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BOC Nº 015. Viernes 23 de Enero de 2009 - 158

IV. ANUNCIOS - Otros anuncios - Consejería de Turismo

158 - Secretaría General Técnica.- Anuncio por el que se hace pública la Resolución de 15 de enero de 2009, que notifica Resolución que resuelve el recurso de alzada nº 178/08 interpuesto por D. Juan Manuel Ruiz González, en su propio nombre.

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Visto los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente

Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,

R E S U E L V O:

Primero.- Notificar a D. Juan Manuel Ruiz González, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Casa de Turismo Rural Doña Herminda, la Resolución de 24 de noviembre de 2008 (libro nº 1, folio 2135/2140, nº 831), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 178/08 (expediente nº 287/07), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222 de fecha 6 de junio de 2008.

Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de La Matanza de Acentejo (Tenerife), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.

Santa Cruz de Tenerife, a 15 de enero de 2009.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

A N E X O

RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA DE LA CONSEJERÍA DE TURISMO POR LA QUE SE RESUELVE EL RECURSO DE ALZADA Nº 178/08 INTERPUESTO POR D. JUAN MANUEL RUIZ GONZÁLEZ, EN SU PROPIO NOMBRE.

Visto el recurso de alzada nº 178/08 interpuesto por D. Juan Manuel Ruiz González, en su propio nombre, con D.N.I. nº 42.069.751 Z, titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Casa de Turismo Rural Doña Herminda", sito en calle La Resbala, término municipal de La Matanza de Acentejo, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222, de fecha 6 de junio de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 287/07, y teniendo en cuenta los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en:

"Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de casa de turismo rural."

Hecho que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de mil quinientos diez (1.510) euros.

Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "Se anule la Resolución dictada por no ajustarse a Derecho, y quede sin efectos la sanción de multa impuesta. Que se acuerde la suspensión del acto impugnado".

En defensa de su derecho el titular recurrente esgrime, en síntesis, los siguientes argumentos:

1º) "Que la propiedad del inmueble sancionado fue adquirida en abril de 2006, a la sociedad denominada "Los Califas", que explotaba el inmueble como negocio de Turismo Rural. Que se alquiló el inmueble a la denunciante para mantener el contrato establecido entre los antiguos propietarios, a través de la Agencia de Viajes Tu Billete.com.

2º) Que el fin de la adquisición de la propiedad ha sido siempre el de segunda residencia. Que al día de hoy la propiedad se encuentra alquilada con un contrato de arrendamiento urbano.

3º) Que la Resolución que se recurre carece de motivación, al no aparecer las circunstancias que justifiquen la aplicación de la sanción impuesta".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03) por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.

Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.

Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Se constatan en el expediente sancionador el error material que se señala a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier omento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".

En la Propuesta de iniciación de expediente sancionador, como en la Resolución de iniciación de expediente sancionador, en la Propuesta de Resolución, la Propuesta del Servicio de Inspección y Sanciones y en la Resolución sancionadora, donde dice "... del anexo al Decreto 84/2004 ..." debe figurar "... Decreto 84/2004".

Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la parte recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222, de fecha 6 de junio de 2008.

Se imputa al titular expedientado la comisión de una infracción a la normativa turística consistente en "estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de casa de turismo rural,". La misma ha sido constatada en el acta de referencia, cuyo valor probatorio está proclamado en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.

Ni las alegaciones ni la documentación aportada por el recurrente desvirtúan los hechos constatados por el funcionario actuante el día de la inspección. Ha quedado acreditado que en la fecha de infracción, esto es el 15 de noviembre de 2006, el recurrente reconoce que no cuenta con la autorización turística de apertura, funcionamiento y clasificación como casa de turismo rural, careciendo igualmente, de autorización previa al ejercicio de la actividad de turismo rural. La circunstancia de desconocer la situación de clandestinidad de la casa rural que dice haber adquirido en abril de 2006, no le exime de su responsabilidad administrativa por el ejercicio de una actividad turística reglamentada careciendo de las preceptivas autorizaciones, como así se exige con carácter general en el artículo 13.2.b) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Por su parte el Decreto 18/1998, de 5 de marzo, de regulación y ordenación de los establecimientos de alojamiento de turismo rural, dispone en su artículo 9 que, con anterioridad al inicio de las actividades, los titulares de la explotación del inmueble destinados al turismo rural deberán cumplir, entre otros, con los requisitos señalados en el apartado b), disponer de la autorización previa al ejercicio de la actividad de alojamiento de turismo rural, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24.1 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, y en el apartado d) contar con la correspondiente autorización de apertura y clasificación.

Tampoco cuenta con el valor probatorio suficiente para desvirtuar los hechos que se imputan al recurrente el contrato de arrendamiento urbano que aporta, toda vez que el mismo es de fecha 3 de marzo de 2008, es decir, de fecha muy posterior a la fecha de infracción que coincide con la del acta de inspección, de fecha 15 de noviembre de 2006, y que tiene su origen en la denuncia con fecha 14 de agosto de 2006.

Para más abundamiento basta con poner en cualquier buscador de Internet "Casa Doña Herminda", para comprobar que al día de hoy, 22 de septiembre de 2008, el establecimiento sancionado se oferta en Internet por noches (90 euros la noche, 80 euros los residentes canarios, oferta para el 2008), pudiendo incluso contratar el traslado a aeropuertos, actividad, ambas, propiamente turísticas.

Por último carece de todo fundamento la alegación en torno a la falta de motivación de la Resolución recurrida en cuanto a la fijación de la cuantía de la sanción de multa impuesta. La infracción que se comete por el recurrente está tipificada como una infracción "muy grave" a la disciplina turística, artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, llevando aparejadas multas que oscilan entre los 30.050,61 euros y 300.506,05 euros, según el artículo 79.2.c), del mismo texto. No obstante, por razón de su intencionalidad, naturaleza, ocasión o circunstancias, se consideró, así se clasifico, como "grave", y ello al haberse tenido en consideración lo establecido en el artículo 76.19 de la misma ley. Las infracciones graves que llevan aparejadas, artículo 79.2.b), sanciones de multas que van desde un mínimo de 1.502,54 euros a un máximo de 30.050,60 euros. Desde la Resolución de iniciación de expediente sancionador se propuso una sanción de multa en la cuantía de 6.010 euros, cantidad que fue rebajada, por considerarse tanto en la Propuesta de Resolución, como en la Propuesta del Jefe de Servicio de Inspección y Sanciones, y finalmente, en la Resolución recurrida, se sanciona al recurrente con la mínima de las sanciones de multas previstas para las infracciones graves, esto es 1.510 euros, al haberse tenido en consideración la naturaleza de la infracción, la falta de antecedente, las características de la actividad de que se trata, así como el lucro ilícito obtenido al realizar la explotación de un establecimiento alojativo en la categoría de casa rural de forma ilícita.

Por cuanto antecede, queda acreditada la responsabilidad administrativa del recurrente por los hechos que se le imputan, en virtud de lo establecido en el artículo 73, de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, así como el artículo 2.1.b), del mismo texto y el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en a materia turística y de la inspección de turismo.

Finalmente en cuanto a la petición de suspensión del acto recurrido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 111.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre "La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si transcurridos treinta días desde que la solicitud de suspensión haya tenido entrada en el registro del órgano competente para decidir sobre la misma, éste no ha dictado resolución expresa al respecto ..." En consecuencia, transcurrido el referido plazo sin haberse emitido acuerdo expreso, procede con base al precepto anteriormente referido, considerar que quedó suspendida la ejecución de la Resolución sancionadora hasta el momento de dictarse la presente Resolución.

Visto el Informe de recurso de alzada de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias de fecha 24 de julio de 2008 y en atención a lo anteriormente expuesto procede desestimar el recurso de alzada interpuesto, confirmar la Resolución recurrida y mantener la sanción de multa impuesta por ser conformes a Derecho todos sus razonamientos.

Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 165/08-C, emitido con fecha 7 de noviembre de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.

Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 18 de noviembre de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.

Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.

R E S U E L V O:

Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº 178/08 interpuesto por D. Juan Manuel Ruiz González, en su propio nombre, con D.N.I. nº 42.069.751 Z titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Casa de Turismo Rural Doña Herminda", sito en calle La Resbala, término municipal de La Matanza de Acentejo y confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 222, de fecha 6 de junio de 2008, recaída en el expediente sancionador nº 287/07, que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de mil quinientos diez (1.510) euros, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.

Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:

LUGAR Y FORMA DE INGRESO.

a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.

b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.

c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.

PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 11.3 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de Canaria):

a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.

RECURSOS: contra los actos de recaudación, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistintamente pero no simultáneamente:

- Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.

- Reclamación económico-administrativa ante la Junta Económico-Administrativa competente (artículos 30 y 33 de la Ley 9/2006, de 11 de diciembre, Tributaria de la Comunidad Autónoma de Canarias). El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.

Ver anexos - páginas 1549-1550

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