No habiéndose podido practicar la notificación a D. Francisco Ramón Herrera Sánchez de la Resolución de incoación, de fecha 1 de agosto de 2008, en los términos del apartado primero del artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; de conformidad con el apartado cuarto del citado artículo,
R E S U E L V O:
Notificar a Francisco Ramón Herrera Sánchez la Resolución de incoación, de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural, de fecha 1 de agosto de 2008, recaída en el expediente instruido en esta Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural por infracción de la legalidad urbanística con referencia I.U. 116/02 y cuya parte dispositiva dice textualmente:
"R E S U E L V O:
"Primero.- Incoar expediente sancionador a D. Francisco Ramón Herrera Sánchez, como presunto responsable en calidad de promotor, de infracción contra la ordenación territorial, consistente en la ejecución de 1) instalación de nave prefabricada, de aproximadamente 90 m2 de superficie junto a la que se encuentra una acumulación de pales de madera; 2) edificación de aproximadamente 16,5 m2; 3) instalación de container y acumulación de chapas metálicas formando un cuarto y vallado; 4) instalación de portón de entrada a la finca; 5) solera de hormigón de superficie total aproximadamente de 100 m2 situada, por un lado sirviendo de nexo unión entre la nave, la acumulación de pales y cuarto descritos y, por otro, bajo la actuación enumerada como "3)" y finalmente 4) vallado perimetral de finca con malla metálica y tubos de aproximadamente 250 m, en el lugar denominado Los Corrales, en el término municipal de Telde (Gran Canaria), en suelo rústico de protección agrícola (PGO), sin contar con los preceptivos títulos legitimantes (calificación territorial y licencia urbanística), tipificada y calificada de grave en el artículo 202.3.b) del TRLOTENC, y sancionada en el artículo 203.1.b) del citado texto legal con multa de 6.010,13 a 150.253,04, por lo que se propone imponer una multa de setenta y dos mil (72.000) euros, correspondiente a su grado medio, sin perjuicio de la posible aplicación de la regla de la exclusión del beneficio económico prevista en el artículo 195 del Texto Refundido citado, así como otra circunstancia que pueda concurrir en la tramitación del presente expediente.
Manifestar al interesado lo siguiente:
a) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 3.2 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, los interesados tienen derecho a formular alegaciones y a aportar los documentos que consideren convenientes en cualquier momento del procedimiento a partir de la notificación del presente acuerdo y con anterioridad al trámite de audiencia.
b) Al amparo de lo dispuesto en el artículo 16.1 del citado Reglamento, los interesados disponen de un plazo de quince días, a contar desde la notificación del presente acuerdo, para adoptar cuantas alegaciones, documentos o informaciones estimen convenientes y, en su caso, proponer pruebas concretando los medios de que pretendan valerse. De no presentarse alegaciones en dicho plazo, a tenor de lo dispuesto en el artículo 13.2 del mismo Texto legal, el presente Acuerdo de iniciación podrá considerarse como propuesta de resolución, toda vez que contiene un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.
c) Una vez notificada la Propuesta de Resolución, los interesados dispondrán de un plazo de audiencia de quince días para formular alegaciones, así como para presentar los documentos que estimen pertinentes, según lo dispuesto en el artículo 19 del mismo Reglamento.
d) El expediente administrativo se encuentra a disposición de los interesados en las oficinas de esta Agencia, sitas en la calle Venegas, 65, segunda planta, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 10 a 12 horas, de lunes a viernes puesto que el procedimiento sancionador se desarrolla de acuerdo con el principio de acceso permanente.
e) Según preceptúa el artículo 191 del TRLOTENC, y a tenor de lo dispuesto en el artículo 42.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el plazo máximo para resolver el presente procedimiento es de seis meses, transcurrido el cual se producirá la caducidad del mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.2 de la precitada Ley.
f) De conformidad con el artículo 8.1 del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora, si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento, con la imposición de la sanción que proceda, y ello sin perjuicio de la reposición de la realidad física alterada prevista en el artículo 179 del citado Texto Refundido. Asimismo, según dispone el apartado segundo del precitado artículo el pago voluntario por el imputado en cualquier momento anterior a la resolución, podrá implicar igualmente la terminación del procedimiento sin perjuicio de interponer los recursos procedentes.
Segundo.- Nombrar Instructora y Secretaria del mencionado expediente sancionador, respectivamente, a Dña. Alicia Santana Sosa y a Dña. Ángela María González Jiménez, quienes podrán ser recusadas en los casos y formas previstos en el artículo 29 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Tercero.- Comuníquese la presente Resolución a las nombradas Instructora y Secretaria, y notifíquese a los interesados.
Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 2008.- El Director Ejecutivo, Pedro Pacheco González.
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