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Providencia de 3 de febrero de 2009, del Jefe de Servicio de Carreteras y Transportes, de la Resolución del Sr. Coordinador del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, por la que se dispone la revocación de oficio de la resolución recaída en el expediente sancionador de transportes nº TF-42065-O-2006.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita la Resolución del Sr. Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 28 de octubre de 2008, revocatoria de la resolución recaída en el expediente sancionador de transportes nº TF-42065-O-2006.
Contra esta Resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada en el plazo de un mes, contado desde el día de la publicación de la presente Resolución, ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación.
"Visto el expediente sancionador de transportes nº TF-42065-O-06, incoado a D. Juan Jesús García Llanos y la resolución dictada en fecha 17 de abril de 2007 por el Sr. Director Insular de Transportes, recaída en el expediente de referencia, y
Resultando: que el boletín de denuncia nº 0032331, formulado el 8 de septiembre de 2006 por agente de la Guardia Civil, Agrupación de Tráfico de Tenerife, consignado en el expediente referido, recogía básicamente el hecho infractor de: circular transportando 4.800 kg de puntales para construcción desde Parque de la Reina hasta El Sobradillo, realizando un transporte de mercancías privado complementario con un exceso de m.m.a. de 1.300 kg, autorizado a 3.500 kg, por reforma de tarjeta de inspección técnica el 3 de julio de 1996, en que baja m.m.a. a 3.500 kg, pesaje efectuado en báscula del Cabildo Insular de Tenerife. Se adjunta ticket de báscula y se proporciona copia al conductor.
Resultando: que la resolución dictada en fecha 17 de abril de 2007 por el Sr. Director Insular de Transportes, recaída en el expediente de referencia, se basa fácticamente en que el vehículo matrícula TF-2304-AG titularidad de D. Juan Jesús García Llanos, realizaba un transporte privado complementario de mercancías en vehículo ligero con un exceso de peso sobre la m.m.a. superior al 37%, considerándolo una infracción muy grave a la normativa de transportes vigente, en virtud de lo dispuesto en el artículo 140.19; de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, dando lugar a la imposición de una sanción que ascendía a 3.383 euros, en base al artículo 143.1.H) de la misma Ley.
Considerando: a la vista de lo actuado a lo largo del expediente sancionador de transportes nº TF-42065-O-06, se constata la existencia de un defecto en la notificación de las resoluciones de incoación y sancionadora del citado expediente; habida cuenta que, siendo conocido por la Administración el domicilio del interesado, a través de la denuncia y del informe sobre antecedentes del vehículo remitido por la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, documentos incorporados materialmente al expediente sancionador de referencia, no obstante, se remitieron sendas notificaciones a un domicilio distinto, mediante cartas domiciliarias que fueron devueltas por el Servicio de Correos, con la leyenda de "ausente reparto" "no retirado en lista", y "dirección incorrecta"; procediendo, en consecuencia, a su publicación en los Boletines Oficiales de Canarias números 57 y 110, de fechas 20 de marzo de 2007 y 4 de junio de 2007 respectivamente, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; teniendo en cuenta que el error sufrido no puede ser considerado error material, de hecho o aritmético, susceptible de rectificación al amparo de lo dispuesto en el artículo 105.2 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación parcial de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, habiendo motivado dicha omisión la ausencia de notificación efectiva de las resoluciones de incoación y sancionadora del expediente sancionador de referencia; transgrediendo, así, los principios del Derecho Administrativo sancionador (artículo 135 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común); en consecuencia, en aras a subsanar la indefensión causada, y en evitación de toda posible inseguridad jurídica, resulta procedente revocar la resolución recaída, previa estimación de las argumentaciones esgrimidas por el recurrente. Habida cuenta que, dado el tiempo transcurrido desde la comisión de los hechos infractores, la retroacción del expediente sancionador al inicio, a los efectos de subsanar el error aludido, provocaría la prescripción de la infracción denunciada y la caducidad del mismo expediente sancionador.
En consecuencia, en ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. de 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07).
En virtud de lo dispuesto en el artículo 105.1 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común "Las Administraciones públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico"; por todo lo que antecede, vengo en
DISPONER
La revocación de oficio de la resolución dictada en fecha 17 de abril de 2007 por el Sr. Director Insular de Transportes, recaída en el expediente sancionador de transportes nº TF-42065-O-06, incoado a D. Juan Jesús García Llanos, dejando sin efecto la sanción contraída en la misma.
Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Ilmo. Sr. Presidente de la Corporación en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a que se practique la notificación del presente acto, al amparo del artículo 107 de la Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife, cuya resolución agotará la vía administrativa a efectos de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa."
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 2009.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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