Vistos los repetidos intentos de notificación de la citada Resolución en el domicilio que figura a tales efectos en el correspondiente expediente, sin que haya sido recibida por el recurrente.
Visto lo establecido en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
R E S U E L V O:
Primero.- Notificar a D. Yanxi Zheng, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Abbasid Dner Kebab, la Resolución de 28 de abril de 2008 (Libro nº 1, folio 538/542, nº 124), que figura como anexo de esta Resolución, por la que se resolvió el recurso de alzada nº 044/08 (expediente nº 86/07), interpuesto contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 1246, de fecha 23 de agosto de 2007.
Segundo.- Remitir al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la presente Resolución para su anuncio en el tablón de edictos correspondiente.
Santa Cruz de Tenerife, a 23 de mayo de 2008.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
A N E X O
Resolución de la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias por la que se resuelve el recurso de alzada nº 044/08 interpuesto por D. Yanxi Zheng, en su propio nombre.
Visto el recurso de alzada nº 044/08 interpuesto por D. Yanxi Zheng, en su propio nombre, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Abbasid Dner Kebab, sito en Centro Comercial 7 Palmas, local 002, planta 003, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, contra la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 1246, de fecha 23 de agosto de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 86/07, y teniendo en cuenta los siguientes
ANTECEDENTES DE HECHO
Primero.- El acto impugnado se dictó en resolución de expediente sancionador iniciado con motivo de la comisión de tres infracciones administrativas a la normativa turística consistentes en:
"1º) No haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios.
2º) Carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias.
3º) Carecer el establecimiento del Libro de Inspección".
Hechos que determinaron la imposición de sanciones de multa en cuantías de:
Noventa (90) euros, por el hecho infractor primero. Noventa (90) euros, por el hecho infractor segundo. Noventa (90) euros, por el hecho infractor tercero.
Segundo.- Contra la Resolución sancionadora ha sido interpuesto recurso de alzada solicitando "se reconsidere la circunstancia verdadera y dicte la resolución de justicia".
Del cuerpo del escrito presentado resulta que el recurso se fundamenta en el siguiente argumento:
Que el requerimiento de fecha 27 de marzo de 2006, al que se hace referencia en el Informe del Patronato de Turismo, de 12 de junio de 2007, una vez presentada solicitud de inscripción en el Registro de Bares el 15 de marzo de 2006, no fue notificada nunca al interesado hasta el mes de febrero de 2007, y que al retirar dicha notificación personal, el interesado presentó el 23 de febrero de 2007 la documentación requerida.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias es competente para conocer y resolver el presente recurso en virtud de lo dispuesto en el artículo 114.1 y 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y artículo 20.1 del Decreto 212/1991, de 11 de septiembre, de organización de los Departamentos de la Administración Autonómica de Canarias.
Segundo.- El recurso en cuestión reúne los requisitos formales determinantes de su admisión a trámite.
Tercero.- La instrucción del procedimiento sancionador ha sido sustanciada de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, y en los artículos 8 y siguientes del Decreto 190/1996, de 1 de agosto (B.O.C. nº 103, de 21 de agosto), regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, con respeto a las garantías y principios constitucionales que afectan a la potestad administrativa sancionadora, reproducidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Se constata en el expediente sancionador el error material que se señala a continuación, procediéndose en la resolución de este recurso a su subsanación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 105.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero "Las Administraciones Públicas podrán rectificar en cualquier momento de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales de hecho o aritméticos existentes en sus actos".
Con carácter general tanto en la Resolución de iniciación de expediente sancionador, como en la Propuesta de Resolución y en la Resolución sancionadora, donde dice: "... del anexo al Decreto 84/2004 ..." debe figurar: "... Decreto 84/2004 ...".
Cuarto.- Las argumentaciones esgrimidas por el recurrente modifican en parte la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 1246, de 23 de agosto de 2007.
Se imputa al expedientado la comisión de tres infracciones a la normativa turística consistentes en, primero "no haber notificado a la Administración turística competente los precios que rigen en la prestación de los servicios"; segundo "carecer en el establecimiento de las Hojas de Reclamaciones obligatorias", y en tercer lugar "carecer en el establecimiento del Libro de Inspección". Las mismas fueron constatadas en el acta de inspección 21127, de 19 de diciembre de 2006, acta cuyo valor probatorio está amparado por lo establecido en el artículo 137.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como en el artículo 25.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo.
El recurrente no desvirtúa los hechos infractores que se le imputan ni por sus alegaciones ni por prueba documental alguna, habida cuenta que, en la fecha de infracción, esto es, el 19 de diciembre de 2006, el expedientado carecía en el establecimiento de la documentación que le fue requerida, es decir, lista de precios sellada por la Administración turística, Hojas de Reclamación y Libro de Inspección, resultando, como así se pone de manifiesto por el Informe del Cabildo de Gran Canaria de fecha 12 de junio de 2007, cuya copia obra en el expediente, que es con fecha 12 de marzo de 2007 cuando se autoriza la inscripción del establecimiento sancionado en el Registro de Bares, a los efectos de poder obtener la citada documentación.
En el citado informe se pone de manifiesto, a los efectos de poder considerar si el plazo de resolución del expediente de autorización de apertura del establecimiento ha quedado o no interrumpido en aras de la aplicación del silencio administrativo, que con fecha 15 de marzo de 2006 se presentó la solicitud de autorización, que con fecha 27 de marzo de 2006 se le requirió para que aportara documentación, la cual fue presentada con fecha 23 de febrero de 2007, por lo que el plazo para la resolución del citado expediente resulta interrumpido por el citado requerimiento. No obstante, en el recurso de alzada, el recurrente no reconoce que con fecha 27 de marzo de 2006 le fuera notificado requerimiento alguno, sino que éste retiró personalmente dicha notificación, sin especificar fecha ni acreditar documentalmente tal circunstancia, por lo que no puede tenerse en consideración a fin de desvirtuar los hechos que se le imputan.
Tampoco constituye un eximente de su responsabilidad frente a la Administración turística, el hecho de que con fecha anterior a la de infracción, hubiera iniciado los trámites para la legalización del establecimiento, sino que, en todo caso, se consideraría como una circunstancia atenuante a la hora de calificación de los hechos, como así ha sido, al calificar los mismos, desde la iniciación del expediente, como infracciones leves a la normativa turística.
Por todo lo anteriormente expuesto debemos de concluir que existe una responsabilidad administrativa imputable al expedientado en virtud de lo establecido en los artículos 73 y 2.1.c) de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con lo dispuesto en el artículo 2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto, regulador del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora en materia turística y de la inspección de turismo, por la comisión de tres infracciones a la normativa turística subsumibles, la primera en el artículo 76.5, de la citada Ley 7/1995, de 6 de abril, que considera como infracción grave a la normativa turística "no notificar los precios cuando es preceptivo o percibir precios superiores a los notificados", el segundo hecho, en el artículo 76.6 de la misma Ley que califica como grave "carecer de las Hojas de Reclamación obligatorias ...", y finalmente, el tercero, en el artículo 76.9 del mismo texto, que califica como grave "... carecer o no facilitar el Libro de Inspección", sin embargo, teniendo en consideración las circunstancias obrantes en el expediente sancionador y en virtud de lo dispuesto en el artículo 77.7 de la citada Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, los hechos imputados se calificaron como infracciones leves.
En relación a la sanción de multas impuestas entendemos que se ha vulnerado del principio de proporcionalidad, ocasionando indefensión e inseguridad jurídica al recurrente, al desconocer los motivos que han llevado a la Administración a la imposición de una sanción de multa de 90 euros por cada uno de los hechos infractores que se imputan al expedientado. Debe señalarse que, el principio de proporcionalidad, de indudable arraigo penal, en el seno del procedimiento sancionador, debe presidir el derecho administrativo sancionador. Según viene manteniendo el Tribunal Supremo, en sentencias de 24 de noviembre de 1987, de 23 de octubre de 1989, de 14 de mayo de 1990, de 26 de septiembre de 1990, de 30 de octubre de 1990, y de 3 de mayo de 1995, entre otras, la discrecionalidad que se otorga a la Administración en la imposición de sanciones dentro de los límites legalmente previstos, debe ser desarrollada ponderando en todo caso las circunstancias concurrentes al objeto de alcanzar la necesaria y debida proporcionalidad entre los hechos imputados y la responsabilidad exigida, dado que toda sanción debe determinarse en congruencia con la entidad de la infracción cometida y según un criterio de proporcionalidad atento a las circunstancias objetivas del hecho, proporcionalidad que constituye un principio normativo que se impone como un precepto más a la Administración y que reduce el ámbito de sus potestades sancionadoras.
Cuando la norma establece para una infracción varias sanciones o señala un margen cuantitativo para la fijación de la sanción pecuniaria, la cuantía de la sanción que se fija debe motivarse, constituyendo esta falta de motivación un defecto formal. La exigencia de motivación ha sido reconocida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, de Las Palmas de Gran Canaria, en sentencia de fecha 19 de septiembre de 2003, y por la de Santa Cruz de Tenerife, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2004.
En la Resolución sancionadora, ahora recurrida, se afirma que si bien las infracciones se encuentran tipificadas en el artículo 76.5, 76.6 y 76.9 de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias, ya desde la Resolución de inicio del expediente sancionador fue calificada de leve, en virtud de lo dispuesto en el artículo 77.7 del mismo texto legal, habiéndose tenido en cuenta, en el momento de ponderar la sanción, el principio de proporcionalidad que establece el artículo 131.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, así como los criterios que para la graduación de la cuantía de la sanción de multa se establecen en el artículo 79.2 "in fine" de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, en relación con el artículo 3.2 del Decreto 190/1996, de 1 de agosto.
Sin embargo, de los criterios que se regulan en el indicado artículo 79.2 "in fine", de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, para la graduación de la cuantía de las sanciones de multa, a saber "la naturaleza de la infracción, los perjuicios causados, la trascendencia social, la reincidencia, la intencionalidad especulativa, el lucro ilícito obtenido, la posición del infractor en el mercado y la repercusión sobre la imagen turística, la modalidad y categoría del establecimiento o características de la actividad de que se trate y las repercusiones para el sector", la Resolución sancionadora no indica qué criterios han concurrido o han sido tenidos en consideración, no explicitando por tanto qué circunstancias modificativas de la responsabilidad resultan de aplicación, por lo que no queda otro remedio que concluir que no concurre ninguna de las legalmente previstas, y en ausencia de las mismas, la sanción de multas impuestas se ha de reducir al mínimo legal al no haber determinado la Administración las circunstancias agravantes tenidas en cuenta a la hora de imponer la sanción y que pudieran justificar una sanción mayor a la fijada como mínima. Este criterio es mantenido por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en sus sentencias de fechas 29 de abril y 20 de junio de 2005, y por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en sentencia de fecha 22 de abril de 2005.
Por cuanto antecede, y según ha sido dictaminado ya con anterioridad por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico (Dictamen HAB.I.TUR. 092/05-C, 128/05-C, emitidos con fechas 21 de julio y 3 de noviembre de 2005), dada la cuantía del mínimo legal fijado para la sanción de multa en las infracciones leves que asciende, a tenor de lo dispuesto en el artículo 79.2.a) de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, al importe de un céntimo, y con base en lo dispuesto en el artículo 79.1 de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias, que prevé que "El apercibimiento procederá en los supuestos de infracciones leves, cuando no exista reincidencia y no se estime conveniente la imposición de multa" procede, pues, dejar sin efecto la sanción de multas impuestas por los hechos infractores 1º, 2º y 3º, imponiendo, respectivamente, a cada uno de ellos, la sanción de apercibimiento.
Visto el dictamen nº HAB.I.TUR. 040/08-C emitido con fecha de 10 de abril de 2008 por la letrada habilitada de la Dirección General del Servicio Jurídico.
Vista la Propuesta de Resolución emitida con fecha 11 de abril de 2008 por el Servicio de Régimen Jurídico de la Secretaría General Técnica.
Vistos los preceptos legales citados, concordantes y demás de general aplicación,
R E S U E L V O:
Estimar en parte, el recurso de alzada nº 44/08 interpuesto por D. Yanxi Zheng en su propio nombre, titular de la explotación turística del establecimiento denominado Bar Abbasid Dner Kebab, sito en el Centro Comercial 7 Palmas, local 002, planta 003, término municipal de Las Palmas de Gran Canaria, y modificar la Resolución de la Dirección General de Ordenación y Promoción Turística nº 1246, de fecha 23 de agosto de 2007, recaída en el expediente sancionador nº 86/07, en el sentido expuesto en el fundamento de derecho cuarto de la presente Resolución, esto es, dejando sin efecto la sanción de multas impuestas por los hechos infractores 1º, 2º y 3º, e imponiendo, respectivamente, a cada uno de ellos, la sanción de apercibimiento.
Contra la presente Resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente a su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente o ante el Juzgado competente en función de la sede del órgano que dictó el acto impugnado (en Las Palmas de Gran Canaria), a elección del recurrente, sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.- El Secretario General Técnico, Claudio-Alberto Rivero Lezcano.
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