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Providencia de 27 de julio de 2009, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-41591-O-2008.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 27 de mayo de 2009, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41591-O-2008.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. José Manuel Cocostegue Llull, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 6 de abril de 2009 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 27 de junio de 2008, 16,40, por agente de la Policía Local del Ayuntamiento de Adeje se formuló denuncia contra el vehículo matrícula 1552-GCR, del que es titular Toral Wonenburger, S.L. por ejercer la actividad de arrendamiento de vehículo con conductor, sin la correspondiente autorización administrativa que lo habilite.
Resultando: que el día 11 de marzo de 2009 se publicó la resolución de iniciación sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-41591-O-2008 en el Boletín Oficial de Canarias nº 48.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó Resolución, que ahora se impugna, de fecha 6 de abril de 2009 que venía a sancionar a D. José Manuel Cocostegue Llull con multa que ascendía a 1.501,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 105.30, en relación con el artº. 104.1.9 LOTCC; artículos 12.a) y 82 LOTCC; artº. 197.1.9, en relación con el artº. 198.31 ROTT y artículos 41, 109 y 123 ROTT y en base al artº. 108.f) LOTCC y artº. 201.1.f) ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha 4 de mayo de 2009.
Resultando: que con fecha 26 de mayo de 2009, D. José Manuel Cocostegue Llull interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que tal como se demuestra en el expediente, la organizadora del servicio es Toral Wonenburger, S.L., él simplemente actuó como conductor.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: según lo dispuesto en el artículo 130.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común: "Sólo podrán ser sancionados por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia." Y, concretamente, en referencia al régimen sancionador del transporte por carretera, el artículo 102.1.b) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias: "La responsabilidad administrativa por las infracciones previstas en la presente Ley corresponderá: en las infracciones cometidas con ocasión de la realización de transportes o actividades auxiliares o complementarias de éstos llevados a cabo sin la cobertura del preceptivo título administrativo habilitante, o cuya realización se encuentre exenta de la obtención de éste, a la persona física o jurídica propietaria o arrendataria del vehículo o titular de la actividad".
Teniendo en cuenta que en el expediente sancionador de transportes consta documentalmente el contrato de arrendamiento del vehículo emitido por la titular del mismo, la entidad mercantil Toral & Wonemburguer, S.L. el día 27 de junio de 2008, así como la factura nº 20408, emitida por la misma entidad al cliente por la realización del arrendamiento de referencia, resulta suficientemente acreditado que la titular del vehículo 1552-GCR y de la actividad denunciada fue la citada entidad mercantil; no obstante, fue notificada la incoación y la resolución sancionadora del expediente al conductor del vehículo denunciado por el hecho: "realizar transporte público discrecional de viajeros en vehículos de hasta 9 plazas, careciendo de autorización".
Considerando: en consecuencia, teniendo en cuenta que el error sufrido no puede ser considerado error material, de hecho o aritmético, susceptible de rectificación al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, procede la estimación de las argumentaciones esgrimidas por el interesado, revocando la resolución sancionadora impugnada.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en estimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Manuel Cocostegue Llull, dejando sin efecto la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 6 de abril de 2009.
Contra este Decreto, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio 2009.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.
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