No habiéndose podido practicar la notificación a D. Francisco Benítez Macías, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2387, de fecha 1 de agosto de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O
Notificar a D. Francisco Benítez Macías, la Resolución del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, nº 2387, de fecha 1 de agosto de 2008, recaída en el procedimiento instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, por infracción a la Ordenación Territorial, de referencia IU 246/08, y cuyo texto es el siguiente:
"Examinado expediente administrativo.
En base a los siguientes
ANTECEDENTES
I
Por Resolución nº 614, de 4 de marzo de 2008, del Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (notificada el 7 de abril de 2008), se incoó proceso sancionador frente a D. Francisco Benítez Macías, como presunto responsable en calidad de promotor, de infracción consistente en la ejecución de obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento y edificación, en el lugar denominado "Cruz de Jerez", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y clasificada de grave en el artº. 202.3.b) del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo (TRLOTC y ENC, en lo sucesivo) y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal con multa.
II
D. Gonzalo Otero Ruiz, en representación del afectado, por escrito con registro de entrada en la Agencia el día 25 de abril de 2008, bajo el nº gral. 546134, nº apun. 5186, alega y solicita lo siguiente: "Primera.- Entiendo que para resolver esta cuestión, se han de puntualizar varias cuestiones: a) Que tras la correspondiente denuncia e inspección, se acordó suspender las obras mediante resolución de fecha 18 de abril de 2000. Esta denuncia trae causa de la inspección realizada el día 28 de abril de 2000 (folio 16 obra informe técnico); en folio 17 consta fotografía y señalada como documento 4 y folio 18 (foto 1) b). En los folios 26 a 32 constan distintos reportajes fotográficos y un oficio del agente de Medio Ambiente (F. 32), se dice: "Se verifica que las obras no han variado desde el 16 de julio de 2003", c) Que consta otro informe técnico de fecha 16 de junio de 2006 (folios 27 a 32) del expediente. En el informe se concluye (la visita de los inspectores se realiza el día 19 de enero de 2005, se dice: - Vallado interior de la parcela, que la divide en dos de parecida superficie, que no se detecta en la fotografía aérea de 2002. Entradas independientes. El arquitecto técnico mediante informe de 14 de junio de 2006, concluye: "La ejecución de estos amurallamientos exteriores a la parece en cuestión, se realizaron en período comprendido entre los años 2000 y 2002. Continua: "El vallado interior que subdivide la parcela, estimo que no es diferenciable en las fotografías aéreas como cuerpos con suficiente masa para generar sombras proyectadas que indiquen su existencia. Sin embargo las fotografías correspondientes al año 2000, se observa un trazado agrícola de división de parcela." Por lo que se concluye que este acontecimiento en el período comprendido entre los años 1998 y 2000. (folio 24 del expediente). Segunda.- Esta es la tercera vez que incoa procedimiento sancionador, anteriormente consta dos resoluciones acordando la caducidad del expediente. Por ello y al amparo de lo dispuesto en el Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, artículo 20.6 intereso se me expida dos certificaciones donde se acredite las dos resoluciones acordando la caducidad. Tercera.- Considera esta parte con todos los respetos, que existe un defecto en cuanto a la falta de una imputación concreta e individualizada en función de los hechos puestos de manifiesto. En la narración fáctica se dice "obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento, y de edificación previa parcelación ...". Hechos que traen causa de otro expediente que devino caducidad. Segunda.- Una vez declarada la caducidad y habiéndose promulgado nueva legislación, que viene a recoger la realidad social existente, considero que el presente expediente, concretamente la Ley 4/2006, de 22 de mayo, que módica el Texto Refundido de las leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, señala en la exposición de motivos: "La situación actual es consecuencia de una cierta tolerancia negligente de los órganos con competencia urbanística cercanos a los administrados, y también del desconocimiento por los propios administrados de las modificaciones normativas de mayor exigencia introducidas en la legislación urbanística, con un severo régimen sancionador de las infracciones, en el que no se tuvo en cuenta la posibilidad de reducir las sanciones previstas con carácter general en aquellas situaciones donde el infractor coopere con la Administración en el restablecimiento del orden jurídico alterado, ni tampoco la situación planteada cuando la edificación sin licencia quede incluida en suelo reclasificado como urbano o asentamiento rural, como consecuencia de modificaciones operadas en los instrumentos de planeamiento con posterioridad al acto edificatorio ..." Cuarta.- Dándose el caso de la caducidad de expediente, aún no suponiendo por sí misma, la prescripción, sí que resulta llamativo que en un procedimiento sancionador se pretende reavivar por tercera vez, una cuestión que por otro lado recibirá el amparo vía legalización previa aprobación del instrumento que le sirve de cobertura de legal tanto a lo edificado como a los usos. El caso de mi mandante se encuentra perfectamente encuadrado en la reforma legal y así en dicho texto se recogen a las construcciones que se hubieran iniciado sin licencia con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por el que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, y, en particular, regular la situación de aquellas viviendas edificadas sobre suelo rústico incluidas dentro de alguna de las categorías establecidas en el artículo 55.b) del TRLOTCEN, y a las que, transcurrido el plazo previsto en el artículo 180 del mismo Texto Refundido, no se hayan aplicado las medidas pertinentes por la Administración competente. Quinto.- Consta aportado en las actuaciones escrito solicitando la inclusión en el censo para la legalización de viviendas y en todo caso se dejan señalados los archivos a efectos probatorios, del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, donde consta que las actuaciones objeto de este expediente se encuentran en el denominado núcleo rural. De otro lado, no se valora la ausencia de perjuicio al interés general o al menos no se realiza una valoración pondera en atención a las circunstancias y desde luego la existencia de la prescripción de las actuaciones. Por todo ello y proponiendo la prueba interesada, vengo a solicitar: que tenga por presentado este escrito con su copia, lo admita y como se interesa con la documentación que se acompaña, se tenga por formuladas las alegaciones que el mismo se contienen y en su consecuencia se proceda al archivo. Es todo ello de Justicia, en Telde para Las Palmas, a 24 de abril de 2008. Otrosí digo: que igualmente solicito tener prueba documental de los expedientes incoados en la zona donde se han realizado las actuaciones objeto de este expediente con objeto de precisar el grado de afectación al Interés general o particular.".
III
Con fecha 7 de mayo de 2008, el Instructor del expediente formula la siguiente propuesta de resolución (notificada el 23 de mayo de 2008): Primero.- Imponer a D. Francisco Benítez Macías, multa de treinta mil (30.000,00) euros por la comisión de infracción consistente en ejecución de obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento y edificación, en el lugar denominado "Cruz de Jerez", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y clasificada de grave en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal con multa. Segundo.- Ordenar a D. Francisco Benítez Macías, restablecer el orden jurídico infringido por la infracción tratada, mediante la reposición de la realidad física alterada a su estado originario, a través de la demolición de las obras constitutivas de la misma, consistentes en obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento y edificación, en el lugar denominado "Cruz de Jerez", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, requiriéndose al interesado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutara subsidiariamente la orden de demolición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Tercero.- Advertir al interesado que si repone los terrenos por si mismo al estado anterior a la alteración de la realidad física alterada, en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación. Cuarto.- Notificar la presente Propuesta de Resolución al interesado, poniendo en su conocimiento, de conformidad con el artículo 19 del Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, lo siguiente: a) Que frente a esta Propuesta de Resolución puede presentar alegaciones, documentos e informaciones, en el plazo de quince días, durante los cuales queda de manifiesto el expediente. b) A esta notificación se acompaña una relación de los documentos obrantes en el expediente, a fin de que pueda obtener copia de los que estime convenientes. c) Una vez evacuado este trámite, y vistas las alegaciones, informaciones y pruebas aportadas, se elevará todo lo actuado al Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para que resuelva lo que proceda."
IV
Por escrito con registro de entrada en la Agencia el día 16 de junio de 2008, bajo el nº gral. 823.135, nº apun. 9.703, D. Gonzalo Otero Ruiz en representación del expedientado, alega y solicita en trámite de audiencia lo siguiente: "Primera.- A pesar de figurar ahora con otro número, el presente trae causa de la denuncia efectuada en el año 2000 y que dio lugar a la incoación del expediente IU 210/2000. La inspección se realizó el 18 de abril de 2000. Por ello se interesa unión a este expediente cuantos escritos y pruebas obren en el mismo. Segunda.- De las actuaciones de las que se me ha dado copia, además resaltar aspectos tales como Folio 32 (Documento 12), se dice fecha de inspección: "Seguimiento del Precinto". Fecha de inspección consta el día 4 de marzo de 2004. Informe firmado el día 26 de marzo de 2004, en el punto 2 se dice: "Se verifica que dichas obras no han variado desde el 16 de julio de 2003. En el folio 33 (documental 12) obran dos fotografías de la fecha de la visita: se aprecian las obras totalmente acabadas. En el folio 30 (documental 10) figura diligencia del encargado de la inspección (fecha inspección 18 de julio de 2003) de puño y letra se dicen: " No se ha encontrado alteración alguna en la obra respecto a la diligencia de precinto." En el folio 28 (Documento 8) figura el acta de precinto realizada el día 23 de mayo de 2002. En el folio 21 (documento 5) se observa una fotografía 1 de 13 de febrero de 2001. Detrás de las planchas se observa la denominada edificación, totalmente terminada y encalada (en realidad era una vivienda antigua semiderruida que ha sido rehabilitada). De lo anterior deducimos: 1º.- Que los muros están totalmente terminados al menos desde 16 de julio de 2003. 2º.- Probado que la denominada edificación está totalmente terminada desde al menos la fecha indicada en el hecho anterior. Tercera.- Consta en el expediente un informe técnico elaborado el día 6 de mayo de 2008, que desde luego no se corresponde con la realidad, y, realizo esta afirmación por dos cuestiones: excesivo valor otorgado a unos muros de cerramiento de bloques. Cuando se menciona la edificación se señala el porcentaje de ejecución se señala el 91%, lo que se contradice con la documental obrante en el expediente, ya que la edificación esta totalmente terminada (rehabilitada) desde al menos el año 2004.
Interesamos desde ahora se señale visita para comprobar estos extremos. En todo caso se aportará informe pericial sobre estas cuestiones. Cuarta.- No se puede imputar a esta parte la no colaboración -con independencia de la negativa de una hija del dicente a firmar, pues desconocía la obligación de hacerlo y por tanto de recepcionar la notificación-, constando además la personación con Letrado desde el inicio de las actuaciones. Quinta.- Desde luego y con independencia de que es la propia administración la que califica los hechos como constitutivos de una falta grave; en cuanto a la sanción propuesta de 30.000 euros, razonada en base a lo dispuesto en el artículo 196 del TRLOTC y ENC. No consta en el informe diferencia entre el valor inicial y valor en venta. Dato importante a la hora de fijar la cuantía de la infracción. No hace falta mucho esfuerzo dialéctico para entender la desproporcionalidad entre lo edificado y la sanción económica. En todo caso se dejan señalado expedientes resueltos por esa Agencia en los que impone idéntica sanción. El Tribunal Constitucional, invocando doctrina del Tribunal Supremo ha declarado reiteradamente que los principios inspiradores del orden penal son de aplicación con matices al Derecho Administrativo sancionador, tanto en un sentido material como procedimental -Sentencias del Tribunal Constitucional de 8 de junio de 1981; de 21 de enero de 1987; de 21 de enero de 1988 y de 6 de febrero de 1989, entre otras-. Se da por reproducida las fundamentaciones y alegatos de otros escritos de esta parte. Al respecto al Ley 4/2006, de 22 de mayo, que modifica el Texto Refundido de las leyes de ordenación del territorio y de espacios naturales, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, señala en la exposición de motivos: "... La situación actual es consecuencia de una cierta tolerancia negligente de los órganos con competencia urbanística cercanos a los administrados, y también del desconocimiento por los propios administrados de las modificaciones normativas de mayor exigencia introducidas en la legislación urbanística, con un severo régimen sancionador de las infracciones, en el que no se tuvo en cuenta la posibilidad de reducir las sanciones previstas con carácter general en aquellas situaciones donde el infractor coopere con la Administración en el restablecimiento del orden jurídico alterado, ni tampoco la situación planteada cuando la edificación sin licencia quede incluida en suelo reclasificado como urbano o asentamiento rural, como consecuencia de modificaciones operadas en los instrumentos de planeamiento con posterioridad al acto edificatorio ..." El caso de mi mandante se encuentra perfectamente encuadrado en la reforma legal y así en dicho texto se recogen a las construcciones que se hubieran iniciado sin licencia con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 14 de abril, por la que se aprueban las Directrices de Ordenación General y las Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias, y, en particular, regular la situación de aquellas viviendas edificadas sobre suelo rústico incluidas dentro de alguna de las categorías establecidas en el artículo 55.b) del TRLOTCEN; y a las que, transcurrido el plazo previsto en el artículo 180 del mismo Texto Refundido, no se hayan aplicado las medidas pertinentes por la Administración competente.
Consta aportado en las actuaciones escrito solicitando la inclusión en el censo para la legalización de viviendas y en todo caso se dejan señalados los archivos a efectos probatorios, del Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, donde consta que las actuaciones objeto de este expediente se encuentran en el denominado núcleo rural. Sexta.- Sin duda, y a pesar de lo manifestado en cuanto a la carga de la prueba, es decir que esta parte ha de probar la existencia de los presupuestos para que se entienda y extienda el instituto de la prescripción. Pues bien en cuanto las posibilidades y facilidades de obtener medios de prueba, recordar las reglas o principios que atribuyen la carga de la prueba a la parte que afirma, no a la que niega (el incumbit probatio qui dicit non qui negat) y que excluye de la necesidad de probar los hechos notorios (notoria non egent probatione) y los hechos negativos indefinidos (negativa no sunt probanda). Resulta llamativo que desde el año 2000, corre el mes de junio de 2008, no se desplegara prueba con entidad suficiente para realizar la acusación y desde luego para proponer la sanción. Por eso esta parte insiste, los hechos están prescritos de conformidad con lo dispuesto en el artículo 201 ... la total terminación de las obras como fecha más desfavorable es la de 2004; teniendo en cuenta que se trata de infracción de carácter grave (artículo 205 TRLOT- ENC) operaría el instituto de la prescripción, que despliega sus efectos en aras al Principio de Seguridad Jurídica. Solicitar: que tenga por presentado este escrito con su copia, lo admita y como se interesa con la documentación que se acompaña, se tengan por formuladas las alegaciones que el mismo se contienen y en su consecuencia se proceda al archivo. Es todo ello de Justicia, en Telde para Las Palmas, a 12 de junio de 2008. Otrosí digo: que igualmente solicito traer prueba documental de los expedientes incoados en la zona donde se han realizado las actuaciones objeto de este expediente con objeto de precisar el grado de afectación al Interés general o particular."
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I
El Ilmo. Sr. Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural es competente para resolver el presente procedimiento sancionador, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 y 229 del TRLOTC y ENC, en relación con el artículo 19 de los Estatutos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, aprobados por Decreto 189/2001, de 15 de octubre.
II
Han sido observados y cumplimentados todos los requisitos de procedimiento establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJAP y PAC, en adelante), y en el Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por el Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto.
III
En cuanto a las alegaciones vertidas en el presente proceso con anterioridad al trámite de audiencia, que reseña la representación del afectado en éste, se consideren reproducidas, nos remitimos, a fin de evitar innecesarias reiteraciones, a las respuestas dadas respecto a las mismas, en Propuesta de Resolución formulada por el instructor del expediente. Por lo que se refiere a las alegaciones aducidas en trámite de audiencia, reproducidas en el cuarto antecedente de la presente resolución, que pueden resumirse en apretada síntesis, en incorrecta valoración de las obras, desproporcionalidad de la sanción impuesta, y prescripción de la infracción, destacamos respecto a las mismas lo siguiente, comenzando por la prescripción, siguiendo por la valoración de las obras, y por último tratando la desproporcionalidad de la sanción, con el objeto de guardar una adecuada sistemática en nuestra exposición.
- En cuanto a la alegada prescripción de la infracción, ha de reseñarse en primer lugar, que para que opere el instituto de la prescripción en el presente caso, es preciso que conste hayan transcurrido dos años desde la total terminación de las obras y la incoación del presente proceso sancionador, de acuerdo con plazos y reglas de cómputo establecidos en los artículos 205 y 201.1 del TRLOTC y ENC. Asimismo la carga de la prueba de prescripción, de los elementos precisos para su apreciación (por tanto, de la total terminación de las obras dos años antes de la incoación del sancionador que nos aborda), corresponde no a la administración sino al infractor, conforme reiterada jurisprudencia de la que es exponente la Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo de 18 de diciembre de 1991, conforme a la cual, la carga de la prueba no la soporta la administración sino el administrado que voluntariamente se ha colocado en una situación de clandestinidad y que por tanto ha creado la dificultad para el conocimiento del "dies a quo" en el plazo que se examina, por ello el principio de buena fe, plenamente operante en el campo procesal impide, que el crea una situación ilegalidad pueda obtener ventaja de las dificultades probatorias originadas por esa ilegalidad. Por tanto, de no conseguirse probar la fecha de terminación de las obras, los perjuicios que ello comporta lo soportará el infractor, puesto que el sentido propio de la carga de la prueba, es determinar quién ha de soportar las consecuencias desfavorables que derivan de la falta de prueba (STS 24.11.94).
Dicho lo anterior significamos en primer lugar, que no consta de la documentación obrante en el expediente hayan transcurrido dos años entre la total terminación de la obras y la incoación del presente proceso sancionador.
Efectivamente, se realizan dos revisiones de precinto practicado el 23 de mayo de 2002, en cumplimiento de orden de suspensión de las obras tratadas, uno, el 18 de julio de 2003, y otro, el 4 de marzo de 2004, no apreciándose en ninguna de esas revisiones de precinto (en 2003 y 2004), modificación del estado que reflejaban las obras en fecha del precinto (en el 2002), pero ello no quiere decir que las obras estuviesen totalmente terminadas ni en fecha de precinto (2002), ni en las fechas de revisiones de precinto (2003- 2004), simplemente que tras precinto, no se continuaron las obras, comprobándose así acatamiento de la citada orden de suspensión. Por lo que de tales revisiones de precinto, no pueden concluirse prescripción de infracción.
Por otra parte, de la documentación fotográfica obrante en el expediente en modo alguno, se constata de forma irrefutable terminación de obras, determinación que además en cualquier caso, en estricto sentido, siempre requiere pronunciamiento técnico, en tanto son aspectos técnicos lo que han de considerarse para determinar terminación de obras. Recuérdese que para autorizar la primera ocupación y/o utilización de vivienda o cualquier construcción previamente autorizada, es decir, legal (la primera ocupación y/o utilización de edificaciones y construcciones, está sujeta a licencia urbanística, independiente y sucesiva a la de obras, conforme a lo dispuesto en el artº. 166.1.b) y h) del TRLOTC y ENC), es preciso aportar certificado final de obras, y constatar la terminación de las mismas, con arreglo a proyecto autorizado por licencia, para lo que no sólo han de haberse observado parámetros urbanísticos (es decir, de ocupación, edificabilidad, altura, etc.), sino también de edificabilidad, habitabilidad en su caso (piénsese en las Normas Básicas de la Edificación, donde se contienen determinaciones relativas a anchos de pasillos, medidas mínimas de habitaciones, patios, ventilación, evacuación, electricidad, etc.), por lo que son criterios de justicia, los que obligan a exigir para acreditar terminación de obra ilegal, documentos análogos a los exigidos para las obras legales.
La representación del afectado en torno a la prescripción no aporta certificado final de obra, ni documento análogo que pruebe terminación de obras, sólo se remite a fotos obrantes en el expediente, que como ya hemos reseñado, no prueban terminación de obras dos años antes del sancionador, actas de inspección de precinto, que como también ya indicamos, no contienen determinación alguna sobre terminación de obras, determinante del inicio del cómputo del plazo de prescripción de la infracción tratada.
Se estima oportuno destacar que lo anteriormente expuesto se refiere a prescripción de la infracción, instituto que impide sanción, pero cuestión distinta, es la caducidad de la acción administrativa para exigir restablecimiento del orden jurídico perturbado, que se obtiene a través de legalización o demolición, procediendo en el presente caso ordenar demolición, por las razones expuestas en el VII fundamento de derecho de la Propuesta de Resolución formulada por el instructor del expediente, y que se reproducirán en el oportuno fundamento de esta resolución. Y decimos que la caducidad de tal acción administrativa para exigir el restablecimiento, es distinta a la prescripción de la infracción, y está sujeta a distinto régimen, fijado en el Capítulo V del Título V del TRLOTC y ENC, y el de infracciones y sanciones, en el Título VII del citado texto legal. Así, en el presente caso, para apreciar caducidad de la citada acción administrativa, es necesario acreditar que han transcurrido no dos, como sería para la prescripción de la infracción, sino cuatro años desde la total terminación de las obras, conforme a lo dispuesto en el artº. 180.1 del TRLOTC y ENC.
- Se destaca en escrito de alegaciones formulado en trámite de audiencia, que la valoración contenida en informe técnico de fecha 6 de mayo de 2008, obrante en el expediente, y recabado a tal efecto, es errónea, que es excesiva la valoración dada a los muros, y que se fija el porcentaje de ejecución en un 91%, cuando está totalmente terminada.
Por tanto se pone en entredicho tanto datos de los que ha partido la valoración, como criterios y coeficientes utilizados (que han dado lugar, según la representación del interesado, a una valoración excesiva).
A este respecto destacar, que los datos utilizados en el citado informe técnico para elaborar valoración, se han recabado de denuncias obrantes en el expediente, emitidas por funcionarios, y los hechos constatados por funcionarios gozan de presunción de veracidad y certeza, dada la imparcialidad y objetividad que se presume de aquéllos en su actuar, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y conforme reiterada jurisprudencia que por conocida es ocioso mencionar, esa presunción de veracidad y certeza constituye una garantía de la eficacia de la actividad administrativa. No se ha aportado en el presente expediente, prueba suficiente que desvirtúe la citada presunción de veracidad de la que gozan los hechos constatados por funcionarios en denuncias, se pide visita al lugar de las obras, pero las denuncias obrantes en el expediente se han formulado previa inspección in situ, no estimándose necesaria por tanto tal inspección, sin obviar que como a continuación resaltaremos, se ha solicitado práctica de pruebas en trámite de audiencia y no es ese el momento procesal oportuno, que no es otro que en escrito de alegaciones, como se indicó en acuerdo de incoación del presente expediente, debidamente notificado. No obstante, ahondaremos en esto más adelante.
En cuanto a que la valoración es excesiva, lo cierto es que no se aporta una valoración contradictoria, que nos permita discutir o reconsiderar criterios y coeficientes de valoración fijados y utilizados en el citado informe técnico de valoración, emitido por funcionario inspector adscrito a la Agencia, cuya imparcialidad se presume, estando por otra parte, la valoración efectuada por aquél debidamente motivada, con indicación de coeficientes y criterios utilizados, que además se estiman objetivos (Normativa de aplicación en la valoración: 1.- Colegio de Arquitectos de Canarias. Aplicación de tabla de Baremos orientativos para la estimación de honorarios del año 2007. 2.- Cuadro de Precios de Edificación y Urbanización en Canarias del Centro de Información y Economía de la Construcción 2006).
Asimismo resaltamos, que a los efectos de valoración, resulta sin duda más perjudicial para el afectado, que se considere que el grado de ejecución de la obra es mayor que el fijado del 91%, porque ello incrementaría el valor de la obra, y por ende la importancia o consideración del beneficio económico a obtener en la comisión de la infracción. A mayor valor de obra, mayor beneficio económico a obtener, mayor valor del patrimonio del infractor, y podría incluso, que no entedemos sería este el caso, considerarse, de ser muy alto el valor de la obra, la mixta prevista en el artº. 199.b) del TRLOTC y ENC, consistente en "El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración alguna del posible beneficio económico", es su vertiente agravante, pues de ser muy alto el valor de las obras, puede entenderse que se ha considerado de forma especial el beneficio económico a obtener.
Pero en línea con lo expuesto, la valoración de obra, podría en cualquier caso, ser determinante en la graduación de la sanción, la sanción sería mayor o menor, pero no destipificaría los hechos, la ejecución no autorizada de obras, como infracción. Además de que la incidencia de lo discutido por el afectado en la valoración y por ende en la sanción, sería insignificante.
- En cuanto a la desproporcionalidad de la sanción, significamos que la multa propuesta por el instructor de 30.000,00 euros, se fija dentro de los límites legales, que van conforme a lo preceptuado en el artº. 203.1.b) del TRLOTC y NEC, de 6.010,13 a 150.253,03 euros, atendiendo a la totalidad de las circunstancias que concurren en el expediente, y a la incidencia de la mismas en la valoración global de la infracción, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 196 del TRLOTC y ENC, y conforme al principio de proporcionalidad que ha de regir el ejercicio de la potestad sancionadora reconocida a las administraciones públicas, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 131 de la LRJAP y PAC. Entendiendo, que se guarda una debida adecuación entre la gravedad de los hechos y personalidad del autor y la sanción. Destaca la representación del afectado, que es necesario fijar diferencia entre valor inicial y valor en venta, pero ha de señalarse que no consta venta alguna de parcelas, por lo que fijar esa diferencia es imposible, además de que en cualquier caso, ello sería constitutivo de otra infracción (parcelación ilegal- artº. 207 del TRLOTC y ENC), distinta a la aquí imputada [ejecución no autorizada de obras- artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC], para cuya sanción si sería necesario considerar la diferencia entre valor inicial y valor en venta, por determinación del artº. 196.2 del TRLOTC y ENC.
Por último se estima conveniente aludir a los siguientes aspectos:
- Se ha solicitado práctica de prueba en trámite de audiencia, no siendo como ya se ha esbozado ese, el momento procesal oportuno, que no era otro, que el de trámite de alegaciones, conforme expresamente se le señaló en acuerdo de incoación del presente proceso, notificado el día 7 de abril de 2008. No obstante lo anterior, en aras al derecho a la defensa que asiste al afectado, destacamos que los hechos y responsabilidades imputadas se consideran suficientemente probados con la documentación obrante en el expediente y ninguna de las pruebas propuestas, por las razones ya expuestas, y que a continuación se detallan son procedentes, en tanto no modificarían contenido de la resolución que ha de adoptarse en el presente proceso. No procediendo por ende, retrotraer proceso al momento de práctica de prueba, ni práctica de actuaciones complementarias prevista en el artº. 20 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto:
· La inspección in situ instada para comprobar datos relativos a valoración, es improcedente por las razones ya expuestas cuando se trató alegato relativo a valoración de obras.
· Y la prueba consistente en documental de los expedientes incoados en la zona donde se han realizado las actuaciones objeto de este expediente, con objeto de precisar el grado de afectación al Interés general o particular, solicitada en trámite de alegaciones y de audiencia, se estima improcedente por los motivos dado por el instructor en Propuesta de Resolución, y es que su resultado no modificaría el contenido de la resolución a adoptar en el presente proceso, dado que no se apreciará como agravante en el mismo, una especial afección de las obras al medio natural afectado, y la comisión por otros, de otras infracciones similares en lugar próximo, no exime ni atenúa la responsabilidad sancionadora en la que ha incurrido el afectado, aquí enjuiciada
- Se ha solicitado se considere toda la documentación obrante en el expediente sustanciado en la Agencia frente al afectado, por las obras aquí tratadas y parcelación, bajo referencia IU 210/00, que se ultimó con declaración de caducidad (por no notificar resolución expresa dentro del plazo máximo permitido), y vista ésta, la misma no modifica el contenido de la resolución de la presente resolución, que no puede ser otro, de acuerdo con motivación expuesta y que se continuará esbozando, que el propuesto por la instrucción del expediente, que es en resumen, multa de 30.000,00 euros y demolición.
- También conviene significar tal y como se especificó en la Propuesta de Resolución, que no se estima que las obras tratadas se encuentren en el supuesto descrito en la Disposición Transitoria Undécima del TRLOTC y ENC, introducida por la Ley 4/2006, de 22 de mayo, para acceder al proceso de regularización fijado en la misma, en tanto no se entiende caducada la acción administrativa para exigir el restablecimiento del orden jurídico perturbado, conforme a lo dispuesto en el artº. 180.1 del TRLOTC y ENC, en tanto no consta, hayan transcurrido más de cuatro años desde la completa y total terminación de las obras.
- Asimismo se significa en cuanto a que el nuevo planeamiento en trámite dará cobertura legal a las obras tratadas (destacando que el suelo afectado por las mismas figura reclasificado en el Avance del Plan General de Ordenación Urbana de Telde, como rústico de asentamiento rural), que la orden de demolición que en el presente proceso ha de adoptarse, es sin perjuicio de la posibilidad de suspender su ejecutoriedad, en el caso, de darse los requisitos al efecto fijados en el apartado 9 de la Disposición Transitoria Duodécima del TRLOTC y ENC, introducida por la Ley 4/2006, de 22 mayo (que son que el suelo tratado esté incluido en suelo urbano o rústico con la categoría de asentamiento, en el plan en trámite, aprobado inicialmente o en fase de avance con certificado municipal fundamentando la idoneidad del suelo para tal clase y categoría), requisitos y circunstancias que conforme criterios fijados por la Asamblea de esta Agencia, en sesión celebrada el 17 de julio de 2006, se verifican en procedimiento iniciado de oficio antes de proceder a la ejecución forzosa de la demolición, es decir, una vez la orden de demolición sea firme y ejecutiva, se haya agotado la vía voluntaria de ejecución y antes de proceder a su ejecución forzosa.
- También reseñamos que en ningún momento se ha considerado en expediente la no colaboración del afectado.
IV
De la documentación obrante en el presente expediente administrativo, se derivan los siguientes hechos probados:
- Ejecución de obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento y edificación, en el lugar denominado "Cruz de Jerez", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística).
Resulta responsable de tales hechos, en calidad de promotor, D. Francisco Benítez Macías, de acuerdo con lo dispuesto en el artº. 189 del TRLOTC y ENC.
V
Los indiciados hechos probados son constitutivos de infracción tipificada y clasificada de grave, en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, en cuanto suponen la realización de actos de transformación del suelo mediante la realización de obras, edificaciones, e instalaciones sin la cobertura formal de calificación territorial y licencia urbanística.
VI
Se aprecian en el presente caso la concurrencia de las siguientes circunstancias modificativas de la responsabilidad sancionadora:
- Como circunstancia atenuante, la prevista en el artº. 198.a) del TRLOTC y ENC, consistente en "La ausencia de intención de causar un daño tan grave a los intereses públicos o privados afectados".
- Como circunstancia mixta en su vertiente atenuadora la prevista en el artº. 199.a) del TRLTOC y ENC, consistente en "El grado de conocimiento de la normativa legal y de las reglas técnicas de obligatoria observancia por razón de oficio, profesión o actividad habitual", no consta especial conocimiento de la normativa vulnerada por razón de oficio, profesión o actividad habitual.
- Como circunstancia mixta en su vertiente atenuadora, la prevista en el artº. 199.b) del TRLOTC y ENC, consistente en "El beneficio obtenido de la infracción o, en su caso, la realización de ésta sin consideración alguna del posible beneficio económico", puesto que, dado el valor de las obras no se estima se haya considerado de forma especial el beneficio económico a obtener en la realización de la infracción tratada.
VII
Ponderando la incidencia de dichas circunstancias en la valoración global de la infracción, de conformidad con lo dispuesto en el artº. 196 del TRLOTC y ENC, y en virtud del principio de proporcionalidad, procede imponer a D. Francisco Benítez Macías, la sanción consistente en multa de treinta mil (30.000,00) euros.
VIII
De conformidad con lo dispuesto en el artº. 179 del TRLOTC y ENC, y dado que nos encontramos con obras en suelo rústico es necesaria calificación territorial y carecen de la misma, y no consta instada legalización, procede ordenar el restablecimiento del orden jurídico perturbado por la infracción tratada, mediante la adopción de la siguiente medida:
Ordenar a D. Francisco Benítez Macías, restablecer el orden jurídico infringido por la infracción tratada, mediante la reposición de la realidad física alterada a su estado originario, anterior a la comisión de la misma, a través de la demolición de las obras constitutivas de la misma, consistentes en obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento y edificación, en el lugar denominado "Cruz de Jerez", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, requiriéndose al interesado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutara subsidiariamente la orden de demolición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
De acuerdo con lo dispuesto en el artº. 188.2 del TRLOTC y ENC, en ningún caso podrá la Administración dejar de adoptar las medidas dirigidas a reponer los bienes afectados al estado anterior a la comisión de la infracción.
IX
De conformidad con el apartado 1 del artículo 182 del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias, aprobado por Decreto Legislativo 1/2000, modificado mediante la Ley 4/2006, de 22 de mayo, se advierte al interesado que si repone los terrenos por sí mismo a su estado anterior, en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación.
Visto el expediente administrativo, informes emitidos, disposiciones citadas y demás normas de general y concordante aplicación y, habiéndose observado todas las prescripciones legales,
R E S U E L V O:
Primero.- Imponer a D. Francisco Benítez Macías, multa de treinta mil (30.000,00) euros por la comisión de infracción consistente en ejecución de obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento y edificación, en el lugar denominado "Cruz de Jerez", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y clasificada de grave en el artº. 202.3.b) del TRLOTC y ENC, y sancionada en el artº. 203.1.b) del mismo texto legal con multa.
Segundo.- Ordenar a D. Francisco Benítez Macías, restablecer el orden jurídico infringido por la infracción tratada, mediante la reposición de la realidad física alterada a su estado originario, a través de la demolición de las obras constitutivas de la misma, consistentes en obras de construcción de muros y otros elementos de cerramiento y edificación, en el lugar denominado "Cruz de Jerez", en el término municipal de Telde, en suelo rústico, requiriéndose al interesado para que en el plazo de un mes presente, ante la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, el correspondiente proyecto de demolición, como primer trámite de ejecución voluntaria de lo ordenado, advirtiéndose que el incumplimiento de tal requerimiento, dará lugar, a que esta Agencia ejecutara subsidiariamente la orden de demolición, con cargo al infractor, conforme a lo dispuesto en los artículos 95 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Advertir al interesado de que si repone los terrenos por si mismo a su estado anterior, en los términos dispuestos por la Administración, tendrá derecho a la reducción en un noventa por ciento de la multa que se haya impuesto en el procedimiento sancionador, siempre que se solicite con anterioridad a la finalización del correspondiente procedimiento de recaudación.
Cuarto.- Notifíquese a los interesados y dése traslado al Ayuntamiento de Telde.
El cumplimiento de las obligaciones económicas derivadas de la misma, se hará efectivo en el tiempo y forma que se establezca en la notificación que le remitirá la Consejería de Economía y Hacienda a este fin, una vez sea firme la resolución en vía administrativa, de conformidad con lo dispuesto en la Resolución de 13 de agosto de 2002, por la que se da publicidad a la suscripción del Convenio entre la Consejería de Economía, Hacienda y Comercio del Gobierno de Canarias y la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, para la prestación de gestión de cobro de los ingresos de derecho público propios de la Agencia, tanto en período voluntario como en vía ejecutiva
Contra el presente acto que agota la vía administrativa, cabe interponer potestativamente, recurso de reposición ante el Director Ejecutivo de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación, o directamente, recurso contencioso-administrativo, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo que por turno corresponda, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de su notificación, de conformidad con lo establecido en los artículos 8.3 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro que se estime procedente".
Remitir la presente Resolución al Servicio de Publicaciones del Gobierno de Canarias y al correspondiente Ayuntamiento, para su inserción en el tablón de edictos.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de octubre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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