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Providencia de 27 de julio de 2009, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes, de la Resolución del Sr. Coordinador del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la que se dispone la revocación de oficio de la resolución recaída en el expediente sancionador de transportes nº TF-42159-O-2005.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 1 de abril de 2009, confirmatoria de la resolución recaída en el expediente sancionador de transportes nº TF-42159-O-2005.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación.
"Visto escrito presentado por D. Santiago González Pérez, por el que se interpone recurso extraordinario de revisión contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 7 de julio de 2006 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 24 de octubre de 2005, 10,00, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula TF-3322-AH, del que es titular D. Santiago González Pérez por circular transportando 2.000 l de ácido sulfúrico UN 1.830 desde Santa Cruz hasta Los Silos, con un extintor que carece de precinto.
Resultando: que el día 23 de mayo de 2006 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-42159-O-2005.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 7 de julio de 2006 que venía a sancionar a D. Santiago González Pérez con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.24.7, Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y en base al artº. 143.1.E) LOTT.
Resultando: que con fecha 1 de septiembre de 2008, D. Santiago González Pérez interpuso recurso extraordinario de revisión, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que aunque faltara el precinto del extintor, éste estaba en perfectas condiciones de uso en la fecha de la denuncia (24.10.05), tal como acredita el certificado emitido por la empresa que revisa los extintores, Drexmin, S.L. (dada de alta en la Consejería de Industria como empresa autorizada). Que el agente no constató la capacidad de carga del extintor, ni la identificación del mismo de ninguna manera. Que en el momento del control llevaba, además del que aparece en la denuncia (de 3 kg) dos extintores de más de 6 kg de capacidad cada uno, precintados debidamente y en perfectas condiciones de uso. Teniendo una capacidad en los extintores, superior a la misma exigida en esta clase de vehículos. Aportando como fundamento a sus argumentaciones copias simples de la siguiente documentación: de certificado de la empresa revisora de extintores Drexmin de fecha 6 de septiembre de 2005, acreditando que existen tres extintores ubicados en el vehículo denunciado, y que cumplen con las exigencias que le son aplicables, contenidas en el Real Decreto 1.942/1993, de 5 de noviembre de 2005 certificado que acredita a Drexmin emitido por la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias de 15 de octubre de 2007, acreditando.
Considerando: el recurso de revisión, previsto en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común tiene carácter extraordinario por cuanto que sólo se admite en los supuestos del citado artículo 118 y contra actos firmes, es decir, en principio inatacables, pero que, por la gravedad de las circunstancias concurrentes en su emisión, porque pueda plantearse duda racional acerca de su validez a la vista de los documentos incorporados al expediente, o por acontecimientos acaecidos con posterioridad al acto, la Ley permite su impugnación. Esta naturaleza excepcional se manifiesta en la enumeración taxativa que hace el legislador respecto a las causas en las que únicamente puede fundarse y que precisamente por ese carácter excepcional han de ser interpretadas restrictivamente, por lo que se habla de la imposibilidad de "imprimir a la norma unas directrices más amplias" y de "la necesidad de que se puntualicen los motivos en que se base la pretensión", causas entre las que se encuentra aquélla en la que parece fundamentar el recurrente el recurso de revisión interpuesto, artículo 118.1.2ª "Que aparezcan o se aporten documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida", características que no concurren en el supuesto analizado.
Estableciendo el artículo 118.2 de la misma ley para este supuesto, que el plazo para la interposición del recurso de revisión será de tres meses a contar desde el conocimiento de los documentos. Teniendo en cuenta que el certificado de la empresa instaladora/mantenedora del extintor de incendios, aportado en anexo al recurso de revisión interpuesto, tiene fecha 6 de septiembre de 2005 y que durante la tramitación del expediente sancionador que analizamos, se constata que, habiendo recibido notificación de las resoluciones de iniciación y sancionadora del expediente sancionador, en fechas 23 de mayo de 2006 y 27 de julio de 2006, respectivamente, el interesado no interpuso ni el pliego de alegaciones ni el recurso de alzada reglamentarios, en el plazo oportuno (medios en los que podía haber justificado la idoneidad del referido extintor); en consecuencia, se deduce la extemporaneidad del recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Santiago González Pérez el 1 de septiembre de 2009; resultando inadmisible que un interesado, que conocía y pudo aportar el certificado de conformidad del extintor durante la tramitación del procedimiento sancionador, pueda después interponer un recurso de revisión dentro de los tres meses siguientes al momento en que alegue ha tenido conocimiento de los documentos. Por lo que, a fin de acreditar que el recurso se interpone dentro de plazo, debería haber acreditado que no conocía antes el documento.
En ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, de 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 118 y 119 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, vengo en inadmitir el recurso extraordinario de revisión interpuesto por D. Santiago González Pérez por interposición fuera del plazo legalmente determinado, confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 7 de julio de 2006, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001,00) euros. Sanción abonada por el interesado el 5 de agosto de 2008.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a que se practique la notificación del presente acto, al amparo del artículo 107 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos de recurso ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa."
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2009.- El Jefe de Servicio de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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