Habiendo sido intentada la notificación de la Orden por la que se resuelve el expediente sancionador nº 19/2007, incoado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación a la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), por infracción a la normativa sobre el juego, en el domicilio que figura en el citado expediente, sin que haya podido practicarse al interesado, de conformidad con lo establecido en el artº. 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (B.O.E. nº 12, de 14.1.99), se procede a su publicación.
Orden del Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, por la que se resuelve el expediente administrativo sancionador nº 19/2007, incoado a la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), con C.I.F. G35785036, por infracción a la normativa sobre el juego.
Examinado el expediente sancionador nº 19/2007 tramitado por la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación, incoado a la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), con C.I.F. G35785036, por infracción a la normativa sobre el juego.
Vista la propuesta formulada por la Viceconsejería de Administración Pública.
Teniendo en cuenta los siguientes
I. ANTECEDENTES
1.- Con fecha 15 de octubre de 2007, por funcionarios adscritos al Servicio de Inspección del Juego de esta Dirección General, fue levantada acta de infracción, dando cuenta de que, en el local de la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Santa Rosalía, 11, y la central en la calle Tomás Calamita, 7, local 6, Centro Comercial (La Orotava): "se solicita la autorización para la venta de cupones "ALMA" que según su Secretario se venden en toda Canarias desde hace 2 años, sorteo diario con la O.N.C.E. con premios desde 7.000 euros a 18.000 euros al año. El Secretario presenta fotocopia de un expediente donde solicitan el permiso de juego a nivel nacional. De la Comunidad Autónoma no tienen nada porque según sus abogados no tienen que tenerlo".
Compareciente: D. Felipe Santiago Curbelo Hernández, con D.N.I. nº 42021385-V.
2.- A la vista de los hechos, mediante Resolución nº 1750, del Director General de Administración Territorial y Gobernación, de fecha 28 de noviembre de 2007, se ordenó el inicio de expediente administrativo sancionador a la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), nombrándose Instructora del mismo y formulándose los cargos pertinentes.
La Resolución de inicio del expediente sancionador fue notificada, en el domicilio de la interesada, mediante carta con acuse de recibo, de fecha 13 de diciembre de 2007.
3.- Con fecha 16 de enero de 2008 se presenta, fuera de plazo, en el Registro Auxiliar de la Oficina de Información y remitido a esta Dirección General el 17 de enero de 2008 (DGAT: 921), escrito de alegaciones de D. José Juan Padilla Galván, como letrado, en nombre y representación de la Organización mencionada, en el que manifiesta:
HECHOS: que por medio del presente escrito voy a proceder para expresar que tenemos todas las autorizaciones administrativas conforme a la ley para la venta de cupones "ALMA" los cuales se venden en toda España como sorteo diario independiente de la O.N.C.E. con premios desde 7.000 euros a 18.000 euros al año. Presentamos copia de los expedientes donde tenemos los permisos de juego a nivel nacional considerando las normas europeas que nos respaldan prohibiendo los monopolios a nivel nacional de todos los países miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de que ninguno se abstenga a tal consideración.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero.- La Constitución Española en el derecho de libertad de empresa (organización y explotación de loterías) tiene asegurado en el artº. 53 de la CE "Sólo por ley que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades". Por lo tanto el monopolio de la lotería está prohibido y no sólo restringe la libertad de empresa, sino que no cumple la reserva de Ley del artº. 53.1 de la CE.
Segundo.- En el Derecho Comunitario, el Tratado de Roma modificado por el Tratado de Maastrich, prohíbe los monopolios dentro de la Comunidad Económica Europea, conforme a los artículos 80 a 90 del Tratado de Roma. Por lo tanto el sorteo de la O.N.C.E. es contrario al Derecho Comunitario, prohíbe cualquier régimen de monopolio, conforme a los artículos 82 y 86 del Tratado de Roma.
Los principios Comunitarios aceptados por España forman parte de la Comunidad Europea como el principio de la aplicabilidad directa y el principio de primacía del Derecho Comunitario conforme al artº. 189 del Tratado de la Comunidad Económica Europea y jurisprudencia constante del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que determinan que las disposiciones Comunitarias directamente aplicables deben surtir efectos plenos en los ordenamientos de los Estados Miembros y en sus derechos internos haciendo inaplicables de pleno Derecho todas las disposiciones contrarias a la legislación nacional existente y prevaleciendo siempre la normativa europea. Conforme al artº. 86.2 del Tratado de la Unión Europea que prohíbe los monopolios y protege los derechos que confiere a los particulares dejando sin aplicación de la normativa nacional, monopolio que ostenta la O.N.C.E. y el Estado, contraviniendo el espíritu del Acta Única Europea y de la legislación Comunitaria.
La CE en su preámbulo determina unos principios que son contrarios al régimen de monopolio que existe en orden a la celebración de un sorteo de ámbito nacional y son 1) Una garantía de la convivencia democrática conforme a un orden económico y social justo. 2) Promover el progreso de la cultura y de la Economía para asegurar a todos una digna calidad de vida ya que hay puestos de trabajo en esta Asociación que han generado a discapacitados y a quienes lo han necesitado para ayudarles a integrarse laboralmente".
4.- Con fecha 18 de febrero de 2008, la Instructora del expediente emite Propuesta de Resolución para que, por el Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, de conformidad con lo establecido en el artº. 29.1.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas (B.O.C. nº 42, de 7.4.99), en relación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, se imponga a la expedientada una sanción consistente en multa de sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos (60.101,21 euros), por la comisión de los hechos descritos constitutivos de una infracción muy grave prevista en la letra a) del artículo 26 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, por la organización o explotación de juegos o apuestas sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas.
Dicha Propuesta de Resolución es notificada a la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), con fecha 3 de abril de 2008, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de Canarias nº 67, de 3 de abril de 2008, al haberse intentado por dos veces su notificación en el domicilio de la interesada sin haberse podido practicar.
II. CONSIDERACIONES JURÍDICAS
Primera.- Las competencias funcionales en esta materia se encuentran reguladas en la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, y en lo que resulte de aplicación por el Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Segunda.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, en relación con el artículo 71.c) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, la Dirección General de Administración Territorial y Gobernación es competente para la incoación e instrucción de los procedimientos sancionadores en materia de casinos, juegos y apuestas.
Tercera.- De conformidad con lo previsto en el artículo 33.2.b) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, modificado por el artículo 4 de la Ley 4/2001 (B.O.C. nº 84), en relación con el artículo 16.b) del Decreto 22/2008, de 19 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, la resolución del expediente corresponderá al Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad.
Cuarta.- La tramitación del presente expediente sancionador se ajusta a lo dispuesto en el artículo 25 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, y en los artículos 127 y siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, procediéndose a resolver y notificar el mismo, dentro del plazo de seis meses previsto en el artículo 5.1 del Decreto 164/1994, de 29 de julio (B.O.C. nº 102, de 19.8.94), por el que se adaptan los procedimientos administrativos en la Comunidad Autónoma a la mencionada Ley 30/1992.
Quinta.- Con respecto a las alegaciones del representante de la Organización de referencia, donde manifiesta tener los permisos de juego a nivel nacional, éstos no se presentan, como tampoco se presenta la preceptiva autorización administrativa para la explotación del Juego mediante Boletos, exigida por el Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como, a tenor del artº. 5.1 de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, por el que "La organización y explotación de los juegos y apuestas objeto de la presente Ley e incluidos en el Catálogo de Juegos y Apuestas de Canarias, tan sólo podrá tener lugar previa la correspondiente autorización administrativa", estando incluida la actividad de Juego mediante Boletos en el mencionado Catálogo de Juegos y Apuestas Autorizados para el ámbito territorial de Canarias, aprobado mediante Decreto 57/1986, de 4 de abril, y modificado por Decreto 234/1997, de 30 de septiembre.
El resto de alegaciones no desvirtúan el hecho cierto de la existencia de una organización o explotación de juegos o apuestas sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas, no siendo esta Instrucción la competente para determinar la existencia o no de monopolios sobre el Juego en España, sin perjuicio del derecho del interesado a plantear sus reivindicaciones a través de los cauces previstos por la normativa comunitaria.
Sexta.- Ha quedado probado que, con fecha 15 de octubre de 2007, en la visita de la Inspección del Juego al local de la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Santa Rosalía, 11, solicitada la autorización para la venta de cupones "ALMA" en la Comunidad Autónoma de Canarias, el compareciente manifiesta no tenerla.
Séptima.- El artículo 2 del Decreto 138/1986, de 29 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento del Juego mediante boletos en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias, establece que: "En el ámbito territorial de Canarias, sólo podrá practicarse el juego de boletos con los debidamente autorizados por la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad".
Asimismo los artículos 7 y 8 del mencionado Reglamento regulan el procedimiento para la autorización administrativa de explotación del juego de boletos que, en su caso, se otorgará mediante concurso público.
Igual previsión recoge, en su artículo 16, el Decreto 56/1986, de 4 de abril, por el que se planifican los Juegos y Apuestas en Canarias (B.O.C. nº 56, de 14.5.86) c.e. B.O.C. nº 61, de 26.5.86).
Octava.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 26.a) de la Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, se aprecia la presunta comisión de una infracción muy grave, por la organización o explotación de juegos o apuestas sin poseer las correspondientes autorizaciones administrativas.
Novena.- A tenor de lo dispuesto en el artículo 30 de la citada Ley 6/1999, la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), con C.I.F. G35785036, resulta responsable de los hechos descritos.
Correspondiendo sancionar la infracción cometida, en su grado mínimo, con multa de 60.101,21 euros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29.1.a) de la Ley mencionada.
En el ejercicio de la competencia que tengo atribuida en materia de casinos, juegos y apuestas,
R E S U E L V O:
Sancionar a la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), con C.I.F. G35785036, con multa de sesenta mil ciento un euros con veintiún céntimos (60.101,21 euros), como responsable de la comisión de una infracción muy grave, prevista en la letra a) del artículo 26 de la mencionada Ley 6/1999, de 26 de marzo, de los Juegos y Apuestas, al haber quedado probado que, con fecha 15 de octubre de 2007, en la visita de la Inspección del Juego al local de la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), sito en Santa Cruz de Tenerife, calle Santa Rosalía, 11, solicitada la autorización para la venta de cupones "ALMA" en la Comunidad Autónoma de Canarias, el compareciente manifiesta no tenerla.
Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente de su notificación, ante el Juzgado de lo Contencioso de Santa Cruz de Tenerife o ante el Juzgado de lo Contencioso de la Comunidad Autónoma de Canarias, en cuya circunscripción tenga su domicilio el recurrente, o bien a criterio del interesado, interponer en vía administrativa, el recurso de reposición potestativo ante esta Consejería, en el plazo de un mes a contar del día siguiente a que tenga lugar su notificación en los términos previstos en los artículos 116 y 177 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero; debiendo notificarse a la Organización de Ayuda Laboral más Apoyo Social (ALMAQ), como interesada en el procedimiento, y con domicilio a efecto de notificaciones en Santa Cruz de Tenerife, calle Santa Rosalía, 11, código postal 38002.
La liquidación, en período voluntario, del importe de la mencionada sanción, cuyo instrumento cobratorio (Carta de Pago) se adjunta a la presente Orden, deberá hacerse efectiva en los lugares, formas y plazos que se detallan a continuación:
LUGAR Y FORMA DE INGRESO:
a) En el Servicio de Caja de los órganos de recaudación de la Consejería de Economía y Hacienda, en metálico o cheque conformado a nombre de la Tesorería de la Comunidad Autónoma de Canarias.
b) A través de Bancos o Cajas de Ahorros, en los que no se precisa tener cuenta abierta.
c) Por Internet a través del dominio: https://www.gobiernodecanarias.org/tributoss
PLAZOS DE INGRESO: (artículo 62.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, aplicable conforme al artículo 20.1 de la Ley 7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y al artículo 11 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria):
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
Si vencidos dichos plazos de ingreso, no se hubiera satisfecho la deuda, se iniciará el período ejecutivo y la Administración Tributaria Canaria efectuará la recaudación de las deudas por el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del obligado al pago. El inicio del período ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del período ejecutivo en los términos previstos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.
El pago de la deuda podrá aplazarse o fraccionarse previa solicitud del obligado al pago que deberá presentarse en el Servicio de Recaudación de la Administración Tributaria Canaria.
RECURSOS QUE PUEDEN SER EJERCITADOS CONTRA LOS ACTOS DE RECAUDACIÓN:
En el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su notificación, el interesado podrá interponer indistinta pero no simultáneamente:
- Recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto.
- Reclamación económico-administrativa ante el Excmo. Sr. Consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. El escrito de interposición de la reclamación económico-administrativa deberá presentarse ante el órgano que dictó el acto (artículo 235.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria).- Santa Cruz de Tenerife, a 29 de abril de 2008.- El Consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano León.
Santa Cruz de Tenerife, a 16 de mayo de 2008.- El Director General de Administración Territorial y Gobernación, Juan Jesús Ayala Hernández.
© Gobierno de Canarias