Habiendo sido intentada la notificación del escrito nº COIT 1.407 y registro general nº 542.575 de fecha 1 de agosto de 2008, de la Dirección General de Transportes, sin que haya sido recibido por el interesado, a través del agente notificador, con entrega fallida por dos veces, es por lo que, conforme lo establecido en los artículos 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace saber al mismo que con fecha 1 y 4 de agosto de 2008 fue intentada la mencionada notificación del tenor literal.
"ENTIDAD BENEFICIARIA: FEDERACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE AUTO-TAXIS COSTA SUR
Importe total de la subvención: 27.881,45 euros.
Importe a reintegrar: (principal) 7.870,73 euros.
Aplicación presupuestaria: 16.03.513B.770.21 PI/LA 99.750.302.
Vista la propuesta de la Intervención General de la Consejería de Economía y Hacienda, sobre expediente de reintegro de la subvención concedida a la entidad "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur".
Vista la propuesta de la Dirección General de Transportes de fecha 21 de julio de 2008.
ANTECEDENTES DE HECHO
1º.- Por Orden de la extinta Consejería de Turismo y Transportes de fecha 23 de junio de 2000 (B.O.C. nº 87, de 14 de julio), se convocaron subvenciones para el apoyo de iniciativas y proyectos de empresas y asociaciones del sector del transporte por carretera en vehículos auto-taxis, que contribuyan a su promoción, modernización e implantación de medidas de seguridad en relación con las condiciones de prestación del servicio, presentándose dentro del plazo establecido en el artículo 4 de dicha Orden solicitud de subvención por la entidad "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur", para la adquisición de material informático y emisoras.
2º.- Con fecha 24 de octubre de 2000 se dicta la Resolución nº 687 de la Dirección General de Transportes, de acuerdo con la delegación prevista en el resuelvo tercero de la Orden de 23 de junio antes mencionada reguladora de la subvención, en virtud de la cual se concedió con cargo a la aplicación presupuestaria 16.03.513B.770.21 L.A. 99.750.302 a favor de la entidad "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur" una subvención para la adquisición de material informático y de telecomunicaciones (emisoras) por importe de cuatro millones seiscientas treinta y nueve mil ochenta y tres (4.639.083) pesetas, equivalentes a veintisiete mil ochocientos ochenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos (27.881,45 euros), que suponía el 46,9% de la inversión realizada.
3º.- Posteriormente la Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias en el ejercicio de su competencia de control financiero de acuerdo con los artículos 35 y siguientes del Decreto 28/1997, de 6 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Intervención General, elaboró el pertinente Informe Definitivo de Control Financiero de fecha 23 de agosto de 2003 que fue remitido a esta Dirección General.
4º.- A la vista del Informe citado se desprende que la entidad en relación con la aplicación de la subvención no verificó la totalidad de los gastos objeto de la misma. Asimismo se deduce también del referido Informe que la entidad beneficiaria ha incumplido lo estipulado en las bases duodécima f) y h) de la reiterada Orden de 23 de junio de 2000, concluyendo que los incumplimientos descritos son causa de reintegro de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35.1.c) del Decreto 337/1997, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, dando lugar a la devolución del importe íntegro de la cantidad percibida (27.881,45 euros) más el interés de demora devengado desde el momento del abono de la subvención.
5º.- Con fecha 18 de mayo de 2005, el Consejero de la extinta Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda resuelve iniciar el expediente administrativo de reintegro de la reiterada subvención, así como notificar a la entidad beneficiaria que, de conformidad con el artículo 36.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, se abre un plazo de diez días a los efectos de que pueda examinar los documentos que obran en el expediente y presentar las alegaciones y justificaciones que estime convenientes.
6º.- Se procede a notificar con registro de salida de este Centro Directivo nº 284.399 de fecha 8 de junio de 2005, la Orden de 18 de mayo antes mencionada siendo recibida con fecha 23 de junio de 2005 por el Bufete de abogados "Bufete Jara" quienes actúan en nombre y representación de la entidad beneficiaria.
7º.- Con fecha 12 de julio de 2005, número de registro de entrada en este Centro Directivo 633.734 y dentro del plazo establecido para presentar las alegaciones y justificaciones, la entidad beneficiaria solicita, debidamente justificada, una ampliación del plazo para la presentación de las mismas.
8º.- Mediante Orden de fecha 25 de julio de 2005, el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, en base a la Propuesta de la Dirección General de Transportes de fecha 19 de julio de 2005, resuelve acceder a lo solicitado por la "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur", ampliando el plazo para realizar las alegaciones al acuerdo de 18 de mayo de 2005 antes mencionado de iniciación de expediente de reintegro, por 5 días a partir de la recepción de dicha Orden, la cual es notificada al bufete que representa a la entidad beneficiaria con fecha 4 de agosto de 2005 y número de registro de salida de la Dirección General de Transportes 400.154.
9º.- Con fecha 25 de agosto de 2005 y número de registro de entrada en este Centro Directivo 755.164, el representante de la Federación beneficiaria presenta, dentro del plazo establecido pero con defecto de forma escrito mediante el cual se opone al expediente de reintegro alegando que las cantidades entregadas a la Federación a la que representa en concepto de subvención fueron empleadas para cubrir los objetivos para los que fueron entregadas, indicando que acompañan documentación que lo acredita y solicitando el archivo del procedimiento. No obstante la documentación que dicen adjuntar no es presentada junto a la solicitud de archivo del expediente, defecto que subsanan con un escrito posterior con número de registro de entrada en la Dirección General de Transportes 851.840 de fecha 23 de septiembre, en el cual adjuntan facturas proforma y presupuestos del material informático y de telecomunicaciones supuestamente adquirido en la inversión objeto de subvención, así como certificaciones de los presidentes de las Asociaciones de Auto-Taxis pertenecientes a la "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur" y destinatarios del mencionado material.
10º.- A la vista de las alegaciones presentadas por la mencionada Federación, la Directora General de Transportes, eleva al Consejero de la extinta Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, propuesta relativa a la procedencia de reintegro, la cual es remitida a la Intervención Delegada de dicha Consejería, junto con el borrador de Orden del Consejero, con fecha 22 de diciembre de 2005. A su vez, esa Intervención Delegada, remite dicha documentación, junto con el expediente al completo a la Intervención General, teniendo lugar la entrada de la mencionada documentación en dicho Departamento el 28 de diciembre de 2005 con número de registro de entrada 7.199.
11º.- Mediante escrito de fecha 25 de enero de 2006, la Intervención General, comunica a esta Dirección General de Transportes, que del contenido de las alegaciones formuladas por la Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur, se estima la necesidad, al objeto de proceder a ratificar, modificar o suspender la propuesta de inicio de expediente de reintegro, de que por el órgano instructor del expediente se notifique a la Federación la apertura de un período de prueba según lo establecido en los artículos 80 y 81 de la Ley 30/1992, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, de 26 de noviembre, cuya acreditación se deberá trasladar a esa Intervención General para comunicar a la Federación el día y el alcance de las comprobaciones a realizar.
12º.- Con fecha 28 de abril de 2006, se procede a notificar a la referida Federación la Resolución de la Directora General de Transportes, de fecha 25 de abril de 2006, por la que se acuerda la apertura de un período de prueba en el expediente de reintegro de la reiterada subvención, la cual fue inscrita en el Libro de Resoluciones de la Dirección General de Transportes con nº 136 de fecha 27 de abril de 2006, acusando recibo de la recepción de la misma con fecha 9 de mayo de 2006. Asimismo, se procede al traslado de la reiterada Resolución nº 136 a la Intervención General, a los efectos oportunos mediante escrito con número de registro de salida de este Centro Directivo 7.960, de fecha 7 de junio de 2006, y entrada en dicha Intervención General el día 9 del mismo mes y año.
13º.- Mediante escrito de fecha 12 de julio de 2006 y número de registro de salida 4.876, con entrada en este Centro Directivo el 17 de julio del mismo año y registro de entrada nº 815.055, la Intervención General nos comunica que la visita a la Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur tendrá lugar el 19 de julio de 2006.
14º.- Con fecha 7 de septiembre de 2006, la Intervención General, emite informe una vez examinadas las alegaciones aportadas por la Federación con fecha 25 de agosto de 2005 y 23 de septiembre de 2005 al acuerdo de inicio de procedimiento de reintegro y considerados los resultados constatados en la visita realizada a la sede de la referida Federación el día 19 de julio de 2006, al amparo del período de prueba abierto y comunicado a la entidad. Dicho informe es trasladado con fecha 13 de septiembre de 2006 y registro de salida nº 6.512 a esta Dirección General de Transportes, teniendo entrada en esta última el día 3 de octubre de 2006 con número de registro de entrada 15.515. Siguiendo las instrucciones recogidas en este Informe de la Intervención General, se procede a trasladar a la reiterada Federación, mediante escrito de fecha 30 de octubre de 2006 y registro de salida 664.804, los resultados constatados en el reiterado Informe, al objeto de que en un plazo máximo de 10 días hábiles, la Federación aporte la documentación no constatada en la visita realizada y que viene recogida en el Informe, al objeto de poder disponer de la evidencia adecuada y suficiente sobre el coste total de las inversiones subvencionadas y el coste efectivamente soportado por la Federación para modificar la propuesta de expediente de inicio de reintegro.
15º.- Mediante escritos de fechas 22 y 24 de noviembre de 2006, la Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur, aporta diversa documentación, que es trasladada a la Intervención General, a través de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes con fecha 20 de mayo de 2008.
16º.- Con fecha 9 de julio de 2008, la Intervención General emite informe sobre procedimiento de reintegro, con entrada en este Centro Directivo el 10 de julio de 2008 y número de registro de entrada 4.873, con el siguiente tenor literal:
"Asunto: Procedimiento de reintegro relativo a la subvención recibida por la Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur mediante Resolución de la Dirección General de Transportes de 24 de octubre de 2000.
Este Centro Directivo examinada la evidencia aportada mediante escrito de 2 de junio de 2008 con registro de salida nº 400771 como continuación a nuestro escrito de 13 de septiembre de 2006 con registro de salida nº 6512, tiene a bien informar (se realiza el análisis en pesetas. Para facilitar su seguimiento respecto a escritos anteriores):
Ver anexos - páginas 16365-16369
A la vista de lo anterior, se modifica la propuesta de reintegro formulada con fecha 28 de agosto de 2003 a la Dirección General de Transportes por importe de 27.881,45 euros (4.639.083 pesetas) quedando finalmente fijada en 7.870,73 euros (1.309.579 pesetas) más los intereses de demora devengados desde el momento del abono de la subvención, según lo dispuesto en la base duodécima f) de la Orden de 23 de junio de 2000 y artículo 35.1.c) del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre.Otros aspectos de interés relativos al procedimiento de reintegro.- Caducidad y prescripción.
Caducidad.- A partir del 1 de enero de 2008, será de aplicación el artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, que en consonancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones establece un plazo máximo de 12 meses para resolver desde la fecha del acuerdo de inicio. A la vista de los datos obrantes en el expediente procede resolver la declaración de la caducidad del procedimiento de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Prescripción.- De acuerdo con la Comunicación de 29 de julio de 2004 de la Intervención General de la Administración del Estado sobre aplicación del régimen transitorio previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la entrada en vigor de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria:
a) Subvenciones cuyo procedimiento de concesión se ha iniciado antes de la entrada en vigor prevista en la Disposición Final Tercera (18 de febrero de 2004), el régimen aplicable será el previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, 5 años.
b) Subvenciones cuyo procedimiento de concesión sea posterior a la entrada en vigor de la Ley 38/2003 y anterior a la entrada en vigor general de la Ley 47/2003, General Presupuestaria (Deroga artículo 40 del TRLGP a partir de 1 de enero de 2005), 1 de enero de 2005, seguirán el régimen jurídico previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, 5 años.
c) Subvenciones cuyo procedimiento de concesión sea posterior a la entrada en vigor de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, 1 de enero de 2005, será de aplicación el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
En el caso que nos ocupa al tratarse de una subvención concedida en el ejercicio 2000 el régimen aplicable será el previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, 5 años, para reconocer o liquidar créditos a favor, contándose dicho plazo desde el día en que el derecho pudo ejercitarse. Determinado, por tanto, el plazo de prescripción del derecho de esta Comunidad Autónoma para reconocer y liquidar el reintegro, esto es, cinco años, se deberá determinar con los documentos obrantes en el expediente, si es de aplicación la prescripción al presente expediente de reintegro.
El derecho a reconocer o liquidar el reintegro se cuenta a los efectos de prescripción, desde el momento en que venció el plazo para la justificación del beneficiario del empleo de los fondos públicos recibidos. Según la Resolución de concesión, el plazo máximo de dicha justificación finalizaba el 15 de noviembre de 2000.
El artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria establecía el plazo de prescripción de cinco años y la interrupción de la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública conforme al artº. 66 de la Ley General Tributaria, punto 1, letra a), de la derogada Ley 230/1963, General Tributaria y de aplicación al presente expediente, preceptúa que la interrupción se producirá entre otros extremos "por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, ...". En este sentido, la notificación de la comunicación del inicio de control es un acto administrativo realizado con conocimiento formal del sujeto pasivo y susceptible de producir interrupción. A este respecto, el aviso de comunicación de inicio es de fecha 16 de abril de 2001, notificado el 30 de abril de 2001.
En base a lo expuesto, se puede concluir que el plazo de prescripción aplicable de cinco años se interrumpió por la actuación llevada a cabo por la Administración conducente a la comprobación o inspección de la actividad subvencionada.
A la vista de lo manifestado en los párrafos anteriores, puntualizar que una vez interrumpido el plazo de prescripción y con la notificación del Informe Definitivo de fecha 11 de julio de 2003 que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2003, se inicia nuevamente el cómputo del plazo que no es acumulable a los años anteriores a la interrupción que hayan transcurrido. En este sentido, conviene citar referencias jurídicas como el Reglamento (CE EURATOM) nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas que, en su artículo 3 establece: "El plazo de prescripción se contará de nuevo a partir de cada interrupción". La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que en su artículo 68.5 dispone que producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción ...".
Al haberse producido la caducidad del procedimiento de reintegro que se inició con fecha 18 de noviembre de 2005, es necesario declararla y notificar el nuevo procedimiento antes del 1 de septiembre de 2008. El nuevo acuerdo de inicio notificado a la entidad interrumpirá el plazo de prescripción según lo dispuesto en materia procedimental en reintegro (artículo 94 del Reglamento de la Ley 38/2003, aprobado por Real Decreto 887/2006).- Las Palmas de Gran Canaria, a 9 de julio de 2008.- El Interventor General (p.d. Resolución de 17.4.98 de la Intervención General de la C.A.C.; B.O.C. nº 50, de 24 de abril), la Jefe de Servicio de Control Financiero y de Gestión, María del Pino Martínez Santana.
a diferencia entre 7.224.653 pesetas y 5.528.653 pesetas asciende a 1.696.000 pesetas, que corresponde a la factura del acreedor Tecnova Sistemas, S.L. A este respecto, la Federación nos ha facilitado fotocopia de un fax del acreedor que manifiesta que sólo fue suministrada y pagada por valor de 375.000 pesetas, quedando pendiente un importe de 1.321.000 pesetas. Nos informa que no es posible contactar con ellos."A los citados antecedentes les son de aplicación los siguientes
FUNDAMENTOS DE DERECHO
I.- Corresponde al órgano concedente, en este caso el Consejero de Obras Públicas y Transportes, la competencia para el inicio y resolución de los presentes expedientes de reintegro, a tenor de lo establecido en los apartados 1 y 2 del artículo 36 del Decreto 337/1997, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en relación con el artículo 5.1 del Decreto 11/2004, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 4 del Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías.
II.- El artículo 152 de la Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria, en consonancia con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece un plazo máximo de 12 meses para resolver desde la fecha del acuerdo de inicio. A la vista de los datos obrantes en el expediente procede resolver la declaración de la caducidad del procedimiento de acuerdo con el artículo 87 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
III.- Dado que se trata de una subvención concedida en el año 2000 y por tanto antes de la entrada en vigor de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, el régimen aplicable para reconocer o liquidar créditos a favor de la Administración Pública, será el previsto en el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, es decir, 5 años, contándose desde el día en que el derecho pudo ejercitarse.
IV.- El derecho a reconocer o liquidar el reintegro se cuenta a los efectos de prescripción, desde el momento en que venció el plazo para la justificación del beneficiario del empleo de los fondos públicos recibidos. Según la Resolución de concesión, el plazo máximo de dicha justificación finalizaba el 15 de noviembre de 2000.
V.- Asimismo, el artículo 40 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria establecía el plazo de prescripción de cinco años y la interrupción de la prescripción de los derechos de la Hacienda Pública conforme al artº. 66 de la Ley General Tributaria, punto 1, letra a), de la derogada Ley 230/1963, General Tributaria y de aplicación al presente expediente, preceptúa que la interrupción se producirá entre otros extremos "por cualquier acción administrativa realizada con conocimiento formal del sujeto pasivo conducente al reconocimiento, regulación, inspección, aseguramiento, comprobación, ...". En este sentido, la notificación de la comunicación del inicio de control es un acto administrativo realizado con conocimiento formal del sujeto pasivo y susceptible de producir interrupción. A este respecto, el aviso de comunicación de inicio es de fecha 16 de abril de 2001, notificado el 30 de abril de 2001. En base a lo expuesto, se puede concluir que el plazo de prescripción aplicable de cinco años se interrumpió por la actuación llevada a cabo por la Administración conducente a la comprobación o inspección de la actividad subvencionada.
Una vez interrumpido el plazo de prescripción y con la notificación del Informe Definitivo de fecha 11 de julio de 2003 que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2003, se inicia nuevamente el cómputo del plazo que no es acumulable a los años transcurridos anteriormente a la interrupción, y ello se fundamente en lo dispuesto en el Reglamento (CE EURATOM) nº 2988/95, del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas, que en su artículo 3 establece: "El plazo de prescripción se contará de nuevo a partir de cada interrupción" y en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria que en su artículo 68.5 dispone "producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción ...".
Por tanto, al no haber prescrito aún el derecho de la Administración para exigir el reintegro, hecho que no se producirá hasta el 1 de septiembre de 2008, procede dictar resolución iniciando nuevo expediente de reintegro cuya notificación al interesado interrumpirá el plazo de prescripción conforme a lo dispuesto en el artículo 94 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
VI.- El procedimiento de reintegro deberá realizarse en la forma prevista en el artículo 36 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de ayudas y subvenciones a la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.
VII.- Conforme al apartado 1 de dicho artículo 36 del Decreto 337/1997, el procedimiento de reintegro se iniciará de oficio, como consecuencia, entre otras actuaciones, de la propuesta de la Intervención General mediante informe razonado sobre la procedencia del reintegro. Consta dicho informe razonado en el expediente, como se ha expuesto en los antecedentes del presente acto, y por el que se propone el reintegro parcial de la subvención por un importe de 7.870,73 euros, más los intereses de demora que correspondan.
VIII.- De conformidad a la Orden de 10 de junio de 2004, sobre liquidación de intereses de demora en el reintegro de subvenciones, y de conformidad con lo establecido en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se establece que procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora correspondiente desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro en el caso concreto que nos ocupa, a partir de lo dispuesto en las letras f) por "Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, siempre que afecten o se refieran al modo en que se han de conseguir los objetivos, realizar la actividad, ejecutar el proyecto o adoptar el comportamiento que fundamenta la concesión de la subvención" y g) por "Incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Administración a las entidades colaboradoras y beneficiarios, así como de los compromisos por éstos asumidos, con motivo de la concesión de la subvención, distintos de los anteriores, cuando de ello se derive la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos percibidos, el cumplimiento del objetivo, la realidad y regularidad de las actividades subvencionadas, o la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales" circunstancia que concurre en el presente supuesto y que se concreta en "la obligación de llevar los registros contables a que venga obligado de modo que permitan identificar de forma diferenciada las partidas o gastos concretos en que se han materializado las subvenciones concedidas, así como los demás ingresos propios o afectos a la actividad o conducta subvencionadas, incluyendo las ayudas y subvenciones concedidas con el mismo objeto, y que por diferencia permita obtener un estado de rendición de cuentas de las cantidades o fondos públicos percibidos en concepto de subvención". De lo que se desprende procede el reintegro parcial de la subvención concedida a la entidad "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur" por el importe que ha propuesto la Intervención General en su informe de 9 de julio de 2008.
IX.- Finalmente, en virtud del artículo 73 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquiera que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión. Es por ello que se procede a acumular los dos expedientes de reintegro objeto de la presente Orden.
A la vista de los antecedentes de hecho y de derecho mencionados anteriormente y en orden a las atribuciones que me han sido conferidas por la normativa legal vigente,
R E S U E L V O:
Primero.- Declarar la caducidad del expediente de reintegro iniciado mediante Orden de la extinta Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda de fecha 18 de mayo de 2005, relativo a la subvención al sector del transporte por carretera en vehículos auto-taxis, concedida a la entidad "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur" con C.I.F. nº G-38.412.250, por importe de cuatro millones seiscientas treinta y nueve mil ochenta y tres (4.639.083) pesetas, equivalentes a veintisiete mil ochocientos ochenta y un euros con cuarenta y cinco céntimos (27.881,45 euros), para sufragar los gastos de la adquisición de material informático y de telecomunicaciones (emisoras).
Segundo.- Iniciar nuevo expediente administrativo de reintegro parcial de la reiterada subvención concedida a la entidad "Federación de Trabajadores Autónomos de Auto-Taxis Costa Sur", por importe de siete mil ochocientos setenta euros con setenta y tres céntimos (7.870,73 euros), más los intereses de demora devengados desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en la que se acuerde la procedencia del reintegro.
Tercero.- Notificar a la citada empresa que, de conformidad con el artículo 36.2 del Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, se abre un plazo de diez días a los efectos de que pueda examinar los documentos que obran en el expediente y presentar, si lo estima oportuno, las alegaciones y justificaciones que estime convenientes.
Lo que se notifica para su conocimiento y efectos de conformidad al artículo 58 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).- Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.- El Consejero de Obras Públicas y Transportes, Juan Ramón Hernández Gómez."
Las Palmas de Gran Canaria, a 5 de agosto de 2008.- La Secretaria General Técnica, Natalia Escuder y Gutiérrez de Salamanca.
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