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Habiendo sido intentada y no pudiéndose practicar la notificación de la referida Orden al interesado por ignorado domicilio, se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a la notificación de dicha Orden a través de su publicación en Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
DENUNCIADO: D. Eusebio Sarmiento Vega.
AYUNTAMIENTO: Santa Lucía de Tirajana.
ASUNTO: Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Eusebio Sarmiento Vega, contra la Resolución de 11 de julio de 2007, del Viceconsejero de Pesca, que resolvió el expediente sancionador simplificado nº 327/07.
Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se resuelve el recurso de alzada interpuesto por D. Eusebio Sarmiento Vega, contra la Resolución de 11 de julio de 2007, del Viceconsejero de Pesca, que resolvió el expediente sancionador simplificado nº 327/07.
Visto el recurso de alzada interpuesto por D. Eusebio Sarmiento Vega, con D.N.I. nº 43.288.677-D, contra la Resolución de 11 de julio de 2007, del Viceconsejero de Pesca, recaída en el expediente sancionador simplificado nº 327/07, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- Que desde la Dirección General de la Guardia Civil, patrulla SEPRONA capital, se ha dado traslado a la Viceconsejería de Pesca de la denuncia formulada por los agentes distinguidos con número de identidad profesional V96110E y R35795U, según la cual con 19 de abril de 2007, siendo las 13,30 horas, los agentes que suscriben la denuncia pudieron comprobar cómo el denunciado, identificado como D. Eusebio Sarmiento Vega, se encontraba realizando la actividad recreativa de pesca con caña sin contar con la correspondiente licencia administrativa que habilita para el ejercicio de dicha actividad, teniendo lugar tales hechos en la costa de La Isleta (término municipal de Las Palmas de Gran Canaria), reseñándose además en la denuncia que el denunciado obstaculizó las labores de inspección, facilitando datos incorrectos sobre su identidad.
Segundo.- Tras los oportunos trámites y por Resolución de 11 de julio de 2007, del Viceconsejero de Pesca, se resolvió el expediente sancionador de referencia, imponiendo a D. Eusebio Sarmiento Vega una sanción económica por importe de ciento veinte (120,00) euros, por la comisión de las infracciones leves previstas en los apartados a) y h) del artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias.
Tercero.- La anterior Resolución fue notificada al interesado en fecha 20 de julio de 2007, presentando éste recurso de alzada en fecha 30 de julio de 2007, en el que se manifiesta que no se encontraba el día en que se sucedieron los hechos en el lugar indicado en la denuncia, ni practicando la pesca recreativa, alegando la existencia de un error así como que alguien dio falsamente sus datos, añadiendo que en la fecha de la denuncia se encontraba de baja laboral, habiendo asistido ese día a consulta médica, aportando partes de consulta y de baja por incapacidad temporal.
A los anteriores antecedentes de hecho les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación es competente para conocer y resolver el presente recurso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias (B.O.C. nº 96, de 1.8.90), y el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo (B.O.E. nº 285, de 27.11.92 y nº 12, de 14.1.99), en relación con lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13.2.07).
Segundo.- El recurso de alzada interpuesto por D. Eusebio Sarmiento Vega reúne los requisitos de forma que deben determinar su viabilidad y admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación, interposición dentro de plazo y actividad administrativa susceptible de impugnación.
Tercero.- En la tramitación del procedimiento sancionador de referencia se han observado las prescripciones establecidas en la ya citada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (B.O.E. nº 189, de 9.8.93).
Cuarto.- El artículo 5 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23.4.03), establece que la realización de la actividad pesquera en cualquiera de sus clases requerirá la respectiva autorización en los términos que se fijen reglamentariamente, añadiendo el artículo 32 del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 4, de 7.1.05), que "el ejercicio de la pesca marítima de recreo en aguas interiores de la Comunidad Autónoma de Canarias requiere estar en posesión de la correspondiente licencia, que será expedida por el Centro Directivo que corresponda de la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de pesca". En este sentido, el artículo 33.c) del citado Decreto dispone que "la licencia de 3ª clase autoriza la práctica de la pesca marítima de recreo en superficie, efectuada desde tierra o desde embarcación sin utilizar el curricán de superficie".
Quinto.- Por su parte, el artículo 65.2 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, establece la obligación de toda persona que se vea afectada por una inspección de prestar su colaboración en la realización de la misma.
Sexto.- El artículo 69 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, considera infracción leve en materia de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo, en su apartado a) "el ejercicio recreativo de la actividad pesquera o marisquera sin disponer de la preceptiva autorización", y en su apartado h) "la falta de colaboración en las labores de inspección, sin llegar a impedir su ejercicio".
Séptimo.- En relación con las alegaciones del recurrente, el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, así como el 17.5 del Real Decreto 1.398/1993, establecen que "los hechos constatados por funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes, tendrán valor probatorio, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados", sin que las alegaciones y documentación presentadas por el recurrente desvirtúen la denuncia formulada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y preceptiva aplicación, así como el informe emitido por el Letrado Habilitado del Servicio Jurídico y en uso de las competencias que tengo atribuidas,
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Eusebio Sarmiento Vega y confirmar la Resolución de 11 de julio de 2007, del Ilmo. Sr. Viceconsejero de Pesca, por la que se impuso una sanción económica por importe de ciento veinte (120,00) euros, por la comisión de las infracciones leves previstas en el artículo 69.a) y h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 5 de la citada Ley y los artículos 32 y 33.c) del Decreto 182/2004, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Pesca de Canarias.
Segundo.- Notificar la presente Orden al interesado, significándole que contra la misma, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo competente en función de la sede del órgano que dictó el acto recurrido o ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma de Canarias donde tenga su domicilio el recurrente y sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de enero de 2009.
LA CONSEJERA DE AGRICULTURA,
GANADERÍA, PESCA Y ALIMENTACIÓN,
María del Pilar Merino Troncoso.
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