Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/ Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y, siendo preciso su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga.
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 19 de noviembre de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 124/08 instruido a Joan Cummins, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar T.J.ÕS.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución de la Directora General de Ordenación y Promoción Turística de 29 de mayo de 2008.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 12860, de fecha 10 de noviembre de 2007 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por el Ayuntamiento de Santiago del Teide y seguido contra la empresa expedientada Joan Cummins titular del establecimiento T.J.ÕS.
2º) El 29 de mayo de 2008 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 124/08, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la expedientada, en base al contenido del acta de inspección nº 12862, de fecha 10 de noviembre de 2007 sin que las alegaciones realizadas lo desvirtúen, ya que no basta con tener las listas de precios selladas en el establecimiento, además tienen que estar expuestas al público en la forma exigida reglamentariamente. En este sentido el artº. 10 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes dispone que: los restaurantes darán máxima publicidad a los precios y a cuantos servicios faciliten. Dichas relaciones de servicios y precios se exhibirán tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos, en lugar que permita su lectura sin dificultad ...
Con ello se cumple la finalidad perseguida en la normativa turística, que es proporcionar información y seguridad al usuario turístico sobre los precios.
Se observa que en el pliego de cargos hay un error de trascripción en el número del acta, por lo cual se subsana en este acto especificando que el número de acta correcto es el 12.862, de fecha 10 de noviembre de 2007.
No obstante, a la hora de considerar la cuantía de la sanción inicialmente propuesta, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes invocada por la expedientada y comprobada mediante consulta efectuada a los archivos correspondientes.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 8 de agosto de 2008, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía doscientos cuarenta (240,00) euros.
4º) El expedientado en escrito de 28 de agosto de 2008 recibido en esta Consejería el 3 de septiembre de 2008 y número de registro 1141660, en síntesis alega lo siguiente a la Propuesta de Resolución:
Que con fecha 12 de agosto de 2008 se le notifica Propuesta de Resolución de expediente sancionador nº 124/08, reconsiderando la sanción por tener expuestas las listas de precio en lugar visible en el establecimiento antes indicado, proponiendo estimatoriamente una minimización de la sanción de 400 euros a 240 euros.
Que dicho bar reiteramos no ha sido efectivamente sancionado previamente por esta o por otra causa, con lo cual su expediente está limpio, queriendo siempre actuar legalmente en el ejercicio de su actividad.
Que el Bar TJÕS posee las listas de precio selladas ante la policía turística de la forma establecida reglamentariamente y que por desconocimiento del personal y del titular, de nacionalidad británica, no las tenía en ese momento colocadas en lugar visible para los clientes, pero que actualmente esa denominada infracción está solventada.
Que a día de hoy no ha sido tampoco iniciado expediente alguno de reclamación con ningún cliente desde su apertura, por lo que nunca ha tenido problema alguno con respecto al cobro de los productos y alimentos servidos.
Que considera que aún minimizando la cantidad de 400 a 240 euros, y teniendo en cuenta la situación actual de crisis económica que la zona está teniendo, influida por la crisis general, es una cantidad elevada que le supondría en su economía actual un verdadero impedimento.
Por todo ello,
SOLICITA
Que aún habiéndose considerado la reducción de la sanción, y visto que legalmente el expediente de propuesta de sanción 124/08 no se puede archivar, aún no teniendo previamente queja alguna de los clientes en cuanto a los precios ni que se haya abierto expediente alguno por ningún otro motivo desde esta Consejería, se reconsidere la minoración de la sanción propuesta. Como se ha mencionado, actualmente la lista de precios se encuentra en lugar visible para los clientes.
HECHOS PROBADOS
Se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos.
No tener expuestas las listas oficiales de precios en la forma exigida reglamentariamente.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera: las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda: en la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera: las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta: en el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta: debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada. Esta Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, se reitera en los fundamentos de la Propuesta de Resolución, sin que las alegaciones vertidas por la expedientada varíen la misma, ya que con respecto al hecho infractor imputado, según establece la normativa presuntamente infringida artº. 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, los bares, cafés y restaurantes deben exponer la relación de precios tanto en el interior como en el exterior de los establecimientos, en lugar que permita su lectura sin dificultad, redactándose obligatoriamente en español y además, en francés e inglés en los restaurantes clasificados en lujo, primera y segunda categoría.
A la hora de considerar la cuantía de la sanción a imponer debe tenerse en cuenta el criterio de la naturaleza de la infracción ya que perjudica a los usuarios turísticos por la circunstancia de no conocer previamente los precios que se les pueden cobrar, no obstante al carecer de antecedentes y haber subsanado el motivo por el cual fue sancionado, es por lo que se aminora la cuantía de la sanción impuesta en la Propuesta de Resolución.
Sexta: los hechos imputados, infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: artículo 10.3 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978, en su artículo 1 (B.O.E. de 19 de julio), y en aplicación del Artículo 4 de la Orden Ministerial de 19 de junio de 1970 (B.O.E. de 23 de junio).
Tipificación: artículo 77.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril).
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el artº. 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artículo 7.2.B.f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
R E S U E L V O:
Imponer a Joan Cummins, con N.I.E. X2059577L, titular del establecimiento denominado Bar T.J.ÕS sanción de multa por cuantía total de 135,00 euros.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Santa Cruz de Tenerife, a 6 de octubre de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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