Vista la propuesta formulada por la Dirección General de la Función Pública.
Y teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1. Mediante Resolución nº 1212, de 10 de diciembre de 2007, la Dirección General de la Función Pública, a propuesta del Servicio correspondiente, inició el expediente de contratación administrativa para la adjudicación, por concurso, procedimiento abierto y tramitación anticipada, del servicio de vigilancia de las dependencias del Centro Directivo y de las aulas del Instituto Canario de Administración Pública, en Santa Cruz de Tenerife.
2. Con fecha 28 de diciembre de 2007, la Intervención Delegada efectuó la fiscalización previa de la fase de autorización del gasto, mediante la confirmación contable del documento A-403, por importe de 96.704,19 euros y la emisión de informe favorable de fiscalización.
3. Mediante Resolución nº 3, de 4 de enero de 2008, al no haberse adjudicado el contrato durante el ejercicio de 2007, la Dirección General de la Función Pública dispuso la conservación de actos y trámites de procedimiento, la modificación de la cláusula 7ª del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la aplicación al procedimiento de la tramitación de urgencia.
4. Mediante Resolución nº 4, de 4 de enero de 2008, la Dirección General de la Función Pública aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las Prescripciones Técnicas por las que se regirá la ejecución de la prestación, aprobó el gasto y procedió a la apertura del trámite de adjudicación.
5. En el Boletín Oficial de Canarias nº 12, de 17 de enero de 2008, se publicó el anuncio de licitación.
6. D. Eduardo Cobas Urcelay, en nombre y representación de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), presentó en la Oficina Canaria de Información de Las Palmas de Gran Canaria, el día 22 de enero de 2008, un escrito dirigido al Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, por el que solicita que, al amparo del artículo 60 bis del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, añadido por el artículo 67.3 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, se suspenda el procedimiento referenciado y se corrijan las infracciones detectadas.
7. Mediante escrito presentado en el Registro General del Cabildo Insular de Tenerife el día 25 de enero de 2008, Dña. María Concepción Álvarez López, en representación de la empresa Dialse Seguridad, S.L., interpuso recurso de reposición contra la indicada convocatoria y solicitó, asimismo, la suspensión del procedimiento.
8. Por Resolución de la Dirección General de la Función Pública nº 80, de 30 de enero de 2008, se dispuso la acumulación de ambos procedimientos.
9. D. Miguel Ángel Díez Rivera, en calidad de Presidente de la Federación Canaria de Asociaciones de la Pequeña y Mediana Empresa de Seguridad (FECAPYMES), presentó en el Registro General de la Dirección General de la Función Pública, en Santa Cruz de Tenerife, recurso de reposición contra la convocatoria y solicitó, asimismo, la suspensión del procedimiento.
10. Mediante Orden de esta Consejería, de 6 de febrero de 2008, se dispuso la suspensión del procedimiento.
11. Por Resolución de la Dirección General de la Función Pública nº 80, de 29 de enero de 2008, se procedió a la acumulación de los procedimientos iniciados en virtud de los escritos presentados por la representación legal de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad y de la empresa Dialse Seguridad, S.L., contra la convocatoria del indicado concurso abierto de licitación.
12. Mediante Resolución nº 281, de 10 de marzo de 2008, dictada por el mismo órgano, se procedió, asimismo, a la acumulación del procedimiento en vía de recurso iniciado por la representación de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa de Seguridad (FECAPYMES), a los procedimientos incoados en virtud de los escritos presentados por la representación de la Federación Canaria de Asociaciones de la Pequeña y Mediana Empresa de Seguridad y de la empresa Dialse Seguridad, S.L., contra la convocatoria del indicado concurso abierto de licitación, acumulados mediante Resolución nº 80, de 29 de enero de 2008.
13. Por Orden de esta Consejería nº 158, de 15 de abril de 2008, se estimaron los recursos citados con anterioridad, y, en su virtud, se dispuso:
1. Anular la Resolución nº 4, dictada por la Dirección General de la Función Pública con fecha 4 de enero de 2008, a través de la cual se aprobó el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y las Prescripciones Técnicas, por las que se regirá la ejecución de la prestación, se aprobó el gasto y se dispuso la apertura del trámite de adjudicación del expediente referenciado.
2. Anular, como acto de ejecución de la Resolución identificada en el apartado anterior, el concurso convocado mediante anuncio de la Dirección General de la Función Pública, publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 12, de 17 de enero de 2008.
3. Alzar la medida cautelar de suspensión del procedimiento de adjudicación, decretado por Orden nº 43, de 6 de febrero de 2008, mientras se sustanciaba el presente procedimiento en vía de recurso.
4. Retrotraer las actuaciones al momento de la aprobación del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, cuyo clausulado habrá de modificar el órgano de contratación para adecuarlo al contenido de la presente Orden.
14. Mediante Resolución nº 474, dictada por la Dirección General de la Función Pública con fecha 25 de abril de 2008, se aprobó el nuevo Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como las prescripciones técnicas que ha de regir la ejecución de las prestaciones.
15. La Intervención Delegada, mediante escrito de fecha 25 de abril de 2008, reiteró el informe de fiscalización favorable, de 28 de diciembre de 2007, y procedió a la nueva contabilización de los documentos A-400 y A-401.
16. En el Boletín Oficial de Canarias nº 86, de 29 de abril de 2008, se publicó el anuncio de la Dirección General de la Función Pública, del día 25 de abril, por el que se anuló la convocatoria anterior y se convocó una nueva licitación para la contratación del expediente de referencia.
17. Por Resolución de la Dirección General de la Función Pública de 10 de junio de 2008, se adjudicó el contrato a la empresa Dialse Seguridad, S.L.
18. Con fecha 16 de junio de 2008 y previa constitución de la garantía definitiva, se procedió a la firma del contrato entre la Dirección General de la Función Pública y la empresa Dialse Seguridad, S.L., con un plazo de duración de 1 año.
19. Mediante escrito presentado con fecha 29 de mayo de 2008 en el Registro General de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, con entrada en la Dirección General de la Función Pública el día 4 de junio de 2008, la representación legal de la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER) formuló recurso de alzada frente al acto que identifica como "acuerdo de la Dirección General de la Función Pública en los particulares relativos a la aprobación de los nuevos Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares y Pliego de Prescripciones Técnicas y la reapertura del procedimiento de adjudicación", en el que solicita que se declare la nulidad absoluta y, subsidiariamente, su anulación por no ser conformes a derecho con el ordenamiento jurídico, y, accesoriamente, mediante otrosí, pide la suspensión del procedimiento de adjudicación hasta su resolución.
20. En cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 112.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se ha conferido trámite de audiencia a las empresas que solicitaron participar en el nuevo procedimiento de adjudicación: Dialse Seguridad, S.L., Seguridad Integral Canaria, S.A., Sistemas de Seguridad SH Lanzarote, S.L., Visor Seguridad, S.L., y Seguma, Seguridad y Vigilancia, S.A.
En dicho trámite, la empresa Dialse Seguridad, S.L. ha formulado alegaciones estimando conformes a Derecho los criterios de adjudicación.
21. Mediante Orden nº 271, de esta Consejería, se desestima la solicitud de suspensión instada en el recurso de alzada.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Concurren los requisitos de índole adjetiva o formal determinantes de la admisión a trámite del recurso interpuesto, tales como capacidad, legitimación e interposición en plazo.
Segunda.- Es órgano competente para resolver el recurso interpuesto el Excmo. Sr. Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, de conformidad con lo previsto en el artículo 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, en conexión con el artículo 29.1.e) de la Ley 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Tercera.- El recurrente reputa no conformes a Derecho algunos de los criterios y subcriterios que han servido de base para la adjudicación del contrato y que se detallan en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
La indicada cláusula establece dos criterios de adjudicación: 1º) La oferta económica, a la que se asigna una ponderación del 60 por 100; y 2º) Los criterios técnicos, a los que se asigna una ponderación del 40 por 100.
Los criterios técnicos se desglosan, a su vez, en cinco subcriterios, con la correspondiente ponderación; a saber: 2.1. Aportación de bolsa de horas adicionales (5 por 100). 2.2. Conexión del recinto con central receptora de alarmas, propia o concertada (8 por 100). 2.3. Puesta a disposición del servicio de acuda (7 por 100). 2.4. Realización de auditorías de seguridad en las instalaciones (5 por 100); y 2.5. Mejoras varias (15 por 100).
El recurrente, reiterando los motivos de impugnación invocados en el recurso resuelto por Orden nº 158, de 15 de abril de 2008, estima que los subcriterios 2.1 -aportación de horas adicionales- y 2.4 -auditorías de seguridad- no son objetivos, ya que no guardan relación con alguna de las actividades o servicios previstos en el artículo 5º de la Ley 23/1992, de 30 de julio, de Seguridad Privada, contraviniendo, pues, la previsión contenida en el artículo 86.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio. Además, estima que la inclusión de tales criterios, además de incrementar el valor de la oferta y romper el equilibrio económico del contrato, constituye una importante barrera para la participación de los licitadores por su efecto disuasorio de la concurrencia, de manera que no se están garantizando los principios de transparencia, no discriminación e igualdad de trato.
Los motivos de impugnación alegados no pueden, sin embargo, prosperar. Así, en relación con el carácter objetivo de los criterios de adjudicación empleados y su repercusión en el precio del contrato, en el fundamento jurídico cuarto de la Orden nº 158, se decía lo siguiente:
Como señala la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, de la Consejería de Economía y Hacienda, en informe 1/2007, la oferta de horas sin coste adicional tiene por finalidad atender exclusivamente, de forma ágil y sin que suponga modificación del contrato, posibles circunstancias excepcionales derivadas de actividades o incidentes extraordinarios que se pudieran producir en los edificios donde se va a prestar la vigilancia que se contrata. Ahora bien, la prestación de tales servicios sólo formaría parte del objeto del contrato si el licitador decide incluirlo como mejora en su oferta, en cuyo caso, de producirse los supuestos extraordinarios, el costo de su realización estaría incluido, como mejora, en el precio cierto ofertado por el adjudicatario para la ejecución del contrato, e integrado, por tanto, dentro del margen de riesgo y ventura que éste afronta en dicha ejecución. Y concluye que la asunción de tal riesgo, decidida de forma voluntaria por el licitador en el momento de presentar su oferta, y acorde con el principio de libertad de pactos contemplado en el artículo 4º del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas no puede equipararse a una minoración del precio del contrato, o a una alteración de la equivalencia de las prestaciones inicialmente contratadas, que la Administración contratante pudiera imponer unilateralmente al adjudicatario en el momento posterior de la ejecución del contrato.
Asimismo, impugna el criterio relativo a la realización de una auditoría de seguridad de las instalaciones, que se acompañará de un Plan de Acción de medidas correctoras, ya que, a su juicio, debe ser objeto de contratación independiente y no tiene incidencia en aspectos técnicos o tecnológicos de los servicios a prestar, su aportación como mejora supone un coste económico adicional, incrementa el valor de la oferta y rompe el equilibrio económico entre las partes.
En cuanto al incremento del precio del contrato, se dan por reproducidos los argumentos expuestos anteriormente: tal prestación, de ofertarla el licitador, estaría incluida en el objeto del contrato y, por ende, en el precio ofertado. Y, además, se relaciona directamente con las actividades a desplegar por las empresas ofertantes, con encaje en el apartado 5º, letra g), de la Ley 23/1992, de 30 de julio, a saber: planificación y asesoramiento de las actividades de seguridad contempladas en la propia Ley.
Además, en la contratación en la que trae causa el recurso, se han respetado, escrupulosamente, los principios de publicidad y concurrencia, así como los de igualdad de trato y no discriminación, consagrados en el artículo 11.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.
En efecto, conforme a la doctrina del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (vid. Sentencia de 23 de noviembre de 2005), los criterios de adjudicación no deben atribuir a la entidad adjudicadora una libertad de elección ilimitada, deben haberse mencionado expresamente en el pliego de condiciones o en el anuncio de licitación y deben respetar los principios enunciados en el párrafo anterior. Considera, así, que, para garantizar los principios de igualdad de trato y de transparencia, es fundamental que los potenciales licitadores conozcan, desde el momento de preparar sus ofertas, todos los factores que la entidad adjudicadora tomará en consideración para seleccionar la oferta económicamente más ventajosa y, si ello es posible, la importancia relativa de los mismos.
En la presente contratación, los criterios de adjudicación se consignaron, expresamente, en la cláusula 10.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la que, además, se detalló su contenido y la fórmula aritmética para su valoración, por lo que todos los licitadores tuvieron adecuado y completo conocimiento de los fundamentos que iban a servir de base para determinar la oferta más ventajosa. Esta Administración aplicó, estrictamente, tales criterios, en los términos del Pliego, que constituyen la Ley del concurso (STS de 21 de septiembre de 1994, SSTS de 10 de junio de 2002 y 16 de abril de 2002, entre otras).
Incluso, en el subcriterio de Mejoras varias, configurado por el órgano de contratación en términos amplios, la Mesa de Contratación únicamente tomó en consideración aquellas que, guardando relación con el objeto del contrato, no constituían prestaciones o requerimientos de obligado cumplimiento, exigibles conforme al pliego de prescripciones técnicas, documento contractual que aparece redactado con sumo detalle.
Así, pues, la actuación de esta Administración ha sido respetuosa con las exigencias contenidas en el artículo 86 de la Ley de Contratos, ya que, por un lado, se han detallado en el Pliego los criterios objetivos que sirvieron para la adjudicación del contrato, por orden decreciente y por la ponderación que se les atribuya, habiéndose indicado, además, el procedimiento y el porcentaje de valoración de cada subcriterio. Ello permitió que los licitadores concurrieran en pie de igualdad y dispusieran de la información precisa, para preparar sus ofertas.
Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en uso de las facultades que me confiere las disposiciones vigentes,
R E S U E L V O:
1º) Desestimar, en todos sus términos, el recurso de alzada interpuesto por la Asociación Profesional de Compañías Privadas de Servicios de Seguridad (APROSER), contra la convocatoria de nuevo concurso para la contratación, por procedimiento abierto y tramitación urgente, del servicio de vigilancia de las dependencias de la Dirección General de la Función Pública y de las aulas del Instituto Canario de Administración Pública, en Santa Cruz de Tenerife, publicada mediante anuncio de la Dirección General de la Función Pública, de 25 de abril de 2008, en el Boletín Oficial de Canarias nº 86, de 29 siguiente.
2º) Notificar la presente Orden a la entidad recurrente y a las entidades mercantiles que participaron en el procedimiento de adjudicación.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, a tenor de lo regulado en el artículo 10.1.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Santa Cruz de Tenerife, a 2 de septiembre de 2008.
EL CONSEJERO DE PRESIDENCIA
JUSTICIA Y SEGURIDAD,
José Miguel Ruano León.
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