D. Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido:
HACE SABER: que en este Juzgado de mi cargo se ha dictado sentencia, en los autos que luego se dirá, que tiene el siguiente tenor literal:
SENTENCIA
En Telde, a 13 de enero de 2009.
Vistos por Óscar Rey Muñoz, Magistrado-Juez titular del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de esta localidad, los presentes autos de juicio ordinario por reclamación de cantidad, seguidos a este juzgado con el nº 860/2008, a instancia de Manuel del Pino Santana Miranda representado por el Procurador Roberto Paiser, y asistido por el Letrado Raúl Galván, contra Francisco José Umpiérrez Segura, en situación de rebeldía procesal.
ANTECEDENTES DE HECHO
Único.- Por la parte demandante se interpuso el día 29 de julio de 2008 demanda de juicio ordinario por la que se reclamaba se declarase la existencia de un contrato entre ambas partes procesales por el cual el demandado se compromete al abono del crédito suscrito por el actor para la compra del vehículo Peugeot 206, matrícula 4975 CCZ con la entidad Santander Consumer, y se condenara al demandado al abono total del crédito suscrito por el actor para la compra del dicho vehículo, así como al pago de todos los gastos, intereses y costas generados por el impago del crédito suscrito con dicha entidad y que puedan ser reclamados al actor, más las costas.
Admitido a trámite se emplazó al demandado, quien no contestó a la demanda, siendo declarada en rebeldía procesal, celebrándose la audiencia previa el día 15 de diciembre de 2008, quedando los autos para sentencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Dos son realmente las pretensiones que se ejercitan. En primer lugar, que se condene al demando al abono del crédito, entendido como una obligación de hacer, esto es, asumir frente a la acreedora el pago del préstamo, y se haga por tanto como pago de tercero a cuenta del verdadero deudor, único al que puede reclamar su pago, y sin que ello suponga novación subjetiva de la relación crediticia. Aunque la demanda es imprecisa, ya que no se aclara a quien debe hacerse el abono, ni la cuantía concreta, según el artículo 219 LEC es esta la única interpretación posible, pues en caso contrario debería desestimarse la demanda. Entendiendo que queda acreditado que el demandado asumió el pago de dicho préstamo, tal y como se desprende de la documentación aportada, que no ha sido impugnada. No puede olvidarse que la situación de rebeldía no alterará, en principio, la situación del actor respecto de la cargas que tiene el mismo, y debería encontrarse en la misma posición procesal que si no existe rebeldía (aparentemente, más cómoda), porque la rebeldía al no significar allanamiento ni admisión de hechos (es una mera negativa "táctica"), ni implicar por (regla general) ficta confessio, la actora mantiene la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensión, conforme al artº. 1214 CC (LEG 1889\27), y el Juez "conserva" la facultad de apreciarlos [artº. 527 y 729 LEC (LEG 1881\1)]; aunque recordemos que el propio TS matiza aquel principio general sobre la carga de la prueba a través de los principios de normalidad (STS 24/4/1987 [RJ 1987\2728], 19/7/1991 SIC ... de flexibilidad en su interpretación [STS 20/3/1987 (RJ 1987\1712), 15/7/1988 (RJ 1988\10377), 17/6/1989 (RJ 1989\4696)] y facilidad probatoria (en función de la posibilidad probatoria de las partes), derivadas de la posición de cada parte en relación con el efecto jurídico pretendido.
Lo anterior da pie para considerar que, ante la rebeldía procesal, suele producirse una lógica reducción de la actividad probatoria a desplegar por el actor o una limitación de su auténtica naturaleza pero a la vez, la inactividad probatoria del demandado puede, dificultar la previa del actor. De ahí que no se pueda ser excesivamente riguroso en la valoración de las pruebas aportadas por el actor, porque la falta de los habituales medios probatorios (por ej., reconocimiento documento privado) se debe, precisamente, a la comparecencia y/o inactividad del demandado. Exigir lo contrario supondría convertir la rebeldía no solo en una cómoda defensa, sino también, en una situación de privilegio para el litigante rebelde, con flagrante infracción del principio de igualdad, aquí, en la posición de las partes en proceso, constitucionalizado en el artº. 14 de la C.E. (RCL 1978\2836) ej. la eficacia de la prueba quedaría en manos del demandado (rebelde), con notoria indefensión del actor.
Así pues en virtud de las reglas de la carga de la prueba establecidas en el artículo 217 de la LEC corresponde al actor acreditar la certeza de los hechos de los que ordinariamente se desprenda el efecto jurídico correspondiente a las pretensiones de la demanda; e incumbe al demandado la carga de probar los hechos que impidan, extingan o enerven la eficacia jurídica de los hechos a que se refiere el apartado anterior. Cosa que no se produce en este caso, teniendo asimismo en cuenta el apartado sexto de dicho precepto y la mayor facilidad del demandado a la hora de probar una circunstancia de esta naturaleza.
Y es por lo expuesto, quedando probado que el demandado ha incumplido su obligación asumida con el demandante, procede condenar al demandado a que asuma el pago del crédito suscrito por Manuel del Pino Santana Miranda para comprar el vehículo Peugeot 206, matrícula 4975 CCZ con la entidad crediticia Santander Consumer, siendo el número de operación el E/67/F/2006/0233 172, y el importe por cancelación anticipada a 23 de abril de 2008 la de 11.025,42 euros, sin perjuicio de la cantidad que deba abonarse en definitiva para la total cancelación de la operación. Bien entendido que esta condena tiene efectos únicamente entre las partes y no frente a la entidad crediticia, en virtud de los efectos de la cosa juzgada (artº. 222 LEC).
Segundo.- Cuestión distinta es la pretensión de condena de otros gastos e intereses derivados del incumplimiento, pues se trataría de cantidades a abonar al propio demandado en concepto de daños y perjuicios derivados de ese incumplimiento, y tanto su existencia como su cuantificación deben quedar determinados en la demanda y posteriormente en sentencia, cosa que no se hace, sin que quepa una condena genérica y diferir sin más los mismos al trámite de ejecución de sentencia (artº. 219 LEC). Otra cosa es que en caso de incumplir su obligación el demandado, en fase de ejecución pueda instarse en base al artículo 706 LEC el resarcimiento de daños y perjuicios, en cuyo caso se resolvería lo procedente.
Tercero.- Estimada en parte la demanda, no procede condena en costas, en virtud de lo establecido en el artículo 394 de la LEC.
Por todo lo expuesto,
FALLO
Estimar en parte la demanda interpuesta, declarando la existencia de un contrato de 2l de abril de 2007 entre ambas partes procesales por el cual el demandado Francisco José Umpiérrez Segura se comprometía al abono del crédito suscrito por el actor Manuel del Pino Santana Miranda para la compra del vehículo Peugeot 206 matrícula 4975 CCZ con la entidad Santander Consumer, y condenando a Francisco José Umpiérrez Segura a que asuma el pago del crédito suscrito por Manuel del Pino Santana Miranda para comprar el vehículo Peugeot 206, matrícula 4975 CCZ con la entidad crediticia Santander Consumer, siendo el número de operación el E/67/F/2006/0233 172, y el importe por cancelación anticipada a 23 de abril de 2008 la de 11.025,42 euros, sin perjuicio de la cantidad que deba abonarse en definitiva para la total cancelación de la operación. Bien entendido que esta condena tiene efectos únicamente entre las partes y no frente a la entidad crediticia. Desestimando la demanda en cuanto a la pretensión de condena contenida en el apartado segundo del suplico, sin especial pronunciamiento en cuanto a las costas.
Contra esta sentencia podrá interponerse en el plazo de cinco días desde su notificación, recurso de apelación ante este Juzgado, y que se resolverá en su caso por la Audiencia Provincial.
Líbrese testimonio de la presente resolución para su unión a los autos principales y llévese el original al libro de sentencias de este Juzgado.
Así lo pronuncio, mando y firmo.
Vistos, por el Sr. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Telde y su Partido, los presentes autos de juicio ordinario, bajo el nº 0000860/2008, seguidos a instancia de D. Manuel del Pino Santana Miranda, representado por el Procurador D. Roberto Paiser García, y dirigido por el Letrado D. Raúl Galván González, contra D. Francisco José Umpiérrez Segura, en paradero desconocido y en situación de rebeldía.
FALLO:
Y para que sirva de notificación al demandado, expido y libro el presente en Telde, a 15 de enero de 2009.- El/la Magistrado-Juez.- El/la Secretario.
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