BOC - 2009/011. Lunes 19 de Enero de 2009 - 81

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad

81 - ORDEN de 16 de enero de 2009, por la que se dejan sin efecto los actos y trámites dictados en el procedimiento abierto para la contratación de un servicio consistente en la implantación de una oficina técnica para la prestación de servicios de gestión, coordinación, seguimiento y control del proyecto de implantación de la Nómina Centralizada y del Sistema Integral de Información de Recursos Humanos, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), así como la convocatoria publicada en el Boletín Oficial de Canarias nº 1, de 2 de enero de 2009.

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Examinado el expediente tramitado por la Dirección General de la Función Pública para la contratación de una oficina técnica para la prestación de servicios de gestión, coordinación, seguimiento y control del proyecto de implantación de la Nómina Centralizada y del Sistema Integral de Información de Recursos Humanos, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Vista la propuesta formulada por la Dirección General de la Función Pública.

Y teniendo en cuenta los siguientes:

I. ANTECEDENTES

1º) A propuesta de la Unidad de Recursos Humanos, la Dirección General de la Función Pública, mediante Resolución nº 1.277, de 17 de noviembre de 2008, en el ejercicio de la competencia atribuida por la Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se delega el ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación en los titulares de los Centros Directivos del Departamento (B.O.C. nº 46, de 4), acordó iniciar el expediente para la contratación de un servicio consistente en la implantación de una oficina técnica para la prestación de servicios de gestión, coordinación, seguimiento y control del proyecto de implantación de la Nómina Centralizada y del Sistema Integral de Información de Recursos Humanos, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, con un presupuesto máximo de licitación, sin incluir el I.G.I.C. que deberá soportar la Administración, de un millón trescientos treinta y tres mil trescientos treinta y tres euros con treinta y tres céntimos (1.333.333,33 euros), mediante tramitación anticipada, y un plazo de ejecución de cuatro años.

2º) La Intervención Delegada en la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, I.C.A.P. y Academia Canaria de Seguridad emitió, con fecha 9 de diciembre de 2008, informe de conformidad, según lo establecido en el artículo 23 del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, aprobado por Decreto 28/1997, de 6 de marzo, y en el artículo 92 de la Ley General Presupuestaria.

3º) Por Orden de esta Consejería nº 657, de 19 de diciembre de 2008, se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la indicada contratación, así como el gasto, y se dispuso la apertura del procedimiento de licitación.

4º) En el Boletín Oficial de Canarias nº 1, de 2 de enero de 2009, se publicó anuncio de la Dirección General de la Función Pública, en cuya virtud se convocó el procedimiento de licitación.

El plazo de presentación de proposiciones expira el día 19 de enero de 2009.

II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Primera.- En el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que ha de regir la contratación -en el que se incluyen los pactos y condiciones definidores de los derechos y obligaciones de las partes del contrato y demás exigencias legales y reglamentarias ex artº. 99.2 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público-, se han detectado determinados errores que afectan a condiciones esenciales del contrato, en particular, a su duración -ya que existe un desajuste entre la duración prevista en la cláusula 9ª.1 y el número de anualidades a las que se imputa el gasto consignado en la cláusula 6ª.1- y a determinados criterios que han de servir de base para su adjudicación -cláusula 10.1-. Tales errores tienen, asimismo, incidencia en el valor estimado de la contratación a realizar, en los términos del artículo 76 de la Ley. Finalmente, ha de actualizarse la codificación del objeto el contrato.

En su virtud, y para garantizar los principios de libertad de acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia, así como la igualdad de trato entre los candidatos, consagrados en el artículo 1º de la Ley, se estima que han de dejarse sin efecto las actuaciones seguidas en el indicado procedimiento abierto para la adjudicación del contrato, sin perjuicio de que, una vez subsanados los defectos advertidos, se reinicie el procedimiento y se convoque nueva licitación.

Segunda.- En el presente expediente, es órgano de contratación el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, de acuerdo con el artículo 29.1 de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias, en conexión con el artículo 6º del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, aprobado por Decreto 22/2008, de 19 de febrero.

En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida,

R E S U E L V O:

1. Dejar sin efecto los actos y trámites dictados en el procedimiento abierto para la contratación de una oficina técnica para la prestación de servicios de gestión, coordinación, seguimiento y control del proyecto de implantación de la Nómina Centralizada y del Sistema Integral de Información de Recursos Humanos, en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, inversión cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

2. Dejar sin efecto el anuncio de licitación publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 1, de 2 de enero de 2009.

3. Publicar la presente Orden en el Boletín Oficial de Canarias.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa; o bien interponer, en vía administrativa, recurso potestativo de reposición ante el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a que tenga lugar su notificación, en los términos previstos en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.

Santa Cruz de Tenerife, a 16 de enero de 2009.

EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA,

JUSTICIA Y SEGURIDAD,

José Miguel Ruano León.



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