Habiéndose intentado por esta Dirección General sin haberse podido practicar, la notificación de la Orden/Resolución en el expediente incoado con motivo de denuncias o Actas de Inspección formuladas contra los titulares de empresas y actividades turísticas que se relacionan, conforme al artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y siendo precisa su notificación a los efectos de que aleguen lo que a su derecho convenga,
R E S U E L V O:
1.- Notificar a los titulares de los establecimientos y actividades turísticas que se citan, la Orden/Resolución recaída en el expediente que les ha sido instruido por infracción a la legislación en materia turística.
2.- Remitir al Ayuntamiento de las poblaciones que se citan, la presente Resolución para su publicación en el tablón de edictos correspondiente.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de mayo de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística, de Turismo del Gobierno de Canarias, recaída en el expediente sancionador nº 291/07 instruido a Cristóbal Crespo Dueñas, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Restaurante Olas II.
Examinado el expediente sancionador tramitado por el Servicio de Inspección y Sanciones, instruido al establecimiento y titular que se cita, iniciado por Resolución del Director General de Ordenación y Promoción Turística de 23 de octubre de 2007.
Vista la propuesta formulada por el Instructor del expediente sancionador consignado.
Teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES
1º) Por la Inspección de Turismo se realizaron las siguientes actuaciones: acta nº 20986, de fecha 27 de diciembre de 2006 con motivo de las siguientes denuncias/reclamaciones formuladas por Barbara Mathys y seguido contra la empresa expedientada Cristóbal Crespo Dueñas, titular del establecimiento Olas II.
2º) El 23 de octubre de 2007 se ordenó la iniciación de expediente sancionador, que lleva el nº 291/07, formulándose los hechos imputados y nombrándose al Instructor y Secretario del procedimiento.
3º) Examinadas las razones esgrimidas por la representación de la empresa expedientada, el Instructor expuso los siguientes fundamentos:
No se desvirtúan los hechos imputados. En cuanto al primer hecho infractor, según consta en el acta de inspección nº 20986, el Inspector actuante en el establecimiento consignado el día 27 de diciembre de 2006, comprobó que el establecimiento no dispone de Hojas de Reclamaciones, Libro de Inspección ni lista de precios comunicados, hecho que no ha sido desvirtuado por el titular expedientado, por lo que dicha constatación tienen valor probatorio, significándose que no se trata de un juicio subjetivo del propio Inspector sino una comprobación objetiva, por lo que dicha actuación se ajusta a lo que se establece en el artº. 25 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, de conformidad con lo que se prevé en el artº. 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Por lo que a la prescripción de la primera infracción se refiere, no se aprecia prescripción pues, el artículo 132.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece que las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las Leyes que las establezcan. En este sentido, el artículo 74.1 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, regula que las infracciones leves prescriben al año, comenzando a contarse el plazo de prescripción de las infracciones, de conformidad a lo estipulado en el artículo 74, apartados 3.a) y 4.a), desde el día en que la infracción se hubiera cometido, quedando interrumpida dicha prescripción con la iniciación, con el conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente estuviese paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable, por lo que en el presente caso y habida cuenta que entre la fecha de la comisión del hecho imputado, 27 de diciembre de 2006, y la de la notificación de iniciación del expediente sancionador, 27 de noviembre de 2007, según obra en el acta de notificación que consta en expediente, no ha transcurrido el plazo referido, es por lo que no puede admitirse la prescripción alegada.
Respecto al segundo hecho infractor, se mantiene su responsabilidad administrativa, ya que no se dio cumplimiento al requerimiento efectuado por el Inspector, mediante acta de fecha 27 de diciembre de 2006.
No es estimable la alegación relativa a la caducidad del procedimiento administrativo, toda vez que, según se establece en el artículo 4, apartado 1 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo: el procedimiento ordinario deberá ser tramitado y resuelto en plazo máximo de seis meses, contados desde la notificación al interesado de la Resolución de iniciación del mismo y en el presente expediente sancionador no ha transcurrido un plazo superior al de seis, previsto en el precepto antes citado.
En este sentido, sin Resolución dictada por la Autoridad competente acordando el inicio del procedimiento sancionador no puede hablarse de procedimiento sancionador, en cuanto que los funcionarios de la inspección no tienen entre sus competencias la de decidir sobre una cuestión de esta naturaleza, por lo que cuando se levantó el acta de inspección no se inició el expediente sancionador, sino que fue precisamente por medio de la Resolución de fecha 23 de octubre de 2007, cuando se produjo el inicio del expediente consignado, todo ello a tenor de lo que se establece en el artículo 9 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
No obstante lo anteriormente expuesto, a la hora de considerar la cuantía de la sanción de multa, debe tenerse en cuenta la carencia de antecedentes del titular expedientado, comprobada mediante la consulta efectuada a los archivos correspondientes, por lo que procede atenuarlas sanciones iniciales.
Asimismo, a la hora de ponderar las sanciones correspondientes a los hechos infractores, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza de las infracciones, la modalidad del establecimiento y carácter turístico de la zona donde se encuentra, toda vez que la infracción es calificada como leve, para las que dicha Ley establece que serán sancionadas con multa entre 90,16 euros y 1.502,53 euros.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Instructor del procedimiento con fecha 15 de enero de 2008, formuló propuesta de sanción de multa en cuantía de setecientos veinte (720,00) euros.
Correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: quinientos cuarenta (540,00) euros.
Hecho segundo: ciento ochenta euros (180,00) euros.
4º) No consta en el expediente que se haya presentado alegaciones a la Propuesta de Resolución.
HECHOS PROBADOS: se considera probado, en virtud de las inspecciones y actuaciones referidas en los antecedentes, los siguientes hechos:
Primero.- Estar funcionando en régimen de explotación turística como restaurante, sin haber notificado a la administración turística competente, los precios que rigen en la prestación de los servicios y sin tener las Hojas de Reclamaciones ni el Libro de Inspección.
Segundo.- No haber dado cumplimiento al requerimiento efectuado por el inspector de turismo el día 27 de diciembre de 2006.
CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las actuaciones practicadas en el presente expediente sancionador han sido de conformidad con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), así como con el Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Segunda.- En la tramitación del expediente se han observado las formalidades de rigor.
Tercera.- Las pruebas que obran en el expediente son tenidas en cuenta a la hora de emitir la presente Resolución.
Cuarta.- En el momento de ponderar la sanción se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27.11.92), modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), así como los criterios que se regulan en el artículo 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19.4.95), que se indicarán.
Quinta.- Debe estimarse la responsabilidad administrativa de la empresa expedientada en base al contenido del acta de inspección nº 20986, de 27 de diciembre de 2006, sin que al Órgano Resolutorio, le conste, al dictar la presente Resolución, que el titular consignado haya presentado alegaciones ni aportado prueba alguna que desvirtúe la Propuesta de Resolución formulada por la Instructora del procedimiento, por lo que nos ratificamos en dicha propuesta.
Asimismo, a la hora de ponderar las sanciones correspondientes a los hechos infractores, se ha tenido en cuenta el principio de proporcionalidad que se regula en el artº. 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios previstos en el artº. 79.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias: la naturaleza de las infracciones, la modalidad del establecimiento y el carácter turístico de la zona en la que está ubicado, toda vez que las infracciones, según el artº. 77.7 de la Ley 7/1995, son calificadas como leves, para las que dicha Ley establece que serán sancionadas con multa entre 90,16 euros y 1.502,53 euros.
Sexta.- Los hechos imputados infringen lo preceptuado en las siguientes normas, vienen tipificados como se indica:
Normas: hecho primero: artículo 30.1 de la Orden Ministerial de 17 de marzo de 1965, por la que se aprueba la Ordenación Turística de Restaurantes (B.O.E. de 29 de marzo), modificado por la Orden Ministerial de 29 de junio de 1978 en su artículo 2º (B.O.E. de 19 de julio). Artículos 1 y 3 de la Orden de 31 de octubre de 1970 (B.O.E. de 17 de noviembre, que establece la obligatoriedad del Libro de Inspección para las industrias y empresas). Artículo 1 de la Orden de 13 de noviembre de 1986, por la que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los clientes, en establecimientos turísticos (B.O.C. nº 139, de 19 de noviembre). Hecho segundo: artículo 31 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto).
Tipificación: hecho primero: artículo 76.5, 76.6 y 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal. Hecho segundo: artículo 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), en relación con el artículo 77.7 del mismo cuerpo legal.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida para resolver el presente expediente sancionador, de acuerdo con el 80.2 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias (B.O.C. nº 48, de 19 de abril), y el artículo 7.2.B).f) del anexo al Decreto 84/2004, de 29 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Turismo (B.O.C. nº 138, de 19.7.04),
R E S U E L V O:
Imponer a Cristóbal Crespo Dueñas, con N.I.F. 31387173Q, titular del establecimiento denominado Restaurante Olas II, sanción de multa por cuantía total de 720,00 euros, correspondiendo la cantidad por el:
Hecho primero: quinientos cuarenta (540,00) euros, hecho segundo: ciento ochenta (180,00) euros.
La presente Resolución no pone fin a la vía administrativa y contra la misma cabe interponer recurso de alzada, ante la Ilma. Viceconsejera de Turismo del Gobierno de Canarias, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo prevenido en los artículos 114 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
En el caso de que el recurrente sea un representante y no se haya acreditado dicha representación, deberá aportar Escritura de Poder para dejar constancia fidedigna, bien con copia simple notarial o previo cotejo o compulsa de la fotocopia con su original, a tenor de lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99).
Transcurrido el plazo de interposición del recurso administrativo correspondiente sin que se hubiera interpuesto aquél, o desistido, se emitirá el instrumento cobratorio del importe de la sanción administrativa con mención del lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecho y los recursos procedentes, en razón de lo establecido en la Orden de la Consejería de Economía y Hacienda, de 12 de julio de 2006, por la que se regulan determinadas actuaciones en relación a la recaudación de los derechos económicos de naturaleza pública exigidos por las diferentes Consejerías integrantes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.- Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de abril de 2008.- La Directora General de Ordenación y Promoción Turística, Sandra González Franquis.
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