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BOC Nº 034. Jueves 19 de Febrero de 2009 - 569

IV. ANUNCIOS - Otras Administraciones - Juzgado Mercantil nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria

569 - EDICTO de 9 de julio de 2008, relativo al fallo de la sentencia recaída en los autos de procedimiento ordinario nº 0000143/2006.

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En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de junio de 2008.

Vistos por Dña. María del Carmen de León Jiménez, Juez stta. del Juzgado de lo Mercantil nº Uno de esta ciudad y su Partido los presentes autos de juicio ordinario nº 143/06, seguidos a instancia de BBVA, representada por el Procurador Francisco Ojeda Rodríguez bajo la dirección letrada de Bartolomé Egea Melián contra Néstor Suárez Blázquez y Francisco Casasola Spínola, en situación procesal de rebeldía.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- Por el Procurador de la parte actora en virtud de la representación conferida se formuló demanda arreglada a las prescripciones legales, en la cual tras la alegación de los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por convenientes terminó suplicando que se dictara sentencia conforme a lo solicitado en el suplico de su demanda.

Segundo.- Siendo competente este juzgado para el conocimiento de la demanda planteada se admitió a trámite la misma disponiéndose el emplazamiento de los demandados, para que comparecieran en legal forma y contestaran a la demanda, lo cual no verificaron, por lo que fueron declarados en rebeldía, convocándose a las partes para la preceptiva audiencia previa.

Tercero.- Llegado el día y hora señalado para la celebración de la audiencia previa, compareció únicamente la parte demandante ratificándose en su escrito de demanda, solicitando se dictara sentencia conforme a lo dispuesto en el apartado 8 del artículo 429 de la LEC al no interesar otra prueba que la documental, quedando los autos conclusos para dictar sentencia.

Cuarto.- Que en la tramitación del presente procedimiento se han observado todas prescripciones legales.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Primero.- La parte actora ejercita acción de reclamación de cantidad contra los demandados derivada de su responsabilidad como administradores únicos de las entidades Decoraciones Lara González, S.L. y Montecristi Gestión, S.L. respectivamente.

En este sentido dada la situación de rebeldía de los demandados, éstos no han tenido ocasión de desvirtuar los argumentos probatorios exhibidos por la parte demandante; sin embargo, esto no exime a la parte demandante de la necesidad de fundar sus pretensiones en aras a lograr la tutela jurídica impetrada.

En efecto, la rebeldía es una situación "provisional" de ausencia jurídica del demandado en el proceso, subsanable mediante su personación en forma, en cualquier momento, cualquiera que sea el estado de dicho proceso, aunque sin retroceder las actuaciones. Consecuentemente:

a) Mientras se permanezca en situación de rebeldía, el proceso se desarrolla sin actos del demandado.

b) Personado, podrá efectuar las actuaciones no precluídas.

Por tanto, supone una pérdida de posibilidades procesales:

1) Si comparece después de contestada la demanda, ya no puede invocar excepciones, ni oponer hechos impeditivos, extintivos u obstructivos a la pretensión del actor (STS 29-3-80, 10-11-90 ...).

2) Si podrá la " inexactitud" de las alegaciones adversas (si el momento procesal lo permite).

Pero ello no implica, en principio, que la situación tenga reflejo en las cargas y posibilidades del actor, quien debería encontrarse en la misma posición procesal que si no existiese rebeldía, porque la rebeldía no significa allanamiento ni admisión de los hechos, ni implica, por regla general, ficta confessio, el actor mantiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, conforme al artº. 217 de la LEC y el juez conserva la posibilidad de apreciarlos; aunque recordemos que el propio TS matiza aquel principio general sobre la carga de la prueba a través de los principios de normalidad, flexibilidad en su interpretación y facilidad probatorio, derivadas de la posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido.

Segundo.- Señala el artº. 104 de la Ley de Responsabilidad limitada como causas de disolución de la sociedad la conclusión de la empresa que constituya su objeto, imposibilidad de conseguir el fin social y la paralización de los órganos sociales, así como la falta de ejercicio de la actividad que constituya su objeto social durante tres años y reducción del patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, mientras que el artículo 105 establece que el incumplimiento de los administradores de convocar la junta general para adoptar el acuerdo de disolución o de solicitar la disolución judicial determinara su responsabilidad solidaria por todas las deudas sociales.

De la prueba documental cabe concluir que efectivamente aparece probado en autos la certeza de la deuda reclamada, la imposibilidad de ejecución frente a las sociedades deudoras, y por ende, la reducción del patrimonio contable a menos de la mitad del capital social, estando de baja en la Seguridad Social, careciendo por tanto de actividad. En este sentido son relevantes el testimonio de las actuaciones judiciales seguidas contra las sociedades deudoras, la nota del Registro en el que consta que los demandados son administradores las sociedades respectivas, que no han presentado las cuentas anuales, lo que ha dado lugar al cierre de la correspondiente hoja registral.

Por todo ello, procede la estimación íntegra de la demanda.

Tercero.- Conforme a lo dispuesto en el artº. 394 de la LEC, procede condena en costas a los demandados.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos.

FALLO

Que estimando la demanda interpuesta por la entidad BBVA, representada por el Procurador Francisco Ojeda Rodríguez contra Francisco Javier Casasola Spínola, condeno a los demandados al pago a la entidad actora de la cantidad de 5.326,55 euros, más los intereses legales desde la presentación de la demanda y costas.

Esta resolución no es firme, contra la misma cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia provincial en el plazo de cinco días desde su notificación.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada ha sido la presente resolución, estando su S.Sª. la Juez que la dictó celebrando audiencia pública.

Y para que sirva su publicación a efectos de notificación, extiendo y firmo la presente en Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.- La Secretaria Judicial.

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