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BOC Nº 114. Martes 16 de Junio de 2009 - 2279

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

2279 - Dirección General de Ordenación y Promoción Turística.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 4 de junio de 2009, sobre notificación de Orden/Resolución de expediente sancionador, a titulares de empresas y actividades turísticas de ignorado domicilio.

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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,

R E S U E L V O:

1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.

2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 4 de junio de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 211/08 instruido a Comercial Osgozon, S.L., titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Kapitel.

Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 18 de noviembre de 2008.

Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.

Teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES

1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 13882, de fecha 26 de abril de 2008, acta nº 13971, de fecha 5 de mayo de 2008, acta nº 13882, de fecha 26 de abril de 2008, acta nº 13971, de fecha 5 de mayo de 2008 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por Cristóbal Reina Sánchez, Juan Carlos Teodosio Fernández y seguido contra la empresa expedientada Comercial Osgozon, S.L. titular del establecimiento Bar Kapitel.

2º) El 18 de noviembre de 2008 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 211/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.

Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 13 de febrero de 2009, formuló Propuesta de Sanción de multa en cuantía dos mil setecientos noventa (2.790,00) euros.

Correspondiendo la cantidad por el hecho primero: cuatrocientos cinco (405,00) euros.

Hecho segundo: doscientos setenta (270,00) euros.

Hecho tercero: cuatrocientos cinco (405,00) euros.

Hecho cuarto: doscientos setenta (270,00) euros.

Hecho quinto: setecientos veinte (720,00) euros.

Hecho sexto: setecientos veinte (720,00) euros.

3º) El expedientado en escrito de 27 de marzo de 2009 recibido en esta Consejería el 13 de abril de 2009 y número de registro 467573, en síntesis, alega lo siguiente a la Propuesta de Resolución:

No son ciertos los hechos imputados, pues a fecha del levantamiento de las Actas por la Inspección de Turismo, de 26 de abril de 2008 y de 5 de mayo de 2008 y que se relacionan en la Propuesta de Resolución contra la que hoy se alega, el Bar Kapitel sí tenía las Hojas de Reclamaciones obligatorias, así como el Libro de Inspección y las Listas oficiales de precios, debidamente selladas y diligenciadas por el organismo correspondiente, tal como se acredita con los documentos que se adjuntan al presente escrito bajo los números 3, 4, 5, 6 y 7, y, por consiguiente, ello desvirtúa los hechos primero a cuarto imputados. En cuanto a los hechos quinto y sexto imputados, no existe ninguna prueba objetiva que avale la imputación de los mismos y, consiguientemente, se ha de deducir que en Derecho no existen, pues no debe olvidarse que en el Derecho Administrativo Sancionador son aplicables los principios del Derecho Penal, tal como recogen numerosísimas Sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional y así lo impone la presunción de inocencia recogida en el artículo 24.2 de la Constitución Española y, por lo tanto, es aplicable en el Derecho Administrativo Sancionador el principio acusatorio, es decir, que quien acusa debe probar la realidad de los hechos imputados, toda vez que el acusado, y en este caso el administrado, está amparado por la presunción de inocencia y el que acusa es el que tiene que demostrar su culpabilidad y en este caso la realidad y veracidad de los hechos imputados, es decir, el administrado no tiene que probar su inocencia y en este caso la falta de la realidad de los imputados, sino que es la Administración la que tiene que demostrar la culpabilidad del administrado y en el presente caso la realidad de los hechos imputados. No encontramos en el expediente sancionador nada que avale la realidad de los hechos quinto y sexto imputados a Comercial Osgozón, S.L, y, por lo tanto, no puede prosperar ninguna sanción en relación con los mismos.

Suplico, admita este escrito, con los documentos acompañados, tenga por hechas las manifestaciones en él vertidas, por realizadas Alegaciones contra la Propuesta de Resolución indicada y, tras los oportunos trámites, se acceda a declarar por sobreseído el presente expediente sancionador, por no haber hechos susceptibles de tipicidad sancionadora alguna, por los motivos expuestos y acreditados en el cuerpo del presente escrito y especialmente por la documental aportada.

HECHOS PROBADOS: se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:

Primero: carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.

Segundo: no anunciar la existencia de Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes.

Tercero: no tener el Libro de Inspección a disposición del Inspector de Turismo.

Cuarto: no tener expuestas las listas oficiales de precios en la forma exigida reglamentariamente.

Quinto: haber tratado descortésmente a sus clientes, al obligarlos a levantarse de sus asientos despojándolos de las sillas y mesas que ocupaban.

Sexto: deficiencias consistentes en la falta de limpieza de los servicios sanitarios de caballeros que presentan charcos de orines y papeleras llenas, también con olores de orines.

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.

Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.

Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.

Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que los hechos alegados la desvirtúen.

En cuanto al primer hecho infractor, referido a carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones, habrá de tenerse en cuenta el artículo 20.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, donde se establece el requisito de la tenencia de las hojas de reclamaciones en los establecimientos turísticos. Además, en el Decreto 168/1996, de 4 de julio, que regula de forma específica las Hojas de Reclamaciones, se hace constar que la persona encargada del establecimiento o quien se halle en cada momento al frente del mismo, estará obligado a entregar las Hojas de Reclamaciones a los clientes cuando éstos las soliciten y a facilitarles las explicaciones y datos necesarios para su adecuada cumplimentación.

En lo que respecta al segundo hecho infractor habrá de tenerse en cuenta el artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, que establece expresamente que en el establecimiento se anunciará de forma bien visible e inequívoca, la existencia de Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes.

El tercer hecho infractor no se refiere a la carencia del libro de inspección, sino al hecho de no tener el mismo a disposición de inspector de turismo en el momento de la inspección, conforme se refleja en el acta de inspección nº 13882, y por lo tanto se incumple con lo establecido en la normativa turística.

El cuarto hecho infractor hace referencia no a la falta de la lista oficial de precios, sino al hecho de no tenerlas expuestas en la forma exigida reglamentariamente.

En consecuencia, hay que señalar que la tenencia de las Hojas de Reclamaciones carece de eficacia si no se les da el uso para el que están destinadas, por eso deben estar en todo momento en el propio establecimiento, y así puedan ser facilitadas al usuario turístico cuando se soliciten. De igual forma el cartel que anuncia la existencia de Hojas de Reclamaciones a disposición de los clientes y las listas oficiales de precios, deben estar expuestas en la forma exigida por la normativa. En todos estos casos, si se considera únicamente el hecho de estar en posesión de los requisitos, como se acredita en las alegaciones realizadas, se desvirtúa la función para la que han sidos concebidos ya que no cumplen con su fin último.

En cuanto a las alegaciones a los hechos tercero y cuarto, hay que señalar que los hechos que se imputan fueron constatados por el inspector actuante y así se reflejaron en el acta de inspección antes indicada, por lo que se pueden dar como existentes al tenerse en consideración el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, que establece que: "Los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados".

Las sanciones no se han aplicado en su cuantía mínima porque a la hora de ponderar las mismas se han tenido en cuenta criterios relativos a las características de la actividad que realizaba como bar nocturno, a la situación geográfica de establecimiento en una zona turística como es la ciudad de La Laguna y los perjuicios causados a los clientes.

Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:

Normas: hecho primero: artículo 8 del Decreto 168/1996, de 4 de julio, por el que se regulan las características de las hojas de reclamaciones y el procedimiento de tramitación de las reclamaciones (B.O.C. nº 88, de 22 de julio).

Hecho segundo: artículo 20.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 41 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).

Hecho cuarto: artículo 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Hecho quinto: artículo 9.c) de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Hecho sexto: artículo 9.e) de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), en aplicación del artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).

Tipificación: hecho primero: artículo 76.6 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho segundo: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho tercero: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.

Hecho cuarto: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho quinto: artículo 77.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

Hecho sexto: artículo 77.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),

R E S U E L V O:

Imponer a Comercial Osgozon, S.L., con C.I.F. B38523155, titular del establecimiento denominado Bar Kapitel sanción de multa por cuantía total de 2.790,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:

Hecho primero: cuatrocientos cinco (405,00) euros.

Hecho segundo: doscientos setenta (270,00) euros.

Hecho tercero: cuatrocientos cinco (405,00) euros.

Hecho cuarto: doscientos setenta (270,00) euros.

Hecho quinto: setecientos veinte (720,00) euros.

HEcho sexto: setecientos veinte (720,00) euros.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en el artº. 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).

Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.

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