No habiéndose podido practicar la notificación a D. Goedicke Thorsten de la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 832, de fecha 31 de marzo de 2009, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a D. Goedicke Thorsten la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural nº 832, de fecha 31 de marzo de 2009, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la ordenación territorial, con referencia I.U. 705/00, que dice textualmente:
R E S U E L V O:
Primero.- Proceder a la ejecución material de la Resolución nº 1677, de fecha 18 de septiembre de 2002, que ordena la demolición de las obras de construcción de cerramiento de parcela, dos cabañas de madera, cobertizo de madera y piscina, confirmada en el orden jurisdiccional por la Sentencia de 24 de febrero de 2006, y a tal efecto, como primer trámite, requerir al interesado para que en el plazo de un mes presente ante la Agencia el correspondiente proyecto de demolición como primer trámite de la ejecución voluntaria de lo ordenado.
Segundo.- Advertir de manera expresa que de no cumplimentar el mencionado requerimiento, se procederá a la ejecución forzosa de la demolición siendo a costa del obligado el importe de todos los gastos que se ocasionan por dicha ejecución, conforme al artº. 98 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y el artículo 183 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, siendo que conforme a reiterada Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, al haberse fiscalizado el acto administrativo por la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, no se precisará ulterior autorización judicial para la entrada en propiedad privada al ser sentencia título hábil para proceder a la ejecución del acto.
Tercero.- Notificar la presente Resolución al interesado, y al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana.
Contra el presente acto administrativo no cabe recurso alguno por tratarse de un acto material en ejecución de sentencia firme.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de mayo de 2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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