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BOC Nº 053. Miércoles 18 de Marzo de 2009 - 918

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial

918 - Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 5 de marzo de 2009, del Director Ejecutivo, sobre notificación a D. Francisco Padrón Quintero, de la Resolución de incoación recaída en el expediente nº 784/05-M (RP-3/05).

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No habiéndose podido practicar la notificación a D. Francisco Padrón Quintero de la Resolución de incoación nº 316, de fecha 6 de febrero de 2009, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; a continuación se transcribe y para que sirva de notificación, extracto de la citada resolución, de conformidad con el apartado quinto del citado artículo,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Francisco Padrón Quintero, la Resolución de incoación nº 316, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 6 de febrero de 2009, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad medioambiental con referencia 784/05-M (RP-3/05) y cuya parte dispositiva dice textualmente:

R E S U E L V O:

"Primero.- Incoar procedimiento administrativo sancionador contra D. Francisco Padrón Quintero, como presunto responsable de la comisión de las infracciones cometidas en el lugar conocido como Hoya del Juez, encima de la Bloquera, del término municipal de Valverde, consistentes en:

A) Infracción tipificada y calificada de leve en el artículo 38.4.a) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, consistente en el ejercicio de una actividad productora de residuos peligrosos (aceites, baterías), sin que se haya inscrito en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, siendo la sanción propuesta de tres mil ciento cincuenta y cinco (3.155,00) euros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía de la sanción a que se refiere el artículo 43 de la citada Ley 1/1999, de Residuos de Canarias.

B) Infracción tipificada y calificada como grave en el artículo 38.3.j) de la Ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, en relación con el artículo 38.2.c) consistentes en el abandono, vertido o eliminación incontrolados de residuos tóxicos y peligrosos cuando por su escasa cuantía o entidad no merezcan la calificación de muy graves, siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía a la que se refiere el artículo 43 de la citada Ley de Residuos de Canarias.

C) Infracción tipificada y calificada como grave en el artículo 38.3.d) en relación con el artículo 19 de la ley 1/1999, de 29 de enero, de Residuos de Canarias, y los artículos 13, 14 y 15 del Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos, modificado por el Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, consistente en el incumplimiento de las determinaciones legales en la gestión y manejo de los residuos peligrosos, en lo relativo al almacenamiento inadecuado de los residuos peligrosos, siendo en el presente caso la sanción propuesta de treinta mil (30.000,00) euros, sin perjuicio de la modificación de la cuantía a la que se refiere el artículo 43 de la citada Ley.

Segundo.- Requerir al expedientado para que proceda a la reposición de las cosas al estado anterior a la comisión de las infracciones mediante la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, el correcto almacenamiento de los residuos peligrosos generados en el desarrollo de la actividad (etiquetados, sobre suelo impermeable y techado) y a la entrega de los mismos a gestor autorizado, de conformidad con el artículo 43.3 de la Ley 1/1999 (debiendo acreditar tal circunstancia ante esta Agencia con los justificantes de entrega correspondientes), en un plazo no superior a un mes, a contar a partir de la notificación de la presente Resolución de iniciación, todo ello sin perjuicio del cumplimiento de las obligaciones impuestas en la legislación en materia de residuos.

Tercero.- Nombrar como Instructora y Secretaria de este expediente sancionador a las funcionarias afectas a esta Agencia, a Dña. Carmen Pradas Montilla y a Dña. María Reyes García, respectivamente y como suplentes de las mismas, como Instructora y Secretaria a Dña. Sonia Gómez Castro, y a Dña. Ángeles Bouza Cruz. Las nombradas Instructora y Secretaria deberán abstenerse de intervenir en el procedimiento y comunicarlo a su superior inmediato, de concurrir alguno de los motivos de abstención señalados en el artº. 28 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, pudiendo ejercer los interesados el derecho de recusación en cualquier momento del procedimiento por los motivos señalados en el artículo 29 de la citada Ley procedimental.

Lo que comunico para su conocimiento, significándole que a partir del día siguiente a la notificación de la presente resolución, dispone de un plazo de quince (15) días para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime convenientes y, en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse según establecen los artículos 3 y 16 del Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

El expediente administrativo se encuentra a su disposición en las oficinas de esta Agencia (sita en la Rambla General Franco, 149, edificio Mónaco-Semisótano) de 10 a 12 horas, de lunes a viernes, en orden a garantizar el principio de acceso permanente de conformidad con el artº. 3 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

En el supuesto de tratarse de una entidad mercantil habrá de acompañar acreditación suficiente de su representante legal.

El plazo máximo para resolver el presente procedimiento y notificar su resolución es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo y consecuente archivo de las actuaciones, sin perjuicio de una nueva iniciación, de no haber prescrito la infracción.

Si reconoce su responsabilidad o no presenta alegaciones, podrá entenderse concluida la instrucción del expediente, considerándose el presente escrito como Propuesta de Resolución (artículos 8 y 13.2 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora aprobado por el Real Decreto 1.398, de 4 de agosto). El pago voluntario de la multa implicará igualmente la terminación del procedimiento, sin perjuicio de la posibilidad de interponer los recursos procedentes.

Notifíquese la presente Resolución, a las nombradas instructora y secretaria, así como al interesado a quien se le hace constar que el acto dictado tiene la consideración de un mero acto de trámite, y en consecuencia, es irrecurrible."

Segundo.- Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias, para su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, y al correspondiente Ayuntamiento para su inserción en el tablón de edictos.

Santa Cruz de Tenerife, a 5 de marzo de 2009.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.

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