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BOC Nº 150. Martes 4 de Agosto de 2009 - 3123

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Lanzarote

3123 - ANUNCIO de 7 de julio de 2009, sobre notificación de Resolución por la que se desestima el recurso de reposición planteado en expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera.

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Providencia de 7 de julio de 2009, del Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Lanzarote, sobre notificación de Resolución por la que se desestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que se relaciona.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 4º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada parcialmente por la Ley 4/1999, de 13 de enero), sobre notificación a interesados intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al denunciado que se cita, la Resolución por la que se desestima el recurso de reposición planteado en el expediente sancionador por infracción a la legislación de transportes por carretera, que le ha sido instruido por este Cabildo Insular.

Órgano competente para ejecutar y norma que le atribuye competencia: el Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad de esta Corporación por acuerdo del Consejo de Gobierno Insular aquel Órgano de fecha 17 de octubre de 2007; todo ello al amparo de lo dispuesto en la Ley 57/2003, de 16 de diciembre, de medidas para la modernización del gobierno local.

La tramitación del expediente sancionador ha sido substanciada de conformidad con lo previsto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica, parcialmente, la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; el Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y en lo no previsto por éstas, se estuvo a lo establecido en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero) y el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente no alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la resolución recurrida, que se adoptó en base a lo dispuesto en la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; a la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y al Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre.

Se adopta acuerdo de sustitución por enfermedad del nombramiento de Instructor. Nombramiento que podrá recusarse en el plazo de 10 días de acuerdo con lo que establece el artículo 29 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por las causas expresadas en el artículo 28 de dicho cuerpo legal.

Procede desestimar el recurso interpuesto, y confirmar la sanción impuesta; en base a lo que sigue:

No cabe hablar de vulneración del principio de tipicidad (solamente se podrán imponer sanciones por la comisión de infracciones administrativas delimitadas en una ley o desarrolladas reglamentariamente las legalmente previstas), por cuanto la infracción cometida se encuentra prevista como tal en la L.O.T.T. y en su Reglamento, junto con la sanción a imponer en tal caso, todo lo cual se encuentra perfectamente detallado en el Acuerdo de incoación notificado. La Constitución Española, en su artº. 25.1, viene de forma directa a exigir el principio de tipicidad para el ejercicio de la potestad sancionadora: "1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan ... falta o infracción administrativa ...". Todo ello en relación con el artº. 129 de la LRJPAC. El principio de tipicidad o cobertura legal de las sanciones administrativas exige cubrir con Ley formal una descripción genérica de las conductas sancionables y las clases y cuantías de las sanciones, pero con posibilidad de remitir a la potestad reglamentaria la descripción pormenorizada de las conductas ilícitas. Pero en el caso que nos ocupa la infracción imputada se encuentra delimitada en una norma con rango de Ley (la realización de transporte privado en vehículo ligero, careciendo de autorización), que nada tiene que ver con supuesto exceso de peso que se menciona en el escrito de recurso.

La potestad de la Administración para sancionar tiene sus propios límites asimismo constitucionales, que se manifiestan a través de cuatro principios: a) de legalidad (artº. 25.1 C.E.), nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según legislación vigente en aquel momento, b) de seguridad jurídica, en íntima conexión con el de legalidad, que exige estricta adecuación de los elementos de la conducta sancionable a los tipos, penal o administrativo, descritos por la norma sancionadora, c) de culpabilidad : sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos, aunque el artículo 130 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, admite sanción a personas físicas y jurídicas responsables aun a título de simple inobservancia y d) de proporcionalidad entre la infracción y la sanción (artº. 131 de la Ley 30/1992). A tales principios debemos añadir que toda sanción debe ser el resultado de un procedimiento o instrucción. El principio de seguridad jurídica exige que en todo momento que exista un procedimiento que permita la salvaguardia del interés general mediante la sanción de aquellas conductas que están legalmente tipificadas como infracciones administrativas en materia de transporte; todo lo cual se ha respetado en el presente procedimiento.

Como principio de procedimiento sancionador se ha garantizado escrupulosamente la defensa de la expedientada/recurrente a quien se le han notificado los hechos imputados, la infracción y sanción correspondiente y se le ha concedido plazo para formular las alegaciones que creyó oportunas en defensa de sus derechos y así como la posibilidad de utilizar cualquier medio de prueba de los admitidos en derecho. Por tanto el procedimiento sancionador ha sido el legal y reglamentariamente establecido, garantizándose todos los principios de la potestad sancionadora. La resolución se ha adoptado a través de un procedimiento en el que el presunto inculpado ha tenido la oportunidad de aportar y proponer las pruebas que estimara pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga, en defensa de sus derechos antes de que se pusiera fin al expediente sancionador, en cumplimiento de lo dispuesto en el artº. 135 de la Ley 30/1992; derechos de los que no ha hecho uso. Si bien por el Instructor del expediente, con fecha 26 de noviembre de 2008 se notifica la Resolución de iniciación del expediente mediante carta certificada con acuse de recibo en la propia persona de la denunciada que firma el acuse/recibo, en el plazo de quince días no se presentan alegaciones; por lo que procede dictar la correspondiente Resolución sancionadora conforme a la incoación del expediente, la cual se considera Propuesta de Resolución al no existir alegaciones. Si bien con fechas 3, 5, 26 y 27 de febrero de 2009 se intentó la notificación personal por correo certificado la misma resultó infructuosa al dejarse caducar en lista (quedando constancia del mismo en este expediente), la resolución sancionadora tuvo que ser publicada tanto en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del interesado, como en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma, ante la imposibilidad de notificación al interesado, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Y prueba de quedar enterado de la misma es que ahora se recurre por la denunciada Dña. María Esther Ramírez Garrido; no entendiendo la vulneración de garantías procesales que se ponen de manifiesto.

En cuanto a la necesidad o no de la publicación no es cuestión subjetiva de parecer bien o mal a la persona a la que va dirigida sino que la misma tiene su amparo en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (artículos 56 a 60); resultando el acto eficaz por cuanto además no ha impedido al ahora recurrente presentar escrito en defensa de sus derechos.

No se ha generado situación de indefensión a la expedientada en cuanto la misma tiene perfecto conocimiento de los hechos que se le imputan. Por esta administración se ha cumplido fielmente con el trámite de audiencia (artº. 24.2 y artº. 105 C.E.) facilitando al interesado el conocimiento de la totalidad del expediente permitiéndole realizar una defensa eficaz y completa de sus intereses con base a lo actuado. Se concretó además del "quantum" de la sanción, los hechos objeto del enjuiciamiento administrativo, así como el precepto legislativo determinante de la tipicidad antijurídica de aquéllos, y la gravedad de la infracción. Los hechos aludidos han sido conocidos por la denunciada desde el comienzo del expediente que los ha contemplado y no rebatido en su escrito de recurso, por lo que en modo alguno ha existido ni la más mínima dosis o componente de indefensión para la misma, por lo que han de entenderse cumplidos los fines y función legalmente perseguidos. El TC, desde la STC 18/1981, de 8 de junio, ha reiterado que el derecho a la defensa proscribe cualquier indefensión; el derecho a conocer los cargos que se formulan contra el sometido a procedimiento sancionador; y el derecho a utilizar los medios de prueba adecuados para la defensa (STC 74/2004, de 22 de abril). Todo lo cual se ha seguido en el presente procedimiento.

Se pueden recurrir las resoluciones y los actos de trámite, que pongan fin a la vía administrativa, siempre que estos últimos decidan directa o indirectamente el fondo del asunto, determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento, produzcan indefensión o perjuicio irreparable a derechos e intereses legítimos, pudiendo fundamentarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley. No existiendo en el expediente ningún vicio para proceder a la anulación de la resolución de impugnación, ya que lo manifestado por el recurrente no desvirtúa las actuaciones practicadas: no se señalan los motivos de nulidad o anulabilidad en que se funda la impugnación, de acuerdo con lo establecido en la Ley 30/1992 en su artº.117 ni siquiera otros preceptos que hubieren sido también violados en la misma ley, o en otra disposición, en su interpretación o aplicación. En ocasiones la Administración comete errores al dictar los actos administrativos lo que, dependiendo del alcance de estos errores, puede ocasionar su nulidad y por tanto su falta de validez, o su anulabilidad. Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho cuando: lesionan los derechos y libertades constitucionales de los ciudadanos; son dictados por un órgano administrativo incompetente o se dictan prescindiendo del procedimiento establecido legalmente; los que tienen un contenido imposible, son constitutivos de una infracción penal o se dictan como consecuencia de ésta; los actos expresos o presuntos (silencio administrativo) contrarios al ordenamiento jurídico y conceden facultades o derechos cuando no se dan los esenciales para su concesión. También son nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas cuando: sean contrarias a la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior; regulen materias que sólo pueden ser desarrolladas por una Ley; las que establezcan la retroactividad de disposiciones que sancionen, no sean favorables o restrinjan los derechos de los ciudadanos. Es doctrina consagrada que la presunción de veracidad de las actas de la autoridad destruye la presunción de inocencia una vez ratificadas cumplidamente por los denunciantes que presenciaron los hechos ante la autoridad que ejerce la potestad sancionadora (STS de 13 de diciembre de 1988). No se observa que "se haya prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido", ni tampoco una lesión de cualquiera de los "derechos susceptibles de amparo constitucional"; ciertamente, no se aprecia indefensión alguna, puesto que en la se ha seguido el procedimiento legalmente establecido. No se produce indefensión alguna, pues en ningún momento se han restringido los derechos de defensa del responsable ni ninguna otra de las garantías que le asisten en el contexto del procedimiento sancionador. Ciertamente no se produce indefensión por el mero hecho de que el Instructor haya adquirido la convicción de que la infracción llegó a producirse, convicción ésta que se ha formado ante la presunción de veracidad de que gozan las actas de la autoridad, especialmente cuando han sido ratificadas, como se ha hecho en el presente caso. Dicha presunción de veracidad es "iuris tantum", esto es, admite prueba en contrario, pero sin que como tal pueda admitirse la simple afirmación en contrario del interesado, insuficiente para destruir la fuerza probatoria de dichas actas, tal y como lo ha sostenido una reiterada jurisprudencia (STS 3ª 2ª de 1 de junio de 1989; también SSTS 4ª de 15 de diciembre de 1987 y 5ª de 28 de enero de 1988).

En cuanto a los hechos denunciados, que nada en su defensa se dice de contrario manifestar que para la realización de transporte público discrecional de viajeros o de mercancías, así como la realización de transporte privado complementario, será necesaria la previa obtención por las personas que pretendan llevarlos a cabo, de la correspondiente autorización administrativa que habilite para su prestación (artículos 47 y 103 de la L.O.T.T.; artículos 41 a 46 del Real Decreto 1.211/1990, de 28.9; artº. 2 del Decreto 53/1999, de 8 de abril -modificado por Decreto 6/2002, de 28 de enero-). Según datos recabados con anterioridad a la incoación del presente expediente sobre la autorización de transportes del vehículo denunciado matrícula GC-0770-BS la expedientada pasa a ser titular del mismo en noviembre de 2007, fecha en la que presenta ante este Cabildo solicitud para poder realizar transporte privado complementario de mercancías (es decir para obtener tarjeta de transporte MPC) archivándose el expediente el 9 de mayo de 2008 porque por parte de la Administración se le requiere para que complete la documentación necesaria para la resolución de su petición, y no lo hace. Consta asimismo que se vuelve a presentar solicitud para obtener tarjeta de transporte MPC del vehículo denunciado matrícula GC-0770-BS por la expedientada/recurrente el 28 de mayo de 2008 archivándose por segunda vez el expediente el 18 de noviembre de 2008 porque por parte de la Administración se le requiere para que complete la documentación necesaria para la resolución de su petición, y lo sigue omitiendo. De todo lo cual tiene perfecto conocimiento Dña. María Esther Ramírez Garrido, porque consta que ella personalmente es la que realiza los trámites. Por tanto, la infractora no poseía a la fecha de la denuncia, 13 de agosto de 2008 (17,35,00), ni posee tarjeta que la habilite a realizar un transporte de mercancías en el vehículo denunciado matrícula GC-0770-BS. De contrario no se aportan pruebas que desvirtúen la presunción de veracidad de los boletines de denuncias ni tan siquiera la sancionada argumenta o fundamenta la negación de los hechos. Los boletines de denuncias de las Fuerzas de Seguridad poseen presunción de veracidad de los hechos en ellos reflejados y valor probatorio al tener los funcionarios actuarios carácter de autoridad pública; no presunción de certeza de la culpabilidad del denunciado, correspondiéndole a éste probar su inocencia, siendo el órgano instructor y sancionador el que, una vez valoradas las pruebas existentes y aportadas al expediente, el que estimará o no su culpabilidad. Dichos boletines tienen mayor vinculación para el órgano competente, que está obligado a motivar la no iniciación del expediente sancionador, en aplicación supletoria del artº. 11.2 del Real Decreto 1.398/1993. Si bien el valor probatorio de las denuncias y la presunción de veracidad de su contenido es un asunto doctrinalmente controvertido, el T.C. ha concluido con la exigencia de una valoración de las pruebas en cuanto a la certeza de la culpabilidad, por una parte, y la imposición de la carga probatoria al acusador, por otra.

El pago de dicha multa se habrá de realizar mediante ingreso en la Caja Insular de Ahorros de Canarias, C./C. nº 2052 8029 23 3500007104, en el que se haga constar el número de expediente y titular al que corresponde. Los plazos de ingreso en período voluntario son los siguientes (artº. 62.2 de la Ley 58/2003, de 17.12, General Tributaria, B.O.E. nº 302, de 18.12.03): 1º) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. 2º) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Los vencimientos que coincidan con un sábado se trasladarán al primer día hábil siguiente. Dentro de dichos plazos podrán solicitarse aplazamientos y fraccionamientos en los términos de los artículos 44 y siguientes del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29.7) y del artº. 65 de la Ley General Tributaria. Finalizado el período voluntario de pago sin haber satisfecho la deuda, o sin haber presentado en tiempo y forma el correspondiente recurso o reclamación, se procederá a la exacción de la deuda con el recargo del 5%, 10% ó 20% según corresponda, de acuerdo con el artº. 28 de la citada Ley, así como de los intereses de demora y costas que sean procedentes.

Lo que le comunico haciéndole saber que contra dicha Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá formular recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas o, en su caso, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a aquel en que se notifique la resolución expresa del recurso potestativo de reposición o en que éste deba entenderse presuntamente desestimado.

EXPEDIENTE SANCIONADOR Nº: GC/30328/P/2008; POBLACIÓN: Arrecife (Lanzarote); TITULAR/PRESUNTO RESPONSABLE: Dña. Ramírez Garrido, María Esther; N.I.F./C.I.F.: 38101297A; MATRÍCULA DEL VEHÍCULO DENUNCIADO: GC-0770-BS; HECHO INFRACTOR, LUGAR Y FECHA: como consecuencia de la denuncia nº 09621/2008 formulada por el Agente de la Policía Local de Yaiza nº 12138, de fecha 13 de agosto de 2008 (17,35,00) (donde se hacen constar los hechos que se imputan y que motivan la incoación del presente procedimiento), en la vía Avenida Apartahotel Flamigo, dirección Avenida de Canarias con calle Lanzarote, y de las actuaciones practicadas se aprecia la comisión de una infracción a la normativa reguladora de los transportes terrestres, consistente en realizar transporte de la clase MPC, careciendo de la misma.- Presenta solicitud con fecha 2 de octubre 2007.- Además transporta productos perecederos sin la correspondiente autorización sanitaria.- Se adjunta fotocopia de los albaranes y reportaje fotográfico de la mercancía y solicitud de autorización de transporte; PRECEPTOS INFRINGIDOS: artículos 106.24 y 105.13 y artº. 65 y siguientes de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artículos 142.25 y 141.13, en relación con los artículos 47 y 103 de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre); artículos 199.25 y 198.13, en relación con los artículos 41 y 158 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre. Y artº. 2 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías; CUANTÍA DE LA SANCIÓN cuatrocientos (400) euros (66.554 pesetas); PRECEPTO SANCIONADOR: artº. 108.c) de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias; artº. 143.1.c) de la Ley 16/1987, de 30 de julio (modificada parcialmente por la Ley 29/2003, de 8 de octubre) y artº. 201.1.c) del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la L.O.T.T., aprobado por Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, calificada como leve.

Arrecife, a 7 de julio de 2009.- El Consejero de Transportes y Plan Insular de Seguridad, Joaquín Caraballo Santana.

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