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JUZGADO DE: Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
JUICIO: ordinario 0000473/2007.
PARTE DEMANDANTE: D. Ignacio Francisco Vega García y Dña. Gloria Rojas Bonilla.
PARTE DEMANDADA: Gestoría Financiera Inmobiliaria, S.A.
SOBRE: elevación a Escritura Pública.
En el juicio referenciado, se ha dictado la resolución cuyo texto literal es el siguiente:
SENTENCIA
En Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de julio de 2008.
Vistos por Dña. Paloma Bono López, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Las Palmas de Gran Canaria y su partido, los presentes autos civiles de juicio ordinario nº 473/07, seguidos a instancia del Procurador D. Gerardo Pérez Almeida, en representación de D. Ignacio Francisco Vega García y Dña. Gloria Rojas Bonilla, bajo la dirección letrada de Dña. Carmen Rodríguez de Prada, contra Gestoría Financiera Inmobiliaria, S.A., en situación procesal de rebeldía.
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Previo reparto, correspondió a este Juzgado demanda de juicio ordinario interpuesta por la representación de la parte actora en la que, previa alegación de los hechos y fundamentos jurídicos que tuvo por convenientes, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se accediera a lo solicitado.
Segundo.- Declarada la competencia de este Juzgado para el conocimiento de la presente demanda, se admitió a trámite la misma, disponiéndose el emplazamiento de la parte demandada para que contestara a la demanda lo que no efectuó dentro del plazo legal por lo que fue declarado en situación procesal de rebeldía de probar los hechos que, conforme a las normas jurídicas que le sean aplicables, impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior".
Por tanto, y siguiendo lo expuesto en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de febrero de 2003, que a su vez recoge la abundante y constante jurisprudencia emanada de nuestro más Alto Tribunal en interpretación del derogado artículo 1.214 del Código Civil (sentencias del Tribunal Supremo de 30 de noviembre de 1987, de 30 de noviembre de 1982 y 3 de mayo de 1988), a la parte actora corresponde acreditar aquellos hechos normalmente constitutivos de la acción ejercitada en la demanda, es decir, los elementos fácticos que conforman el supuesto de hecho de las normas cuya aplicación invoca, y sobre la parte demandada pesa la carga de probar aquellos elementos de hecho que impidan, extingan o enerven el efecto jurídico deseado por el demandante.
A lo anterior debe añadirse que, como se ha expuesto anteriormente y reitera la jurisprudencia, consagrada ahora en el artículo 496.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil "la rebeldía no será considerada como allanamiento ni admisión de los hechos de la demanda, salvo en los casos en la ley expresamente disponga lo contrario", por lo que, aun en estos casos, recae sobre el actor la carga de probar los hechos en los que fundamenta su pretensión.
Tercero.- Trasladando la anterior doctrina al presente supuesto y a la vista de la prueba practicada, en especial el documento nº 4 aportado con la demanda de donde resulta que la deuda garantizada fue íntegramente satisfecha, procede estimar la pretensión ejercitada por la actora, condenando a la entidad demandada a otorgar escritura pública de cancelación conforme exigen los artículos 136 LH y 179 RH a fin de proceder a la cancelación de la carga en el Registro de la Propiedad.
Cuarto.- Al haberse estimado íntegramente la demanda, procede condenar en costas a la parte demandada por aplicación de lo dispuesto en el artº. 394 LEC.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación al caso de autos,
FALLO
Que estimando íntegramente la demanda interpuesta por el Procurador D. Gerardo Pérez Almeida, en representación de D. Ignacio Francisco Vega García y Dña. Gloria Rojas Bonilla, contra Gestoría Financiera Inmobiliaria, S.A., en situación procesal de rebeldía, debo:
1.- Condenar a la parte demandada a que otorgue escritura pública de cancelación de la hipoteca formalizada a favor de Gestoría Financiera Inmobiliaria, S.A. y del tenedor futuro de la letra de Clase 4ª, Serie OA, nº 5699437 pactada en escritura otorgada el 28 de diciembre de 1995 ante el Notario de esta ciudad D. Francisco Barrios Fernández con número de protocolo 4.483, causando el 13 de junio de 1996 la inscripción 4ª.
2.- Condenar en costas a la parte demandada.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que no es firme y que contra la misma cabe interponer recurso de apelación en el plazo de cinco días.
Así, por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia por la Ilma. Magistrada-Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública el día de su fecha. Doy fe.
En atención al desconocimiento del actual domicilio o residencia de la parte demandada, por providencia de 17 de diciembre de 2008 el señor Juez, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 156.4, 164 y 497.2 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, ha acordado la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de Canarias del Juzgado para llevar a efecto la diligencia de notificación de sentencia.
En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre de 2008.- La Secretaria Judicial.
DILIGENCIA.- En Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de diciembre de 2008.
La extiendo yo, el/la Secretario Judicial, para hacer constar que el presente edicto ha quedado fijado en el día de hoy en el tablón de anuncios.
Doy fe.
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