Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/ Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga.
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 141/08 instruido a María Mercedes Dorta Espiñeira, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Hotel Tropical.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 10 de octubre de 2008.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: Acta nº 12881 de fecha 30 de julio de 2007, Acta nº 22076 de fecha 9 de agosto de 2007, Acta nº 13369 de fecha 16 de octubre de 2007 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por: Marta Ortiz Ostalé, Yurena González Sánchez , José Alfonso Plaza Pascual y seguido contra la empresa expedientada María Mercedes Dorta Espiñeira titular del establecimiento Tropical.
2º) El 10 de octubre de 2008 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 141/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Se considera la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que los hechos alegados la desvirtúen, salvo lo que hace referencia al segundo hecho infractor.
En cuanto a lo alegado por la parte expedientada en el sentido de que las actas no gozan de presunción de veracidad y que los inspectores de turismo carecen de la condición de autoridad, recordar a estos efectos, la jurisprudencia del Tribunal Supremo que atribuye a los informes de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos, un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los mismos, todo ello, salvo prueba en contrario. En tal sentido la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 4 de marzo de 1998, afirma que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. La carga de la prueba la tiene el actor, quien debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Acta de Inspección es "iuris tantum", y por lo tanto admite prueba en contrario.
La presunción de veracidad de las actas encuentra justificación, para una reiterada jurisprudencia SSTS de 17 de mayo 1996, 29 de noviembre de 1996, 17 de febrero de 1997, 8 de mayo de 2000, en la "imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante" y para una importante corriente doctrinal en el principio de eficacia que por propio imperativo constitucional rige el funcionamiento de las Administraciones Públicas.
En cuanto a la prescripción de las infracciones recordar que las mismas comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido y se interrumpirán con la iniciación con el conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, como se desprende del artículo 132.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, teniendo en cuenta que las infracciones leves prescribirán al año, en virtud del artº. 74.1.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y que la fecha de la infracción del segundo hecho infractor data de 16 de octubre de 2007 y que el inicio del expediente sancionador se notificó el 18 de octubre de 2008, se constata la prescripción del segundo hecho infractor y por lo tanto se propone el archivo del mismo, no así en lo que hace referencia al primer y tercer hecho infractor, ya que los mismos son calificados como muy graves y graves respectivamente, y por lo tanto prescriben, a los 3 y 2 años respectivamente desde que se cometió el hecho infractor, por lo que se entiende que no han prescrito, todo ello teniendo en cuenta que el primer hecho tiene fecha de 16 de octubre de 2007 y el tercer hecho tiene fecha de 30 de julio de 2007.
En cuanto al tercer hecho infractor recordar que versa sobre Àno prestar el servicio de recepción en el establecimiento de referencia?, servicio que debe ser atendido por personal suficiente como dispone el artº. 32.6 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimiento Hoteleros, por lo tanto en el hecho comentado lo relevante no es la existencia de la recepción, sino la necesidad de que la misma sea permanentemente atendida por personal suficiente.
No obstante teniendo en cuenta la carencia de antecedentes por el primer y tercer hecho infractor, se propone una cuantía de sanción por el primer hecho infractor de 25.000 euros y por el segundo hecho infractor en la cuantía de 3.700 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 13 de enero de 2009, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía veintiocho mil setecientos (28.700,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: veinticinco mil (25.000,00) euros
Hecho segundo: tres mil setecientos (3.700,00) euros.
4º) El expedientado en escrito de 9 de febrero de 2009 recibido en esta Consejería el 13 de febrero de 2009 y número de registro 186749, en síntesis alega lo siguiente a la Propuesta de Resolución:
Primera.- Se reitera nuevamente la negación de los hechos relatados en la Propuesta de Resolución, no reconociendo en modo alguno que los mismos sean ciertos y se hayan producido en momento alguno. Es de destacar que las actas de inspección no gozan de presunción de veracidad, y los hechos manifestados por los inspectores no tienen valor probatorio de por sí al no tener estos el carácter de autoridad, así como, el hecho de que siempre debe ser tenida en cuenta la subjetividad con la que son redactadas.
Recordemos que la propia inspectora manifiesta la existencia de una recepción a la entrada del edificio, que obviamente no existiría en caso de que realmente no hubiera servicio de recepción en el establecimiento, e incluso indica la inspectora en el acta que lo que no ve es personal que la atienda, por tanto, los hechos que se pretenden imputar, lo máximo que podrían conllevar serían la apertura de un expediente disciplinario al trabajador que no se encontraba en su puesto de trabajador, pero en modo alguno concluir que no existe recepción en el establecimiento.
De hecho, la inspectora actuante finalmente sí localizó personal que la atendiera y le hiciera entrega de las llaves de la habitación que revisó, toda vez que en los apartamentos contiguo, aún cuando haya conexión interna, no pueden tener acceso a las habitaciones del hotel.
Por lo que respecta a las supuestas cocinas, lo que el inspector denomina "nevera", se corresponde con los "minibares" que tienen todos los establecimientos hoteleros; lo que denomina enseres de cocina, se corresponde con los medios para que los clientes puedan preparar una taza de café o hervir agua para una infusión, servicios estos que no están limitados para los establecimientos hoteleros, pero que si los complementan mejorándolos, algo que es muy agradecido por los clientes de los establecimientos que se lo facilitan. Por tanto, en modo alguno se puede considerar que exista una "cocina" equipada, y que, por tanto, se estén prestando servicios de Hotel-Apartamento como se indica en la Propuesta de Resolución y por lo que se pretende imponer una sanción, sino que más bien, se debería premiar y aconsejar que dicho servicio sea prestado, dado que ello mejora la calidad con la que los clientes valoran su estancia, y para el caso de que se considerase que el modo en que se presta no es el más adecuado o puede ser prestado en mejores condiciones, lo que se debería hacer es aconsejar la fórmula para ello, pero no impedir su prestación además de imponer una sanción desorbitada y completamente injustificada.
Segunda.- Subsidiariamente, y en caso de mantenerse el expediente sancionador, los hechos deberían ser calificados como infracción leve según lo establecido en el artículo 77.4 de la Ley 7/1995, o incluso en última instancia según el apartado 7 del mismo precepto legal.
Así mismo, de forma subsidiaria, de no ser improcedente o subsidiariamente calificada como leve y, por tanto, objeto de sanción de amonestación, la cuantía de la sanción propuesta sería excesiva, toda vez que no concurren en este caso las circunstancias recogidas por el artículo 79.2 de la Ley 7/1995.
Por tanto, a este respecto se ha de solicitar que se tenga en cuenta, para la graduación de las sanciones, lo establecido en el citado artículo, que si bien ya ha sido alegado para reducir las sanciones inicialmente indicadas en la notificación de inicio del procedimiento sancionador, lo cierto es que la cuantía de las mismas continúan sin estar justificada, ya que no sólo no se da ninguna circunstancia desfavorable en el sentido establecido en la norma referida, como incluso ya se ha reconocido en la Propuesta de Resolución, sino que además las cuantías propuestas entendemos que implican una lesión tan grave a esta pequeña empresa familiar, que sería de difícil superación, sobre todo dada la actual y delicada situación económica general en la que nos encontramos, y máxime cuando las expectativas de superación de tales circunstancias se centran en el sector turístico en nuestra autonomía, y en concreto en el Puerto de la Cruz.
Por todo ello es por lo que solicita que se tengan por hechas las anteriores alegaciones y se proceda a sobreseer y archivar definitivamente el expediente, o en caso contrario, a calificar las presuntas infracciones como de carácter leve, y, en todo caso, imponiendo en su grado mínimo la sanción que pudiera corresponder.
HECHOS PROBADOS
Se consideran probados, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero: estar funcionando como Hotel-Apartamento, al disponer las habitaciones de cocina equipada, sin tener la preceptiva autorización en dicha modalidad alojativa.Todo ello se desprende del acta de inspección nº 13369.
Segundo: no prestar el servicio de recepción en el establecimiento de referencia. Todo ello se desprende del acta de inspección nº 12881.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada, sin que los hechos alegados la desvirtúen.
Se dan por reproducidos los fundamentos recogidos por el instructor actuante en la propuesta de sanción. No obstante sin perjuicio de lo recogido en el párrafo anterior, destacar con respecto al primer hecho infractor, que el artº. 3 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de establecimientos hoteleros, define el Hotel Apartamento: "El establecimiento comercial en el que además de concurrir las condiciones indicadas para los Hoteles, se caracteriza por que cada unidad alojativa de que dispone está dotada del equipamiento e instalaciones necesarias para la conservación, preparación y consumo de alimentos, fríos y calientes"; así pues estás son las funciones que realizan una cocina equipada con 2 fuegos, fregadero, nevera y elementos auxiliares (cucharas, sartenes, cubiertos, etc.), cocinas que el inspector comprueba que están en todas las unidades alojativas del establecimiento de referencia según se recoge en el acta de inspección nº 13369.
A la hora de la imposición de la sanción por el primer hecho infractor se ha de tener en cuenta, el criterio de las repercusiones para el resto del sector, al beneficiarse el establecimiento de referencia de las instalaciones propias de un Hotel-Apartamento, sin tener la preceptiva autorización.
En cuanto al segundo hecho infractor se ha de tener en cuenta, el criterio de las molestias causadas a los usuarios turísticos, al no tener una recepción permanentemente atendida, así como las repercusiones que tiene para la imagen turística este hecho.
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Sexta: los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 11 de la Orden de 19 de julio de 1968, en relación con el artículo 6º del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros. Hecho segundo: artículo 32.6 del Decreto 149/1986, de 9 de octubre, de Ordenación de Establecimientos Hoteleros (B.O.C. nº 129, de 27 de octubre, y nº 138, de 17 de noviembre).
Tipificación: hecho primero: artículo 75.2, en relación con el artº. 76.19 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril). Hecho segundo: artículo 76.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artº. 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09),
R E S U E L V O:
Imponer a María Mercedes Dorta Espiñeira, con N.I.F. 43375457X, titular del establecimiento denominado Hotel Tropical sanción de multa por cuantía total de 28.700,00 euros, correspondiendo la cantidad por el hecho primero: veinticinco mil (25.000,00) euros, hecho segundo: tres mil setecientos (3.700,00) euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Excma. Sra. Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Una vez firme la presente Resolución se procederá, en su caso, a dar cumplimiento a lo dispuesto en el artº. 17.7 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, en relación con el artº. 81.4 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, referente a la publicación de la sanción y anotación en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 23 de marzo de 2009.- La Viceconsejera de Turismo, María del Carmen Hernández Bento.
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