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Providencia de 3 de febrero de 2009, del Jefe de Servicio de Transportes, del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41831-M-2007.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 8 de septiembre de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-41831-M-2007.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Omar Rubén Marcos Méndez, por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 7 de abril de 2008 recaída en el expediente de referencia, y
Resultando: que con fecha y hora 6 de diciembre de 2007, 1,05, por agente de Fiscalización de Tranvía de Tenerife se formuló denuncia contra D. Omar Rubén Marcos Méndez, por no validar título.
Resultando: que el día 12 de febrero de 2008 se notificó al interesado la citada denuncia y la resolución de incoación del expediente sancionador nº TF-41831-M-2007.
Resultando: que por el expedientado se presentó escrito de descargo alegando lo que entendió conducente a la defensa de sus intereses, en síntesis, que eso sucedió debido a un fallo informático del ordenador y que por ello no debe caer sobre su responsabilidad de hacer frente a una sanción de tal envergadura, y además, adjunta copia simple de reclamación perteneciente a dicho suceso, que fue puesta dentro de plazo en las oficinas del metropolitano, con sellado de la oficina del MetroTenerife el 11 de diciembre de 2007.
Resultando: a la vista de las alegaciones y pruebas aportadas por el interesado, fue requerido informe complementario al agente denunciante nº 14, aportando escrito de fecha 22 de febrero de 2008 en el que se ratifica en los hechos denunciados, en los siguientes términos: el cliente alega que la canceladora donde validó no funcionaba en el momento en que se introdujo el bono. Ante este hecho, se realiza la comprobación pertinente, de acuerdo con sus procedimientos de actuación, es decir, insertan el bono del cliente en la canceladora que le indican y comprueban que funciona perfectamente y que imprime "sin salto oculto de línea". Hacen constar que cuando se refleja un espacio en blanco entre la última validación y la que realizan de comprobación, es cuando efectivamente existe la posibilidad de que la canceladora tuviera algún fallo o estuviera en fase de reiniciación de software. Demostrando en este caso por la impresión correlativa que no ha sido así. Por otro lado, destacan que el cliente viajaba en un tranvía con nivel de ocupación media y con visibilidad suficiente para validar en la canceladora situada justo enfrente de la mencionada, o en cualquiera de las 11 restantes, localizadas dos, en cada una de las puertas de acceso. Que con fecha 11 de diciembre de 2007, el cliente presenta una reclamación en las oficinas comerciales y se le envía una carta con la resolución y desestimación de la misma el día 10 de enero de 2008, que aportan en copia anexa al informe emitido.
Igualmente fue remitido el citado informe al interesado, concediéndole un plazo de audiencia a efectos de que pudiera presentar las alegaciones y pruebas pertinentes, de conformidad con lo previsto en el artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo cumplimentado por el mismo mediante escrito de fecha 3 de abril de 2008 del que se infiere que considera que la responsabilidad del usuario o consumidor es la de comprar el bono que le da acceso al servicio que ponen a su disposición, y que el hecho de que al insertar el bono en la correspondiente canceladora no se registren en el mismo los datos que se manejan para actuar en consecuencia, no es competencia del usuario o consumidor, y, por tanto, se le exime de ser condenado, hace un llamamiento para que, si es posible, se acceda a los vídeos que recogen las cámaras del tranvía y se aporte como prueba de que el bono fue insertado en la canceladora, además adjunta copia del bono utilizado.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 7 de abril de 2008 que venía a sancionar a D. Omar Rubén Marcos Méndez con multa que ascendía a 400,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 90.1 Ley 39/2003, de 17 de noviembre, artº. 293.1.11 ROTT y en base al artículo 295.1 ROTT.
Notificándose la citada resolución en fecha 24 de abril de 2008.
Resultando: que con fecha 28 de mayo de 2008, D. Omar Rubén Marcos Méndez interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que él andaba provisto de billete previamente abonado por un valor de 10 euros en categoría de estudiante y al entrar en el vehículo junto con el revisor, en la primera parada (Trinidad) insertó su bono en la canceladora para validarlo, introduciéndolo en su totalidad y posteriormente devolviéndolo como normalmente procede la misma. En cuanto al artículo 30, si la canceladora, tras introducir el bono, no es capaz de imprimir los datos que manejan a efectos de validez y lo devuelve con total normalidad Àqué garantía tiene el usuario de que viaja correctamente si no es capaz de descifrar los 25 dígitos que le acompañan en cada viaje? Respecto a la prueba de acceso a las imágenes grabadas por las cámaras del tranvía, el agente, al igual que decidió denunciarle, debía haberle informado de que existía la posibilidad de solicitarla en lugar de retener su documentación hasta pasadas dos paradas de su destino inicial. Por otro lado, alega que, dado su condición de estudiante universitario, apostó por un medio de transporte adaptado a sus posibilidades económicas, ecológicas y público, aporta copia de los bonos que viene utilizando desde que llegó a Tenerife desde Alicante, en octubre de 2007, por una beca de estudios y que por un error ya bien sea técnico (la canceladora) o bien humano (su ignorancia en cuanto a que viajaba con el bono sin validar) tenga que pagar una sanción a la que no puede hacer frente. Ruega, dado su condición, reconsideren la sanción que se le quiere imponer.
Considerando: que el recurso de alzada ha sido presentado fuera del plazo legalmente previsto en el artículo 115.1 Ley 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece el plazo de un mes. Ya que notificada la resolución sancionadora dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad en fecha 24 de abril de 2008, según consta en acuse de recibo firmado, el recurso de alzada ha sido interpuesto en fecha 28 de mayo de 2008, transcurriendo en exceso el plazo otorgado: deviniendo, en consecuencia firme e inimpugnable la resolución recurrida.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en inadmitir el recurso de alzada interpuesto por D. Omar Rubén Marcos Méndez por interposición fuera del plazo legalmente previsto, confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, de fecha 7 de abril de 2008, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientos (400,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 3 de febrero de 2009.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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