Estás en:
Vista la anterior propuesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adopción de Menores en relación al expediente nº 03/2008 sobre solicitud para habilitación como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional para República de Burundi, presentada por la Asociación Futuro en Familia (AFEF), y teniendo en cuenta los siguientes hechos y fundamentos de derecho:
HECHOS
Primero.- Que por medio de Resolución de esta Dirección General de fecha 29 de julio de 2008, registrada bajo el nº 3.032 y publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 166, de 20 de agosto de 2008, se concedió la habilitación provisional como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional a la Asociación Futuro en Familia (AFEF) para actuar en la República de Burundi para la realización de las funciones y actuaciones previstas en el Capítulo IV del Decreto 200/1997, de 7 de agosto. La citada habilitación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997, sería provisional hasta que la entidad colaboradora fuera autorizada para actuar en el Estado para el que había sido habilitada mediante resolución formal de sus autoridades competentes, que debería ser puesta en conocimiento de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. Teniendo en cuenta que, transcurrido un año desde el otorgamiento de esta habilitación provisional, sin haber sido autorizada para actuar en el Estado extranjero, tal habilitación quedaría sin efecto, debiendo tramitarse en su caso nueva solicitud.
Segundo.- Que por medio de escrito presentado el día 21 de julio de 2009, registrado bajo el nº DGPMF 31.422, D. Ricardo Antonio Queralt Sánchez de Las Matas, en nombre y representación de la Asociación Futuro en Familia (AFEF), solicitó la habilitación definitiva como ECAI para actuar en la República de Burundi, aportando copia compulsada y traducción jurada del documento formal de acreditación, emitido por el Ministerio de Solidaridad Nacional, Repatriación, Reconstrucción Nacional, Derechos Humanos y de Género de Burundi, Autoridad Central burundesa, de conformidad con el Convenio de la Haya de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, en la que literalmente consta: Su organismo cumple con todas las condiciones jurídicas necesarias para colaborar con nuestro Ministerio a fin de favorecer a los huérfanos y la adopción internacional de huérfanos no adoptados en Burundi. Y, como consecuencia, se le otorga el acuerdo como entidad de Adopción.
Tercero.- Que la habilitación concedida se circunscribe al proyecto presentado por la entidad colaboradora para actuar en Burundi al solicitar la habilitación provisional, referido inicialmente a la Región de Bujumbura (capital de Burundi) y exclusivamente para los pupilos del Estado y los niños declarados judicialmente incapacitados.
El proyecto presentado contiene los requisitos exigidos por la legislación burundesa para ser adoptantes, indicando que la adopción sólo está permitida a personas mayores de treinta años (puede conseguirse dispensa del Tribunal a este requisito en casos excepcionales), pudiendo adoptar conjuntamente los matrimonios no separados de hecho cuando al menos uno de los cónyuges tenga 30 años cumplidos si tienen más de cinco años de matrimonio (no se acepta la convivencia previa como dispensa para matrimonios de menos de cinco años); en todo caso deben ser como mínimo 15 años mayores que los adoptandos; la existencia de descendientes no es obstáculo para la adopción (aunque en la práctica no se aceptan familias donde existe en el hogar un menor de un año). No se aceptan parejas de hecho, ni matrimonios homosexuales.
La documentación a presentar ante las autoridades burundesas, según la información que consta en el proyecto presentado, junto a una carta de motivación dirigida al Ministerio de la Acción Social y de la Promoción de la Mujer solicitando la adopción de un menor, es el certificado de idoneidad emitido por los Servicios Sociales competentes de la Comunidad Autónoma, los informes sociales y psicológicos elaborados, certificado de nacimiento de los solicitantes, certificado de matrimonio o libro de familia; certificados médicos de los solicitantes; certificado de antecedentes penales; certificado de buena conducta y moralidad; certificado de ingresos y propiedades; fotocopia del pasaporte de los solicitantes; poder notarial de representación y compromiso de seguimiento [las Autoridades burundesas exigen dos informes de seguimiento el primer año (a los 6 y 12 meses de la llegada a España del menor) y uno al segundo año de su llegada y a partir de éste se hará un informe bianual hasta la mayoría de edad del adoptado]. Documentación que deberá ser legalizada y traducida al francés.
Describe el procedimiento a seguir ante las autoridades burundesas señalando que conforme al Convenio de La Haya la tramitación del expediente se hará a través de las Autoridades centrales del Convenio o de los organismos privados acreditados (Burundi se adhirió al Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993 por medio de instrumento de 15 de octubre de 1998, entrando en vigor el día 1 de febrero de 1999). Se remite la documentación al representante de AFEF en Burundi, que se encarga, de un lado, de enviar el dossier completo a la Dirección General de Solidaridad Nacional (DGSN), que se encarga de su revisión y aprobación de la adopción por los solicitantes, y, de otro, de enviar el dossier de presentación de la familia al orfanato que indique la DGSN. El organismo que tiene la tutela del menor (orfanato u otra institución pública) se encarga de preparar el expediente del menor y de remitirlo a la DGSN, que lo revisa y certifica la adoptabilidad del menor, siendo este último organismo el que, aceptada la asignación del menor, remite el expediente de los solicitantes y del menor al Tribunal de Gran Instancia de Bujumbura, para resolver acerca de la adopción solicitada.
Las actuaciones a realizar por la ECAI en el proceso de intermediación, contenidas en el proyecto presentado, son las contenidas en los artículos 13, 14 y 15 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se regula la habilitación de las entidades colaboradoras de adopción internacional.
La cuantía del proyecto económico presentado relativo a las actuaciones a realizar por la ECAI y la cantidad que se prevé cobrar a los solicitantes de adopción internacional se fijan, para la adopción en general, en la cantidad de 8.150,00 euros, que se desglosan como gastos indirectos los de 3.050 euros, y como directos los de 5.100 euros (de los que corresponde a los gastos del expediente en España la cifra de 1.400 euros y a los gastos en el extranjero los de 3.700 euros). Para familias monoparentales se fija en la cantidad de 8.350,00 euros, que se desglosan como gastos indirectos los de 3.050 euros, y como directos los de 5.300 euros (de los que corresponde a los gastos del expediente en España la cifra de 1.400 euros y a los gastos en el extranjero los de 3.900 euros). Y, para el caso de adopción múltiple (más de un menor), se cifra en la cantidad de 9.790,00 euros, que se desglosan como gastos indirectos los de 3.050 euros, y como directos los de 6.740 euros (de los que corresponde a los gastos del expediente en España la cifra de 1.840 euros y a los gastos en el extranjero los de 4.900 euros). Todas estas cantidades se efectuarán siempre mediante transferencia bancaria con el número de referencia del expediente de los solicitantes en la cuenta de AFEF habilitada al efecto según la normativa vigente.
Aportan el currículo del representante de la entidad en el país para el que solicitan la habilitación así como copia del precontrato de prestación de servicios suscrito por ambos.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Dirección General de Protección del Menor y la Familia es competente para resolver el presente expediente, a tenor de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto (B.O.C. nº 109, de fecha 20.8.97), por el que se regula la habilitación de las entidades colaboradoras de adopción internacional, en relación con el artículo 10.B), números 1, 2 y 3 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, aprobado por Decreto 167/2008, de 22 de julio (B.O.C. nº 159, de fecha 8.8.08), que le atribuye las funciones en materia de habilitación, control, inspección y registro de entidades colaboradoras de adopción internacional y de reclamaciones formuladas en esa materia.
Segundo.- El artículo 27.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los departamentos de la Administración Autonómica de Canarias (B.O.C. nº 122, de 16.9.91), atribuye a los jefes de servicios la competencia de instruir y formular la Propuesta de Resolución en aquellos procedimientos en que deban resolver los órganos departamentales a que estén adscritos.
Tercero.- El Convenio relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de adopción internacional celebrado en La Haya el día 29 de mayo de 1993, ratificado por España por instrumento de 18 de julio de 1995, en su artículo 22 especifica la posibilidad de atribuir a personas u organismos privados, sin ánimo de lucro, las funciones conferidas a la autoridad central, dentro de los límites permitidos por la Ley y bajo el control de las autoridades competentes.
Cuarto.- La Ley territorial 1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores, se refiere en su artículo 77 a la adopción internacional y define, en el Capítulo I del Título VIII, a las entidades colaboradoras como aquellas fundaciones y asociaciones de carácter no lucrativo que hayan sido reconocidas por la Administración Pública de la Comunidad Autónoma para desempeñar actividades y tareas relacionadas con la atención integral a los menores que se establezcan en las normas de desarrollo de dicha Ley. Y en desarrollo de la mencionada Ley se aprobó el mencionado Decreto 200/1997, de 7 de agosto.
Quinto.- La Ley 54/2007, de 28 de diciembre, de Adopción internacional (B.O.E. nº 312, de 29.12.07), en sus artículos 6, 7 y 8 regula la actividad de intermediación en la adopción internacional; la acreditación, seguimiento y control de las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional y la relación de los solicitantes de adopción y las Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
Sexto.- El artículo 22 del Decreto 200/1997, en relación con el artículo 15 de la Orden de la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de 27 de abril de 1999, en cuanto a la inscripción en el Registro de Entidades Colaboradoras de Adopción Internacional.
Vistas las normas citadas y las demás de aplicación general al presente supuesto, así como la propuesta de la Jefa de Servicio de Programas de Adopción de Menores, en uso de las facultades atribuidas por el artículo 5.3 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto, por el que se regula la habilitación de las entidades de colaboración internacional,
R E S U E L V O:
Primero.- Conceder la habilitación, con carácter definitivo, como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional a la Asociación Futuro en Familia (AFEF) para actuar en la República de Burundi, de acuerdo al proyecto presentado y para la realización de las funciones y actuaciones previstas en el Capítulo IV del Decreto 200/1997, de 7 de agosto.
La presente habilitación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del citado Decreto 200/1997, tendrá carácter definitivo al haber quedado acreditado que la entidad colaboradora ha sido autorizada para actuar en el Estado para la que ha sido habilitada mediante resolución formal de sus autoridades competentes.
Segundo.- La habilitación tendrá una duración de dos años a contar desde el 26 de junio de 2009, fecha en la que se obtuvo la autorización del Estado extranjero, prorrogándose tácitamente por períodos anuales, salvo que la entidad colaboradora solicite la baja con un plazo de antelación de seis meses a la fecha del vencimiento.
Tercero.- La habilitación para actuar como Entidad Colaboradora de Adopción Internacional, de acuerdo al proyecto presentado, se circunscribe inicialmente a la Región de Bujumbura (capital de Burundi) y exclusivamente para los pupilos del Estado y los niños declarados judicialmente incapacitados.
Cuarto.- La actuación de la ECAI en otra Región distinta de la descrita en el proyecto presentado deberá ser autorizada por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. A tal efecto deberán aportar proyecto de actuación y proyecto económico.
Quinto.- La solicitud de Adopción Internacional a presentar ante las autoridades burundesas deberá ser remitida por la ECAI, junto a la comunicación de aceptar la tramitación de un expediente, a la Dirección General de Protección del Menor y la Familia, a efectos de su visado.
Sexto.- El personal del equipo multidisciplinar y de administración exigido deberá estar localizado al menos en un 60% en la Comunidad Autónoma de Canarias.
Séptimo.- El contenido del contrato de prestación de servicios a suscribir por la ECAI con los solicitantes de adopción, referido a las funciones de intermediación, será fijado por la Dirección General de Protección del Menor y la Familia. No obstante, hasta que éste no se determine, se formalizará conforme al modelo presentado con la solicitud de habilitación.
Octavo.- Serán causas de revocación de la habilitación concedida, el incumplimiento del contenido de la presente Resolución, así como que la entidad colaboradora dejara de reunir las condiciones y requisitos exigidos para obtener la presente habilitación, infringiere el ordenamiento jurídico, incumpliere las obligaciones fijadas en el Decreto 200/1997, de 7 de agosto, no realizare las tareas o actividades para la que fue específicamente habilitada o las ejecutara de forma inadecuada o no ajustadas a las normas, instrucciones y directrices fijadas por esta Dirección General.
Noveno.- Hacer constar en el asiento registral de la Entidad Colaboradora de Adopción Internacional Asociación Futuro en Familia (AFEF) que la misma ha sido habilitada definitivamente para actuar en la República de Burundi.
Décimo.- Ordenar la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial de Canarias y comunicarla a la Administración del Estado, a tenor de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 200/1997, de 7 de agosto.
Undécimo.- Notificar la presente Resolución a la solicitante, haciéndole saber que la misma no pone fin a la vía administrativa, y contra ella cabe interponer el correspondiente recurso de alzada ante la Viceconsejera de Bienestar Social e Inmigración en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de la notificación de la Resolución, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 5, apartado cuarto, del mencionado Decreto 200/1997, en relación con lo dispuesto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2009.- La Directora General de Protección del Menor y la Familia, Carmen Steinert Cruz.
El presente acto administrativo ha sido propuesto en Santa Cruz de Tenerife, en fecha 21 de julio de 2009, por el Subdirector de Empleo, Juan Camejo Rodríguez.
Santa Cruz de Tenerife, a 27 de julio de 2009.- El Director, Alberto Génova Galván.
© Gobierno de Canarias