Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por la recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a la Dña. María Reyes Babio Sanabria, la Resolución de 2 de junio de 2008 (libro nº 1, folio 1045/51, nº 376), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 098/08 (expediente nº 362/06), interpuesto contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 279, de fecha 13 de junio de 2007.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 7 de noviembre de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Turismo por la que se resuelve el recurso de alzada nº 098/08, interpuesto por Dña. María Reyes Babio Sanabria, en su propio nombre.
Visto el recurso de alzada nº 098/08, interpuesto por Dña. María Reyes Babio Sanabria, en su propio nombre, contra la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 279, de fecha 13 de junio de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 362/06, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de una infracción administrativa a la normativa turística consistente en:
"Estar abierto al público el establecimiento de referencia, sin la autorización preceptiva para la entrada en servicio y el desempeño de la actividad turística reglamentada de Agencia de Viajes".
Hecho por el que la expedientada es sancionada con multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503) euros.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora nº 279, de fecha 13 de junio de 2007, se interpone recurso de alzada solicitando "su estimación y el archivo administrativo del expediente de referencia, procediendo a depurar responsabilidades con quien proceda, es decir, con quien realmente haya sido autor de los hechos si los hubiera, anulando la sanción impuesta por importe de mil quinientos tres euros o, en su defecto, una rebaja en la cuantía de la sanción".
En defensa de sus derechos e intereses la expedientada se reitera en lo aducido durante la tramitación del expediente sancionador siendo, en síntesis, sus argumentos los siguientes:
1.- Se ha demostrado con documentación que obra en poder de esta Administración que no realiza ningún tipo de actividad, siendo la entidad Viajes Ecuador, S.A., la única sociedad que ejerce la actividad de agencia de viajes en la dirección calle Alonso Quesada, 17, local 4, Telde, quien además obtuvo la preceptiva autorización de sucursal con fecha 12 de marzo de 2001.
2.- La entidad Viajes Ecuador, S.A., desde que obtuvo autorización de apertura nunca ha dejado de realizar la actividad de agencia de viajes.
3.- Las personas que desarrollamos nuestra labor profesional en la agencia de viajes denominada Viajes Ecuador, sita en Telde, lo hacemos en aras a un contrato vigente que nos vincula a la agencia, y en los que se recoge la labor desarrollada en la agencia.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- El Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en la Orden departamental de fecha 9 de octubre de 1995 (B.O.C. nº 136, de 23.10.95), en relación con la Orden de fecha 6 de agosto de 2003 (B.O.C. nº 158, de 18.8.03), por la que se mantiene en el Secretario General Técnico de la Consejería de Turismo la delegación de la competencia de resolución de los recursos administrativos interpuestos contra actos dictados por órganos de este Departamento en materia de turismo y costas.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- Conforme dispone el artículo 113.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, "el órgano que resuelva el recurso decidirá cuantas cuestiones, tanto de forma como de fondo, plantee el procedimiento, hayan sido o no alegadas por los interesados". En cumplimiento a dicha exigencia legal se realizan las siguientes consideraciones jurídicas vista la documentación obrante en el expediente sancionador nº 362/06, y las correspondientes alegaciones efectuadas, en su defensa, por la parte recurrente, todo ello a fin de motivar debidamente la presente Resolución.
Primeramente, ha tenerse en cuenta que las agencias de viaje que desarrollan su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias están sometidas en el ejercicio de dicha actividad a las determinaciones exigibles de conformidad con lo previsto en la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y el Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes, y ello toda vez que la Comunidad Autónoma de Canarias tiene asumida competencia exclusiva en materia de turismo a tenor de lo dispuesto en el artículo 30.21 de la Ley Orgánica 10/1982, de 10 de agosto, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Canarias, reformado por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre. En ejercicio de dicha competencia, corresponden a la Comunidad Autónoma de Canarias las potestades legislativas y reglamentarias, así como la función ejecutiva. Con base a dicha competencia se dictó la Ley 7/1995, de 6 de abril, citada, normativa en virtud de la cual se realiza una regulación general del sector turístico y, así, concretamente, en los artículos 47 y 48 del referido texto legal se regula la actividad de intermediación turística, contemplando a las agencias de viaje dentro de dicha actividad. La referenciada normativa autonómica, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2.1.d) de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias es aplicable "a las agencias de viajes, operadores turísticos y demás empresas de intermediación turísticas, que presten sus servicios en el Archipiélago Canario, así como los establecimientos donde desarrollen su actividad". Como desarrollo reglamentario de las correspondientes previsiones legales en materia de agencias de viaje se aprobó el Decreto 135/2000, de 10 de julio, cuyo objeto es, tal y como se recoge en el artículo 1, "la regulación de las agencias de viaje que desarrollen su actividad en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Canarias".
A tenor de lo preceptuado en el artículo 21.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, citada "las empresas y establecimientos, cualesquiera que sea la naturaleza y forma que adopten, deberán obtener las autorizaciones y cumplir los demás requisitos previstos en esta Ley, para el desarrollo de las actividades calificadas como turísticas por la misma, sin perjuicio del cumplimiento de la legislación general del sector", estando sometidas las empresas para el establecimiento y desarrollo de la actividad turística, entre otros deberes, a la específica obligación de "obtener de la Administración competente para autorizar el ejercicio de cualquier actividad que se pretenda desarrollar en el Archipiélago Canario las autorizaciones de carácter previo", todo ello con base a lo determinado en el artículo 13.2.b) de la mencionada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias. En este sentido, la actividad propia de agencias de viajes en los términos previstos en el artículo 2 del aludido Decreto 135/2000, de 10 de julio, exige estar en posesión del título-licencia correspondiente, según dispone el artículo 4 del citado Decreto 135/2000, de 10 de julio. Por tanto, las agencias de viajes, únicamente, pueden desarrollar dicha actividad dentro del ámbito del título-licencia cuyo uso queda limitado, conforme establece el artículo 6 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, a la sede u oficina principal de la empresa, sus sucursales autorizadas y puntos de venta. De esta manera el artículo 10.1 de la mentada disposición prevé que "La apertura de sucursales tendrá que ser autorizada, previa solicitud, por la Dirección General competente en materia de ordenación turística".
El otorgamiento del correspondiente título-licencia de agencias de viajes, así como, en su caso, de la autorización de apertura de sucursal está sujeto al cumplimiento de una serie de exigencias que se determinan, respectivamente, en los artículos 4 y 10.2 del citado Decreto 135/2000, de 10 de julio. Entre dichos requisitos el artículo 4.2 prevé, textualmente, que "Las oficinas principales y sucursales donde ejerza su actividad la agencia de viajes tienen que reunir las siguientes características:
a) Estar destinadas única y exclusivamente al desarrollo de las actividades previstas en el artículo 2.
b) Deberán estar independizadas de los locales de negocios adyacentes.
c) Estarán atendidas por personal propio de la empresa que deberá dominar, al menos, el idioma español.
d) En el exterior del local donde esté ubicado el establecimiento deberá figurar un cartel donde conste claramente el nombre de la agencia, grupo al que pertenece y su código de identificación. La superficie de dicho cartel deberá superar en dos tercios a la del resto de anuncios de otras marcas comerciales que se coloquen en el exterior del local. Únicamente quedarán eximidas de esta obligación las agencias que opten por el uso de una marca comercial diferente a su nombre, en los términos previstos en el artículo 9 de este Decreto".
Se establece, pues, el correspondiente marco normativo, que constituye el apoyo legal y reglamentario que como norma sustantiva infringida, según se concreta en la Resolución de inicio, Propuesta de resolución y Resolución sancionadora, fundamenta la imputación a la expedientada de infracción a la normativa turística, subsumible en el artículo 75.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, que tipifica de infracción muy grave "La actuación ... sin cualesquiera de las autorizaciones preceptivas para la entrada en servicio de establecimientos y el desempeño de actividades turísticas reglamentadas", pero que sin embargo en el expediente sancionador tramitado y, atendiendo a las circunstancias concurrentes, se calificó de grave la infracción imputada con base a lo dispuesto por el artículo 76.19 del citado texto legal. Seguidamente, debe determinarse si en el expediente sancionador nº 362/06 la Administración actuante al sancionar a la expedientada desplegó la actividad probatoria de cargo, imprescindible pero suficiente, para fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, en aras de no conculcar el principio de presunción de inocencia que debe respetar todo procedimiento sancionador, acreditándose, en consecuencia, fehacientemente la existencia de responsabilidad administrativa atribuible a Dña. María Reyes Babio Sanabria, con base a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 2.1.d) del citado texto legal, en concomitancia con el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, y artículo 20 del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes.
En este sentido, y por las razones que se fundamentarán al valorar la documental obrante en el expediente sancionador, ha de manifestarse que de dicha documentación debe concluirse que no existen elementos probatorios suficientes que sirvan para acreditar la responsabilidad administrativa imputable a Dña. María Reyes Babio Sanabria, por la infracción en materia turística que ha motivado el expediente del que dimana la Resolución sancionadora, ahora recurrida.
En el citado expediente sancionador, el soporte fáctico existente para sustentar la responsabilidad administrativa imputable a la expedientada, lo constituyen las actas de inspección nº 19.017, de 28 de abril de 2005 y, nº 20.286, de 22 de mayo de 2006; el contrato de mandato celebrado con fecha 1 de enero de 2005 entre la interesada y la entidad mercantil Viajes Ecuador, S.A.; contrato de arrendamiento de local de 1 de enero de 2005 entre la expedientada y la entidad Salto La Llovizna, S.L., por el que la arrendadora autoriza expresamente al arrendatario para que pueda ceder el local a Viajes Ecuador, S.A., para el desarrollo de la actividad de Agencia de Viajes; la documental referida a que la expedientada está dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, así como contrato de trabajo celebrado entre la interesada y Dña. Yesica Trujillo Santana para la prestación de esta última de servicios como agente de viajes. Documentación toda que se anexa al acta de inspección nº 29.017 de fecha 28 de abril de 2005.
Como consecuencia de denuncia formulada el 16 de febrero de 2004, por el Presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Las Palmas referida a que la Agencia de Viajes denominada "Viajes Ecuador" viene, presumiblemente, ejercitando la actividad de agencias de viajes en régimen de franquicia, por inspector de turismo actuante se extienden sendas actas de inspección (acta nº 19.017, de 28 de abril de 2005 y acta nº 20.286, de 22 de mayo de 2006), en el establecimiento denominado "Agencia de Viajes Ecuador", sito en calle Alonso Quesada, 17, término municipal de Telde, haciendo constar en ambos documentos públicos que la titular de la explotación turística es la entidad mercantil Viajes Ecuador, S.A. En dichas actas se consigna por el inspector de turismo actuante que el establecimiento, que se encuentra abierto al público en general, ejerce la actividad propia de agencia de viajes, manifestando la interviniente, que en este caso es la propia expedientada, Sra. María Reyes Babio Sanabria, lo siguiente: "dicha actividad se viene ejerciendo en virtud de un contrato de mandato suscrito en fecha 1 de enero de 2005 entre "Viajes Ecuador, S.A." y la propia interviniente".
De acuerdo con la estipulación primera del contrato de mandato, cuya copia se adjunta al acta de inspección nº 19.017, de fecha 28 de abril de 2005, y que fue celebrado el 1 de enero de 2005 entre la expedientada, como mandatario, y la entidad Viajes Ecuador, S.A., como mandante, "el mandatario negociará y contratará a nombre de Viajes Ecuador, S.A. y en todos los documentos que suscriba en tal concepto, expresará que lo hace a nombre de la empresa Viajes Ecuador, S.A., si bien antes de firmar cualquier documento o contratar a nombre de Viajes Ecuador, S.A., deberá notificarlo a la Dirección de la empresa por escrito y recibir una autorización expresa", estableciéndose asimismo en la estipulación segunda de dicho contrato que "Viajes Ecuador, S.A. será responsable de las obligaciones contraídas por el mandatario, siempre y cuando el mandatario actúe dentro de su mandato". A través del contrato de mandato, la expedientada se obligó a prestar un servicio por encargo de la entidad mercantil Viajes Ecuador, S.A., conforme determina el artículo 1.709 del Código Civil, según el cual "por contrato de mandato se obliga a una persona a prestar algún servicio o hacer alguna cosa, por cuenta o encargo de otra". Vemos pues que a través del contrato de mandato de 1 de enero de 2005 la expedientada presta el servicio que le encarga la citada entidad mercantil, que es el ejercicio de la actividad de agencias de viajes, a nombre de la sociedad, la cual, es responsable de las obligaciones contraídas por la mandataria. Existe pues, a través de esta modalidad contractual, una relación de servicios entre mandante y mandatario, encontrándose la mandataria, es decir, la expedientada, bajo las órdenes y supervisión del mandante, en este caso, la entidad mercantil Viajes Ecuador S.A.
Obra asimismo, en el expediente sancionador, aportado por la expedientada durante la tramitación del mismo, copia del entonces denominado Director General de Ordenación e Infraestructura Turística, de fecha 12 de marzo de 2001, de autorización a la entidad mercantil Viajes Ecuador, S.A., de apertura de sucursal en la calle Alonso Quesada, 17, término municipal de Telde.
De lo expuesto, resulta que la titular de la explotación turística de la sucursal Agencia de Viajes Ecuador no es la expedientada, ahora parte recurrente, sino la sociedad Viajes Ecuador, S.A., como así lo consignó expresamente el inspector de turismo actuante al extender las actas de inspección nº 19.017, de fecha 28 de abril de 2005 y, nº 20.286, de 22 de mayo de 2006. Entidad cuya sucursal sita en calle Alonso Quesada, 17, término municipal de Telde, cuenta con autorización para el ejercicio de tal actividad, pero incumple uno de los requisitos establecidos en el artículo 4.2.c) del Decreto 135/2000, de 10 de julio, por el que se regulan las agencias de viajes, para las sucursales cual es "estar atendidas por personal propio de la empresa". Requisito este que implica la existencia de una relación laboral entre la empresa principal, que ejerce la actividad de agencia de viajes, y el personal que presta sus servicios en las sucursales que dicha empresa tenga abiertas. Relación laboral que se incumple en el presente caso dado la existencia de un contrato de mandato entre la entidad Viajes Ecuador, S.A. y la parte recurrente, cuyo régimen jurídico no es el estatutario, el documento que acredita que la expedientada está dada de alta, no en el Régimen General de la Seguridad Social como trabajador por cuenta ajena, sino en el Régimen Especial de Trabajadores por cuenta Propia o autónomos, así como el contrato de trabajo celebrado entre la expedientada y Dña. Yesica Trujillo Santana que pone de manifiesto la autonomía de la expedientada para contratar a su propio personal, cosa que no hubiera podido realizar si fuera trabajadora por cuenta ajena y dependiente, por tanto, de la potestad de autoorganización y de contratación de la empresa para la que pudiera prestar sus servicios.
Por tanto, ha de concluirse que en el expediente sancionador no queda acreditado que la recurrente sea la titular de la explotación turística del establecimiento denominado "Agencia de Viajes Ecuador", así como tampoco queda acreditado plenamente en el expediente sancionador tramitado el hecho infractor. Queda sin embargo acreditado que la titular de la explotación turística de la sucursal Agencia de Viajes Ecuador es la mercantil Viajes Ecuador, S.A., y que ha puesto al frente de la misma a la parte recurrente sin ser personal propio de la empresa. Es por ello que, ante la falta de una prueba irrefutable de responsabilidad administrativa de la expedientada, debe garantizarse el estricto cumplimiento del principio de presunción de inocencia, el cual tras la Constitución (artículo 24) deja de ser un mero principio informador del derecho sancionador para convertirse en un derecho fundamental de inmediata aplicación, que vincula a todos los poderes públicos, incluso en el ámbito de sanciones administrativas (STC 36/1985, de 8 de marzo y 76/1990, de 26 de abril). Y así aparece consagrado en el artículo 137.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que prevé que "Los procedimientos sancionadores respetarán la presunción de no existencia de responsabilidad administrativa mientras no se demuestre lo contrario". De manera que a la Administración le incumbe la prueba de los hechos y de la culpabilidad del presunto responsable. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en su sentencia 212/1990, de 20 de diciembre, y en igual sentido en sus sentencias 76 y 138/1990 que señalan que "Es doctrina reiterada de este Tribunal que la presunción de inocencia rige sin excepciones en el ordenamiento administrativo sancionador, garantizando el derecho a no sufrir sanción que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad". En el expediente sancionador nº 362/06 no hay una prueba fehaciente de la Administración sobre la responsabilidad administrativa de la expedientada y de los hechos que sirven de base para la imposición de sanción. En consecuencia, y con base a lo dispuesto en el mencionado artículo 137.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, citada, al no existir actividad probatoria de cargo, válida y suficiente, para enervar la presunción de inocencia resulta pues procedente estimar el recurso de alzada interpuesto y anular la Resolución sancionadora, dejando sin efecto la sanción de multa impuesta.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 075/08-C, emitido con fecha 23 de mayo de 2008, por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 27 de mayo de 2008, por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación.
R E S U E L V O:
Estimar el recurso de alzada nº 098/08, interpuesto por Dña. María Reyes Babio Sanabria, en su propio nombre, y anular la Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias nº 279, de fecha 13 de junio de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 362/06, que determinó la imposición de una sanción de multa en cuantía de mil quinientos tres (1.503) euros.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
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