Providencia de 3 de febrero de 2009, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio de recurso de alzada planteado en expediente sancionador de transportes nº TF-42264-O-2006.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 30 de noviembre de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-42264-O-2006.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por la entidad mercantil Peña Ramírez, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Director Insular de Transportes de fecha 19 de abril de 2007 recaída en el expediente de referencia, y
Resultando: que con fecha y hora 18 de octubre de 2006, 9,45, por agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil se formuló denuncia contra el vehículo matrícula GC-5250-AK, del que es titular Peña Ramírez, S.L. por realizar transporte de 7.500 kg aproximadamente de naranjas desde muelle Santa Cruz (procedente de Gran Canaria) hasta Pío Coronado-Dinosol en Santa Cruz, no llevando a bordo documento de control obligatorio para vehículos que realicen transporte público de mercancías.
Resultando: que el día 15 de marzo de 2007 se notificó al interesado la citada denuncia y la incoación del expediente sancionador nº TF-42264-O-2006.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Director Insular de Transportes se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 19 de abril de 2007 que venía a sancionar a Peña Ramírez, S.L. con multa que ascendía a 1.001,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.19 LOTT, Orden FOM 238/03, de 31 de enero (B.O.E. de 13.2) y en base al artículo 143.1.E) Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Notificándose la citada resolución en fecha 30 de abril de 2007.
Resultando: que con fecha 14 de mayo de 2007, la entidad mercantil Peña Ramírez, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses.
Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por la entidad mercantil interesada, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 1 de octubre de 2007 en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos, que no es cierto lo alegado por el recurrente, se detectó la infracción y se denunció en la vía TF-4, km 3, cuando al conductor se le solicitó el documento de control-carta de porte, el mismo alegó que no la llevaba a bordo y tampoco la presentó con posterioridad a la confección del boletín de denuncia; ya que, como se indicó anteriormente, no la llevaba en el vehículo, por lo que fue denunciado. Quiere hacer constar el denunciante que de ser cierto lo alegado por el recurrente, no hubiese tenido ningún inconveniente en anular la denuncia en el mismo momento, como ya ha tenido que hacer en anteriores ocasiones, sin que ello supusiese el más mínimo problema para el denunciante.
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como: capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a notificar a la entidad mercantil interesada el boletín de denuncia que originó el inicio del expediente, así como la resolución de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de: "la carencia de la documentación en que deben materializarse los contratos de transporte de mercancías celebrados con transportistas u operadores", comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse, comunicación recibida por la referida empresa el 15 de marzo de 2007, como consta en acuse de recibo firmado adjunto al expediente de referencia; igualmente queda acreditado documentalmente en este expediente acuse de recibo por la interesada el 30 de abril de 2007, la notificación de la resolución sancionadora dictada por el Director Insular de Transportes en fecha 19 de abril de 2007; en consecuencia, ha sido observado el principio del procedimiento sancionador recogido en el artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según el cual, como presupuesto de una defensa eficaz, el presunto responsable tiene derecho, en un procedimiento sancionador, a ser notificado de los hechos que se le imputen, así como de su calificación jurídica, y la sanción que, en su caso, se podría imponer, así como de la identidad del instructor, de la autoridad competente para imponer la sanción y de la norma que atribuya tal competencia, por tanto resulta inoperante la indefensión alegada, dado que, en tiempo y forma, la entidad mercantil recurrente presentó el correspondiente recurso de alzada. En consecuencia, esta Administración ha impuesto la sanción impugnada, previa instrucción del correspondiente procedimiento, que se ha tramitado con rigor, sin olvidar los trámites esenciales de los mismos y, en todo momento, inspirado por el cumplimiento de los principios constitucionales que informan el iter procedimental y a cuya salvaguarda está dirigida toda la regulación establecida al respecto; principios que no son otros que el de presunción de inocencia y el consecuente derecho de defensa.
Considerando: por otro lado, si bien es cierto que la notificación de la resolución de incoación del expediente sancionador de referencia fue cursada a los trece días de haber sido dictada la referida resolución, incumpliendo lo determinado en el artículo 58.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; no obstante, la falta de medios personales de la mayoría de las Administraciones Públicas provoca que sea materialmente imposible cursar dicha notificación dentro del plazo preceptivo de diez días. No obstante, el incumplimiento de dicho plazo por la Administración no determina la invalidez de la notificación, pues, como ha señalado la jurisprudencia, se trata de una irregularidad no invalidante (sentencia del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1997). Más que cursar la notificación dentro del plazo de diez días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado, lo realmente importante para la Administración es que el interesado la reciba dentro del plazo máximo para resolver el procedimiento, ya que, en caso contrario, se producirían los efectos de la caducidad del mismo. Plazo que ha sido respetado en este procedimiento sancionador, a tenor de lo expuesto en el siguiente fundamento.
Considerando: determinando el artículo 146.2, 3º párrafo, de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, que "El plazo máximo en que deberá notificarse la resolución del procedimiento sancionador será de un año, contado desde la fecha de iniciación del procedimiento", añadiendo el cuarto párrafo del mismo precepto que "el procedimiento para la imposición de sanciones previstas en esta Ley se iniciará de oficio por acuerdo del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia", siendo de aplicación, si se sobrepasase dicho plazo lo previsto en el punto 2 del artículo 44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en cuanto que la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92; figurando técnicamente comprendido dicho espacio temporal entre la fecha de la resolución de iniciación del procedimiento sancionador de transportes y la fecha de notificación de la Resolución sancionadora que lo finaliza. En este mismo sentido, al considerar el inicio del cómputo del plazo de caducidad desde la resolución de iniciación del expediente sancionador adoptada de oficio por el órgano sancionador, ya se han pronunciado las últimas sentencias dictadas por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, tales como las referidas a los procedimientos abreviados números 215/05, 254/05 ó 329/05.
Considerando: que el expediente que analizamos, según constancia documental en el mismo, se inició en fecha 13 de febrero de 2007, siendo notificada la resolución sancionadora dictada por el Director Insular de Transportes en fecha 30 de abril de 2007, habiendo sido tramitado reglamentariamente el expediente sancionador por el Servicio de Transportes de esta Corporación Insular, no ha sido superado, en consecuencia, el plazo citado, a los efectos de entender el procedimiento sancionador caducado.
Considerando: a tenor de la normativa sobre prescripción vigente al tiempo de la comisión de los hechos infractores, artículo 145.1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres "Las infracciones de la legislación reguladora de los transportes terrestres prescribirán de conformidad con las condiciones establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en el plazo de un año". Determinándose en el artículo 132.2 de la mencionada ley procedimental que el plazo de la prescripción de las infracciones comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Interrumpirá la prescripción la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado más de un mes por causa no imputable al presunto responsable; y dado que entre las actuaciones sucesivas practicadas procedimentalmente no ha sido superado el plazo prescriptorio preceptuado, al no constatarse inactividad administrativa ni presunción de abandono por parte de la Administración en este tiempo, exigido por el Tribunal Supremo para configurar la prescripción, es por lo que resulta inoperante en el presente caso, no pudiendo estimarse que la potestad sancionadora se haya extinguido o haya decaído.
Considerando: en ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 16.2 del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. de 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 2 de mayo de 2006 (B.O.P. nº 69, de 8.5.06), y Resolución del Consejero Insular de Carreteras y Transportes de fecha 12 de mayo de 2006 (B.O.P. nº 76, de 22.5.06), el órgano competente para ejercer la potestad sancionadora en el expediente que nos ocupa es el Director Insular de Transportes, que es el órgano que dictó la resolución sancionadora impugnada en el mismo, de fecha 19 de abril de 2007, sin que tal competencia fuera desvirtuada por la comunicación de la citada resolución, firmada por el Jefe de Servicio de Transportes, que es recibida por el sujeto interesado, con fecha 30 de abril de 2007, comunicación que entra dentro de las competencias atribuidas a los Jefes de Servicio en el artículo 18.d) en el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife. En consecuencia, tampoco es cierto que se haya vulnerado el principio acusatorio, al haberse atribuido al mismo órgano las fases de instrucción y de resolución del procedimiento, ya que, como expresa la resolución de incoación del procedimiento de fecha 13 de febrero de 2007, la Instructora del mismo es la funcionaria María Soledad Gómez Fernández y a tenor de lo dispuesto en los citados preceptos, el órgano competente para ejercer la potestad sancionadora en el expediente que nos ocupa es el Director Insular de Transportes, que es el órgano que dictó la resolución sancionadora impugnada en el mismo, de fecha 19 de abril de 2007, sin que tal competencia fuera desvirtuada por las actuaciones practicadas por otros órganos durante el transcurso del procedimiento sancionador.
Considerando: teniendo en cuenta que, análogamente al orden penal, la eficacia de las pruebas está en función de la medida en que el juzgador ha quedado convencido de los hechos y que no ha sido presentada ninguna prueba indubitada por la entidad mercantil interesada que desacredite los hechos infractores, no hay, pues, en el procedimiento que nos ocupa ninguna circunstancia que ponga de manifiesto cualquier irregularidad, aunque se disienta de la resolución dictada, y en el bien entendido de que caso de existir esa irregularidad, sólo sería relevante en cuanto ocasionaría indefensión al recurrente, lo que no ocurre en este caso, por cuanto el actor ha estado siempre presente en el expediente administrativo, recibiendo notificaciones de las resoluciones de iniciación y sancionadora e interponiendo el correspondiente recurso de alzada.
Considerando: resultando igualmente improcedente la indefensión argumentada por la entidad recurrente, en base a la insuficiencia probatoria en el expediente sancionador, habida cuenta que los hechos constatados en la denuncia por el agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil actuante, que a tenor del artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, presta colaboración en el ejercicio de las funciones inspectoras de transportes, ostentan en sí mismos una prueba iuris tantum, totalmente válida y operativa en derecho, a tenor de lo reconocido en amplia jurisprudencia y en los artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, al no apreciarse ninguna irregularidad en los hechos consignados en la denuncia, no dando lugar su redacción a ningún tipo de dudas, resultan irrelevantes para la resolución del recurso de alzada interpuesto los medios de pruebas propuestos por la entidad mercantil interesada; por los motivos expuestos en el anterior fundamento y porque ya consta en el expediente sancionador de transportes requerimiento e informe emitido por agente denunciante actuante el día 1 de octubre de 2007; en consecuencia, la práctica de las pruebas propuestas, aparte de una redundancia, dado que las prueba aludidas ya constan practicadas en el procedimiento sancionador de referencia, sería contraria del principio administrativo de la celeridad en la tramitación de los actos administrativos, recogido en el artículo 74 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habilitando el artículo 80.3 de la misma Ley al instructor del procedimiento la denegación de pruebas propuestas por los interesados cuando sean manifiestamente improcedentes o innecesarias, mediante resolución motivada.
En consecuencia, dado lo antes expuesto, resulta de improcedente admisión la indefensión alegada por el recurrente, al no practicar la Administración las pruebas propuestas por el mismo, dado que, para que la denegación de pruebas sea incorrecta, no sólo debe afectar a pruebas que tengan el carácter de pertinentes, sino que ha tenido que producirse un menoscabo real y efectivo de los derechos de defensa, por lo que es correcta la denegación de pruebas inútiles o superfluas, sin que tal denegación pueda acarrear indefensión, pues el derecho a servirse de medios de prueba no tiene carácter ilimitado.
Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que el vehículo GC-5250-AK realizaba en el momento de ser denunciado un servicio de transporte público de mercancías, sin llevar a bordo del vehículo la carta de porte, albarán u otro que acompañara a las mercancías durante su desplazamiento, donde se documentara cada uno de los envíos en que se materialicen los contratos de transporte de mercancías por carreteras que celebren; incumpliendo la obligación determinada en el artículo 147.1 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y en la Orden FOM 238/2003, de 31 de enero, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera; constituyendo su incumplimiento una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en el artículo 141.19 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Habiendo incurrido la entidad mercantil expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.c) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en relación con el artículo único de la Orden FOM/238/2003, de 31 de octubre, por la que se establecen normas de control en relación con los transportes públicos de mercancías por carretera, en responsabilidad administrativa; sin que lo alegado o aportado por la entidad mercantil recurrente constituyera causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción, recogidas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, ni hubiera desacreditado la presunción de veracidad "iuris tantum" de los hechos infractores consignados en el boletín de denuncia (artículos 137.3 y 46.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común), formulado por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, que, de conformidad con lo establecido en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, prestan la cooperación necesaria a los miembros de la inspección de transporte terrestre para un eficaz cumplimiento de sus funciones, habida cuenta que, a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por la entidad mercantil interesada, fue requerido informe complementario al agente denunciante, aportando escrito de fecha 1 de octubre de 2007 en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos, que no es cierto lo alegado por el recurrente, se detectó la infracción y se denunció en la vía TF-4, km 3, cuando al conductor se le solicitó el documento de control-carta de porte, el mismo alegó que no la llevaba a bordo y tampoco la presentó con posterioridad a la confección del boletín de denuncia; ya que, como se indicó anteriormente, no la llevaba en el vehículo, por lo que fue denunciado. Quiere hacer constar el denunciante que de ser cierto lo alegado por el recurrente, no hubiese tenido ningún inconveniente en anular la denuncia en el mismo momento, como ya ha tenido que hacer en anteriores ocasiones, sin que ello supusiese el más mínimo problema para el denunciante.
Igualmente, fue intentada la notificación del referido informe a la sede social de la entidad mercantil interesada, a los efectos de otorgarle plazo de alegaciones, dirigiendo la comunicación a la misma dirección social que consta materialmente en el expediente sancionador de referencia, siendo devueltas las cartas por el Servicio de Correos con las leyendas de "dirección incorrecta 7 de noviembre de 2007" y "desconocido 20 de noviembre de 2007".
Considerando: erróneamente, la entidad mercantil recurrente argumenta que el control de transporte en carretera que dio origen a la denuncia del actual expediente, se produjo dentro del recinto portuario de Santa Cruz de Tenerife (Los Llanos, salida sur), y que al ser una vía urbana, los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil carecen de competencia en este supuesto. Sin embargo, tal como aparece reflejado literalmente en el citado boletín de denuncia, el control de la infracción se produjo en el kilómetro 3 de la vía TF-4 en dirección a la vía TF-1, Polígono Costa Sur, y, una vez consultados los archivos del Servicio Técnico de Carreteras del Cabildo Insular de Tenerife, se constata que dicho lugar se encuentra cerca del semi-túnel de la vía de salida de Santa Cruz de Tenerife hacia el sur. De todas formas, el agente actuante no sólo era competente para formular la denuncia, en virtud de lo dispuesto en el artículo 32.2 y 3 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (los miembros de la inspección de transporte terrestre, en casos de necesidad para un eficaz cumplimiento de su función, pueden solicitar el apoyo necesario de las unidades y destacamentos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Autónomas o Locales; es más la Guardia Civil puede tener atribuida la vigilancia del transporte en los territorios en que así se establezca, como en Canarias), y en el artículo 12.1.B.d) de la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que incluyen controles que se puedan hacer en la vía de acceso al muelle de Santa Cruz de Tenerife; para evitar congestionamientos de tráfico que se generarían en otros lugares de mayor densidad automovilística. Colaboración en el control de transportes que ha sido requerida a los agentes de la Guardia Civil por la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, mediante escrito de fecha 20 de marzo de 2003.
Entendiendo que el límite de la culpa en la responsabilidad por la comisión de la infracción denunciada, está en el deber de conocimiento de sus obligaciones profesionales por parte del sujeto expedientado y en la diligencia exigible en su actuación.
Considerando: habiéndose ya graduado y atemperado desde un principio la gravedad de la infracción tanto en su consideración de leve como en la reducción ostensible de la cuantía de la sanción impuesta, con pleno acatamiento al principio de proporcionalidad, siguiendo los criterios que el legislador prevé para la graduación de las infracciones (artículo 143 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 201.1 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), al tratarse de una infracción donde se incumplen las exigencias mínimas de transparencia en la prestación del servicio previstas normativamente; para, así, poder evitar, por ejemplo, la inseguridad e indefensión en su relación con los usuarios del servicio y la competencia desleal; entorpeciendo a los órganos administrativos competentes un conocimiento suficiente de las operaciones mercantiles realizadas para alcanzar un eficaz desarrollo de las funciones de control, inspección y saneamiento del mercado.
Señalando, por demás, que la proporcionalidad es principio informador y de aplicación general a la actividad administrativa, como así es reconocido en el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, responsabilidad que se ha hecho efectiva a través de la Resolución sancionadora impugnada, cuya revocación ni modificación procede por haber sido dictada conforme a Derecho.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por: la entidad mercantil Peña Ramírez, S.L. confirmando la Resolución del Director Insular de Transportes, de fecha 19 de abril de 2007, que determinó la imposición de una sanción de mil un (1.001,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 2009.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
© Gobierno de Canarias