Providencia de 22 de julio de 2008, del Jefe de Servicio de Transportes del Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40261-I-2007.
Dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 59, apartado 5º, de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, sobre notificación a interesado intentada y no practicada,
D I S P O N G O:
Notificar al recurrente que se cita el Decreto de la Presidencia de este Excmo. Cabildo Insular de Tenerife de fecha 12 de marzo de 2008, resolutorio del recurso de alzada planteado en el expediente sancionador de transportes nº TF-40261-I-2007.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados desde el día de la publicación del presente Decreto, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.
"Visto escrito presentado por D. Juan José Hernández González en nombre y representación de la entidad mercantil 1013 Nereaza, S.L., por el que se interpone recurso de alzada contra la resolución dictada por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 11 de septiembre de 2007 recaída en el expediente de referencia, y,
Resultando: que con fecha y hora 16 de febrero de 2007, 9,51, por agente de Inspección de Transportes se procedió a inspeccionar el vehículo matrícula 7807-DPT, del que es titular Hernández Empire, S.L. constatándose los siguientes hechos: el vehículo 7807-DPT realiza transporte público discrecional de mercancías (m.m.a. 3.500 kg), sin la correspondiente autorización administrativa que lo habilite, desde El Chorrillo hasta el Polígono Costa Sur, albarán nº 79, de fecha 16 de febrero de 2007 a nombre de 1013 Nereaza, S.L. El vehículo es conducido por D. Antonio Manuel del Pino Martín, mercancía transportada: alimentación, por tanto la empresa 1013 Nereaza, S.L., ha contratado con transportista no autorizado.
Levantándose al efecto la oportuna Acta de Infracción.
Resultando: que el día 12 de julio de 2007 se publicó la Resolución de iniciación del expediente sancionador de transportes nº TF-40261-I-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 139.
Resultando: que por el expedientado no se presentó descargo alguno en defensa de sus intereses.
Resultando: que por el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad se dictó resolución, que ahora se impugna, de fecha 11 de septiembre de 2007 que venía a sancionar a 1013 Nereaza, S.L. con multa que ascendía a 401,00 euros, por infracción de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, artº. 141.27 LOTT y artº. 198.27 ROTT y en base al artº. 143.1.d) LOTT y artº. 201.1.d) ROTT.
Resultando: que el día 14 de noviembre de 2007 se publicó la resolución sancionadora del expediente sancionador de transportes nº TF-40261-I-2007 en el Boletín Oficial de Canarias nº 288.
Resultando: que con fecha 14 de diciembre de 2007, D. Juan José Hernández González, en nombre y representación de 1013 Nereaza, S.L. interpuso recurso de alzada, en súplica de que se deje sin efecto la Resolución y sanción impuesta, alegando, en síntesis, que el acuerdo de fecha 5 de noviembre de 2007 publicado en el Boletín Oficial de Canarias el 14 siguiente es nulo de pleno derecho, de conformidad con el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, ya que no se ha tramitado expediente sancionador alguno, con el correspondiente traslado a esa empresa para formular las correspondientes alegaciones, lo que debe ser calificado como una sanción de plano. En el supuesto de que se haya acudido a la notificación edictal esa parte manifiesta que, conforme a lo que establece el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es necesario que se cumplan determinados requisitos consistentes en el intento de notificación por dos veces, en horas diferentes y, posteriormente, es cuando la Administración puede acudir a la vía edictal, circunstancias que no concurren en el presente, lo que supone igualmente la nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada, conforme al artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Es evidente que la notificación edictal de la sanción es claramente irregular ya que la misma no contempla los requisitos mínimos. Así esa parte ha podido detectar que no se identifica el lugar donde se cometió la sanción, ni el día, ni quién era el conductor, lo que implica necesariamente una evidente indefensión para esa compañía, ya que no puede realizar las alegaciones con las debidas garantías y, por tanto, la nulidad de la resolución, conforme al artículo 62.1.a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en relación con el artº. 24 de la Constitución Española
Considerando: que el presente recurso observa los requisitos de índole objetiva determinantes de su admisión a trámite, tales como capacitación, legitimación suficiente, e interposición en plazo.
Considerando: en ejercicio de las competencias atribuidas por el Estatuto de Autonomía de Canarias, transferidas a esta Corporación por Decreto 159/1994, de 21 de julio, y asignadas a este órgano por el artº. 12.1.o) del Texto Refundido del Reglamento Orgánico del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife (B.O.P. nº 97, de 16.6.05), Acuerdo del Consejo de Gobierno Insular de esta Corporación de fecha 6 de julio de 2007 (B.O.P. nº 121, de 27.7.07), el órgano competente para ejercer la potestad sancionadora en el expediente que nos ocupa es el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, que es el órgano que dictó la resolución sancionadora impugnada en el mismo, de fecha 11 de septiembre de 2007, sin que tal competencia fuera desvirtuada por la Comunicación de la citada resolución, firmada por el Jefe de Servicio de Transportes, que fue publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma nº 288, de fecha 14 de noviembre de 2007, comunicación que entra dentro de las competencias atribuidas a los Jefes de Servicio en el artículo 18.d) en el Reglamento Orgánico del Cabildo Insular de Tenerife. En consecuencia, tampoco es cierto que se haya vulnerado el principio acusatorio, al haberse atribuido al mismo órgano las fases de instrucción y de resolución del procedimiento, ya que, como expresa la Resolución de incoación del procedimiento de fecha 4 de mayo de 2007, la Instructora del mismo es la funcionaria María Soledad Gómez Fernández y a tenor de lo dispuesto en los citados preceptos, el órgano competente para ejercer la potestad sancionadora en el expediente que nos ocupa es el Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad, que es el órgano que dictó la resolución sancionadora impugnada en el mismo, de fecha 11 de septiembre de 2007, sin que tal competencia fuera desvirtuada por las actuaciones practicadas por otros órganos durante el transcurso del procedimiento sancionador.
Considerando: el expediente se ha tramitado de forma correcta, cumpliéndose los trámites recogidos en el Capítulo IV del Título VI del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres, que regula, dada su especificidad, el procedimiento sancionador que ha de seguirse en la substanciación de las infracciones a la normativa de transportes por carretera, habiéndose procedido, de conformidad con lo preceptuado en su artículo 210, a la vista de la documentación obrante en el referido expediente y en el Registro de Salida de esta Administración insular, a intentar notificar a la entidad mercantil interesada la denuncia que originó el inicio del expediente, así como la Resolución de incoación del presente expediente sancionador, donde se contenía el hecho infractor de: "la contratación de transporte con transportistas o intermediarios no autorizados", comunicándole, a su vez, la tipificación de la infracción en los artículos reseñados, que recogen las infracciones graves, la sanción que, en su caso, habría de serle impuesta y la identidad de la Instructora del procedimiento, del órgano competente para resolver el procedimiento sancionador y la norma que atribuya tal competencia, advirtiéndole de que disponía de quince días para manifestar lo que a su derecho convenga, aportando, o proponiendo las pruebas de que, en su caso, intente valerse, constando documentalmente en el presente expediente que intentada dicha notificación mediante carta certificada, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección que consta en el boletín de denuncia así como en el informe sobre antecedentes del vehículo, de la Jefatura Provincial de Tráfico de Santa Cruz de Tenerife, sin embargo, fue devuelto el correspondiente acuse de recibo con la indicación de: "dirección incorrecta 8 de junio de 2007", procediéndose, de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 139, de 12 de julio de 2007, de providencia del Instructor de los expedientes sancionadores en materia de transportes sobre notificación de Resoluciones de iniciación de procedimiento sancionador a interesados, cuando una vez intentada la notificación, no se hubiera podido practicar:
Igualmente ocurrió con la comunicación de la resolución sancionadora impugnada, siendo intentada dicha notificación mediante carta certificada, por medio del Servicio de Correos, dirigida a la misma dirección ya citada, sin embargo, fue devuelto el correspondiente acuse de recibo con las indicaciones de: "dirección incorrecta 17 de septiembre de 2007", de conformidad con lo que establece el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, a la publicación en el Boletín Oficial de Canarias nº 288, de 14 de noviembre de 2007.
Sin que tales actos adolezcan de defecto formal determinante de su anulabilidad, en el sentido previsto en el artículo 63.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, no causándose indefensión alguna a la entidad ahora recurrente, que pudo hacer uso de los medios de defensa admitidos por el ordenamiento jurídico para hacer valer sus intereses y formular cuantas alegaciones estimase pertinentes, prueba de ello lo constituye la propia interposición en plazo del presente recurso de alzada.
En consecuencia, esta Administración ha impuesto la sanción impugnada, previa instrucción del correspondiente procedimiento, que se ha tramitado con rigor, sin olvidar los trámites esenciales de los mismos y, en todo momento, inspirado por el cumplimiento de los principios constitucionales que informan e iter procedimental y a cuya salvaguarda está dirigida toda la regulación establecida al respecto; principios que no son otros que el de presunción de inocencia y el consecuente derecho de defensa.
Considerando: que el artículo 1 del Decreto 6/2002, de 28 de enero, sobre otorgamiento, modificación y extinción de autorizaciones de transporte público y privado complementario de viajeros y mercancías, en vigor en la fecha de la denuncia, prevé la obligación de contar con una autorización administrativa a cada vehículo que se dedique a los transportes referidos, obligación que viene confirmada por los artículos 47 y 90.1 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 41.1 y 109.1 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para el supuesto de los transportes públicos discrecionales de mercancías o viajeros; constituyendo su incumplimiento, en el supuesto de un transporte de mercancías realizado en vehículo ligero, al amparo de autorizaciones de transporte privado complementario de un servicio que no cumple alguna de las condiciones expresamente reguladas en el artículo 102.2 de la citada Ley, una infracción grave a la normativa de transportes, debidamente tipificada en los artículos 141.31, en relación con el 140.1.6 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres; y 198.31, en relación con el 197.1.6 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; constituyendo, igualmente, una infracción grave a la normativa de transportes el hecho de contratar con transportista no autorizado, debidamente tipificada en el artículo 141.27 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, y 198.27 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres; a la que corresponde una sanción que asciende a cuatrocientos un (401) euros, como establece el artículo 143.1.d) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 201.1.d) del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Considerando: del análisis de los elementos probatorios consignados en el expediente sancionador que examinamos, queda suficientemente acreditado que la entidad mercantil 1013 Nereaza, S.L. había contratado los servicios de transporte discrecional de mercancías en el vehículo matrícula 7807-DPT titularidad de la empresa Hernández Empire, S.L., vehículo que no se encontraba autorizado para ese servicio de transportes, a tenor de los datos que obran en el Servicio de Transportes del Cabildo Insular de Tenerife, tal como acreditó el agente de inspección actuante en el Acta de Infracción formulada el día 17 de abril de 2007, donde consigna que el transporte efectuado iba amparado por albarán de carga nº 79, de 16 de febrero de 2007, a nombre de la entidad mercantil Nereaza, S.L., habiendo incurrido la entidad expedientada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138.1.c) de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres, en responsabilidad administrativa. En virtud de los hechos consignados en el Acta de Infracción formulada por agente de Inspección de Transportes a los que la jurisprudencia y la ley, artículo 33.2 de la Ley 29/2003, de 8 de octubre, sobre mejora de las condiciones de competencia y seguridad en el mercado de transporte por carretera, por la que se modifica parcialmente la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres y 22 del Real Decreto 1.225/2006, de 27 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (los hechos constatados por el personal de los Servicios de Inspección del Transporte Terrestre, tendrán valor probatorio cuando se formalicen en documento público, observando los requisitos legales pertinentes, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de sus respectivos derechos o intereses puedan señalar o aportar los propios administrados) atribuyen la presunción de legalidad y veracidad "iuris tantum" que, como tal, cede cuando frente a ella se alce suficiente y eficaz prueba en contrario, y, en el supuesto analizado, por el sancionado no se han presentado durante la instrucción del expediente, ni en fase de recurso pruebas fehacientes que desvirtúen los términos de dicha Acta de Infracción, habida cuenta que el límite de la culpa, como presupuesto para determinar la responsabilidad en la comisión de la infracción denunciada, reside en el deber de informarse según las obligaciones de cada profesión y en la diligencia debida en su actuación; y sin que lo alegado ni aportado por la entidad mercantil interesada constituya, al no estar suficientemente acreditados, causa alguna de inimputabilidad de responsabilidad en la comisión de la infracción, recogidas en el artículo 194.2 del Real Decreto 1.211/1990, de 28 de septiembre, Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Por la presente, vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y pertinente aplicación, en base a lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo establecido en los artículos 6.1.R) y 61.2 del Reglamento Orgánico de esta Corporación Insular, vengo en desestimar el recurso de alzada interpuesto por D. Juan José Hernández González, en nombre y representación de la entidad mercantil 1013 Nereaza, S.L., confirmando la Resolución del Coordinador General del Área de Movilidad y Seguridad de fecha 11 de septiembre de 2007, que determinó la imposición de una sanción de cuatrocientos un (401,00) euros, manteniéndose, en consecuencia, en todos sus pronunciamientos.
Contra este Decreto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, contados a partir del siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo."
Santa Cruz de Tenerife, a 22 de julio de 2008.- El Jefe de Servicios de Transportes, Pedro Luis Campos Albarrán.
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