BOC - 2008/112. Viernes 6 de Junio de 2008 - 865

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Obras Públicas y Transportes

865 - DECRETO 115/2008, de 27 de mayo, por el que se declara la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución, en la isla de Tenerife, del proyecto denominado "Modificado nº 2 de las obras del Tercer carril de la Autopista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güímar. P.K. 0,000 al P.K. 20,400".

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Examinado el expediente administrativo instruido por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes para declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución del proyecto denominado "Modificado nº 2 de las obras del Tercer carril de la autopista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güímar. P.K. 0,000 al P.K. 20,400", y teniendo en cuenta que se acreditan los requisitos exigidos para aprobar tal declaración, que se ciñen a los siguientes:

1º) La utilidad pública y la necesidad de ocupación de los bienes y la adquisición de los derechos afectados por la expropiación forzosa, que resulta implícita en la aprobación del proyecto de referencia por el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, el 2 de abril de 2007, a tenor de lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley territorial 9/1991, de 8 de mayo, de Carreteras de Canarias.

2º) La urgencia, que se basa en la imposibilidad de culminar la obra principal, actualmente en ejecución, mientras no se disponga de los terrenos afectados por el proyecto modificado nº 2. En efecto, la obra denominada "Tercer carril de la autopista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güímar. P.K. 0,000 al P.K. 20,400" se encuentra actualmente en ejecución y está incluida en el Convenio suscrito el 16 de abril de 1997 entre el Ministerio de Fomento y el Gobierno de Canarias en materia de carreteras. Una vez iniciados los trabajos se hizo evidente la necesidad de introducir determinadas modificaciones en las definiciones del proyecto original (trabajos nocturnos, cambios en algunas estructuras y modificación del sistema de enlaces y vías auxiliares en la zona situada entre los enlaces de Hoya Fría y Radazul), lo que motivó la aprobación del proyecto modificado nº 1 por el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda con fecha 9 de septiembre de 2005, habiéndose declarado la urgente ocupación de los bienes afectados por las expropiaciones mediante el Decreto 34/2006, de 18 de abril. Posteriormente ha surgido la necesidad de introducir nuevas modificaciones en las definiciones del proyecto, derivadas de garantizar la capacidad de desagüe de algunas obras de drenaje transversal y de facilitar accesos a zonas anejas a la autopista a través de una vía de servicio.

La urgencia de la ocupación de los terrenos necesarios para las obras del proyecto modificado nº 2 nace de las mismas causas que motivaron que por Decretos 266/2003, de 7 de octubre, y 34/2006, de 18 de abril, se declarase la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del proyecto original y del modificado nº 1, respectivamente, por los graves problemas de seguridad vial que padece la autopista TF-1 en el tramo de Santa Cruz de Tenerife a Güímar. Es más, mientras no se ejecuten las obras del modificado nº 2 no podrá llevarse a cabo una parte muy importante de las obras del proyecto inicial, por estar unas y otras indisolublemente ligadas y depender, por tanto, la ejecución de éstas de que puedan acometerse aquéllas.

Este tramo de la autopista TF-1 -actualmente en obras- soporta una alta intensidad de tráfico, ya que por sus cuatro carriles están circulando del orden de 100.000 vehículos/día, lo que en horas punta le lleva al borde de su capacidad, de modo que son habituales las contingencias propias de las carreteras en condiciones próximas a la congestión: continuas retenciones en las horas de mayor tráfico y accidentes e incidentes viarios provocados por la alta densidad de circulación, con el consiguiente peligro para la seguridad de los conductores. Asimismo, afecta a las posibilidades de desenvolvimiento del sur de la isla, para el que la autopista constituye un auténtico cordón umbilical, pues esa comarca carece en la práctica de conexiones alternativas con el Aeropuerto de Los Rodeos, el puerto comercial insular y la capital de la isla, donde se ubican todos los servicios que demanda un normal desarrollo social; desde los básicos administrativos hasta los hospitalarios, universitarios, comerciales, etc.

3º) Se ha tramitado expediente de información pública, según lo establecido en el artículo 18 y siguientes de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y en los artículos 17 y 24 de su Reglamento, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, publicándose anuncios en el Boletín Oficial de Canarias nº 248, de 13 de diciembre de 2007, en un diario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y en los tablones de anuncios de los Ayuntamientos de la Villa de Arafo y de Santa Cruz de Tenerife; habiéndose presentado una alegación sobre la que la Secretaria General Técnica de la Consejería de Obras Públicas y Transportes dictó Resolución de 5 de marzo de 2008, por la que fue estimada parcialmente en lo que versaba sobre error padecido en la delimitación de las fincas.

Considerando que la Consejería de Obras Públicas y Transportes asume las competencias que legal y reglamentariamente tenía encomendadas la Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, a excepción de las de vivienda, que se asignan a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, de acuerdo con lo previsto en el artículo 4 del Decreto 206/2007, de 13 de julio, del Presidente, por el que se determinan el número, denominación y competencias de las Consejerías.

Vistos los artículos 52 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, de Expropiación Forzosa, y 56 y siguientes del Reglamento para su desarrollo, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, a propuesta del Consejero de Obras Públicas y Transportes, y previa deliberación del Gobierno en su sesión del día 27 de mayo de 2008,

R E S U E L V O:

1.- Declarar la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por la expropiación forzosa derivada de la ejecución, en la isla de Tenerife, del proyecto denominado "Modificado nº 2 de las obras del Tercer carril de la autopista TF-1. Tramo: Santa Cruz de Tenerife-Güímar. P.K. 0,000 al P.K. 20,400", aprobado por el Consejero de Infraestructuras, Transportes y Vivienda el 2 de abril de 2007.

Los bienes y derechos cuya urgente ocupación se declara, quedan descritos en forma individualizada, con indicación de sus titulares en el anexo del presente Decreto.

2.- Los interesados podrán formular ante la Consejería de Obras Públicas y Transportes, y hasta el momento del levantamiento de las correspondientes actas previas, alegaciones a los únicos efectos de subsanar posibles errores materiales en la enumeración o descripción de los bienes y derechos afectados.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, cabe interponer recurso potestativo de reposición ante el Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, o directamente recurso contencioso-administrativo ante la Sala competente de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación; significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recurso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, y todo ello sin perjuicio de cualquier otro que pudiera interponerse. No obstante, en el caso de tratarse de administraciones públicas se podrá acudir al requerimiento previo previsto en el artículo 44 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Dado en Santa Cruz de Tenerife, a 27 de mayo de 2008.

EL PRESIDENTE

DEL GOBIERNO,

Paulino Rivero Baute.

EL CONSEJERO DE OBRAS PÚBLICAS

Y TRANSPORTES,

Juan Ramón Hernández Gómez.

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