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BOC Nº 147. Jueves 30 de Julio de 2009 - 3029

IV. ANUNCIOS - Administración Local - Cabildo Insular de Tenerife

3029 - ANUNCIO de 29 de junio de 2009, sobre notificación del Decreto de 18 de noviembre de 2008, por el que se resuelve el recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42243-O-2007.

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Providencia de 29 de junio de 2009, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42243-O-2007.

Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,

D I S P O N G O:

Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 18 de noviembre de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42243-O-2007.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

"Visto escrito presentado por D. José Gregorio Tejera Méndez, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 16 de junio de 2008 recaída en el expediente de referencia, y,

Resultando: que con fecha y hora 7 de noviembre de 2007, 16,10, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula: 0792-FFR, del que es titular D. José Gregorio Tejera Méndez por realizar TTE. desde el Puerto de Santa Cruz hasta Granadilla de 32 jerricanes con un peso de 1.056 kg de UN 2031 ácido sulfúrico 8 GE II y 8 jerricanes con un peso de 360 kg de un 1830 ácido sulfúrico 8 G.E. I.I transportando viajeros a bordo del vehículo que transporta estas mercancías peligrosas. 1er Pasajero: Pedro Antonio Tejera Méndez, nº pasaporte B0657068. 2º Pasajero: Gloria Esperanza Uribe Vargas, nº pasaporte 03684948.

Resultando: que el día 23 de mayo de 2008 se notificó al interesado la citada denuncia y la Resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-42243-O-2007.

Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que el día de la denuncia transportaba ácidos agrícolas para su uso personal en la finca y que, por caso excepcional, se presentó la situación de aprovechar la dirección del viaje para llevar a destino a su hermano y su pareja; por haberse encontrado sin vehículo, ya que el mismo se accidentó y en la localidad de Güímar se dejó en un taller cercano al punto de compra de la mercancía en cuestión; por lo tanto, aun conociendo la gravedad del favor y sin conducción temeraria, con los debidos dispositivos de seguridad, tanto personal como del vehículo, se dispuso a trasladar en condición de favor a esas dos personas cerca de su destino y del de ellos. Como detalle significativo para ese día la compra que llevaba sobre el vehículo no supera los escasos 640 euros, tomando esta consideración, de tener que viajar desde Arona a Güímar con sus propios medios para poder ahorrar 0,02 euros/kg y el resultado de dicha sanción no compensa ni en 4 ocasiones las cantidades o sumas de dinero.

Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 16 de junio de 2008 que venía a sancionar a D. José Gregorio Tejera Méndez con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.24.5 LOTT, artº. 198.24.5 ROTT y D.A. 2ª LOTCC y en base al artº. 143.1.e) LOTT y artº. 201.1.e) ROTT.

Notificándose la citada resolución en fecha 8 de julio de 2008.

Resultando: que con fecha 8 de agosto de 2008, D. José Gregorio Tejera Méndez interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, reiterándose en lo ya expuesto en el pliego de alegaciones interpuesto en descargo por la entidad mercantil interesada.

Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.

Considerando: a tenor de lo preceptuado en el apartado 8.3.1 del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, con las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 2007: "Aparte de los miembros de la tripulación, se prohíbe transportar viajeros en las unidades de transporte que contengan mercancías peligrosas" determinando el artículo 2.h) del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, que la tripulación de los vehículos "se compone de los conductores y de los ayudantes del conductor". Para los que se exige una formación especializada, dado el riesgo que supone para la seguridad, el transporte de mercancías peligrosas, tanto en el Capítulo I.I del Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por carretera en territorio español, como en el apartado 8.2 del Acuerdo Europeo sobre Transporte Internacional de Mercancías Peligrosas por Carretera (A.D.R.) hecho en Ginebra el 30 de septiembre de 1957, con las enmiendas en vigor a partir del 1 de enero de 2007. Ello es así, porque, como determina el apartado 1.4.1 del A.D.R. "Los participantes en el transporte de mercancías peligrosas deberán tomar las medidas adecuadas según la naturaleza y la amplitud de los peligros previsibles, para evitar daños y, cuando proceda, minimizar sus efectos. En cualquier caso, deberán respetar las disposiciones del A.D.R. en todo lo que les concierna. Cuando la seguridad pública corre el riesgo de ser puesta en peligro directamente, los participantes deberán avisar inmediatamente a los órganos de intervención y de seguridad y deberán poner a su disposición la información necesaria para su actuación".

Considerando: teniendo en cuenta que, según consta en el boletín de denuncia nº 0038792, de 7 de noviembre de 2007, formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que de conformidad con el artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y artículo 15.1 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, el vehículo matrícula 0792-FFR, circulaba transportando desde el Puerto de Santa Cruz de Tenerife hasta Granadilla de 32 jerricanes con un peso de 1.056 kg de UN 2031 ácido nítrico 8 GE I.I y 8 jerricanes con un peso de 360 kg de UN 1830 ácido sulfúrico 8 G.E. I.I transportando viajeros a bordo del vehículo que transporta estas mercancías peligrosas. 1er pasajero: Pedro Antonio Tejera Méndez, nº pasaporte B0657068. 2º pasajero: Gloria Esperanza Uribe Vargas, nº pasaporte 03684948.

Sin que las argumentaciones o aportaciones documentales de la entidad mercantil recurrente desvirtuaran la presunción de veracidad de los hechos infractores recogidos en la referida denuncia; constituyendo dicha omisión una infracción grave a la normativa de transportes vigente, atendiendo al principio de proporcionalidad, en relación a las circunstancias que rodearon el supuesto infractor; debidamente tipificada en los artículos 141.24.5 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 198.24.5 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, al considerar infracción grave el "Transportar viajeros en unidades que transporten mercancías peligrosas fuera de los supuestos en que las normas reguladoras de esta clase de transportes lo permitan". Dado que, a tenor de lo dispuesto en la Disposición Adicional 2ª de la Ley 13/2007, de 17 de mayo, de Ordenación del Transporte por Carretera de Canarias "El transporte de mercancías peligrosas y perecederas, tanto la actividad de los operadores de transporte como quienes realicen actividades complementarias y auxiliares en relación con ellos, se regirá por la legislación comunitaria europea y estatal que sea de aplicación, incluido el régimen de infracciones y sanciones, sin perjuicio de las competencias de ejecución que corresponden a las Administraciones Públicas canarias".

Considerando: constituyendo el hecho denunciado una infracción grave a la normativa de transportes vigente, debidamente tipificada en los artículos citados, correspondiendo una sanción que asciende a mil un (1.001) euros de conformidad con lo establecido en el artículo 143.1.E) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1.E) del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, habiéndose ponderado, al imponer esa sanción, los distintos bienes jurídicos en conflicto y atendido a los criterios de graduación establecidos en el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de conformidad, también, con la Sentencia del Tribunal Supremo de fecha 29 de diciembre de 1987; al haberse impuesto la cuantía de sanción mínima de las previstas para ese tipo infractor dentro de los límites fijados por el artículo 143.1.E) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; con la infracción se han vulnerado condiciones reglamentarias del transporte de mercancías peligrosas tasadas en el A.D.R., entrañando un riesgo a la salud de las personas, medio ambiente y materiales de diversa consideración.

Teniendo en cuenta que la potestad sancionadora de la Administración es del tipo reglada, de aplicación del tipo legal al hecho infractor, así, en la graduación de la sanción que se impone a cada tipo, el órgano administrativo debe, dentro de los criterios de graduación que concreta el legislador en las normas sancionadoras (artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres) buscar, en atención a las circunstancias que operan en cada caso, de entre las sanciones posibles, la más proporcionada al desvalor antijurídico del comportamiento cometido.

La prohibición de transportar viajeros en estos supuestos está íntimamente ligado a garantizar una correcta conducta en el supuesto de que aconteciera cualquier accidente o incidente grave durante el transporte de las mercancías peligrosas, para evitar daños y, cuando proceda, minimizar sus efectos; por lo que no se aprecia ninguna irregularidad en la tipificación de la conducta ilícita en la tramitación del procedimiento sancionador, tanto en la resolución sancionadora como en la que inicia el expediente. Motivo por el que no puede contemplarse, en el supuesto analizado, la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad por la comisión de la infracción denunciada, que pudieran motivar la atenuación de la gravedad de los hechos constatados y de la cuantía de la sanción impuesta.

Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. José Gregorio Tejera Méndez, confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 16 de junio de 2008, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.

Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."

Santa Cruz de Tenerife, a 29 de junio de 2009.- El Jefe de Servicio, Pedro Luis Campos Albarrán.

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