación se efectúa a efectos puramente laborales, referida a datos del centro de trabajo y de su producción, y la autorización de licencia municipal provisional es un título habilitante distinto de aquel que legitima para el ejercicio de la actividad turística reglamentada de turismo rural. No vendrá a acreditar la titular expedientada la presentación, ante la Administración turística competente para la tramitación y resolución de los expedientes de apertura y funcionamiento de los establecimientos de turismo rural, la correspondiente solicitud de autorización de apertura y clasificación. Administración turística competente que conforme al Decreto 156/1994, de 21 de julio, serán los respectivos Cabildos Insulares, al haberse efectuado una transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de la indicada disposición, a los Cabildos en materia de promoción y policía del turismo insular. Por tanto, la competencia para la autorización de apertura y funcionamiento de los establecimientos de turismo rural, previa solicitud acompañada de la documentación que se cita en el artículo 10 del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, citado, es de los Cabildos Insulares. En consecuencia, no puede prosperar la pretensión de la mercantil relativa a la obtención por silencio administrativo positivo de la autorización de apertura, al no darse los presupuestos de hecho necesarios para ello, es decir, que una vez presentada la respectiva solicitud, acompañada de la preceptiva documentación, transcurran dos meses desde la presentación sin que por parte de la Administración turística competente se dicte resolución.

Por cuanto antecede, ha de reiterarse que, conforme a los elementos probatorios referidos anteriormente, obrantes en el expediente sancionador, ha quedado probado que en las fechas de infracción, 24 de abril de 2007 y 15 de junio de 2007, fecha en que son extendidas las Actas de Inspección números 21678 y 21807, de las que trae causa el referenciado expediente sancionador, el establecimiento se encontraba abierto al público en general careciendo de la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de hotel rural. La entidad no destruye la prueba de cargo aportada por la Administración, toda vez que no acredita estar en posesión de la preceptiva autorización. En consecuencia, la Administración actuante al sancionar a la entidad expedientada desplegó la necesaria actividad probatoria de cargo, imprescindible pero suficiente, para destruir la presunción de inocencia de la entidad sancionada.

Por tanto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.b) de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias "las empresas que desarrollen actividades o que ofrezcan servicios de alojamiento turístico de cualquier tipo, así como los establecimientos donde los realicen" están sujetas a la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y, por ende, al cumplimiento de una serie de deberes, entre ellos, el de obtener las preceptivas autorizaciones de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 24 del citado texto legal. El requerimiento de la previa obtención de autorización administrativa para el ejercicio de la correspondiente actividad turística se justifica por la necesidad de arbitrar las medidas precisas dirigidas a garantizar la prestación de unos servicios turísticos profesionales y especializados que cumplan las condiciones y exigencias determinadas por la respectiva normativa ordenadora de cada una de las distintas modalidades de establecimientos turísticos. El procedimiento de obtención de la preceptiva autorización para la entrada en servicio y el desempeño de la correspondiente actividad turística permite a la Administración competente efectuar los controles previos sobre el cumplimiento de una serie de exigencias, establecidas legal y reglamentariamente, a fin de determinar un turismo de calidad y la protección del usuario turístico como consumidor de los servicios turísticos.

Existe, pues, responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada por la comisión de infracción a la disciplina turística toda vez que a tenor de lo regulado en el artículo 21 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias "las empresas y establecimientos, cualquiera que sea la naturaleza y forma que adopten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir los demás requisitos previstos en esta Ley para el desarrollo de las actividades calificadas como turísticas por la misma, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general y del sector", estando sometidas las empresas para el establecimiento y desarrollo de la actividad turística, entre otros deberes, al de "obtener de la Administración competente para autorizar el ejercicio de cualquier actividad turística que se pretenda desarrollar en el Archipiélago Canario las autorizaciones de carácter previo" todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 13.2.b) de la mencionada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Dichos preceptos hay que ponerlos, además, en relación con la específica normativa de ordenación de la actividad turística reglamentada de establecimientos de alojamiento de turismo rural, actividad turística alojativa realizada por la entidad expedientada en el establecimiento consignado en el expediente nº 49/08. De manera que es de aplicación lo dispuesto en los artículos 9, 10 y 11 del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural. Preceptos que vienen a exigir que con anterioridad al inicio de la actividad turística alojativa de turismo rural se tiene que estar en posesión de autorización previa, de conformidad con el artículo 24 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y autorización de apertura y clasificación a que hace referencia el artículo 13.2.b) del mentado texto legal y artículo 9 del Decreto 18/1998, de 5 de marzo. Autorización de apertura y clasificación que ha de acompañarse, según artículo 10 del Decreto 18/1998, de 5 de marzo, citado, de la documentación que expresamente se cita en dicho precepto.

De lo expuesto, resulta la responsabilidad administrativa que le es imputable a la entidad mercantil con base a lo dispuesto por el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, al prever que "... podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia", en relación con el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, según el cual "Son responsables de las infracciones turísticas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, que realicen las acciones u omisiones tipificadas por esta Ley", en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, al establecer que "Son responsables de las infracciones turísticas, las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, titulares de la autorización correspondiente o quienes ejerzan la actividad turística, que realicen las acciones u omisiones tipificadas en la Ley 7/1995, de 6 de abril".

El hecho infractor es subsumible en el artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que considera infracción muy grave a la disciplina turística "la actuación sin cualquiera de las autorizaciones preceptivas para la entrada en servicio de establecimientos y el desempeño de actividades turísticas reglamentadas", pero ya desde el inicio del expediente sancionador la infracción fue degradada a grave, a tenor de lo establecido en el artículo 76.19 del citado texto legal, que permite calificar de graves a las infracciones muy graves que no merecieran esta consideración por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias.

Si bien la infracción a la normativa turística ha sido calificada correctamente, a la hora de cuantificar la multa impuesta como sanción se ha vulnerado el principio de proporcionalidad de indudable arraigo penal en el seno del procedimiento sancionador, que debe presidir el derecho administrativo sancionador. Vulneración que se ha cometido por cuanto no existe una suficiente motivación adaptada a las circunstancias particulares del caso. Según viene manteniendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987, 23 de octubre de 1989, 14 de mayo de 1990, 26 de septiembre de 1990, 30 de octubre de 1990 y 3 de mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que se otorga a la Administración en la imposición de sanciones dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce al ámbito de sus potestades sancionadoras.

Cuando la norma establece para una infracción varias sanciones o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la sanción que se fija debe motivarse, constituyendo esta falta de motivación un defecto formal. La exigencia de motivación ha sido reconocida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2004.

En la Resolución sancionadora, ahora recurrida, se afirma que en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establecen en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto. De los criterios que se regulan en el indicado artículo 79.2 "in fine", de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, para la graduación de la cuantía de las sanciones de multa, a saber "la naturaleza de la infracción, los perjuicios causados, la trascendencia social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento o características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el sector", la Resolución sancionadora, al fijar la cuantía de la sanción de multa tiene en cuenta los criterios de la naturaleza de la infracción, la modalidad y categoría del establecimiento, carácter rural del municipio donde está situado el mismo y número de unidades alojativas, sin tener en cuenta, y analizar, los criterios del artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, para graduar las sanciones, como son, la existencia de intencionalidad, naturaleza de los perjuicios causados y existe o no reincidencia. La obligación de motivación no es algo meramente formal sino que entronca directamente con el ejercicio del derecho de defensa de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de recurso administrativo, o, en su caso, en vía judicial, tiene derecho a conocer las razones por las que se le impuso una determinada multa en una determinada cuantía y los criterios en los que se basó para ello la Administración. Hay que motivar por qué se impone la cantidad concreta, si no estaríamos ante una arbitrariedad. En el caso que nos ocupa, se hace una referencia general a la hora de fijar la cuantía de la multa. El artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, a efectos de individualizar la sanción, obliga a tener en cuenta unos criterios pero no, simplemente, a efectos de su repetición mecánica, como se hace en el presente caso, sino a efectos de su valoración a través de la motivación o explicación de las razones a favor de la opción elegida de manera que podamos apreciar que no existe arbitrariedad en su aplicación.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 2 de junio de 2008, viene a señalar que "Esta Sala en sentencia de 3 de abril de 2008 en el recurso contencioso-administrativo nº 186/05 ha considerado que se vulnera abiertamente el principio de proporcionalidad por cuanto no existe una mínima motivación adaptada a las circunstancias particulares del caso, que es la motivación exigida en el control judicial del cumplimiento del principio en ejercicio de la potestad sancionadora, afirmando que si el artículo 79.2 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias establece un conjunto o parámetros en el proceso de individualización a los efectos de cumplir la justificación de la adecuación entre gravedad del hecho constitutivo y sanción aplicada, ello exige de la Administración actuante un esfuerzo explicativo, no de manera genérica o abstracta, a modo de fórmula de estilo, sino en relación a las circunstancias del caso concreto. La obligación de motivación no es algo meramente formal sino que entronca directamente con el ejercicio del derecho de quien, a los efectos de su ejercicio en vía de recurso administrativo o, en su caso, en vía judicial, tiene derecho a conocer las razones por las que se le impuso una determinada multa en una determinada cuantía y los criterios en los que se basó para ello la Administración". Criterio este igualmente mantenido por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de Las Palmas de Gran Canaria, en sus sentencias de 29 de enero de 2007, 15 de mayo, 31 de octubre y 28 de noviembre de 2008, y por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Las Palmas de Gran Canaria, de 10 de junio de 2008.

Corresponde a la Administración que ejercita la potestad sancionadora explicar y razonar la imposición de la sanción en una determinada cuantía dentro del amplio recorrido penológico que establece la ley, siendo necesaria la obligación de motivación y, sobre todo, el examen o indagación, en la fase instructora del procedimiento, de las vicisitudes y circunstancias concurrentes. El artículo 79.2 "in fine" de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, que establece los criterios a tener en cuenta a efectos de individualizar la sanción, viene a constituir una traslación particularizada al caso de la obligación de adecuación entre la gravedad del hecho y la sanción a que se refiere el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, que incluye el principio de proporcionalidad como una de las garantías en el ejercicio de la potestad sancionadora. Tanto el precitado artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, como el artículo 79.2 "in fine" de la Ley 7/1995, de 6 de abril, obligan a tener en cuenta ese conjunto de circunstancias particulares, no sólo a efectos de su repetición mecánica, sino a efectos de su valoración a través de la motivación o explicación de las razones a favor de la opción elegida (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de fecha 31 de octubre de 2008). En el presente caso, la motivación que tiene la Resolución sancionadora es tan genérica que valdría para cualquier procedimiento y en cualquier infracción en materia turística. Lo expuesto nos permite concluir que ha sido vulnerado el principio de proporcionalidad respecto a la cuantificación de la multa impuesta, toda vez que no ha sido suficientemente motivada su imposición en la cuantía anteriormente señalada, lo que debe llevar a la imposición de la sanción de multa en cuantía de mil quinientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos, mínimo previsto para las infracciones graves en el artículo 79.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias.

Por cuanto antecede, procede estimar en parte el recurso de alzada y modificar el acto administrativo impugnado en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción de multa impuesta.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 55/09-C, emitido con fecha 5 de mayo de 2009, por la Letrada Habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución, emitida con fecha 8 de mayo de 2009, por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,

R E S U E L V O:

Primero.- Estimar en parte el recurso de alzada nº 049/09 interpuesto por D. Mario Reyes Cardona, en representación de la entidad mercantil Explotaciones Fonda Doramas Firgas, S.L., con C.I.F. B-35862333, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Fonda Doramas, sito en Montaña de Firgas, término municipal de Firgas, y modificar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 377, de fecha 22 de octubre de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 49/08, en el sentido de rebajar la cuantía de la sanción de multa a mil quinientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.502,54 euros).

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjuntará a la correspondiente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO:

a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO:

(Artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN:

En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:

Recurso de reposición: ante el órgano que dictó el acto.

Reclamación económico-administrativa: ante la Junta Económico-Administrativa competente (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria). Notifíquese reglamentariamente.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

Ver anexos - páginas 19046-19047



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