No habiéndose podido practicar la notificación a D. Ángel Luis Hernández González de la Resolución nº RP 3-2009 por la que se acuerda la incoación del procedimiento sancionador, de fecha 15 de abril de 2009, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada Resolución, de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Ángel Luis Hernández González la Resolución por la que se acuerda la incoación del procedimiento sancionador nº 956, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 15 de abril de 2009, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad urbanística con referencia nº RP 3-2009 y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"R E S U E L V O:
Primero.- Incoar procedimiento sancionador a D. Ángel Luis Hernández González, en calidad de gestor, como presunto responsable por la comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de grave en el artículo 38.3.a) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.2 del mismo cuerpo legal, con multa de 6.010,13 euros hasta 300.506,05 euros, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de sesenta mil (60.000,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
Segundo.- Incoar procedimiento sancionador a D. Ángel Luis Hernández González, en calidad de productor de residuos, como presunto responsable por la comisión de una infracción administrativa tipificada y calificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y sancionada conforme preceptúa el artículo 42.3 del mismo cuerpo legal, con multa de 300,51 euros hasta 6.010,13 euros, siendo en el presente caso la sanción que corresponde de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros, sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción.
Tercero.- Requerir a D. Ángel Luis Hernández González para que, en el plazo de un mes, proceda a corregir la situación ilegal creada como consecuencia de la presunta comisión de la infracción, en cuanto a la actividad de gestión mediante la restitución de la zona afectada por la misma a su estado anterior, debiendo para ello presentar como primer trámite proyecto de restauración visado por el correspondiente colegio profesional y en cuanto a su condición de productor de residuos tóxicos y peligrosos, en la obtención de la preceptiva autorización para su inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Tóxicos y Peligrosos, adoptando las demás medidas correctoras que sean precisas para su desarrollo de conformidad con la legalidad vigente en la materia (correcto almacenamiento de los residuos peligrosos generados en el desarrollo de la actividad, etiquetados y acreditando su entrega a gestor autorizado mediante la aportación de los correspondientes justificantes) o, en su caso, en el cese de la actividad de taller, advirtiéndole de que de no cumplimentar el antedicho requerimiento no podrá ser tenida en cuenta como circunstancia atenuante de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley de Residuos de Canarias.
Cuarto.- Nombrar Instructora a Dña. María Ojeda González y suplente a Dña. Sonia Gómez Castro y Secretaria a Dña. María Reyes García y suplente a Dña. Ángeles Bouza Cruz, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Quinto.- Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.
a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto Legal, el presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse como Propuesta de Resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
b) De conformidad con el artículo 8.1 del Real Decreto 1.398/1993, por el que se aprueba el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.
c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos e informaciones que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.
d) El presente procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente. Por tanto, el expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sitas en la Rambla de Santa Cruz, 149, Edificio Mónaco, Santa Cruz de Tenerife, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes.
e) Según preceptúa el artículo 20.6 del Reglamento del Procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.
Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, así como al denunciado, demás interesados y al Ayuntamiento.
Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos."
Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de mayo de 2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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