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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Raúl Martínez Martín de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1456, de fecha 12 de junio de 2009, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Raúl Martínez Martín la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 1456, de fecha 12 de junio de 2009, recaída en el expediente instruido en esta Agencia por infracción a la Ordenación Territorial con referencia I.U. 548/2000 (13/00), que dice textualmente:
Primero.- Incoar expediente sancionador a D. Raúl Martínez Martín, como presunto responsable en calidad de promotor, de infracción consistente en la ejecución de obras consistentes en ampliación de vivienda, con ejecución de cuerpo edificatorio de unos 30 m2, construcción de edificación de unos 200 m2 destinada a varios apartamentos, rehabilitación y ampliación de otra vivienda, patio pavimentado en la fachada trasera de ésta, construcción de estanque, ejecución en precario de una nave industrial de unos 450 m2, adosados a ella, en su fachada sur, edificación con tipología residencial que es usada como oficina, y en su fachada este, edificación de unos 16 m2, ejecución en precario de otra nave industrial de unos 400 m2, y construcción de muros de contención, sin contar con los preceptivos títulos habilitantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y clasificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y sancionada en el artículo 203.1.b) del mismo texto legal, con multa de 6.010,13 a 150.253,03 euros, por lo que se propone imponer una multa de 72.000 euros, correspondientes a su grado medio. Sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del Texto Refundido citado, así como otra circunstancia que pueda concurrir en la tramitación del presente expediente.
Manifestar al interesado lo siguiente:
a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.
b) Al amparo de lo dispuesto en el artº. 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo texto legal, el presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.
d) El expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda planta, Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, puesto que el procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente.
e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTC y ENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.
f) De conformidad con el artículo 8.1 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.
Segundo.- Nombrar Instructora a Dña. Beatriz Pérez González y suplente a Dña. Sonia Gómez Castro, y Secretaria a Dña. Ángela González Jiménez, y suplente a Dña. María Soledad González Castellano, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, dése traslado al Ayuntamiento de Tuineje y notifíquese a los interesados.
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de julio de 2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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