BOC - 2008/111. Jueves 5 de Junio de 2008 - 852

III. OTRAS RESOLUCIONES - Consejería de Sanidad

852 - ORDEN de 2 de junio de 2008, por la que se establecen los servicios mínimos a realizar por el personal que presta sus servicios en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, como consecuencia del acuerdo adoptado por las centrales sindicales Unión Sindical Obrera (S.I.T.S.-U.S.O.), Confederación General del Trabajo (C.G.T.) e Intersindical Canaria (I.C.), de declarar huelga los días 6, 13, 20 y 27 de junio de 2008, en horario de 17,00 a 9,00 horas del día siguiente, y a partir del 4 de julio de 2008 (inclusive) todos los viernes de cada mes, con carácter indefinido, en horario de 17,00 a 20,00 horas.

Descargar en formato pdf

Por escrito de fecha 9 de mayo de 2008, con registro de entrada en la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Canario el 13 de mayo de 2008, bajo el nº 633.327/SCS-120.274, completado mediante posterior escrito de fecha 19 de mayo de 2008, con registro de entrada en la indicada Dirección General el 23 de mayo de 2008, bajo el nº 696.619/SCS-132.910, se comunica por D. José Alfaro Castillo, en representación del sindicato S.I.T.S.-U.S.O., D. Jaime Halaby Ascaso, en representación del sindicato C.G.T. y D. Juan Méndez Martín, en representación del sindicato Intersindical Canaria, el acuerdo de declarar huelga durante los días 6, 13, 20 y 27 de junio de 2008, en horario de 17,00 a 9,00 horas del día siguiente, y a partir del viernes 4 de julio de 2008 (inclusive) todos los viernes de cada mes, con carácter indefinido, en horario de 17,00 a 20,00 horas, respecto del personal de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias dependientes del Servicio Canario de la Salud, Servicios Normales de Urgencias (S.N.U.) y Servicio Especial de Urgencias (S.E.U.), en el Área de Salud de Gran Canaria.

En reunión celebrada el 28 de mayo de 2008 con el Comité de Huelga, se propone por la Administración la fijación de los servicios mínimos que figuran en el apartado dispositivo de la presente Orden, manifestando el Comité de Huelga su disconformidad.

El artículo 28.2 de la Constitución Española reconoce "el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses", reservando a la Ley que regule el ejercicio de este derecho, el establecimiento de "las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad", de donde se infiere que la huelga -suspensión colectiva y concertada en la prestación de trabajo por iniciativa de los trabajadores- no es un derecho absoluto sino limitado por el mantenimiento efectivo de los servicios esenciales de la Comunidad.

Sostiene el Tribunal Supremo en sentencia de fecha 19 de enero de 1988 (RJ 1988\285) que cuando la huelga se declare en empresas encargadas de la prestación de cualquier género de servicios públicos o de reconocida e inaplazable necesidad y concurran circunstancias de especial gravedad, la autoridad gubernativa está facultada para acordar las medidas necesarias en orden a asegurar, de forma tal que el ejercicio del derecho de huelga no menoscabe los intereses sociales, el funcionamiento de los servicios esenciales de la comunidad, como límite del derecho de huelga que recoge el artículo 28.2 de la Constitución, debiendo entenderse como tales servicios mínimos los racionalmente necesarios para que la comunidad o cuerpo social pueda recibir las prestaciones vitales o esenciales para la misma, habiendo declarado el Tribunal Constitucional, en sentencias de 8 de abril de 1981 (RTC 1981\11) y 24 de abril de 1986 (RTC 1986\51), que "el derecho de los trabajadores de defender sus intereses mediante la utilización de un instrumento de presión en el proceso de producción de bienes o servicios, cede cuando con ello se ocasiona, o se puede ocasionar, un mal más grave que el que los huelguistas experimentan si su reivindicación o pretensión no tuviere éxito".

El Decreto 24/1987, de 13 de marzo, de establecimiento de los servicios mínimos de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (B.O.C. nº 32, de 16.3.87) c.e. B.O.C. nº 34, de 20.3.87), establece que el derecho de huelga del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias se entenderá condicionado a que se mantengan los servicios esenciales en los distintos centros y dependencias de la misma, facultando a los titulares de las diversas Consejerías del Gobierno de Canarias para la determinación de los servicios mínimos que sea necesario prestar en caso de huelga así como el personal preciso para su desempeño, todo ello dentro del ámbito de sus respectivos Departamentos. El citado Decreto establece que tendrán la consideración de servicios esenciales, entre otros, los referidos a recepción y registro de documentos, salud pública y asistencia sanitaria.

Como se desprende de las sentencias del Tribunal Constitucional de 17 de julio de 1981 (RTC 1981\26) y de 5 de mayo de 1986 (RTC 1986\53), en la adopción de las medidas que garanticen el mantenimiento de los servicios esenciales, la autoridad gubernativa ha de ponderar la extensión territorial y personal, la duración prevista y las demás circunstancias concurrentes en la huelga, así como las concretas necesidades del servicio y la naturaleza de los derechos o bienes constitucionalmente protegidos sobre los que aquélla repercute.

Doctrina constitucional que es predicable en orden a la preservación del derecho de la comunidad, con carácter general, a la recepción de la asistencia sanitaria pública de carácter urgente que se presta en los Servicios de Urgencias. Su propia denominación conduce a plantearnos la situación clínica que requieren los pacientes que precisan la atención que en ellos se presta; la desatención o demora en la atención de cualquiera de los usuarios por estas unidades puede ocasionar lesiones irreversibles o tener un resultado fatal.

Expresa en tal sentido la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de mayo de 1986 (RJ 1986\2372) "existen una serie de servicios que no pueden verse afectados, en absoluto, por la huelga, como son los que se prestan en la Unidad Coronaria y en la de Cuidados Intensivos, al igual que ocurre con la Anestesia y la Reanimación, cuyo funcionamiento ha de mantenerse a toda costa, lo que también puede afirmarse en los servicios de urgencia (...)".

Teniendo en cuenta que la huelga convocada por las centrales sindicales Unión Sindical Obrera (S.I.T.S.-U.S.O.), Confederación General del Trabajo (C.G.T.) e Intersindical Canaria (I.C.), durante los días 6, 13, 20 y 27 de junio de 2008, en horario de 17,00 a 9,00 horas del día siguiente, y a partir del viernes 4 de julio de 2008 (inclusive) todos los viernes de cada mes, con carácter indefinido, en horario de 17,00 a 20,00 horas, respecto del personal de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, supone la interrupción del trabajo en un servicio asistencial, de carácter esencial e indispensable para la comunidad, cuya paralización conculcaría gravemente el derecho constitucional a la protección de la salud, se estima procedente fijar servicios mínimos que no menoscaben la necesidad de continuar garantizando la asistencia sanitaria de carácter urgente que se presta en el mismo.

En cuanto a la necesidad de exteriorizar los hechos o criterios considerados para la fijación de los servicios mínimos, la propia jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional admite que, en determinados supuestos, excepcionalmente cabe que no se justifique la necesidad de mantener ciertos servicios esenciales por ser de general conocimiento, reduciéndose la necesidad de aportar datos o cifras adicionales que, aunque siempre convenientes, abundaría en algo ya de todos conocido (SSTC 51/1986, de 24 de abril y 43/1990, de 15 de marzo).

La preservación del derecho de la comunidad a la recepción de asistencia sanitaria de carácter urgente encuentra la justificación de "general conocimiento" a que hace mención la doctrina constitucional citada.

En tal sentido expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en su sentencia de 7 de marzo de 1990 (RJ 1990\1891) "a falta de Ley Reguladora del derecho de huelga la necesidad de fundamentación es patente salvo en los casos singulares en que el carácter esencial de dichos servicios sea evidente por sí mismo; por ej. urgencias médicas, sanitarias o de orden público, etc. (...)".

Por su parte, expresa la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia de 25 de febrero de 2002 (RJCA 2002\680) que "en ciertos casos de servicios vitales para la sociedad, como se indica por la sentencia del Tribunal Constitucional 43/1990, antes citada, de manera excepcional, cuando notoriamente resulta evidente la necesidad de su mantenimiento, la exigencia de justificación de su establecimiento disminuye "pues abundaría en algo de todos conocido". Tal sería el caso, a nuestro juicio, de ciertos servicios hospitalarios, como los de Guardia, Urgencias, UCI y Especialistas en alerta localizada (extracción y transplante de órganos)".

No obstante lo anterior, y sin perjuicio del evidente carácter esencial de la asistencia sanitaria que se presta en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, se considera apropiado aportar datos de plantilla y población adscrita, así como promedio de pacientes atendidos en jornadas coincidentes con las preavisadas para la huelga (viernes), según la información aportada por la indicada Gerencia, que justifican los servicios mínimos a establecer.

Ver anexos - página 10704

isto el artículo 2 del Decreto 24/1987, de 13 de marzo (B.O.C. nº 34, de 29.3.87), así como la propuesta de establecimiento de servicios mínimos de la Dirección del Servicio Canario de la Salud,

D I S P O N G O:

Fijar los servicios mínimos que han de prestarse por el personal que presta sus servicios en los Servicios de Urgencias Extrahospitalarias adscritos a la Gerencia de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria, durante las jornadas de huelgas convocadas, en los siguientes términos dado el carácter de la asistencia que practican:

A) Los días 6, 13, 20 y 27 de junio de 2008, en horario de 17,00 a 9,00 horas del día siguiente:

- Con carácter general, el 100% de la plantilla para garantizar el 100% de la actividad.

B) A partir del viernes 4 de julio de 2008 (inclusive) todos los viernes de cada mes, con carácter indefinido, en horario de 17,00 a 20,00 horas:

- Con carácter general, el 100% de la plantilla para garantizar el 100% de la actividad.

- En aquellos servicios de doble equipo de Médicos y/o Enfermeros con el 100% de la plantilla disponible, el 50% de los efectivos de la respectiva categoría para garantizar el 100% de la actividad.

Por la Gerente de Atención Primaria del Área de Salud de Gran Canaria se determinará la relación nominal del personal sujeto a la prestación de los servicios mínimos, notificándoselo a los interesados por cualquier procedimiento que permita tener constancia de su recepción.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria, o ante aquel en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación, o de diez días, si se acudiera al procedimiento previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Potestativamente, para el supuesto de que se acudiera al procedimiento ordinario, podrá interponerse recurso de reposición ante esta Consejera, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, significando que, en el caso de presentar recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que se resuelva expresamente el recuso de reposición o se produzca la desestimación presunta del mismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Las Palmas de Gran Canaria, a 2 de junio de 2008.

LA CONSEJERA

DE SANIDAD,

María Mercedes Roldós Caballero.



© Gobierno de Canarias