Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la entidad mercantil Gestión de Inversiones Montana, S.L., Resolución de 15 de mayo de 2008 (libro nº 1, folio 837, nº 314), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 162/07 (expediente nº 432/06), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 218, de fecha 16 de mayo de 2007.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Yaiza (Lanzarote), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 24 de noviembre de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 162/07, interpuesto por D. Antonio Gámez Calvo y D. Salvador Llorca Sánchez, en representación de la entidad mercantil Gestión de Inversiones Montana, S.L.
Visto el recurso de alzada nº 162/07 interpuesto por D. Antonio Gámez Calvo y D. Salvador Llorca Sánchez, en representación de la entidad mercantil Gestión de Inversiones Montana, S.L. con C.I.F. nº B-35536168, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería The King Head, sito en Playa Blanca, término municipal de Yaiza, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 218, de fecha 16 de mayo de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 432/06, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de infracción administrativa a la normativa turística consistente en:
"Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada Cafetería".
Hecho que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503) euros.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "se deje sin efectos la sanción pretendida".
En defensa de su derecho la entidad recurrente esgrime, en síntesis, la siguiente argumentación:
Si bien la entidad, ahora recurrente, en el momento de la visita del inspector carecía de autorización a su nombre, también es cierto que el local contaba con autorización de inscripción en el Registro de Bares a nombre de la anterior explotadora Sara Lanzarote, S.C.P. expedida con fecha 5 de junio de 2001. No se hizo cambio a su favor puesto que no encontró documento alguno que le diera una pista sobre la situación en que se encontraba el local respecto a Turismo. Tuvo que tramitar la inscripción como Registro de Bares ya que no tenía información alguna en el momento de coger el negocio. Se tuvo que enterar, con posterioridad, por la Oficina de Turismo del Cabildo. A los efectos probatorios presenta justificante de la inscripción a nombre de la anterior empresa explotadora y solicitud de autorización de inscripción en el Registro de Bares presentada en el Registro General del Cabildo de Lanzarote con fecha 10 de noviembre de 2006.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95) en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03) por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Se constata en la Resolución de inicio tres errores materiales que se repiten, consecuentemente, en la Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora al haber transcrito "The Kind Head", " ... del Anexo al Decreto ..." y " Antonio Gámez Calvo" debiendo figurar " The King Head", "... del Decreto ..." y "Policía Local del Ayuntamiento de Yaiza".
En la Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora se producen los mismos errores materiales ya que se consignó "... titular del establecimiento ...", " ... inspección ...", "... LAS instructoras ...", "... desvirtuado el hecho imputado ..."y "... no carecer de antecedentes É", en vez de " Étitular de la explotación turística del establecimiento ...", " É inspección ...", "... las instructoras É", " ... desvirtuando el hecho imputado ... " y "... carecer de antecedentes ...".
En la Propuesta de Resolución hay otro error material habida cuenta que se transcribió "... consta que el establecimiento consignado se encuentra autorizado con fecha 9 de enero de 2007 a favor de Gestión Inversiones Montana, S.L. ..." debiendo transcribirse "... consta que el establecimiento Bar The King Head se encuentra autorizado con fecha 9 de enero de 2007 a favor de Gestión Inversiones Montana, S.L.
Por último, en la Resolución sancionadora se observa otro error material al haber puesto " ... que se indicarán" en vez de "... que se indican en el Antecedente Cuarto de la presente Resolución ...".
Por cuanto antecede, con base al artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que preceptúa que "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos", se procede, en consecuencia, a subsanar los citados errores materiales.
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por la entidad recurrente en nada alteran los hechos y preceptos infringidos obrantes en la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 218, de fecha 16 de mayo de 2007.
La Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, regula la ordenación y promoción del sector turístico en las Islas Canarias, con el objeto, entre otros, de conservar y mejorar la oferta turística del Archipiélago y de garantizar y defender los derechos de los usuarios turísticos. Entre las exigencias que deben cumplir las empresas que deseen establecerse y desarrollar la actividad turística empresarial en el Archipiélago Canario, se incluye la obligación de obtener de la Administración competente las autorizaciones previas al ejercicio de cualquier actividad turística, autorizaciones que serán objeto de inscripción en el Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos.
Por tanto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.c) de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias las empresas que se dediquen al ejercicio de actividades turísticas de restauración en Canarias están sujetas a la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y, por ende, al cumplimiento de una serie de deberes, entre ellos, el de obtener las preceptivas autorizaciones previas al ejercicio de la actividad turística según prevé el artículo 13 del citado texto legal. El requerimiento de la previa obtención de una autorización administrativa para el ejercicio de la correspondiente actividad turística se justifica por la necesidad de arbitrar las medidas precisas dirigidas a garantizar la prestación de unos servicios turísticos profesionales y especializados que cumplan las condiciones y exigencias determinadas por la respectiva normativa ordenadora. El procedimiento de obtención de la autorización para el ejercicio de la actividad turística permite a la Administración competente efectuar los controles previos sobre el cumplimiento de una serie de exigencias a fin de determinar un turismo de calidad y la protección del usuario turístico como consumidor de los servicios turísticos.
Por cuanto antecede, a tenor de lo regulado en el artículo 21 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias "las empresas y establecimientos, cualesquiera que sea la naturaleza y forma que adopten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir los demás requisitos previstos en esta Ley para el desarrollo de las actividades calificadas como turísticas por la misma, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general y del sector", estando sometidas las empresas para el establecimiento y desarrollo de la actividad turística, entre otros deberes, al de "obtener de la Administración competente para autorizar el ejercicio de cualquier actividad turística que se pretenda desarrollar en el Archipiélago Canario las autorizaciones de carácter previo" todo ello en base a lo dispuesto en el artículo 13.2.b) de la mencionada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. Asimismo, y según establece el artículo 50.1 de dicho texto legal "Los restaurantes, cafeterías, bares, terrazas de verano y similares se incorporarán al Registro General de Empresas, Actividades y Establecimientos Turísticos y se les exigirá el documento acreditativo de la inscripción, así como las autorizaciones previas al ejercicio de dichas actividades, conforme a esta Ley". Dichos preceptos hay que ponerlos, además, en relación, con la específica normativa de ordenación de las respectivas actividades turísticas de restauración. En el presente caso, es de aplicación lo dispuesto en el artículo 6 de la Orden de 18 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Cafeterías. El mentado artículo determina, específicamente, la obligación de que con anterioridad a la apertura del establecimiento el titular de la explotación turística haya obtenido la preceptiva autorización para la apertura y desempeño de dicha actividad otorgada por la Administración Turística competente, esto es, del Cabildo Insular, según dispone el artículo 2.1 del Decreto 156/1994, de 21 de julio, de transferencias de funciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de promoción y policía del turismo insular.
La entidad expedientada ha incumplido la referida exigencia de obtención de la preceptiva autorización para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Cafetería. Infracción en materia turística que ha motivado la sustanciación del procedimiento sancionador que ha concluido con la Resolución sancionadora, ahora recurrida. Considerando las alegaciones realizadas por la entidad expedientada y la correspondiente documental aportada como prueba de lo argumentado en defensa de su derecho, ha de manifestarse que el hecho constitutivo de la infracción sancionada consistente en "Estar abierto al público en general sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Cafetería" no ha sido desvirtuado, y consta acreditado en el referenciado expediente sancionador nº 432/06 conforme se argumentará seguidamente.
La Administración actuante al sancionar ha desplegado la necesaria actividad probatoria de cargo, imprescindible pero suficiente, para destruir la presunción de inocencia de la entidad expedientada. Los elementos probatorios que figuran en el referido expediente sancionador a fin de acreditar la existencia de la infracción imputada y que son el soporte fáctico que sustenta la responsabilidad administrativa de dicha entidad mercantil por la comisión de infracción a la disciplina turística lo constituyen el Acta de Inspección nº 20798, levantada con fecha 17 de octubre de 2006, en presencia de D. Antonio Gámez Calvo, en su condición de socio-titular de la empresa explotadora del establecimiento turístico, y la documentación anexa a dicha Acta de Inspección consistente en las correspondientes Cartas del establecimiento que contienen platos que no se corresponden con la actividad de bar.
En la referida Acta de Inspección nº 20798 se recoge la conclusión a la que llega el Inspector basándose no en meras conjeturas sino en hechos apreciados directamente por éste, comprobándose, tal y como se consigna, expresamente, al identificar el establecimiento y la actividad objeto de inspección, en cumplimiento a las determinaciones contenidas en el artículo 27.b) del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que la actividad que en la fecha del levantamiento de la mentada Acta de Inspección nº 20798 se lleva a cabo en el establecimiento es la actividad turística reglamentada de Cafetería. En este sentido se indica, expresamente, en la aludida Acta de Inspección que "se comprueba que el establecimiento visitado realiza la actividad turística de Cafetería toda vez que está abierta al público en general y ofrece los productos que figuran en las Cartas que se adjuntan a esta Acta, careciendo de la preceptiva autorización de la Administración Turística Canaria".
La mencionada Acta de Inspección nº 20798 constituye documento público que acredita, salvo prueba en contrario, la veracidad de los hechos a los que se refiere. En consecuencia, tiene un valor probatorio amparado legalmente en lo dispuesto en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, precepto que hay que poner, también, en relación con el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, que determina el valor probatorio de las Actas de Inspección que extienden los inspectores de turismo en cumplimiento de sus funciones según prevé el artículo 83 de la Ley 7/1995, de 6 de abril.
La Jurisprudencia del Tribunal Supremo atribuye a los informes de los agentes de la autoridad y dependientes administrativos, un principio de veracidad y fuerza probatoria al responder a una realidad apreciada directamente por los mismos, todo ello, salvo prueba en contrario. En tal sentido la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1979, al razonar sobre la adopción de tal criterio, afirma que la presunción de legalidad y veracidad que acompaña a todo obrar de los órganos administrativos, incluyendo a sus agentes, es un principio que debe acatarse y defenderse tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa, ya que constituye garantía de una actuación administrativa eficaz. En esta línea cabe destacar las Sentencias emitidas por el citado Tribunal con fecha 4 y 25 de febrero de 1998 que se pronuncian siguiendo estas mismas argumentaciones. Por tanto, la carga de la prueba la tiene el actor, que debe probar que los hechos denunciados no se ajustan a la realidad, ya que la presunción de veracidad del Acta de Inspección es "iuris tantum", y en consecuencia, admite prueba en contrario.
Los hechos constatados por el Inspector actuante constituyen, por tanto, prueba de cargo suficiente para acreditar el hecho constitutivo de la infracción. La mera negación de hechos no sirve para desvirtuar la prueba cumplida del hecho infractor que es valorada legalmente como suficiente o idónea para demostrar la existencia de responsabilidad administrativa en tanto no se pruebe lo contrario. El interesado debe actuar contra el acto de prueba aportado por la Administración, y, consecuentemente, su prueba de descargo ha de ser "directa, precisa, eficaz y plenamente convincente", tal y como ha señalado el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Santa Cruz de Tenerife en Sentencia de fecha 20 de junio de 2006.
Además del valor probatorio del Acta de Inspección hay que tener en cuenta la documental adjunta a la misma consistente en las correspondientes Cartas del establecimiento turístico consignado, incorporadas por el Inspector actuante al Acta de Inspección a fin de reforzar lo verificado en su visita. Cartas que contienen platos que no se corresponden con la actividad de Bar sino de Cafetería en los términos que prevé el artículo 1 de la Orden de 18 de marzo de 1965.
Por otra parte, y también a efectos probatorios, figura en el expediente sancionador la correspondiente prueba documental obtenida dentro de las actuaciones realizadas por la Instructora del procedimiento al amparo de lo previsto en el artículo 12 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, precepto que permite al Instructor del procedimiento realizar de oficio "cuantas actuaciones resulten necesarias para el esclarecimiento de los hechos, recabando los datos e informes que sean relevantes a fin de determinar la existencia de responsabilidades susceptibles de sanción". De esta manera se efectuó con fecha 5 de marzo de 2007 actuación de consulta al Cabildo de Lanzarote sobre la situación administrativa del citado establecimiento respecto a la preceptiva autorización de apertura y clasificación para el desempeño de la actividad turística de cafetería. Emitiéndose por el citado Organismo informe con fecha 9 de marzo de 2007 del que se desprende que el establecimiento no está autorizado como cafetería y se encuentra autorizado como Bar con fecha 9 de enero de 2007, a favor de la entidad mercantil Gestión de Inversiones Montana, S.L.
El hecho infractor imputado no ha sido desvirtuado por la entidad expedientada mediante las alegaciones realizadas durante la sustanciación del procedimiento ni, ahora, en vía de recurso. Tampoco, la documental presentada para intentar dar soporte fáctico a la argumentación de su defensa de inexistencia de infracción turística permite dejar sin validez las pruebas antes citadas que acreditan la certeza del hecho infractor imputado en la fecha de infracción consignada en la Resolución de inicio y en Propuesta de Resolución, esto es, el 17 de octubre de 2006, fecha del levantamiento del Acta de Inspección nº 20798 y ello habida cuenta que la documental aportada dado su contenido no constituye esta prueba "directa, precisa, eficaz y plenamente convincente" que desvirtúe la valoración que la Administración ha hecho a partir de la eficacia probatoria del Acta de Inspección nº 20798, de las correspondientes Cartas del establecimiento turístico consignado que se adjuntaron por el Inspector actuante a la referida Acta de Inspección y del informe emitido con fecha 9 de marzo de 2007 por el Cabildo de Lanzarote.
Por cuanto antecede, ha de reiterarse que, conforme a los elementos probatorios referidos anteriormente obrantes en el expediente sancionador nº 432/06, ha quedado probado que el establecimiento se encontraba en la fecha de infracción, esto es, el 17 de octubre de 2006, abierto al público en general careciendo de la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística de Cafetería y estando, por tanto, sujeta la empresa que desarrolla dicha actividad a las determinaciones previstas en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, según lo dispuesto en el artículo 2.1.c) de dicho texto legal y a la Orden de 18 de marzo de 1965 por la que se aprueba la Ordenación Turística de Cafetería, al estar el establecimiento consignado dentro del ámbito de aplicación de la mentada normativa.
De todo lo anteriormente expuesto ha de concluirse que existe responsabilidad administrativa imputable a la entidad expedientada con base en lo dispuesto en el artículo 130 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común que prevé que "... podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aun a título de simple inobservancia", en relación con los artículos 73 y 2.1.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto.
Este hecho infractor es subsumible en el artículo artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias que considera infracción muy grave a la disciplina turística "la actuación sin cualesquiera de las autorizaciones preceptivas para la entrada en servicio de establecimientos y el desempeño de actividades turísticas reglamentadas", no obstante, habida cuenta las circunstancias concurrentes y haciendo uso de la posibilidad que brinda el artículo 76.19 del citado texto legal se calificó la infracción como grave.
Atendiendo a la calificación de grave la cuantía de la sanción de multa a imponer se puede fijar, según prevé el artículo 79.2.b) de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias entre mil quinientos dos euros con cincuenta y cuatro céntimos (1.502,54 euros) y treinta mil cincuenta euros con sesenta y un céntimos (30.050,61 euros). En el expediente sancionador nº 432/06 la multa se sitúa en el tramo inferior de la escala habida cuenta que dentro del recorrido penológico previsto por la normativa vigente para las infracciones graves la sanción se impuso en cuantía de mil quinientos tres (1.503) euros, al fijarse dicho importe con atención a la debida adecuación a la gravedad de los hechos constitutivos de infracción, de conformidad con los criterios de intencionalidad y naturaleza de los perjuicios causados del artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establece en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, teniéndose en consideración, específicamente a tal efecto y conforme dispone la normativa anteriormente aludida, de entre los criterios previstos, los indicados en la Propuesta de Resolución y, consecuentemente, en la Resolución sancionadora, actos en los que se consigna expresamente que "se le minora la sanción inicialmente impuesta, atendiendo a la no intencionalidad especulativa, a la trascendencia social, a la ausencia de lucro ilícito obtenido, la posición en el mercado como el carecer de antecedentes ...". Circunstancias concurrentes que han justificado y, consecuentemente, determinado la imposición de la sanción de multa por la comisión del hecho infractor imputado en el tramo inferior de la escala prevista para las infracciones graves.
En consecuencia, ha de concluirse que en momento alguno, puede considerarse vulnerado el principio de proporcionalidad al haberse ponderado adecuadamente las circunstancias concurrentes alcanzándose, por tanto, al fijar la cuantía de la sanción de multa impuesta la necesaria y debida proporcionalidad entre el hecho imputado y la responsabilidad exigida.
Por cuanto antecede, y de conformidad con el informe de recurso de alzada de fecha 4 de diciembre de 2007 emitido por la Viceconsejería de Turismo, procede confirmar la Resolución recurrida por ser conforme a Derecho los pronunciamientos contenidos en la misma, manteniendo la sanción de multa impuesta.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 059/08-C, emitido con fecha 9 de mayo de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 13 de mayo de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.
R E S U E L V O:
Primero.- Desestimar el recurso de alzada nº 162/07, interpuesto por D. Antonio Gámez Calvo y D. Salvador Llorca Sánchez, en representación de la entidad mercantil Gestión de Inversiones Montana, S.L., con C.I.F. B-35536168, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Cafetería The King Head, sito en Playa Blanca, término municipal Yaiza, y, confirmar la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 218, de fecha 16 de mayo de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 432/06, que determinó la imposición de sanción de multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503) euros, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Segundo.- La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Resolución, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
Lugar y forma de ingreso:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributos.
Plazos de ingreso: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
Recursos que pueden ser ejercitados contra los actos de recaudación. En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:
Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
Reclamación económico-administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).
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