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Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Propuesta de Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Propuesta de Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Se les concede un plazo de 15 días, contados a partir de esta notificación, para que aporten cuantas alegaciones estimen convenientes o, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenden valerse.
3.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de publicación de propuesta de expediente sancionador y cargo que se cita.
Con fecha 9 de diciembre de 2008 se dictó Resolución de Iniciación del procedimiento sancionador nº 232/08, notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias, nº 30 de fecha 13 de febrero de 2009 seguido contra el titular del establecimiento cuyos datos se refieren a:
TITULAR: Doralcan, S.L.
ESTABLECIMIENTO: Apartamento Caserío Azul.
DIRECCIÓN: Avenida de Italia, 5, Playa del Inglés, 35100-San Bartolomé de Tirajana.
Nº EXPEDIENTE: 232/08.
C.I.F.: B35831346.
Iniciado como consecuencia de las reclamaciones/denuncias formuladas por Daniel Cotano Bassi, Rubén Provencio Garrido y de las siguientes actuaciones de la Inspección de Turismo: 22454, 23073 de fecha 17 de diciembre de 2007, 6 de agosto de 2008.
Formulándose los siguientes:
HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas al proyecto aprobado.
Segundo: los servicios de custodia de dinero, alhajas u objetos de valor mediante una caja fuerte general con los que cuenta el establecimiento no son gratuitos.
Tercero: no exhibir, en el exterior del mencionado establecimiento la placa-distintivo, en la que figure la categoría otorgada por la administración turística competente.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 17 de diciembre de 2007.
Hecho segundo: 17 de diciembre de 2007.
Hecho tercero: 6 de agosto de 2008.
ALEGACIONES: examinado el expediente de referencia, no consta al formular la presente Propuesta de Resolución, que el/la titular consignado/a haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe el/los hecho/s imputado/s por Resolución de Iniciación notificada mediante publicación en el Boletín Oficial de Canarias, nº 30, de fecha 13 de febrero de 2009.
ACTUACIONES DEL INSTRUCTOR: solicitud de Informe al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria con fecha 16 de marzo de 2009 sobre la situación del establecimiento a denominar Caserío Azul en relación con las medidas de seguridad y protección contra incendios, emitiéndose el Informe del citado Organismo el 17 de marzo de 2009.
FUNDAMENTACIÓN: examinadas las razones esgrimidas por el/la expedientado/a y los documentos aportados se expone lo siguiente:
No queda desvirtuado el primer hecho imputado, toda vez que, en el momento de realización del mismo el establecimiento no cumplía con las Medidas de Seguridad y Protección contra Incendios, conllevando dicho hecho un peligro para terceras personas, y puesto que el cumplimiento de la normativa sobre incendios comprende, de conformidad con la Disposición Transitoria Primera del Decreto 305/1996, de 23 de diciembre, no sólo la presentación ante el Cabildo Insular competente del proyecto correspondiente, ajustado a lo dispuesto en el artículo 5 del referido Decreto y la obtención del informe de adecuación del proyecto a la normativa de aplicación en materia de seguridad y protección contra incendios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del reiterado Decreto 305/1996, sino también la ejecución de las obras necesarias y la obtención del dictamen técnico de conformidad, recogido en su artículo 7.
Añadir que la calificación jurídica de la infracción en sí misma viene regulada en el artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de Ordenación del Turismo de Canarias como muy grave, y le correspondería, por tanto, una sanción cuya cuantía oscila entre 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según se establece en el artículo 79.c) de la Ley, pero atendiendo al artículo 76.19 se impuso sanción calificada como grave, imponiendo multa en cuantía de 10.517 euros al tener en cuenta la modalidad del establecimiento, su capacidad, categoría, así como en atención al carácter turístico de la zona en que se realiza la actividad.
De acuerdo con las actas de inspección nº 22454/2007 de 17 de diciembre de 2007 y 23073/08 de 6 de agosto de 2008 se ha comprobado por los inspectores actuantes que el establecimiento no cumple en materia de Seguridad y Protección contra incendios, careciendo del preceptivo Dictamen Técnico de Conformidad exigido de acuerdo con el Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección contra incendios.
Como actuación de instrucción, se solicita de oficio por esta instructora el 16 de marzo de 2009 Informe al Patronato de Turismo del Cabildo de Gran Canaria sobre la situación del establecimiento en materia de Seguridad y Protección contra incendios, emitiéndose el Informe con fecha 17 de marzo de 2009 el cual dispone literalmente lo siguiente:
En relación con su escrito recibido vía fax, por el que solicita información referente a la situación actual del establecimiento extrahotelero denominado Caserío azul (E-35/1/0375), sito en la Avenida de Italia, 5, de Playa del Inglés, término municipal de San Bartolomé de Tirajana, en materia de Seguridad y Protección contra incendios, le participamos que, examinado el expediente del citado establecimiento, se ha podido constatar que el ICASEL informó con pronunciamiento favorable con fecha 28 de diciembre de 2001, el proyecto de medidas contra incendios, lo cual se puso en conocimiento del titular del establecimiento en nuestro escrito de fecha 21 de enero de 2002 y reiterado con fecha 22 de febrero de 2005, en los que también se le requería a fin de que una vez finalizadas las obras, de acuerdo con el proyecto aprobado, presentara lo exigido en el modelo de instancia recogido en el anexo IV del Decreto 305/1996, a fin de emitir el Dictamen Técnico de Conformidad, sin que hasta el día de la fecha se haya presentado dicha documentación. Al propio tiempo le comunicamos que no se han acogido a lo establecido en el Decreto 20/2003, de 10 de febrero.
El segundo hecho infractor consiste en que los servicios de custodia de dinero, alhajas u objetos de valor que ofrece el establecimiento mediante una caja fuerte general no son gratuitos, al constatarse por el inspector en el momento de la visita del 17 de diciembre de 2007. Así, en el acta de inspección nº 22454/2007 se indica textualmente:
Se comprueba que el establecimiento dispone de caja fuerte en la recepción, percibiendo por su alquiler semanal 15 euros, sin que se acredite haber notificado dicho precio a la Administración Turística competente. También el acta de inspección nº 23073/2008 hace referencia al alquiler de la caja fuerte semanal por 15 euros, más un depósito de 10 euros.
El cobro por el establecimiento de la cantidad de 15 euros por el uso de la caja fuerte vulnera el artº. 37.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos que dispone que los servicios de custodia de dinero, alhajas y objetos de valor mediante una caja fuerte general son gratuitos.
El tercer hecho infractor consiste en no exhibir en el exterior del establecimiento la placa-distintivo en la que figure la categoría otorgada por la Administración turística competente, como así fue comprobado por el inspector el 6 de agosto de 2008, y dicha constatación tiene valor probatorio, significándose que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector sino una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de turismo, de conformidad con lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
No obstante, a la hora de ponderar las sanciones, toda vez que se ha acreditado que el citado establecimiento dispone de Informe Favorable al Proyecto, y en aplicación al principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, las circunstancias que concurren, esto es, la ausencia de antecedentes, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, los criterios del artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, concretamente, la inexistencia de repercusión social de los hechos, la posición del infractor en el mercado y la ausencia de reincidencia , así como la no concreción del peligro en un resultado, es decir, la ausencia de daños a terceros, se propone atenuar las sanciones iniciales.
El/los hecho/s imputado/s infringe/n lo preceptuado en las siguientes normas, viene/n tipificado/s como se indica y está/n calificado/s como se recoge seguidamente:
HECHOS: primero: no estar en posesión del Informe Técnico de Conformidad, sobre la adecuación de las obras realizadas al proyecto aprobado.
Segundo: los servicios de custodia de dinero, alhajas u objetos de valor mediante una caja fuerte general con los que cuenta el establecimiento no son gratuitos.
Tercero: no exhibir, en el exterior del mencionado establecimiento la placa-distintivo, en la que figure la categoría otorgada por la administración turística competente.
FECHA DE INFRACCIÓN: hecho primero: 17 de diciembre de 2007.
Hecho segundo: 17 de diciembre de 2007.
Hecho tercero: 6 de agosto de 2008.
NORMAS SUSTANTIVAS INFRINGIDAS:hecho primero: artículo 7 del Decreto 305/1996, modificado por el Decreto 39/1997, de 20 de marzo (B.O.C. nº 44, de 7 de abril) y Decreto 20/2003, de 10 de febrero, sobre medidas de Seguridad y Protección contra Incendios en establecimientos alojativos (B.O.C. nº 39, de 26 de febrero).
Hecho segundo: artículo 37.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre ordenación de apartamentos turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
Hecho tercero: artículo 19.1 del Decreto 23/1989, de 15 de febrero, sobre Ordenación de Apartamentos Turísticos (B.O.C. números 46 y 60, de 3 y 28 de abril, respectivamente).
TIPIFICACIÓN DE LA INFRACCIÓN: hecho primero: artículo 75.8 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en relación con el artículo 76.19 del mismo cuerpo legal, modificada por la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 73, de 15 de abril).
Hecho segundo: artículo 76.17 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.
Hecho tercero: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
CALIFICACIÓN JURÍDICA DE LAS INFRACCIONES: hecho primero: grave.
Hecho segundo: leve.
Hecho tercero: leve.
Para las infracciones calificadas como graves es competente para la Resolución la Ilma. Viceconsejera de Turismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 4.2.o) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).
Para las infracciones calificadas como leves es competente para su Resolución la Ilma. Sra. Directora General de Ordenación y Promoción Turística, de acuerdo con el artículo 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril) y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 240/2008, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 3, de 7.1.09).
Como consecuencia de todo lo anterior se formula la siguiente
PROPUESTA DE RESOLUCIÓN
Imponer a Doralcan, S.L., con C.I.F. B35831346 titular del establecimiento denominado Apartamento Caserío Azul, la sanción de dos mil cuatrocientos noventa y cuatro (2.494,00) euros. Correspondiendo la cantidad por el hecho primero: mil quinientos tres (1.503,00) euros. Hecho segundo: novecientos un (901,00) euros. Hecho tercero: noventa (90,00) euros.
Se le indica la puesta de manifiesto del expediente, así como se le ofrece un plazo de 15 días, contados a partir del día siguiente a la recepción de la presente Propuesta, como Trámite de Audiencia según se establece en los artículos 14.3 y 15 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).
En el caso de que Vd. sea representante, deberá acreditar esta representación, aportando Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Podrá hacer efectiva la cuantía de la sanción en la Intervención Insular de la Consejería de Economía y Hacienda, con la presentación de esta Propuesta de Resolución, debiendo remitir a esta Dirección General, copia del Mandamiento de Ingreso, para acordar la finalización del procedimiento, sin perjuicio del derecho a interponer los recursos procedentes, todo ello, según se prevé en los artículos 7 y 9.2.e), del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, Regulador del Procedimiento para el ejercicio de la Potestad Sancionadora en Materia Turística y de la Inspección de Turismo (B.O.C. nº 103, de 21.8.96).- Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de marzo de 2009.- La Instructora María Izquierdo Bello.
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