Habiendo sido intentada y no pudiéndose practicar la notificación de la referida Resolución al interesado se procede, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, a su notificación a través de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, cuyo tenor literal es el siguiente:
DENUNCIADO: D. Antonio Miguel del Pino Navarro.
AYUNTAMIENTO: Valverde.
ASUNTO: Resolución por la que se inicia procedimiento sancionador por infracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores. Expediente nº 300/08.
Resolución del Viceconsejero de Pesca por la que se acuerda el inicio de procedimiento sancionador por infracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores.
Los auxiliares de Inspección Pesquera distinguidos con los números 42.013.634-V y 43.780.579- X, dependientes de la Viceconsejería de Pesca, que prestan servicio en la isla de El Hierro, han dado traslado de la denuncia relativa al desarrollo de actividad presuntamente constitutiva de infracción administrativa en materia de pesca marítima en aguas interiores con base a los siguientes
HECHOS
Primero.- Que según consta en la denuncia, formulada el día 29 de mayo de 2007 a las 21,00 horas, los agentes actuantes pudieron comprobar cómo el denunciado, identificado como D. Antonio Miguel del Pino Navarro, con D.N.I. nº 42.090.421-F, apoyado por la embarcación de nombre Damana, con matrícula 7ª TE-1-146-97 de la cual a su vez es el patrón, había practicado la pesca submarina en zona no permitida en compañía de los también denunciados D. Francisco Oriol Martín Guerrero, con D.N.I. 78.675.114-A, D. Miguel Ángel Peraza Chinea, con D.N.I. nº 78.400.777-X, D. Fernando Rodríguez Fernández, con D.N.I. nº 78.716.450-P y D. Tanausu Martín Heredia, con D.N.I. nº 78.623.086-R. Asimismo, en la citada denuncia se hace constar que el denunciado, obstruyó la labor de inspección de la embarcación.
Segundo.- Que los hechos, según denuncia, tuvieron lugar en la zona de Laja Orchilla, en el término municipal de Frontera, isla de El Hierro.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- Competencia.
El artº. 79 de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), establece que la competencia para la iniciación del procedimiento administrativo sancionador en materia de pesca marítima en aguas interiores y marisqueo corresponderá a la Consejería competente en materia de pesca, correspondiendo así mismo, a esta Consejería la imposición de sanciones en los supuestos de infracciones leves, graves y muy graves estas últimas sólo cuando el importe de la sanción no exceda de 150.000 euros. El artº. 11.2, apartado j) del Decreto 31/2007, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (B.O.C. nº 32, de 13 de febrero) atribuye al Viceconsejero de Pesca el ejercicio de las potestades de inspección y vigilancia de las actividades pesqueras y, en su caso, la de imposición de sanciones calificadas como leves o graves.
Segundo.- Infracciones y calificación.
El artº. 70.3, apartado h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril), considera infracción grave "el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o vedadas". El artículo 70.1 de la citada Ley, considera falta grave: "Las acciones u omisiones en que incurran los particulares que obstruyan e impidan el control e inspección".
Tercero.- Mediante Orden de 29 de octubre de 2007 (B.O.C. nº 222, de 6 de noviembre) se establecieron las zonas acotadas en las que se permite la práctica de la pesca deportiva submarina.
Cuarto.- Cuantía de la sanción.
El artº. 76, apartado de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias (B.O.C. nº 77, de 23 de abril) establece las sanciones pecuniarias a imponer en el caso de la comisión de infracciones graves serán sancionadas con multa de 301 a 60.000 euros. En el presente caso, sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la instrucción y a tenor de las circunstancias descritas en la denuncia, la sanción que pudiera imponerse asciende a seiscientos dos (602,00) euros.
Quinto.- Duración del procedimiento.
Conforme a lo previsto en el artículo 44.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14 enero), en relación con lo dispuesto en el artº. 20.6 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, el plazo máximo para resolver este procedimiento es de 6 meses desde el inicio del procedimiento siendo los efectos de falta de resolución expresa el archivo de las actuaciones por caducidad.
De conformidad con lo señalado,
R E S U E L V O:
I.- Incoar procedimiento sancionador a D. Antonio Miguel del Pino Navarro, con D.N.I. nº 42.090.421-F, por la presunta comisión de las infracciones administrativas graves en materia de pesca marítima en aguas interiores prevista en el 70.3, apartado h) de la Ley 17/2003, de 10 de abril, de Pesca de Canarias: el ejercicio de la pesca o marisqueo recreativos en zonas protegidas o vedadas y, en el artículo 70.1 de la citada Ley, que considera falta grave: "Las acciones u omisiones en que incurran los particulares que obstruyan e impidan el control e inspección".
II.- Nombrar Instructor del procedimiento al funcionario D. Óscar Salvador López Hernández haciendo debida indicación en cuanto a la posibilidad de ejercicio del régimen de recusación previsto en el artº. 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre).
III.- Que se notifique, conforme con lo previsto en el artículo 13.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, esta resolución al interesado haciéndole saber que dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente a la recepción del presente acuerdo para aportar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estime conveniente y en su caso, proponer prueba concretando los medios de que pretenda valerse. Transcurrido dicho plazo sin tener constancia del ejercicio de estos derechos, este acuerdo podrá ser considerado como Propuesta de Resolución con los efectos previstos en los artículos 18 y 19 del citado Real Decreto, resolviéndose lo procedente sin más trámites.
En caso de reconocer voluntariamente su responsabilidad y querer proceder al abono del importe de la sanción, su ingreso podrá hacerse efectivo en la c/c 0049/1848/78/2710196066 del Banco Santander Central Hispano, debiendo remitir a esta Viceconsejería de Pesca (Servicio de Inspección Pesquera, calle Profesor Agustín Millares Carlo, 10, 1º, 35071-Las Palmas de Gran Canaria), el resguardo justificativo del ingreso emitido por la citada entidad bancaria o copia del mismo debidamente compulsada para su incorporación al presente expediente sancionador.
El abono de la sanción pecuniaria conforme con lo previsto en el artº. 8.2 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, dará lugar a la terminación del procedimiento previa resolución dictada al respecto y sin perjuicio de la posibilidad de imponer los recursos procedentes.
Las Palmas de Gran Canaria, a 29 de octubre de 2008.- El Viceconsejero de Pesca, Francisco Antonio López Sánchez.
© Gobierno de Canarias